Abuso domestico como violación de derechos ... - World Pulse
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indar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado.»4 La Convención de la ONU contra la Tortura Artículo 1: «A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.» La Convención de la ONU contra la Tortura establece que el Estado es responsable de los actos de tortura cometidos «por un funcionario público [...], a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado que los Estados han de tomar medidas para garantizar que nadie es sometido a tortura ni a malos tratos, incluido a manos de particulares. En 1998, el Tribunal declaró que el Reino Unido había conculcado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los malos tratos, porque sus leyes nacionales no habían proporcionado protección suficiente a un niño de nueve años a quien su padrastro había golpeado con una vara.5 Los tratados de derechos humanos son «instrumentos vivientes», que van evolucionando y desarrollándose a lo largo del tiempo. Las decisiones que adoptan los órganos intergubernamentales que verifican el cumplimiento, por los Estados, de los tratados internacionales y de las resoluciones de los tribunales nacionales, perfeccionan y concretan la interpretación de los actos que constituyen tortura.6 Gracias en gran medida a los esfuerzos del movimiento mundial de mujeres, está cada vez más extendida la idea de que la tortura incluye, en determinadas circunstancias, los actos de violencia que cometen ciudadanos particulares. Los actos de violencia contra la mujer constituyen tortura, por la que el Estado ha de responder, cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tortura de las normas internacionales y cuando el Estado no ha cumplido su obligación de proporcionar una protección efectiva. 18
La gravedad del daño El daño que inflige un ciudadano particular a una mujer puede ser tan grave como el que sufre una mujer torturada por agentes del Estado. Las repercusiones a largo plazo de los malos tratos reiterados en el hogar son física y psicológicamente devastadores. Dondequiera que se produzca, la violación traumatiza y lesiona a la mujer. Las consecuencias médicas abarcan trauma psicológico, lesiones, embarazos no deseados, infertilidad y enfermedades que hacen peligrar la vida. La intencionalidad Muchos de los abusos que se infligen en el seno de la familia o de la comunidad son deliberados. Además, muchas veces se infligen por los mismos motivos por los que se tortura a los detenidos. A éstos se los suele torturar no sólo para obtener confesiones, sino también para infundirles terror, quebrar su voluntad, castigarlos y demostrar el poder de los torturadores. Los actos de tortura que se cometen en el seno de la familia o de la comunidad tienen propósitos similares: los autores buscan intimidar a la mujer para que obedezca, o castigarla por haber supuestamente deshonrado a su familia con su desobediencia. La responsabilidad del Estado Quienes cometen actos de violencia contra la mujer en el hogar y en la comunidad son ciudadanos particulares, pero esto no significa necesariamente que el Estado no tiene responsabilidad en la comisión de dichos actos. En virtud del derecho internacional, el Estado tiene una responsabilidad evidente en los abusos contra los derechos humanos que cometen los «agentes no estatales» —es decir, personas y organizaciones que actúan fuera del marco del Estado y de sus órganos—. En el ámbito internacional, la responsabilidad del Estado en dichos actos es muy concreta: se lo puede considerar responsable de una violación de derechos humanos debido a su relación con los agentes no estatales, o por no haber tomado medidas razonables para impedir que se cometiera un abuso o para responder ante él. La responsabilidad del Estado se clasifica de diferentes formas que incluyen la complicidad, el consentimiento o la aquiescencia, la omisión de la debida diligencia y la inacción a la hora de proporcionar una protección igual para prevenir y castigar los abusos que cometen los particulares. En todas estas circunstancias, el Estado está permitiendo que continúe la violencia contra la mujer, y en este informe, cuando se habla de la ausencia de protección del Estado, se incluye la complicidad, el consentimiento, la aquiescencia y la ausencia de la debida diligencia. La debida diligencia El concepto de debida diligencia describe el esfuerzo mínimo que ha de realizar el Estado para cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos de los abusos. 19
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La gravedad <strong>de</strong>l daño<br />
El daño que inflige un ciudadano particular a una mujer pue<strong>de</strong> ser tan grave <strong>como</strong><br />
el que sufre una mujer torturada por agentes <strong>de</strong>l Estado. Las repercusiones a<br />
largo plazo <strong>de</strong> los malos tratos reiterados en el hogar son física y<br />
psicológicamente <strong>de</strong>vastadores. Don<strong>de</strong>quiera que se produzca, la <strong>violación</strong><br />
traumatiza y lesiona a la mujer. Las consecuencias médicas abarcan trauma<br />
psicológico, lesiones, embarazos no <strong>de</strong>seados, infertilidad y enfermeda<strong>de</strong>s que<br />
hacen peligrar la vida.<br />
La intencionalidad<br />
Muchos <strong>de</strong> los abusos que se infligen en el seno <strong>de</strong> la familia o <strong>de</strong> la comunidad<br />
son <strong>de</strong>liberados. A<strong>de</strong>más, muchas veces se infligen por los mismos motivos por<br />
los que se tortura a los <strong>de</strong>tenidos. A éstos se los suele torturar no sólo para<br />
obtener confesiones, sino también para infundirles terror, quebrar su voluntad,<br />
castigarlos y <strong>de</strong>mostrar el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los torturadores. Los actos <strong>de</strong> tortura que se<br />
cometen en el seno <strong>de</strong> la familia o <strong>de</strong> la comunidad tienen propósitos similares:<br />
los autores buscan intimidar a la mujer para que obe<strong>de</strong>zca, o castigarla por haber<br />
supuestamente <strong>de</strong>shonrado a su familia con su <strong>de</strong>sobediencia.<br />
La responsabilidad <strong>de</strong>l Estado<br />
Quienes cometen actos <strong>de</strong> violencia contra la mujer en el hogar y en la<br />
comunidad son ciudadanos particulares, pero esto no significa necesariamente<br />
que el Estado no tiene responsabilidad en la comisión <strong>de</strong> dichos actos.<br />
En virtud <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho internacional, el Estado tiene una responsabilidad evi<strong>de</strong>nte<br />
en los abusos contra los <strong>de</strong>rechos humanos que cometen los «agentes no<br />
estatales» —es <strong>de</strong>cir, personas y organizaciones que actúan fuera <strong>de</strong>l marco <strong>de</strong>l<br />
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Estado en dichos actos es muy concreta: se lo pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar responsable <strong>de</strong><br />
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estatales, o por no haber tomado medidas razonables para impedir que se<br />
cometiera un abuso o para respon<strong>de</strong>r ante él. La responsabilidad <strong>de</strong>l Estado se<br />
clasifica <strong>de</strong> diferentes formas que incluyen la complicidad, el consentimiento o la<br />
aquiescencia, la omisión <strong>de</strong> la <strong>de</strong>bida diligencia y la inacción a la hora <strong>de</strong><br />
proporcionar una protección igual para prevenir y castigar los abusos que<br />
cometen los particulares. En todas estas circunstancias, el Estado está<br />
permitiendo que continúe la violencia contra la mujer, y en este informe, cuando<br />
se habla <strong>de</strong> la ausencia <strong>de</strong> protección <strong>de</strong>l Estado, se incluye la complicidad,<br />
el consentimiento, la aquiescencia y la ausencia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>bida diligencia.<br />
La <strong>de</strong>bida diligencia<br />
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Estado para cumplir su obligación <strong>de</strong> proteger a los ciudadanos <strong>de</strong> los abusos.<br />
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