Untitled - Revista Pensamiento Penal

LA CRÍTICA AL SISTEMA JURÍDICO DEL DERECHO COMÚN 11
Pero se trataba de otro intento de limitar lo ilimitable: en el caso de que
no se hallase opinión de alguno de los juristas referidos, el panorama
que se preveía era idéntico al que se trataba de combatir, con lo que la
efectividad real de la medida adoptada estuvo muy mermada desde sus
orígenes.
Las pragmáticas mencionadas ponen de manifiesto la perfecta inserción
de Castilla en el universo del derecho común, lo que implicaba que
las fuentes del derecho propio fuesen interpretadas a la luz de todos los
principios y categorías de los derechos romano-justinianeo y canónico.
De esa forma, la doctrina de los juristas no se consideró como algo diferente
o alejado de la ley, sino como una parte integrante de la misma,
como una interpretación fidedigna de aquélla. Así se entendió que la opinión
de los doctores debía ser seguida y vinculaba al juez cuando era
unánime o cuando, si se trataba de la postura de un solo autor, no había
sido contradicha por ningún otro.
De la aceptación de la realidad, deducida de los anteriores textos, sin
embargo, se pasará al combate abierto contra el sistema desarrollado en
la práctica. La Ley 1 de las Leyes aprobadas en las Cortes de Toro (1505)
derogará la anterior Pragmática de 1499 y reinstaurará el orden de prelación
de fuentes creado por el Ordenamiento de Alcalá de Henares. 16 Esta
ley de Toro será reiterada nuevamente por la Nueva Recopilación 2, 1,
3, y por la Novísima Recopilación 3, 2, 3, con lo que el esquema de las
fuentes permanecerá inalterado hasta la época de la Codificación.
Sobre el papel y desde una perspectiva teórica, en principio, el derecho
castellano se integraría por el derecho creado exclusivamente en Castilla
y por el rey castellano o las personas en quien éste deleguara. No había
pie para la aplicación de órdenes jurídicos extraños y ajenos. No cabe
acudir a otros derechos, ni a otras tradiciones jurídicas. No ocurrió así 17 y
Commun et l’Europe. El derecho común y Europa. Actas de las Jornadas Internacionales
de Historia del Derecho de El Escorial, Madrid, Dykinson, 2000, pp. 285-314.
16 Leyes de Toro. Ley Primera. Citamos por Los códigos españoles concordados y
anotados, 2a. ed., Madrid, Antonio de San Martín, 1872, t. VI, pp. 571 y 572. Completa
este nuevo orden de cosas la “Ley Segunda”, en ibidem, t. VI, p. 572, en la cual se ordena
que los letrados “sean principalmente instructos é informados de las dichas leyes de
nuestros Reynos, pues por ellas y no por otras han de juzgar”.
17 Véase Pérez Martín, A. y Scholz, J. M., Legislación y jurisprudencia en la España
del Antiguo Régimen, Valencia, Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones,
1978.