Abuso domestico como violación de derechos ... - World Pulse

ecomendación no fue atendida y la citada ley se aprobó sin incluir este derecho.
En la carta enviada por el presidente del Gobierno a Amnistía Internacional y
todas las personas firmantes de la acción derivada del lanzamiento del informe
Más allá del papel se afirma que “la Ley (de protección integral) garantiza la
reparación completa a las víctimas para su integración social y laboral plena, a
través del derecho a una acción integral.” 200
A Amnistía Internacional le preocupa que el Gobierno pueda estar confundiendo la
atención integral con la reparación. Si nos atenemos a lo dispuesto en los
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos201, es preciso
distinguir entre medidas de asistencia integral a las víctimas y el derecho a la
reparación, que se enmarca en la tutela de los derechos de todas las víctimas de
abusos graves de derechos humanos.
La Ley Integral recoge, en efecto, medidas de asistencia integral para las
víctimas, pero no el derecho a la reparación, como parte sustancial de la tutela
judicial. Este derecho de las víctimas y de sus familiares a la reparación implica
que el Estado tiene la obligación de garantizar:
a) la completa recuperación de las víctimas y de sus familiares afectados: el
Estado debe devolver en la medida de lo posible a la
víctima (y a sus familiares afectados/as) a la situación anterior a la agresión o
agresiones sufridas.
b) la obtención efectiva de una indemnización. El Estado debe garantizar una
indemnización adecuada al daño sufrido por la víctima, aún en los casos en los
que existe un autor directo de la agresión, si éste no puede pagarlo,
repercutiendo más tarde al condenado la cantidad adelantada por el Estado.
c) la no repetición de los abusos: el Estado debe asegurar que la mujer no sea
víctima de represalias o nuevas agresiones, y para ello asegurar una
protección efectiva de todas las víctimas.
A pesar de que el Estado debe garantizar que todas las víctimas de abusos de
derechos humanos reciban una compensación económica por los daños, Amnistía
Internacional documentó en el informe Más allá del papel,202 casos en los que,
por declararse insolvente el condenado, las mujeres y sus familiares quedaban en
situaciones de gran indefensión. La organización documentó también los efectos
de la falta de un procedimiento ágil y accesible para que las víctimas y sus
familiares obtengan reparación del Estado cuando sus instituciones y sus agentes
han actuado con falta de diligencia.
En 2005, tras el citado informe y en acciones posteriores, Amnistía Internacional
pidió al Gobierno español que promoviera la adopción de medidas legislativas que
lograran paliar la alguna en la Ley Integral en este ámbito, asegurando una
reparación justa y adecuada a todas las víctimas de violencia de género en el
ámbito familiar, especialmente cuando el Estado no ha actuado con la debida
diligencia.
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