3-4/2005 UINL - Notarius International

Notarius International 3-4/2005 R. Rivas Andrés, Poderes Extranjeros en España 297
PÉREZ-HOLANDA acepta esta teoría de equivalencia de
formas y dice que (salvo el caso antes visto de la donación)
nuestro TS la sigue en Sentencias de la Sala 1ª de
15/3/55, 27/2/64 y 23/6/77 (consignemos que estas tres
sentencias son citadas en los vistos de la Resolución de
11/6/99 a las que añade la STS de 20/2/86).
1.4 Requisitos mínimos por poderes extranjeros
Ahora bien, si la doctrina acepta sin excepciones esta
teoría, el problema se traslada a fijar cuáles son los requisitos
mínimos que integran el orden público español y
que necesariamente deben de cumplir todos los documentos
extranjeros que pretendan surtir efectos en
España.
Pues bien, interpretando la opinión de BLTS y la de
PÉREZ-HOLANDA, teniendo además en cuenta mi práctica
profesional durante unos cuantos años -y esperando no
confundir mis opiniones con los hechos- me atrevería a
decir que entre Notarios y Registradores había un amplio
consenso a la hora de considerar como requisitos para
que se de la la equivalencia de formas:
1.4.1 Redacción por Notario o juéz
Que el documento esté redactado o legitimado por
Notario (o por la autoridad judicial en los actos de jurisdicción
voluntaria que no ejerzan los anteriores).
Son rechazables los documentos en los que intervienen
autoridades distintas de Notario o Juez, lo que excluye
a documentos expedidos por Alcaldes o autoridades
similares. La Res 4/2/99 rechazó la llamada “declaración
sustitutiva del acta de notoriedad”, si bien con argumentos
un tanto contradictorios, ya que por un lado la rechaza
por ser una simple declaración “realizada por dicha
señora ante el Vicecónsul italiano, el cual se limita a recoger
las manifestaciones de aquélla”; pero a renglón seguido
añade que “no se acredita que sea documento suficiente,
según el derecho italiano”, como dando a entender
que si se admite en Italia se tendría que admitir en
España, lo que en ningún caso sería de recibo por clara
infracción del orden público interno, ya que haría de peor
condición al ciudadano español que al italiano ¿?.
1.4.2 Identificación y Capacidad del Comparaciente
Que se identifique al compareciente, se le considere capaz
y que éste consienta o asuma el documento.
Son rechazables los documentos con una simple legitimación
de firmas en las que el Notario se limite a decir
escuetamente que una firma es de una determinada persona.
Implícitamente todas las Resoluciones que vamos a
comentar rechazan este tipo de legitimaciones simples.
1.4.3 Autenticidad del Papel y Apostila
Que el “papel” en el que está redactado el documento
tenga garantías de autenticidad y esté debidamente legalizado
o apostillado.
Son rechazables los documentos cuyas hojas no reúnen
las mínimas garantías de autenticidad. Este tipo de
defecto abunda en los documentos extranjeros que no se
redactan en papel oficialmente numerado y en los que la
firma notarial garantiza la autenticidad de la hoja en la
que se estampa, pero no la de las demás.
1.4.4 Idioma
Que el idioma en el que esté redactado el documento
extranjero sea español (u oficial en España) común a todos
los intervinientes o con traducción legalmente hecha
y acreditada. Para no complicar excesivamente este apartado,
damos por supuesto que los comparecientes de una
nacionalidad se supone que conocen el idioma de su patria,
pero quede hecha reserva de que esta regla general
no escrita puede tener excepciones. Pues bien, parece ser
que un viejo dicho anglosajón establece que “el diablo
está en los detalles”. Decimos esto porque una de los aspectos
intelectualmente menos interesante es el del idioma,
pero puede generar más de un susto. Y aquí habría
que distinguir como casos más frecuentes:
A) Documento extranjero redactado en idioma español
(u oficial en España) cuando es común a todos los
comparecientes. Si el idioma de todos los términos personales
de la relación (Notario de expedición, comparecientes
y Notario/Registrador español) es castellano (u
oficial en España) no hay problema.
B) Documento redactado en español (u oficial en
España) sin que sea el idioma del Notario de expedición
y/o de los comparecientes. El Notario de expedición debe
de constatar que ha traducido él o que se ha hecho una
traducción que permita entender el documento a él mismo
y/o a los comparecientes. Luego hemos de ver el galimatías
que ha producido por esta causa la Res de
23/4/03.
C) Documento redactado en idioma extranjero común
al Notario de expedición y a los comparecientes traducido
directamente por Notario/Registrador español.
Esta traducción no plantea ningún problema, es “oficial”
a todos los efectos ex Arts 37 Rhip o 253 Rnot y el documento
sería aceptable e inscribible sin más trámite.
D) Documento redactado en idioma extranjero común
al Notario de expedición y a los comparecientes traducido
por intérprete. En estos casos se genera un nuevo documento
de traducción que plantea a su vez sus propios
problemas de admisión. Si es el mismo
Notario/Registrador español el que controla la traducción
en España del documento (en el Colegio Notarial de
Valencia hay un servicio de traducción extraordinariamente
rápido y eficaz) él mismo puede controlar la autenticidad
del documento.
Pero si el documento de traducción se ha hecho en el
extranjero deberá, a su vez, ser sometido a un control de
autenticidad en los mismos términos que el documento
traducido; y como problemas más frecuentes me atrevo a
señalar:
a) como medida de autenticidad las hojas del papel de
traducción deberán de estar todas firmadas, o unidas con
un sistema que garanticen su procedencia;
b) documento traducido y documento de traducción deberán
de estar conectados (físicamente o por fotocopia)
de manera que se esté seguro que “esa” traducción es de
“ese” documento y no de otro;