3-4/2005 UINL - Notarius International

198 J. A. Márquez González, Informe Nacional México Notarius International 3-4/2005
En conclusión, la tendencia actual en el problema de la
validez de los documentos procedentes del extranjero parece
apuntar en la dirección de abandonar la exigencia del
mandamiento judicial para su protocolización y reducir la
necesidad de este acto únicamente a los casos en que tales
documentos no contengan apostilla o certificación
consular. Por otra parte, parece abrirse paso una tendencia
en virtud de la cual el propio notario pudiera efectuar
la protocolización en caso de dominio del idioma (o bien,
cualquier otra persona debidamente identificada, sin necesidad
de que se trate de perito oficial). Como es lógico,
el propósito final parece residir en la armonización nacional
del tema a los tratados y convenciones internacionales
que México ha suscrito.
7. Derecho Fiscal
7.1. Trasmisiones de patrimonio inmobiliario
Es a cargo del notario el pago de los impuestos que se
deriven según la operación de que se trate, en términos de
lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(LISR) y el Código Fiscal de la Federación (CFF), éste
último en sus arts. 14 y 14-A.
Es ingreso el monto de la contraprestación obtenida
precisamente con motivo de la enajenación; de no haber
contraprestación, se fija con un valor de avalúo. Las excepciones
a esta regla de ingresos por enajenación están
constituidas por las hipótesis de transmisión de propiedad
mortis causa, donación o fusión de sociedades y enajenación
de ciertos títulos de crédito que hayan causado interés.
El procedimiento para el cálculo del impuesto anual
es más o menos complejo, según la operación de que se
trate. Pero puede decirse, en suma, que deben efectuarse
las deducciones que prescribe el art. 148 de la misma ley
y que se refiere a la actualización del costo de adquisición,
el cual nunca será menor a 10% del monto de la
enajenación. También pueden sumarse las inversiones en
construcciones, mejoras y ampliaciones, y aun los gastos
notariales y los impuestos, derechos y avalúos, las comisiones
y mediaciones.
Una vez hechas las deducciones acabadas de mencionar,
a la diferencia resultante se le denomina ganancia.
Pues bien, esta ganancia debe luego dividirse entre el número
de años transcurridos entre los dos extremos de la
operación, es decir, la fecha de adquisición y la propia fecha
de enajenación, sin exceder de veinte años.
El notario efectúa pagos provisionales por la enajenación
de bienes inmuebles conforme a una tarifa preestablecida
que es el resultado de dividir la ganancia entre el
número de años transcurridos entre la adquisición y la
enajenación. El resultado se multiplica por el número de
años.
El fedatario dispone de un plazo de quince días a partir
de la fecha de la firma para efectuar este pago provisional,
siempre bajo su responsabilidad.
7.2. Ingreso por adquisición de bienes
Este ingreso está previsto en el artículo 155 de la LISR.
Pueden también en este caso hacerse deducciones, según
lo prescrito en el art. 156, pero cabe aclarar que el pago
provisional asciende a 20% sobre el ingreso percibido. El
notario dispone también de un plazo de quince días para
la presentación de este pago provisional, siempre bajo su
responsabilidad.
7.3. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Este pago se causa por las operaciones que se consideren
como enajenación (arts. 14 y 14-A del CFF).
Las excepciones se refieren a la transmisión de propiedades
por causa de muerte y a las donaciones. Tampoco
se paga el impuesto cuando solamente se enajenen el suelo
o construcciones destinadas a casa habitación, excepto
hoteles (art. 9° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado).
El código considera que debe presumirse el momento
de la enajenación cuando efectivamente se cobren las
contraprestaciones. A partir de este punto hay un término
de quince días para pagar el impuesto. Este impuesto se
calcula aplicando a dichos valores la tasa del 15% y corre
a cargo del contribuyente, quien lo traslada por separado
a las personas que adquieran los bienes, su disfrute
o los servicios.
7.4. Traslación de dominio
En el ámbito local, se paga el impuesto denominado
traslación de dominio por todo acto en que se transmita
la propiedad de inmuebles, incluso por causa de fallecimiento
y aportación a sociedades, transmisión de derechos
reales, adjudicaciones, prescripciones positivas,
permutas, fideicomisos, división de copropiedad y disolución
de sociedad conyugal por la parte que exceda.
Para calcular este impuesto se toma como base un valor
de avalúo hecho por perito calificado y la tarifa varía
según cada una de las entidades de la República, pero se
encuentra en un rango desde 0.50% hasta 2%, sobre aquel
valor. El plazo para el pago de este impuesto también
puede variar, pero el término más extendido es de treinta
días. Los notarios asumen responsabilidad solidaria con
el contribuyente por el cálculo y entero de la obligación.
7.5. Inscripción de documentos en el registro
Por último, se causan derechos por la inscripción de los
documentos en el Registro Público de la Propiedad,
siempre que contengan actos relativos a bienes inmuebles
o derechos reales. Las tarifas suelen variar notablemente
en cada entidad federativa, según se trate de tasas fijas,
porcentuales o de salarios mínimos. También pueden fijarse
tarifas mínimas y topes máximos.
7.6. Impuesto sobre sucesiones y donaciones
En este caso no se pagan impuestos especiales y por lo
tanto debe acudirse a la regla general que ya ha sido establecida
en los párrafos precedentes, aclarando que se
encuentran exentas del pago del ISR, las donaciones en-