Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

son la Agencia Federal de Empleo (en adelante, la Agencia Federal) con sus organismos
locales, las agencias de empleo, así como las autoridades municipales o entes locales.
A fin de asegurar de manera centralizada las prestaciones, los entes locales y las
agencias de empleo han establecido 356 unidades de colaboración. Incumbe a los Estados
federados vigilar la ejecución del programa, labor realizada en consulta con el Ministerio
Federal de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, el legislador ha previsto una cláusula de
experimentación que permite a 69 entes locales ejecutar el programa de seguridad básica.
En estos casos, el poder de vigilancia incumbe exclusivamente a los Estados federados.
Se estima que los gastos asumidos por la Federación en el año 2007 para el programa de
seguridad básica se elevarán a unos 35,9 mil millones de euros. La Federación aporta pues
la gran mayoría de los fondos. Sin embargo, la Federación no posee las facultades para
asegurar que los 69 entes locales ejecuten el programa de forma regular, eficaz y
económica; cuando se trata de las anteriormente mencionadas unidades de colaboración, las
facultadas son insuficientes. La Federación y los Estados federados estiman de forma
diferente cuáles son las potestades legales de las agencias y de los entes locales, lo cual
genera relaciones de poder inexplicadas entre las unidades de colaboración y las
autoridades ejecutoras de la seguridad básica, así como entre ambas autoridades ejecutoras.
La Federación ha intentado muchas veces corregir los mecanismos de gestión y de
control, pero no ha tenido éxito. Se evidencia aquí que las carencias arraigadas en la
ejecución son predominantemente inmanentes al sistema y se originan en el
entrelazamiento entre los diferentes niveles.
El legislador se ha reservado la decisión definitiva respecto a la división de tareas en la
seguridad básica para solicitantes de empleo. En el marco de la cláusula de
experimentación se evalúa cuán eficientemente se desempeñan las unidades de
colaboración y los entes locales a los que se ha confiado la ejecución. El Ministerio Federal
de Trabajo y Asuntos Sociales tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2008 para informar
al legislador sobre los resultados de esta evaluación.
Cuando se concluya esta fase piloto será necesaria una nueva decisión legal sobre las
tareas y el financiamiento. En esa instancia deberá asegurarse una praxis de decisiones
acorde a la norma y homogénea para toda la República Federal de Alemania sobre
condiciones esenciales de la labor ejecutora. Deberían evitarse las zonas de superposición
hoy existentes a nivel de las instancias de ejecución y de supervisión, a fin de eliminar
procedimientos de coordinación complicados y propensos a error. Con el fin de fomentar la
autorresponsabilidad de las partes que intervienen, es preciso que las tareas y funciones
estén interconectadas, en ambos niveles, de la forma más estrecha posible con la
competencia de financiamiento. En el marco de esta autorresponsabilidad será legítimo que
se compren aquéllos servicios necesarios para cumplir con la tarea, de no disponer de éstos
la entidad gestora.
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