Modernización de las relaciones entre la Federación y los Estados ...

los gastos funcionales. Los Estados federados, que sufragan los gastos administrativos por
la ejecución y que asumen tareas en delegación de la Federación, deben a menudo elegir
entre, por un lado, el deber de proceder debidamente al ejecutar la Ley, y por el otro, el
empeño en beneficiar al propio Estado federado al ejecutar la Ley. Esta superposición de
intereses, que en su esencia no puede suprimirse, caracteriza tanto a la administración por
delegación como también a la administración regional propia a la hora de implantar
medidas cofinanciadas por la Federación.
Para imponer sus intereses en la ejecución del derecho de indemnización social, el
Ministerio Federal a cargo de la supervisón suele apelar en la práctica a instrumentos de
cooperación informal. Discrepancias y margen interpretativo respecto a hechos de la Ley
son objeto de intercambios en los correspondientes comités de coordinación Federación-
Estados federados, y los resultados de estos intercambios se envían en circulares del
Ministerio Federal a todas las instancias ejecutoras en los Estados federados en forma de
recomendaciones generales. 229 Poder coordinar con los Estados federados y arribar a
consenso en la formulación de estas recomendaciones demanda grandes esfuerzos; además,
es muy difícil controlar si los Estados federados se atienen a las recomendaciones, pues la
ausencia de elementos vinculantes dificulta a la Federación ejercer la función de
supervisión legal y técnica que le compete (art. 84 párrafo 3, 85 párrafo 4 de la Ley
Fundamental).
Una aplicación más estricta del instrumental previsto en la Ley Fundamental para
incentivar y controlar la buena gestión podrá solucionar apenas los problemas de ejecución.
Que la Federación haya dictado normas administrativas (art. 84 párrafo 2, 85 párrafo 2 de la
Ley Fundamental) no ha llevado a una mejora estimable. La facultad de la supervisión legal
de la Federación según el art. 84 párrafo 3 de la Ley Fundamental no constituye un control
de la legalidad que pueda estarse ejerciendo en forma permanente, sino cabe usarse
solamente cuando hay evidencias concretas de una infracción. 230 Es cierto que el
instrumento de la instrucción en la administración por delegación (art. 85 párrafo 3 de la
Ley Fundamental) concede a la Federación posibilidades de incidir en la legalidad y
conveniencia de la implantación. También la potestad para dar instrucciones y la con ella
conectada potestad para supervisar, de las cuales en la práctica se ha hecho hasta ahora uso
muy escaso 231 , se limitan a situaciones de casos concretos 232 y no han sido concebidas para
garantizar que la Federación pueda ejercer un control general en todo el territorio alemán
sobre la ejecución de la Ley por parte de los Estados federados. 233 Por último, las limitadas
posibilidades de sanción de que dispone la Federación para imponer medidas de
229 Por ejemplo: http://www.bmas.bund.de/BMAS/Navigation/Soziale-Sicherung/Soziale-
Entschaedigung/Rundschreiben-2007.html.
230 Pieroth, en: Jarass/Pieroth, “Grundgesetz”, art. 84 ítem 13.
231 Dittmann, en: Sachs, “Grundgesetz”, art. 85 ítem 36.
232 Trute, en: v. Mangoldt/Klein/Starck, “GG III”, 5. edic., art. 85 ítem 23.
233 Sobre el estado de la querella de si las normas generales son admisibles también en la administración por
delegación, véase el Apéndice I (cap. 3.3.2).
110