Abuso domestico como violación de derechos ... - World Pulse

actuación” o “guías de buenas prácticas”, en distintas CCAA, pero
en ningún caso una normativa específica, ni una referencia sobre la
cualificación profesional con la que deben contar las personas que
forman parte del citado equipo técnico, ni sus conocimientos
específicos de psicología ó trabajo social.
Por ello, la actuación de tales profesionales no ha estado exenta de
polémica. Desde diversos colectivos se alzan quejas contra los
informes llevados a cabo por los citados equipos psico-sociales. Así
desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, en un estudio
jurisprudencial sobre la reforma operada por la Ley 15/2005,
publicado en 2009, se señala que resulta imprescindible la creación
de un marco regulador de las y los profesionales: psicólogas,
psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales que actúen
asesorando al Juez, a la Jueza o al Tribunal en los procesos de
familia. Con una propuesta normativa que regule las pruebas de
acceso, la especialización en menores, el régimen disciplinario, la
equiparación de sus informes con la prueba pericial judicial, con
aplicación de la misma normativa contenida en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y por supuesto la creación de un código de
buenas prácticas en cuanto a la forma de elaborar los dictámenes
que se emiten desde los equipos técnicos, que entre otras
medidas contemple la necesidad de grabar las entrevistas.
Este ultimo recomendación por el Abogados de Igualdad es muy
importante por lo razones siguientes:
1. Bajo el proceso debido el derecho de tener representación legal en
todos procedimientos y el derecho que “todos procedimientos serán
grabado” esta asegurado bajo el proceso debido. El hecho que las
entrevistas con equipos psico-sociales no pasan en la presencia
de consejos legales vuelven este testimonios y opiniones
inconstitucional bajo el art. 24 de Constitucional Español.
2. Debido al prejuicios de genero y discriminación contra mujeres
dentro de tribunales familia muy bien documentado el gobierno
Español tiene un obligación clarísimo de coge “acciones
positivas” (art. 10 del Acto de Igualdad) de reversar
condiciones y practicas discriminatorios en España. Este acción
esta sostenido todavía mas por el Constitución Español,
Convención por el eliminación de discriminación contra la mujer y
el Acto de Igualdad entero.
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