Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

cooperación informal. No deja de ser un impedimento relevante la ausencia de elementos
vinculantes que permitan a la Federación controlar que se cumplan las regulaciones
acordadas para interpretar y para proceder con la Ley. Desde que la Federación redujo su
participación en los gastos por la Ley de anticipo de pensiones alimenticias 254 a un tercio
del total, y que los Estados federados implantan la Ley a título de competencia propia bajo
su propia responsabilidad (art. 104a párrafo 3 pág. 2 Ley Fundamental), la Federación
dispone meramente del instrumental de la supervisión legal. A esto se suma que la
ejecución de la Ley está en última instancia en manos de los municipios, y que la
supervisión de éstos por los Estados federados se limita a los aspectos legales y técnicos.
Los Estados federados no pueden hacer a los municipios especificaciones sobre el tipo y la
cantidad de recursos personales y materiales con que deberían equiparse. Por ello a la
Federación le restan muy escasas posibilidades de incidir sobre decisiones que le ocasionan
una pesada carga financiera.
No es convincente la estimación del Ministerio Federal según la cual esta instancia, a
través del cofinanciamiento por parte de la Federación, refuerza su posición ante los
Estados federados en la ejecución precisa de la Ley, motivo por el cual querría mantener el
cofinanciamiento. El cofinanciamiento por parte de la Federación no ofrece a los Estados
federados incentivo alguno para eliminar los déficits ya referidos en la implantación de la
Ley. Dadas las reducidas posibilidades de la Federación de influir en este tema, tampoco se
vislumbra de qué manera una participación financiera de la Federación podría reforzar su
posición en la ejecución precisa de la Ley.
El entrelazamiento de tres niveles estatales en la implantación de la Ley de anticipo de
pensiones genera además un considerable esfuerzo administrativo. La Federación, los
Estados federados y los municipios son responsables por la planificación y la preparación,
así como por la liquidación de los gastos y los ingresos para el nivel de financiamiento
respectivo, incluyendo la tramitación de los procesos de pago, en parte a través de muchas
oficinas de contabilidad y contaduría. A esto se suma el esfuerzo necesario para coordinar,
orientar, dirigir y controlar entre las agencias gestoras del anticipo de pensiones
alimenticias, las oficinas regionales responsables y el Ministerio Federal, incluyendo la
coordinación para las indicaciones interpretativas de la Ley en las reuniones de
coordinación entre Federación y Estados federados.
Los procesos no son transparentes, y para el ciudadano que acude a tramitar una
solicitud, los ámbitos de responsabilidad se mantienen confusos. Esto conduce en última
instancia a un déficit en la legitimación democrática que la ciudadanía pretende en el
accionar soberano del Estado.
254
Ley de enmienda de la Ley de subsidio para alquiler de la vivienda y otras leyes, del 22/12/1999 (BGBl. I
pág. 2671).
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