Abuso domestico como violación de derechos ... - World Pulse

con una falta grave de diligencia de una institución o agente del Estado, a la
organización le preocupa que no se hayan arbitrado cauces accesibles para que
las víctimas o sus familiares hagan efectivo este derecho.
VII. Conclusiones y recomendaciones
La Ley Integral entró en vigor el 29 de enero de 2005, salvo los títulos relativos a
la Tutela penal y judicial, que entraron en vigor el 29 de junio de 2005. Ese mismo
día finalizaba el plazo previsto para que “el Estado y las Comunidades Autónomas
adaptarán su normativa a las previsiones contenidas en la presente Ley.” 215 En
este plazo se han adoptado algunas de las medidas previstas en la Ley Integral,
como la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer, la creación de los juzgados sobre Violencia contra la Mujer y del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y el nombramiento de la Fiscalía
contra la Violencia sobre la Mujer, entre otras.
Sin embargo, todavía existen importantes materias carentes de desarrollo
normativo y se sigue acusando una falta de homogeneidad territorial en la
respuesta institucional a la violencia de género. Amnistía Internacional sigue
reclamando un enfoque de derechos humanos para afrontar la violencia de género,
contrario a cualquier tipo de desigualdad territorial y discriminación basada en
circunstancias personales.
Amnistía Internacional admite la dificultad añadida derivada de que en ámbitos
clave, como el social, el sanitario y el judicial, las competencias han sido parcial o
totalmente transferidas de la Administración central a las Comunidades
Autónomas, pero insiste en que tratándose, como es el caso, de un problema de
derechos humanos deben encontrarsecauces de acuerdo y trabajo interinstitucional
para garantizar a todas las mujeres una respuesta adecuada sin discriminación
alguna en función del lugar de residencia. ‘
La organización pide al Gobierno español que asegure la equidad territorial en lo
relativo a la respuesta institucional ante la violencia de género, para lo cual se
recomienda utilizar las conferencias sectoriales en materias transferidas total o
parcialmente, para acordar estándares mínimos de asistencia, protección y justicia
para las víctimas.
La falta de medios materiales y humanos sigue siendo una constante en todos los
eslabones de la cadena de instancias encargadas de la asistencia, protección y
justicia ante la violencia de género. Los/as profesionales de los ámbitos sanitario,
asistencial, policial y judicial entrevistados por Amnistía Internacional han
destacado esta cuestión y, algunos de ellos han revelado a la organización la
escasez y la precariedad de medios con la que trabajan.
Por ello, Amnistía Internacional reclama una asignación presupuestaria suficiente y
adecuada para el desarrollo de todas las medidas contempladas en la Ley Integral,
y de otras derivadas de la respuesta del Estado ante la violencia de género.
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