Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

4.6.3.3 Perspectivas para una futura Ley de implantación
(1) Necesario consentimiento de los Estados federados
Una Ley de implantación de la legislación sobre responsabilidad financiera requiere la
anuencia del Consejo Federal (art. 104a párrafo 5 inciso 2 de la Ley Fundamental). Los
Estados federados coincidieron en rechazar el proyecto de Ley del año 1973; los aspectos
especialmente resistidos fueron una responsabilidad financiera inmediata de los municipios
y asociaciones municipales (§ 1 del proyecto de Ley) y una responsabilidad financiera
independiente de la culpabilidad en caso de incumplimientos graves de obligaciones (§ 2
del proyecto de Ley). Los Estados federados consideraban que su situación era
especialmente desfavorable debido a que asumían muchísimas más tareas para la
Federación que viceversa. Opinaban que la Federación estaba mejor posicionada al hacer
que sus leyes fuesen implantadas por los Estados federados en lugar de hacerse cargo por sí
misma. Tómese en cuenta que, si la Federación ejecuta leyes por administración propia,
sólo puede demandar por daños a sus propios empleados públicos en caso de
responsabilidad financiera culposa. Los Estados federados propusieron que la Federación
pudiese reclamar indemnización solamente en la medida en que los propios Estados
federados pudiesen obtener indemnización en un recurso contra sus empleados. 427
(2) Iniciativa del Ministerio Federal de Hacienda
Por el momento, el Ministerio Federal de Hacienda no desea propiciar nuevamente la
promulgación de una Ley de implantación. Dadas las opiniones divergentes de las distintas
salas del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, aspira más bien a propiciar un
procedimiento donde resulte ejemplar el fallo de la Sala Mayor del Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo sobre la cuestión de los criterios de responsabilidad financiera.
4.6.3.4 Resultado
Si se tiene en cuenta la multitud de casos potenciales de responsabilidad financiera y la
gran cantidad de decisiones individuales que las entidades públicas regionales toman a
diario respecto a fondos federales, entonces resultan extremadamente pocos los 35 casos
aproximados de responsabilidad financiera que se han procesado efectivamente desde fines
de la década de 1980. También son magros los montos por daños en relación con las
grandes sumas de dinero que se administran.
El Tribunal Federal de Cuentas considera que los escasos procedimientos, las magras
sumas recaudadas por casos de responsabilidad financiera y las tan esporádicas demandas
de responsabilidad financiera que ha presentado la Federación, demuestran que el derecho
427
El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo desechó estos argumentos de los Estados federados
(BVerwGE 96, 45).
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