3-4/2005 UINL - Notarius International

186 J. A. Márquez González, Informe Nacional México Notarius International 3-4/2005
1.8. Organizaciones profesionales
La gran mayoría de las leyes notariales en la República
Mexicana dispone de un colegio como institución que
aglutina obligatoriamente a todos los notarios de la entidad.
Desde el punto de vista nacional, en el año de 1955 se
creó la denominada Asociación Nacional del Notariado
Mexicano (ANNM) 4 , la cual afilia en forma voluntaria a
todos los notariados del país y, además, incorpora estatutariamente
a los presidentes de los Colegios y Consejos
notariales locales en todo el país, lo cual le confiere una
gran representatividad a nivel nacional, si bien es cierto
que no todos los notarios se encuentran afiliados a esta
organización.
2. Derecho Civil
2.1. Derecho civil en general
El Código Civil del Distrito Federal (CCDF) se encuentra
en vigor desde 1932, y ha sido objeto de importantes
reformas en los últimos años. Mantiene una profunda
influencia del código napoleónico de 1804 y, en
general, sigue una estructura bastante similar.
Todos los códigos de la República son muy similares,
pero esto no impide que existan diferencias entre ellos,
algunas incluso relevantes.
Por ejemplo, la gran mayoría de los códigos consignan
legalmente la noción doctrinal de “acto jurídico”. En
efecto, los arts. 1792, 1973 y 1859 del CCDF contienen
las definiciones de convenio y contrato siguiendo en este
punto la teoría francesa plasmada en el Código de Napoleón.
Sin embargo, algunos códigos se apartan de este esquema
doctrinal. Éste es, en efecto, el caso de los códigos
civiles de Coahuila (arts. 1899-2198), Guerrero (arts.
1593 y ss.) y Quintana Roo (arts. 135-425) que acogen la
teoría del “negocio jurídico”.
Los códigos civiles más antiguos del país son los de
Veracruz (1932), Nuevo León (1935), Michoacán (1936),
Chiapas (1938), Hidalgo y Sinaloa (1940), Campeche y
Oaxaca (1943), San Luis Potosí (1946), Aguascalientes
(1947), Durango (1948), Sonora (1949), Colima (1953),
Guanajuato (1967), Baja California y Chihuahua (1974)
y Tlaxcala (1976). Los más novedosos son los de Quintana
Roo (1980), Nayarit (1981), Puebla (1985), Zacatecas
(1986), Tamaulipas (1987), Querétaro (1990), Guerrero
y Yucatán (1993), Morelos (1994), Jalisco (1995),
Baja California Sur (1996), Tabasco (1997), Coahuila
(1999) y, por último, Estado de México (2002).
2.2. Derecho inmobiliario
El Libro Segundo del CCDF trata con extensión de la
posesión, de la propiedad, del usufructo, uso, habitación
y servidumbre. No es sino hasta el Libro Cuarto (De las
Obligaciones), en su Segunda Parte (De las diversas especies
de contratos), cuando examina la enajenación de
inmuebles en cada uno de los contratos específicos de
que se trate.
En nuestro derecho el contrato de compraventa es consensual.
En efecto, en términos de lo dispuesto en el art.
2248, “Habrá compraventa cuando uno de los contratantes
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho,
y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio
cierto y en dinero”. En general, la venta es perfecta
una vez que las partes han convenido sobre las prestaciones,
aunque éstas no se hayan entregado físicamente aún.
2.3. Enajenación de inmuebles
2.3.1. Requisito de forma
El contrato de compraventa exige cierta forma específica
cuando recae sobre inmuebles. El CCDF prescribe
que las enajenaciones hasta por un valor de 365 veces el
salario mínimo general diario de la Ciudad de México
(unos $ 16,100 pesos, aproximadamente $ 1,500 USD),
podrán hacerse en documento privado, ante dos testigos
y con ratificación de las firmas ante notario, juez o registrador.
Lo propio sucede con las operaciones de constitución
o transmisión de derechos reales, por la misma suma.
Los contratos de enajenaciones que haga el gobierno
para personas humildes podrán, en cambio, prescindir de
los testigos y de la certificación de firmas. Cabe aclarar
que estos contratos de interés social casi siempre se cobran
con reducción del 50% de la tarifa arancelaria. Todo
contrato que exceda de aquella cantidad de $ 1,500 USD,
deberá reducirse a escritura pública ante notario.
2.3.2. Escrituración
En síntesis, el procedimiento de escrituración puede
resumirse en los siguientes pasos:
- ante todo, el notario está obligado a recabar por parte
de la oficina del registro público un certificado acerca
de la existencia o no de gravámenes en relación con la
finca objeto de la transmisión.
- Esta solicitud también sirve como un aviso preventivo
donde se menciona la operación propalada. El registrador
practica una nota de presentación, la cual tiene
una vigencia de 30 días naturales.
- Una vez firmada la escritura, se emite nuevamente por
parte del notario otro aviso preventivo, pero ahora con
adición de la fecha de la escritura y de su firma.
- Acto seguido, el notario debe continuar con el procedimiento
de pago de los derechos e impuestos relativos a
la operación de que se trate, y una vez satisfechos todos,
deberá expedir el testimonio respectivo para su
inscripción definitiva en el registro público.
2.3.3. Inscripción registral
La institución registral opera bajo los principios de
publicidad, inscripción, especialidad, consentimiento,
tracto sucesivo, rogación, prioridad, legalidad y presunción
de exactitud registral.
El art. 3042 del CCDF dice que deben ser objeto de inscripción
los siguientes actos:
- Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca,
adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga
el dominio, posesión originaria y los demás derechos
reales sobre inmuebles;
4 Internet: www.notariadomexicano.org.mx/