3-4/2005 UINL - Notarius International

188 J. A. Márquez González, Informe Nacional México Notarius International 3-4/2005
Así, los estados de Puebla y Jalisco exigen igual edad
en ambos contrayentes, que fijan en 16 años (art. 300 y
260, respectivamente), pero el CF de Hidalgo la eleva a
18 años (art. 30 frac. II), lo mismo que el CC de Guerrero
(art. 412). Cabe señalar que el CC de Baja California
Sur exige en su art. 157 la edad de 18 años en el hombre
y de 16 en la mujer.
De ser necesario, se pueden conceder dispensas de
edad por causas graves y justificadas. Éste es el caso, de
todas formas, de los menores de edad, quienes requieren
el consentimiento de sus progenitores para casarse y suponiendo
que no vivan los padres, se exige el consentimiento
de los abuelos. La ley aun prevé que si faltaren los
padres o abuelos debe darse el consentimiento de los tutores
y en caso extremo, del juez de lo familiar.
3.3. Divorcio
3.3.1. Divorcio administrativo
El art. 266 del CCDF afirma concretamente que “El divorcio
disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los
cónyuges en aptitud de contraer otro”. La forma más simple
y rápida en que puede lograrse el divorcio se conoce
bajo la denominación de divorcio administrativo. Así, el
vínculo matrimonial puede disolverse por la simple declaración
de ambos consortes, cuando ambos sean mayores
de edad, no tengan hijos menores de dieciocho
años, y no tengan bienes o hubiesen liquidado la sociedad
conyugal, en su caso (art. 272).
3.3.2. Divorcio judicial consensual
El segundo tipo de divorcio es una variante algo más
compleja. Presupone que los cónyuges desean divorciarse,
pero no se reúnen los extremos previstos en el párrafo
inicial del art. 272, es decir, que no son aún mayores
de edad, que tienen hijos o que no han liquidado la sociedad
conyugal.
Si los cónyuges se encuentran en alguno de estos casos,
entonces están obligados a presentar un convenio al respecto
de estos puntos, en el juzgado de lo familiar. Lograda
la aprobación, el trámite continúa en términos rutinarios.
Es importante precisar que ambos procedimientos, tanto
en la vía administrativa (art. 272 CCDF) como en la
vía judicial para la previa aprobación del convenio (art.
273 CCDF), no pueden en ningún caso pedirse sino hasta
pasado un año después de la celebración del matrimonio,
con lo cual el legislador se asegura que no sea el resultado
de un capricho pasajero o de una decisión irreflexiva
de los cónyuges.
3.3.3. Divorcio por causa grave
La tercera y última forma de divorcio conocida en
nuestra legislación tiene lugar, diversamente, por la existencia
de una causa grave, precisamente prevista en el
art. 267 del CCDF y no supone, desde luego, el consentimiento
de ambos cónyuges.
El procedimiento para demandar esta forma de divorcio
se encuentra también previsto en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal (CPCDF), pero
en distinto lugar, ya que no mantiene un procedimiento
específico, sino que su trámite se remite al de un juicio
ordinario, cuya regulación se contiene en los arts. 251 y
siguientes de este mismo cuerpo legal.
3.4. Régimen Patrimonial
El Código Civil dispone expresamente que el contrato
de matrimonio debe celebrarse según el régimen patrimonial
de sociedad conyugal o de separación de bienes
(arts. 98, 178 CCDF).
3.4.1. Sociedad conyugal
La sociedad conyugal puede comprender los bienes de
que son dueños los esposos, no sólo en ese momento,
sino también los que en el futuro puedan llegar a adquirir.
En las capitulaciones matrimoniales, los cónyuges
pueden declarar que bienes aporten a la sociedad. Si se
trata de bienes inmuebles, las capitulaciones que rigen la
sociedad deben formalizarse en escritura pública ante notario
y además inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad para que surtan efectos frente a tercero.
No existiendo capitulaciones, en general, pertenecen a
la sociedad conyugal, todos los bienes adquiridos a partir
de la fecha del matrimonio. Se exceptúan únicamente,
por ser propios de cada cónyuge, los que adquieran durante
éste por exclusiva donación, herencia, legado o dones
de la fortuna (art. 172 CC de Chihuahua, art. 182
quintus CCDF, arts. 303-306 CC de Jalisco, art. 207 CC
de Oaxaca, art. 338 CC de Puebla, arts. 735-738 CC de
Quintana Roo, arts. 196-201 CC de Tabasco, art. 173 CC
de Tamaulipas, art. 172 CC de Veracruz).
3.4.2. Separación de bienes
En el régimen de separación de bienes, los cónyuges
conservan la propiedad y la administración de los bienes
que por las capitulaciones les pertenecen, así como las
rentas que se produzcan. Constituye el caso precisamente
contrario a la sociedad.
3.4.3. Presunción legal
En la práctica, cada vez un mayor número de parejas
prefiere el régimen de separación de bienes, si bien es
cierto que con anterioridad la gran mayoría de los cónyuges
elegía la mancomunidad.
También es claro que una razón importante residía en el
hecho de que, no celebrando capitulaciones, muchos códigos
en la República establecen la presunción legal de
que el régimen patrimonial se constituye bajo la forma de
sociedad conyugal. Ésta es, en efecto, la regla general
que precisa la normativa de los siguientes códigos: CC
del estado de Chihuahua (art. 165), Morelos (art. 141),
Nuevo León (art. 178), Puebla (art. 338), Quintana Roo
(art. 719), Tabasco (art. 180) y Veracruz (art. 166). La
presunción deriva a favor de la modalidad de sociedad legal
en el caso de las siguientes legislaciones: Aguascalientes
(art. 209), Jalisco (art. 282), Oaxaca (art. 206), Sonora
(art. 270) y Tamaulipas (art. 172).