3-4/2005 UINL - Notarius International

Notarius International 3-4/2005 J. A. Márquez González, Informe Nacional México 189
Por otra parte, previenen expresamente la presunción
en sentido directamente contrario a ambos los siguientes
códigos: los CC de Campeche (art. 189), Guanajuato (art.
176), Guerrero (art. 437), el CF de Hidalgo (art. 60), los
CC de Michoacán (art. 173), Querétaro (art. 166), Tlaxcala
(art. 60) y Yucatán (art. 117) y el CF de Zacatecas
(art. 138), ya que entonces se tendrá por establecida la separación
de bienes, con los efectos legales del caso.
El resto de los códigos no contiene previsión expresa
en este sentido.
3.4.4. Capitulaciones matrimoniales
Las capitulaciones que establezcan la separación deben
constar en escritura pública si tal es el caso, excepto que
se celebren antes del matrimonio (art. 180 CCDF). En todo
caso, contendrán un inventario específico de cada uno
de los bienes de exclusiva propiedad, así como de las
deudas.
La consecuencia jurídica más importante de la separación
tiene que ver, desde luego, con la irreductible propiedad
de los bienes exclusivos. Así, las rentas de los bienes
continúan perteneciendo al cónyuge propietario.
También se establece expresamente que cada uno de los
consortes adquiere y administra en exclusiva los ingresos
por servicios personales.
Hay una excepción muy importante. Se refiere al caso
en que los cónyuges adquieran conjuntamente por causa
de donación, herencia, legado, don de la fortuna o cualquier
otro título gratuito. La administración, en este caso,
corresponde a ambos y ya se entiende que debe procederse
a la oportuna división.
Ninguno de los cónyuges puede cobrar al otro honorarios
por servicios personales, pero una reforma reciente en
la Ciudad de México, algo discutida, prescribe ahora que
se puede demandar una indemnización hasta del 50% de
los bienes adquiridos en el matrimonio (art. 289 bis,
CCDF).
3.5. Regímenes convencionales de bienes y capitulaciones
matrimoniales
Ya se vio que nuestra ley concede a los cónyuges la posibilidad
de pactar expresamente las capitulaciones matrimoniales
que crean convenientes, ya para constituir
una sociedad, ya para establecer la separación de los bienes.
En cualquier caso, las capitulaciones definen su situación
patrimonial.
Ahora bien, la ley establece la presunción legal de que
todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado,
debe remitirse a las disposiciones generales al contrato
de la sociedad conyugal (arts. 183-206 bis CCDF). La
fracción V del art. 98 afirma que junto con la solicitud de
matrimonio debe acompañarse necesariamente el convenio
que los pretendientes celebren con relación a sus bienes,
donde debe expresarse con toda claridad la naturaleza
de la convención. Otras legislaciones, en cambio, son
mucho más específicas en ese sentido.
El CCVER reitera en su art. 171 segundo párrafo que
una vez aplicada la presunción, se sigue la normativa
prescrita para las sociedades civiles o la copropiedad, en
cuanto sea posible. No obstante, una reciente reforma
exige ahora el requisito de la presencia simultánea de ambos
cónyuges en la adquisición ante notario para su consideración
como un bien de naturaleza indivisible y común.
Por otra parte, la mayoría de los estados de la República
no exige más la necesidad de la autorización judicial
para contratar entre cónyuges. Una docena apenas
de entidades aún requiere permiso: Campeche (arts. 185
y 186), Chiapas (arts. 171 y 172), Guerrero (arts. 432 y
433), Hidalgo (arts. 176 y 177), Michoacán (arts. 170 y
171), Oaxaca (arts. 173, 174 y 175), Quintana Roo (arts.
712, 713 y 714), San Luis Potosí (arts. 159 y 160), Sinaloa
(arts. 174 y 175), Tabasco (arts. 173, 174 y 175),
Tlaxcala (art. 58) y Zacatecas (arts. 131 y 132). 5
3.6. Alimentos matrimoniales
El concepto de alimentos que maneja la ley mexicana
es muy amplio. Así, el art. 308 dice que “Los alimentos
comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia
en casos de enfermedad. Respecto de los menores
los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios
para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle
algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados
a su sexo y circunstancias personales”.
En caso de divorcio, debe seguirse el principio general
que se encuentra establecido en el art. 302: “Los cónyuges
deben darse alimentos; la Ley determinará cuando
queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio
y otros que la misma Ley señale”.
El art. 288 dice que en los casos de divorcio necesario
puede sentenciarse al culpable al pago de alimentos a favor
del cónyuge inocente y que aun en el caso de divorcio
por mutuo consentimiento la mujer puede recibir alimentos
por el mismo lapso de duración del matrimonio,
siempre que no tenga ingresos suficientes o se una a otra
pareja. El varón goza del mismo derecho, pero debe acreditar
que se encuentra imposibilitado para trabajar y que
carece de ingresos suficientes.
3.7. Comunidad no matrimonial (homosexual o heterosexual)
o matrimonio de homosexuales
3.7.1. Cohabitación sin matrimonio (concubinato)
Se ha dejado establecido ya que nuestra legislación civil
otorga una importancia muy especial a la institución
matrimonial. Prueba de ello reside en la solemnidad compleja
de los requisitos que deben observarse para su celebración
(arts. 97-113 CCDF) y en la incorporación de
postulados que presiden el nacimiento y desarrollo estable
de la familia (art. 4º CPEUM; arts. 162, 163, 164, 168
CCDF; art. 940 CPCDF).
En la dogmática filosófica de este contexto, resulta obvio
entonces pensar en la importancia marginal que el legislador
concede a otro tipo de instituciones que de alguna
manera se apartan de la formalidad legal que significa
la institución matrimonial. Éste es el caso, en efecto, de
5 FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ, „Autorización judicial
para contratar entre cónyuges“, en escribano, órgano oficial de la
ANNM, AC., no. 28, México, 2003, p. 22.