Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

Por los defectos sistémicos inherentes, el derecho regulador y el procedimiento que rige
la determinación de las responsabilidades financieras entre Federación y Estados federados
son poco eficientes y apenas sirven para la práctica.
En primer lugar, es preciso delimitar de forma clara las facultades y responsabilidades
que incumben a la Federación por un lado y a los Estados federados por otro. De esta forma
será posible reforzar la autorresponsabilidad de los entes públicos y reducir el potencial de
conflicto entre ellos.
Si parece imposible depurar completamente las responsabilidades en este sector, el
objetivo deberá consistir en establecer, para los casos pertinentes y como parte de un
conjunto de medidas, una Ley de ejecución que regule los detalles de la responsabilidad
financiera a asumir.
Los entes públicos deberían ser capaces de prevenir, de manera sistemática y fiable, la
materialización de posibles casos de responsabilidad financiera y de identificar los daños ya
causados. No obstante, es necesario evitar al mismo tiempo que la Federación establezca
una burocracia desbordada para vigilar las actividades efectuadas por los Estados
federados.
0.8 Conclusión (cap. 5)
La intención perseguida a través de la reasignación de las funciones y recomendada en
el presente dictamen consiste en lograr la delimitación de las relaciones administrativas
existentes entre la Federación y los Estados federados. Según el caso concreto y las metas
definidas en la Constitución y en las leyes ordinarias, puede resultar necesario concentrar
las facultades y responsabilidades en manos de los Estados federados o de la Federación.
Debería reducirse, en la medida de lo posible, el entrelazamiento vertical de
responsabilidades, funciones de vigilancia y competencias de financiamiento. La
Federación y los Estados federados deberían disponer de sus propios recursos, siendo
exclusiva y completamente responsables del cumplimiento de las funciones que les han
sido asignadas, y asumiendo la responsabilidad completa por el empleo de sus fondos
propios. Esto supone que los entes territoriales públicos sean dotados con los fondos
necesarios para poder cumplir con sus tareas.
23