Untitled - Revista Pensamiento Penal

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FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
para la vida práctica, ni estaba dotado de las fuerzas suficientes para encauzarlo
hacia sus propios intereses como había sucedido en el Medievo
(donde el papel de los juristas prácticos para la inserción del derecho
común había sido decisivo). El cambio era una exigencia y el protector
supremo de los intereses del Estado, el rey debía actuar en este sentido,
como modo de tutelar los intereses de todos y de cada uno de sus súbditos,
pero también como modo de afirmar su creciente poderío. La crisis
del derecho común había venido provocada no sólo por el egocentrismo
de los reyes, un factor externo, en suma, quienes veían en aquel orden
jurídico a un rival que hay que batir y suplantar, sino también por un
factor interno, el cual responde a los postulados esenciales a los que debe
servir todo orden jurídico: un alejamiento de la sociedad y de sus necesidades,
demandas y circunstancias, fruto de la cada vez mayor complejidad
que adquiría la vida colectiva, y la consolidación de una sólida máquina
de poder estatal, para cuyo funcionamiento no servía la regulación
clásica, convencional, sino que era precisa la forja de todo un aparato
alternativo basado en la experiencia y no en la pretendida ciencia que el
derecho romano traía consigo. La respuesta para hacer frente a esta dualidad
de intenciones se halla en la reivindicación del derecho propio, desde
una postura ciertamente nacionalista, en su posicionamiento como
elemento indiscutible y esencial de toda la vida jurídica, desde el nivel
docente hasta la superior aplicación práctica del mismo, por entenderse
que solamente desde el conocimiento concreto de las necesidades era
posible establecer el derecho que la sociedad precisaba exactamente. En
esa dirección van a caminar los intereses de los monarcas y de sus ministros
reformistas.
La voluntad regia, centro del nuevo universo jurídico, sin embargo,
no contaba con el placet favorable de todas las instancias implicadas.
Sus deseos se podían ver entorpecidos precisamente en la base de todo
el edificio jurídico: en las instancias educativas y formativas. Se quería el
cambio, pero no todos estaban por la labor. De entre esas instituciones
mencionadas, las universidades (y su tradicional autonomía por depender
del papado o de la Iglesia, con numerosos ejemplos peninsulares) y el
partido colegial (perfectamente imbricado en la estructura burocrática
que proporcionaba de inmediato trabajo a los estudiantes, recién finalizadas
sus carreras respectivas), constituían el escollo más dificultoso.
No todo eran oposiciones, pues el aire de reforma era sentido cada vez
con una mayor intensidad. La vida práctica forense había ido dando paso
a un mayor reflejo y aceptación del derecho nacional o patrio y de otras