3-4/2005 UINL - Notarius International

Notarius International 3-4/2005 J. A. Márquez González, Informe Nacional México 197
6.2.1. Testamentos (arts. 1593-1598 CCDF) y sucesiones
legales
Esta regla prescribe que el testamento hecho en país extranjero
producirá todos sus efectos en México siempre
que haya sido válidamente otorgado en su país.
“Los Secretarios de legación, los Cónsules y los Vicecónsules
mexicanos podrán hacer las veces de Notarios o
de Receptores de los testamentos de los nacionales en el
extranjero en los casos en que las disposiciones testamentarias
deban tener su ejecución en el Distrito Federal”
(art. 1594).
En las sucesiones legales, se aplica la regla lex rei sitae
también para los inmuebles como para los muebles.
Como excepción, en Puebla y en San Luis Potosí se aplica
la ley del domicilio para los mueblos, en Quintana Roo
también para los inmuebles.
6.2.2. Sociedades o asociaciones (art. 2736 CCDF)
Se respeta la normativa de las personas morales extranjeras
de naturaleza privada, según el derecho aplicable al
acto de su constitución (regla locus regit actum). El reconocimiento
que realiza el derecho nacional mexicano
respecto a la capacidad de la persona moral extranjera no
puede exceder al reconocimiento que realiza el país de
origen y se presume que el representante de dicha persona
extranjera está desde luego facultado para intervenir en
cualquier acto en que se exija eventual responsabilidad.
6.2.3. Adopción (arts. 410-E y 410-F CCDF)
La ley distingue dos tipos de adopciones:
- llama adopción internacional a la “promovida por
ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera
del territorio nacional”.
- Llama adopción por extranjeros a la “promovida por
ciudadanos de otro país, con residencia permanente en
el territorio nacional”.
En el primer caso, la adopción se rige por los tratados
internacionales que han sido suscritos por México. En el
segundo caso se remite desde luego a la preceptiva del
CCDF. Por último, el art. 410-F añade que en igualdad de
circunstancias se dará preferencia a los mexicanos sobre
los extranjeros.
El CCDF prescribe una edad no menor de 25 años para
adoptar y una diferencia mínima de 17 años entre
adoptante y adoptado (art. 390), pero esta disposición es
seguida solamente por diez entidades en la República. El
resto, o sea 22 códigos, prescriben otras edades diferentes
en un rango de 18 a 30 años de edad para la capacidad
de adoptar y de 10 a 20 años en cuanto a la necesaria diferencia
de edad entre adoptante y adoptado.
6.2.4. Capacidad de los extranjeros
Según lo dispuesto en los arts. 1327 y 1328 del CCDF,
las personas físicas y morales extranjeras son en general
capaces de adquirir, ya sea por vía testamentaria o intestamentaria,
siempre de conformidad con lo dispuesto en
la CPEUM. Existe sólo una limitación: la eventual falta
de reciprocidad internacional.
6.2.5. Estado civil adquirido en el extranjero
La ley dispone expresamente que para establecer el estado
civil adquirido por nacionales mexicanos radicados
en el extranjero bastará con las constancias que los interesados
presenten, de acuerdo con lo que disponga el
CPC y siempre que el acto se registre en la oficina que
corresponda (art. 51 CCDF).
6.2.6. Títulos de crédito emitidos por extranjeros
Por su parte, los arts. 252-258 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito (LGTOC) dicen que la capacidad
para emitir en el extranjero títulos de crédito o
para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen,
será determinada conforme a la ley del país en
que se emita el título o se celebre el acto, y que se aplicará
la ley mexicana respecto de la capacidad. La misma
ley regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos
o para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se
consignen, dentro del territorio de la República.
6.3. Documentos procedentes del extranjero
Los arts. 139-140 de la LNDF previenen la protocolización
de este tipo de documentos una vez legalizados o
apostillados y traducidos, en su caso, a solicitud de parte
interesada y sin necesidad de orden judicial, excepto
cuando se trate de poderes otorgados ante cónsules mexicanos.
Art. 140 LNDF: “Los poderes otorgados fuera de la República,
una vez legalizados o apostillados, y traducidos,
en su caso, por perito, deberán protocolizarse para que
surtan sus efectos con arreglo a la Ley. Esto no es aplicable
a los poderes otorgados ante Cónsules Mexicanos.”
A su vez, el art. 121 de la CPEUM, que ya se ha mencionado,
es aplicable el caso a nivel interestatal y los arts.
130-131 del CFPC reproducen también estas mismas disposiciones.
Exigen mandamiento judicial expreso para la protocolización
los estados de Aguascalientes, Baja California,
Campeche, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca (excepto en
poderes), Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán (10
entidades).
En el extremo opuesto, muchos estados (Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) ya no exigen resolución
judicial alguna y únicamente previenen la protocolización
previa legalización ante el notario que designen
las partes y, en su caso, traducción por perito oficial.
En varios casos (por ejemplo, D.F., Estado de México,
Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa) se aclara expresamente
que la protocolización podrá hacerse sin necesidad de
orden o mandamiento judicial. El Estado de México
añade que dicha protocolización se hará mediante la
constancia que en el instrumento haga el notario de no
contener disposiciones contrarias a la ley, a la moral o a
las buenas costumbres. Por su parte, la Ley del Notariado
del estado de Jalisco autoriza la expedición de testimonios
en dos idiomas en columnas paralelas (art. 127).