Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

Un instrumento adecuado para la delimitación podría ser un acuerdo sobre las
competencias de financiamiento no escritas en el marco de la Comisión de la Fase II de la
Reforma del Federalismo. Este acuerdo debería no solamente definir con mayor claridad
los límites de las competencias de financiamiento de la Federación y los Estados federados,
sino también atenerse estrictamente a los severos criterios que, según la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Federal, pueden justificar una competencia de financiamiento no
escrita en limitados casos excepcionales.
Como ya se ha planteado, estos criterios no se cumplen en el caso del equipamiento de
las unidades de intervención policial por parte de la Federación. Por ello el contenido de un
acuerdo inequívoco debería ser que la Federación ponga fin a su financiamiento en este
ámbito. Si esto no pudiera imponerse en el acuerdo, entonces el mismo debería restringir el
financiamiento por parte de la Federación a materiales de mando y de comunicación. Debe
excluirse explícitamente en este caso el financiamiento de vehículos, equipamiento
personal y dispositivos de acordonamiento.
4.4.2 Defensa del orden constitucional
Declaración principal
Las tareas de defensa del orden constitucional son realizadas mayormente de forma
paralela por la Federación y los Estados federados, que mantienen sus propios servicios de
defensa del orden constitucional. Dicha estructura tiene razones históricas y ya no es
necesaria. Pueden evitarse un número considerable de trabajos paralelos y pérdidas de
eficiencia por superposición de tareas, si se concentra la defensa del orden constitucional en
el nivel de la Federación. Esta concentración liberaría reservas de eficiencia para una más
efectiva protección del orden constitucional liberal y democrático. Al mismo tiempo se
ahorraría en recursos humanos y materiales.
4.4.2.1 Estructura de la defensa del orden constitucional
Luego de la Segunda Guerra Mundial, las deliberaciones sobre la arquitectura de
seguridad de la Ley Fundamental estuvieron signadas por la experiencia histórica del
período nacionalsocialista, en el cual las estructuras de los servicios secretos fueron parte
importante del aparato represor centralizado. En el Consejo Parlamentario predominó por
ello la idea de que las tareas de la seguridad quedasen en la mayor extensión posible en
manos de los Estados federados. 301 Las potencias aliadas también intervinieron en la
discusión, y en la llamada "Carta Policial" se pronunciaron por una solución intermedia. 302
301 Cfr. Werthebach/Droste, en: Dolzer/Vogel/Graßhof, BK, art. 73 Nº 10 ítem 238 y 240.
302 Carta de los gobernadores militares del 14/04/1949 Nº 2, impresa en: Deutscher Bundestag und
Bundesarchiv (edit.), “Der Parlamentarische Rat 1948-1949 – Akten und Protokolle”, tomo 8, pág. 230 y
sgtes. También la autorización de los gobernadores militares para la Ley Fundamental hace referencia a
la Carta Policial (cfr. Nº 3 de la autorización del 12/05/1949, impresa en Dennewitz, en:
Dolzer/Vogel/Graßhof, BK, introducción págs. 129-131).
135