Untitled - Revista Pensamiento Penal

SÁTIRA CONTRA LA PREDILECCIÓN DEL DERECHO ROMANO 323
los estudiantes aplican luego en sus respectivas profesiones ese derecho
común, construyendo interpretaciones forzadas de la prelación de fuentes
que reconducen en exclusiva a una dictadura de aquel orden jurídico
perfecto y racional, tanto en su vertiente legal como en la doctrinal. Se
aplica ese derecho o se interpreta el otro derecho, propio o nacional, a la
luz de los conceptos que emanan del primero. El resultado es el mismo.
Las citas de leyes romano-canónicas y de las opiniones de los varios
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren eurpäischen Privatrechtsgeschichte,
Munich, C. H. Beck, 1973, t. I, pp. 39-128 (en adelante, Handbuch); y “Die juristische
Fakultät und ihr Lehrprogramm”, en Coing, H. (dir.), Handbuch, cit., nota 4, 1977, t. II,
1, pp. 3-102 y Brockliss, L., “Los planes de estudio”, cap. 14, en Ridder-Symoens, H.
de (ed.), Historia de la universidad en Europa, vol. II: Las universidades en la Europa
moderna temprana (1500-1800), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1999, pp. 644-654.
Para el caso hispánico, prueba de la preocupación existente por la formación de los juristas
son la Pragmática de Barcelona (1493) —reiterada en la Instrucción para corregidores
de 1500 y en petición de las Cortes de Valladolid de 1548 e incorporada a la Nueva
Recopilación 3, 9, 2, y a la Novísima 9, 1, 6— y la Ley 2a. de Toro (1505). La Pragmática
de 6 de julio de 1493 disponía que ningún letrado pudiera tener cargo de justicia, pesquisidor,
relator o receptor sin haber estudiado diez años como mínimo derecho canónico
y derecho civil. El texto en Libro de las bulas y pragmáticas de los reyes católicos, ed.
facsímil, Madrid, Instituto de España, 1973, t. I, ff. 118 y 119. Por su parte, la Ley 2 de
Toro sancionaba lo que sigue: “Porque nuestra intencion y voluntad es que los letrados de
estos nuestros Reynos sean principalmente instructos é informados de las dichas leyes
de nuestros Reynos, pues por ellas y no por otras han de juzgar. Y á nos es echa relación
que algunos letrados nos sirven, y otros nos vienen á servir en algunos cargos de justicia
sin haber pasado ni estudiado las dichas leyes y ordenamientos y pragmaticas y partidas:
de lo qual resulta que en la decisión de los pleitos y causas, algunas veces no se guardan,
ni platican las dichas leyes como se debe guardar y platicar, lo qual es contra nuestro servicio.
Y porque nuestra intencion y voluntad es de mandar recoger y enmendar los dichos
ordenamientos para que se hayan de imprimir y cada uno se pueda aprovechar dellos.
Porende por la presente ordenamos y mandamos que dentro de un año primero siguiente
y dende adelante contado desde la data dellas nuestras leyes todos los letrados que oy
son, ó fueren, asi del nuestro consejo, ó Oydores de las nuestras audiencias, y Alcaldes
de la nuestra casa y corte y chancillerías do tienen, ó tuvieren otro cualquier cargo y administración
de justicia ansi en lo realengo, como en lo abadengo, como en las ordenes
y behedrias como en otro cualquier Señorio de estos nuestros Reynos, no pueda usar de
los dichos cargos de justicia, ni tenerlos sin que primeramente hayan pasado ordinariamente
las dichas leyes de ordenamientos y pragmaticas, partidas y fuero real” (citamos
por Los códigos españoles concordados y anotados, Madrid, Imprenta de la Publicidad,
1849, t. VI, p. 558). Ambos preceptos son, a primera vista, antitéticos, pero que pueden
ser reconducidos a una lectura uniforme, en el sentido de insertar ese conocimiento del
derecho patrio en el periodo de diez años durante el que se extienden los estudios de leyes
y cánones.