La Regulación de la Infraestructura de Transporte en el Perú - Ositran

La Regulación en Infraestructura de Transporte en el Perú
Guasch (2004) revela que varios estudios que evalúan las ganancias de eficiencia de las
empresas concesionadas muestran importantes ganancias anuales que oscilan entre 1% y
9% (Estache, Guasch y Trujillo, 2003), sin embargo, también muestran poca correlación
con cambios en las tarifas, lo que deviene en percepciones negativas.
Luego de esta sección introductoria, la siguiente sección desarrolla una descripción general
del marco regulatorio de la infraestructura de transporte de uso público a la que OSITRAN
se ciñe para llevar a cabo su labor regulatoria y supervisora. La tercera sección muestra cómo
ha sido el rol de OSITRAN y el desempeño de las empresas reguladas (concesionarias, y
algunas empresas públicas aún en manos del Estado pero bajo el ámbito del regulador)
de los sectores aeroportuario, portuario, ferroviario y vial. La cuarta sección mira en
conjunto las infraestructuras reguladas y supervisadas por OSITRAN. Seguidamente, en
la quinta y sexta secciones, respectivamente, se identifican las lecciones que la experiencia de
OSITRAN viene revelando y la agenda pendiente en materia regulatoria. Finalmente, en la
séptima sección se concluye.
II.- Marco Institucional del proceso regulatorio de infraestructuras de transporte
de uso público en el Perú
El marco institucional de la regulación de los servicios públicos está provisto en la
Constitución Política del Perú de 1993. En ella se precisa que uno de los principales roles
del Estado es la promoción del bienestar general de la población. Para lograr ello, las
políticas del Estado deben enmarcarse en una economía social de mercado; esto es, el
Estado debe desarrollar políticas adecuadas que establezcan los incentivos necesarios y
suficientes para la participación del sector privado, de manera libre, en la provisión de
servicios públicos 6 .
Bajo el contexto de una economía social de mercado, el Estado, además de promover el
desarrollo de los mercados a través de la participación del sector privado, también debe
tomar en cuenta las posibles conductas oportunistas que puedan afectar el bienestar
de la población. Este tipo de comportamiento puede surgir debido a las características
que poseen las infraestructuras, a través de las cuales se proveen servicios públicos, al
presentar subaditividades 7 de costos, originadas fundamentalmente en la presencia de
economías de escala y de ámbito. Es decir, las infraestructuras de servicios públicos
presentan características de monopolio natural, lo que conlleva a la existencia de poder de
mercado e incentivos para su explotación en desmedro del bienestar de los usuarios. Para
evitar que suceda esto, el Estado crea organismos que velan por que ningún agente del
mercado tenga incentivos para comportarse de forma oportunista, mediante el desarrollo
de políticas, y esquemas de supervisión y regulación que promuevan y faciliten la libre
competencia.
6 Cabe precisar, que el Estado debe asumir, por sí mismo, aquellos sectores que son esenciales para la población
y en donde el sector privado no esté interesado en participar. Es decir, debe cumplir un rol subsidiario (Rubio,
1999).
7 El concepto de subaditividad de costos hace referencia a una situación en el que, dentro del tramo de demanda
relevante para una industria, una firma es capaz de producir la cantidad que se demanda del bien a un costo
menor o igual al que exhibirían dos o más firmas.
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