Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

Seguridad social agrícola (cap. 4.3.3)
La Federación subvenciona las entidades gestoras del seguro social agrícola con un
importe anual de 3,7 mil millones de euros. Mediante la reforma organizativa iniciada en el
año 2001, el legislador intentó adaptar el seguro social agrícola a los continuos cambios
estructurales en este campo. Al mismo tiempo, la reforma estaba destinada a fortalecer las
facultades de intervención de la Federación frente a las entidades gestoras del seguro.
Según las pruebas aportadas por el Tribunal Federal de Cuentas, las medidas hasta ahora
implantadas no son suficientes para lograr la indispensable reestructuración organizativa de
este sector.
El Delegado recomienda transferir completamente a la Federación la gestión del seguro
social agrícola. Concentrando las responsabilidades de financiamiento y de cumplimiento
de tareas, la Federación obtendrá las facultades que corresponden al importe de su
contribución financiera. Así, las responsabilidades quedarán más claras. Otro aspecto que
justifica concentrar las competencias es el número cada vez más bajo de las personas
obligadas a cotizar en este tipo de seguro.
0.5 Asuntos interiores y protección de bienes jurídicos
El concepto actual de financiamiento de las unidades regionales de intervención policial
por la Federación representa un elemento que afecta la solidez del sistema federal y que,
por lo tanto, debería ser eliminado. Para conseguir una ejecución administrativa eficiente,
las funciones que competen a las autoridades de defensa del orden constitucional y a los
servicios de defensa civil deberían ser reasignadas entre la Federación y los Estados
federados. De esta manera será posible evitar puntos de conexión innecesarios y pérdidas
de eficacia. Una reasignación de las competencias administrativas en materia de la
seguridad nuclear debería dar paso a la implantación de una nueva normativa de seguridad
y contribuir a la depuración de las responsabilidades en este campo.
Unidades de intervención policial (cap. 4.4.1)
La Federación financia el equipamiento de mando y control, así como el material
técnico de las unidades de intervención policial de los Estados federados. Este apoyo
financiero es prescindible por su incompatibilidad con los principios orgánicos de la
Constitución y debería ser abolido.
Un instrumento idóneo para depurar las responsabilidades en este campo sería la
formalización de un acuerdo en el marco de la Fase II de la Reforma del Federalismo. En
este campo podría definirse de manera más clara la competencia de financiamiento no
escrita de la Federación y reorientarla hacia los principios orgánicos de la Constitución.
Dicho acuerdo debe cumplir los criterios estrechamente definidos que, según la
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