Abuso domestico como violación de derechos ... - World Pulse

pesaban varias denuncias por falta de diligencia. En este informe se
definía la relación del denunciado hacia la víctima y su hijo como
normal, y se circunscribían las actuaciones como propias de una
situación de conflictividad de pareja. El Ministerio Fiscal basó la
petición de archivo de la causa en este informe. Tres meses después
del asesinato de Sylvina, esta profesional continúa desarrollando su
trabajo en el citado equipo técnico. (Obstinada realidad, derechos
pendientes: Tres años de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de
Género. July 2008 by Amnesty International).
(http://elpais.com/diario/2008/04/11/sociedad/1207864802_850215.html )
“Un informe psicosocial del juzgado de 7 de marzo de 2007, firmado
por Juan Ignacio Alonso y María Isabel Tagle, llegó a afirmar que
"desde el punto de vista psicológico no se puede hablar de maltrato
familiar". A pesar de que, en el mismo, Lacasa relataba que le había
sacado de sus casillas que ella le dijera que quería hacer un viaje a
Boston y que había tirado una televisión. Al trabajador social y a la
psicóloga él les pareció una persona normal, e incluso la
reconvinieron a ella para que, a través de tratamiento psicológico,
elaborara "adecuadamente su conflictividad de pareja" y se "abriera
a las relaciones paternofiliales" entre el padre y el hijo.
"Sin duda se sabía que había un problema con esta psicóloga",
señala Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de
Madrid. "Su caso es conocido, porque nadie aquí tiene tantas quejas.
Si no hubiéramos pensado que el tema era importante, no habríamos
remitido los informes a la consejería. Ahora siempre nos quedará la
duda de si se podría haber hecho algo más para evitar estas
muertes".
(http://elpais.com/diario/2008/04/14/sociedad/1208124003_850215.html )
El informe del caso de Sylvina Bassani y Javier Lacasa, firmado por
Tagle y por un trabajador social, es el único que se ha emitido en los
procedimientos penales y civiles abiertos tras dictarse la orden de
protección en septiembre de 2006. Una primera juez, al abrir las
diligencias, pidió un informe psicológico de Lacasa por el intento de
suicidio del día de la detención. Pero en los procedimientos sólo
consta este informe psicosocial dictado para el divorcio. El abogado
penal de la víctima, Roberto García, solicitó posteriormente un informe
psiquiátrico de Lacasa, recordando, además, que lo habían
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