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estándares de protección de la propiedad intelectual, replicando aquellos en
vigor en los países industrializados, estos últimos países han continuado a requerir
una mayor elevación de esos estándares. Esto se ha hecho a través de presiones
unilaterales de los E.E. U.U. con la amenaza de aplicación de la llamada Sección
301, sobre la base de acuerdos bilaterales de comercio que incluyen normativas
de propiedad intelectual como el acuerdo reciente entre los E.E. U.U. y Chile, y
varios acuerdos de la Unión Europea con los países mediterráneos y los países
árabes. También incorporan el tema de la propiedad intelectual acuerdos regionales
en negociación, como es el caso de ALCA, donde se propicia un fuerte incremiento
del nível de protección de la propriedad intelectual por parte de los E.E. U.U., en
particular en la área de patentes. Es decir que no obstante la elevación significativa
de los estándares determinada por el Acuerdo, los países industrializados
han buscado activamente lo que llamamos estándares “TRIPS Plus” , por ejemplo,
extender el plazo de duración de las patentes, limitar el uso de licencias obligatorias,
limitar las excepciones que puedan ser conferidas, excluir la posibilidad de admitir
importaciones paralelas y otras disposiciones de este tipo.
Estas tensiones entre la propiedad intelectual y los intereses de los países
en desarrollo se manifestaron de manera muy tangible en el propio ámbito de la
OMC, donde los países africanos, el Brasil (que tuvo un papel fundamental en
esto), la India y otros países en desarrollo propiciaron por primera vez en el
ámbito de esa organización que se discuta específicamente la relación entre la
propiedad intelectual y la salud publica.
Y es así que los países en desarrollo propusieron y lograron finalmente la
adopción de una declaración respecto al Acuerdo TRIPS y la salud pública, en la
Conferencia Ministerial de Doha, en noviembre del año 2001. Esta declaración
establece que en caso de tensión entre los intereses de la salud publica y de la
propiedad intelectual, son aquéllos los que merecen especial atención. Declara,
además, que el Acuerdo TRIPS no se puede entender de modo que impida a los
países proteger la salud pú blica. Así mismo, esta declaración confirma los derechos
que los países miembros tienen para aplicar las llamadas flexibilidades que el
acuerdo permite, pero que habían sido negadas en la práctica como he mencionado.
Por primera vez los países en desarrollo han hecho sentir su voz de una
manera clara en el ámbito de la OMC en este tema. Esto fue recientemente ratificado
en la Asamblea Mundial de la Salud, en el mes de mayo de 2003, en la que
el gobierno de Brasil propuso una resolución que fue adoptada por la asamblea
en donde se reitera la urgencia de que los países utilicen las flexibilidades que el
acuerdo TRIPS concede, a efecto de asegurar la protección de la salud pública, y
se propicia un mayor estudio de la relación entre salud publica, innovación y
protección por la propiedad intelectual.
Ustedes podrían decirme ahora: “Señor Correa, usted nos hay planteado
aquí una visión problemática de la propiedad intelectual, sin embargo nosotros
percibimos que la propiedad intelectual tiene beneficios”. Yo no pretendo en esta
exposición negar la existencia de beneficios. Lo que pretendo demostrar, es que
la propiedad intelectual posee tanto beneficios como costos. Tiene beneficios, por
ejemplo, cuando autores de obras musicales o literarias pueden obtener una
compensación por sus creaciones, cuando las universidades y centros de
investigación pueden establecer reglas para la transferencia tecnológica sobre la
base del uso de la propiedad intelectual, cuando pequeñas empresas, por ejemplo,
biotecnológicas pueden basar su patrimonio sobre la existencia de una o más
patentes que resultan claves. En fin, hay una serie de beneficios que pueden ser
6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia 8 9