La Regulación de la Infraestructura de Transporte en el Perú - Ositran

La Regulación en Infraestructura de Transporte en el Perú
VI.- Agenda pendiente del OSITRAN
A diez años de su creación, el OSITRAN ha vivido una serie de experiencias relacionados
con su rol regulador y supervisor de las concesiones de infraestructura de transporte de
uso público. Es por ello que ha sido posible identificar las lecciones, desarrolladas en la
sección anterior, que dicha experiencia brinda. Sin embargo, es importante plantearse
una agenda o retos a asumir en el futuro, más aún con la certeza de un incremento en
el número de contratos de concesión que la entidad tendrá que supervisar en los años
venideros, y que demandará una mayor exigencia en la institución, con la finalidad de
cumplir con su rol en beneficio de la sociedad.
Un primer punto a tener en consideración es la mayor difusión de una cultura
regulatoria en la sociedad. A los días de sucedido el terremoto del 15 de agosto de 2007,
la presión mediática sobre los organismos reguladores llegó hasta el punto de generar
cuestionamientos al actual marco institucional regulatorio del país, y plantear una
reorganización del esquema sectorial 40 para implementar una estructura multisectorial 40 ,
es decir, un “super regulador” que se encargue de todos los sectores de infraestructuras
(transporte, energía, agua y saneamiento, y telecomunicaciones).
Dicho escenario da una señal de que la sociedad espera del regulador muchas cosas,
que podrían sobrepasar realmente las verdaderas funciones que tiene que asumir. El
OSITRAN tiene pensado asumir el reto de mejorar y fomentar la cultura regulatoria a
través del desarrollo del conocimiento regulatorio vía la implementación de una agenda
de investigación para el mediano plazo (2008 – 2010), así como la difusión de dichas
investigaciones con la publicación de la Revista de Regulación en Infraestructura de
Transporte. Con ello se espera incrementar el grado de conocimiento en el tema, y
sobre todo, elevar el nivel de discusión técnico-económico entre todos los agentes
involucrados en el sector de transporte, ámbito de OSITRAN.
Un segundo punto consiste en el fortalecimiento de la independencia, autonomía y
capacidad del regulador. En ese sentido, es importante que la supervisión de contratos
de concesión y la regulación de los mercados donde estos operan cuenten con un marco
regulatorio sólido y consistente, teniendo en consideración que la entidad debe defender
los intereses tanto de los usuarios como de los inversionistas privados, y hacerlos de
forma transparente y justa (Estache y de Rus, 2000). Hacer frente a este reto, partirá de
promover cada vez más la participación ciudadana, a través de una mayor conformación
de Consejos de Usuarios y de talleres de debate, a través de los cuales sea posible conocer
de cerca problemas en la interrelación concesionaria – usuario.
40 De acuerdo con la literatura especializada en regulación de infraestructura de transporte (Estache y de Rus,
2000), no existe un único modelo regulatorio “efectivo” para atender la demanda de regulación que el mercado
exige en las condiciones en que operan los servicios sobre la infraestructura de transporte. Se identifican tre
modelos diferentes: (i) Reguladores a nivel de mercado o industria, que consiste en establecer agencias separadas
para cada industria, de forma que existan reguladores diferentes para las carreteras, ferrocarriles, electricidad,
etc.; (ii) Reguladores a nivel sectorial, bajo el cual las agencias reguladoras tienen competencia sobre diferentes
industrias relacionadas, como sucede si se agrupan todos los mercados relativos a la energía (electricidad,
gas, hidrocarburos) o el transporte (ferrocarriles, carreteras, puertos). En Argentina, Perú y Bolivia existen
reguladores únicos para todo el sector del transporte, y esta misma idea se halla en estudio en Brasil y México;
y, (iii) Reguladores multisectoriales, en la cual existe una agencia única para la regulación de todos o casi todos
los sectores relacionados con infraestructuras, como en el caso de los reguladores a nivel estatal de Australia,
Canadá, y Estados Unidos; y los reguladores nacionales de Costa Rica y Jamaica.
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