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comentarios. Beltman asimismo expresó su deseo de que el trabajo realizado por el consultor
estadounidense 3TM “estuviera de alguna forma en que alguien en Ecuador pueda escribirlo” y
otro empleado de Stratus advirtió que esta compañía debía revisar su trabajo para “mejore el
lenguaje para que parezca más como [Cabrera] y menos como comentario”.
168. Los Demandados RICO concretaron su estratagema en parte pidiéndole a
Powers, el mismo contratista de Stratus que redactó en secreto partes del informe inicial de
Cabrera (véase párrafo 151, supra), que respondiera a las preguntas que habían sido planteadas
en relación con el Informe Cabrera. La Demandada Maest proporcionó a Powers las preguntas
que debían contestarse — preguntas que eran exactamente las mismas que fueron planteadas por
los Demandantes de Lago Agrio en su presentación de septiembre de 2008. Powers luego
entregó las respuestas a Maest, que son las mismas que aquellas incluidas en el informe de
Cabrera de noviembre de 2008.
169. Además, los Demandados RICO y sus co-conspiradores incorporaron a la
contestación de Cabrera un segundo informe redactado por Richard Clapp, otro de sus
consultores contratados. Del mismo modo que los Demandados RICO y sus co-conspiradores
habían manifestado inquietud de que Hinton o Clapp mismo divulgara inadvertidamente el hecho
de que el primer informe de Clapp se había incorporado “sin cambios” en forma de un anexo del
Informe Cabrera, también mostraron preocupación de que se divulgara accidentalmente al
público el uso del segundo informe de Clapp en la contestación de Cabrera. Beltman advirtió a
Donziger: “No creo que debamos entregar ninguno de los dos como si fueran de Clapp, porque
estaríamos distribuyendo pruebas”.
170. Incluso más allá de las declaraciones falsas sobre la independencia de Cabrera
y la autoría de “su” informe, el Informe Cabrera — sin el cual los Demandados RICO no tienen
la posibilidad de demostrar la imputación de responsabilidad o daños — adolece de defectos
sustanciales y de problemas fundamentales. Decididos a “aumentar” la estimación de daños a
US$ 27.000 millones, los conspiradores atribuyeron, entre otros defectos atroces, todo el
presunto impacto ambiental de las operaciones petroleras en el área del ex consorcio a TexPet y
ningún aspecto del impacto a Petroecuador, el único titular de las operaciones en el área del ex
[CERT.GEOTEXT VER: JD] 77