Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

la administración de la prestación social sustitutiva para objetores de conciencia (objetores
a realizar el servicio militar).
El Tribunal Federal de Cuentas ha constatado que la administración del ejército se ve a
veces impedida, debido a la obligación de mantener reserva en los secretos militares, de
brindar a las agencias regionales de pensiones las informaciones que éstas requieren para
tomar decisiones respecto a las pensiones de ex soldados siniestrados estando en servicio de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de pensiones para miembros del ejército. Tales dificultades
de implantación se evitarían si se condensasen las competencias en la administración
federal del ejército. La normativa actualmente vigente ya dispone que los requerimientos de
prestaciones para soldados durante su tiempo profesionalmente activo los gestione ex
officio la administración federal del ejército; recién después de terminado el período de
servicio militar asumen esta tarea las oficinas de pensiones de los Estados federados en
delegación de la Federación. 242 Si se traspasase en su totalidad a la administración federal
del ejército la competencia para las prestaciones según la Ley de pensiones para miembros
del ejército, en esencia no se le estarían asignando nuevas tareas a la Federación. Cabría
peguntarse también si no disminuirían así los esfuerzos hoy necesarios para coordinar en
distintos niveles diferentes competencias administrativas. 243 En conjunto, al concentrar la
competencia a nivel de la Federación se lograrían más eficientemente los objetivos que
persiguen estas normas legales. Tal solución se guía por los valores propugnados por el
principio de subsidiariedad. Condensar en una mano la responsabilidad técnica y la
financiera evita que se enfrenten intereses opuestos en la realización de la tarea.
Consideraciones análogas pueden atenderse para la asistencia de las personas que
cumplen una prestación social sustitutiva al haber objetado realizar el servicio militar. La
Oficina Federal para la Objeción de Conciencia de hecho tiene ya a su cargo la asistencia y
el asesoramiento de los varones que cumplen la prestación social. La gestión de los
requerimientos de asistencia según la Ley de objeción de conciencia podría insertarse en
este espectro de tareas y permitir que se brinden las prestaciones a los objetores de
conciencia en forma centralizada.
En conjunto se recomienda concentrar la realización de las tareas en pocas agencias
dentro de la administración federal, también debido al número descendente de quienes
realizan el servicio militar y la prestación social sustitutiva. 244
La Federación asumiría también los gastos administrativos, además de los gastos por
asegurar las prestaciones, que ya sufraga íntegramente. Habría que verificar en qué medida
se debería dar una dotación financiera adecuada a la tarea. Traspasar la competencia
administrativa a la administración federal 245 podría regularse según el art. 87b párrafo 2 de
242 § 88 párrafo 1 de la Ley de pensiones a miembros del ejército.
243 En este sentido: “Kleine Anfrage”, publicación del Parlamento Federal 14/3421, pág. 15.
244 Servicio militar: 144.647 (2000), 68.428 (2005), fuente: www.bundeswehr.de. Servicio social: 119.445
(2000), 68.392 (2005), fuente: www.zivildienst.de.
245 Cfr. para la Oficina federal de objeción de conciencia: publicación del Parlamento Federal 34 del
30/11/1957 (Justificación del § 1 de la Ley de objeción de conciencia).
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