Abuso domestico como violación de derechos ... - World Pulse

mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación A
pesar de lo dispuesto en la Ley Integral, es frecuente que las mujeres no cuenten
con asistencia letrada efectiva durante la interposición de la denuncia y la
solicitud de orden de protección.
Por otro lado este trámite, en el caso de las mujeres extranjeras en situación
administrativa irregular y a causa de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de
Estado de Seguridad sobre actuación de dependencias policiales en relación con
mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación
administrativa irregular, supone para ellas el riesgo de que se abra un expediente
de expulsión si no consiguen una orden de protección y una sentencia que
condene al agresor, además del efecto disuasorio que puede tener para estas
mujeres la comprobación sistemática de sus datos de residencia y la iniciación de
actuaciones al respecto, a la hora de denunciar los abusos, aunque queden en
suspenso en determinados casos.
Amnistía Internacional considera la especialización de la respuesta judicial ante la
violencia de género un paso fundamental para adecuar los procedimientos
judiciales ala complejidad de la violencia de género y a las circunstancias
específicas de las víctimas de este tipo de delito.
Pero la obtención de justicia, a pesar de la creación de juzgados
especializados en violencia de género, sigue siendo un camino lleno de
obstáculos para las víctimas. Estos juzgados, de desigual distribución
territorial, acusan, entre otros problemas, falta de medios para garantizar
la intimidad y la seguridad de las víctimas, sobrecarga de trabajo y
retrasos en las tramistaciones de los asuntos civiles que también tienen
encomendados y, sobre todo, ausencia de formación del personal que los
integra.
Además, aún no disponen en todos los casos de Unidades de Valoración Forense.
Por otra parte, trámites esenciales como la orden de protección, las denuncias de
quebrantamiento de órdenes de alejamiento o los juicios orales y las sentencias
siguen teniendo lugar en órganos judiciales no especializados.
Continúan detectándose casos en los que mujeres en situación de riesgo no
obtienen orden de protección, en muchos casos no se fundamenta su denegación
y el porcentaje de denegaciones sigue variando sustancialmente entre
Comunidades Autónomas. Los juicios rápidos, por las dificultades probatorias que
presentan los casos de violencia de género y la impunidad efectiva a la que
pueden conducir, siguen siendo motivo de preocupación.
En lo que se refiere a la reparación de las víctimas, una de las lagunas que
quedaron pendientes en la Ley Integral, sigue sin encontrar cauces ágiles y
accesibles. Es necesario asegurar una reparación justa, especialmente en los
casos en los que el Estado no ha actuado con la debida diligencia.
178