Untitled - Revista Pensamiento Penal

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FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ta los albores del constitucionalismo decimonónico en que amanece un
“paradigma legislativo” que sepulta el anterior. 75 Y un paradigma, como
vía de expresión que busca la consecución de un objetivo supremo: la
paz, encarnación de una idea que desde Agustín de Hipona es constante
en el pensamiento cristiano, ya en su versión general o regnícola (una paz
que los reyes difícilmente podían proceder a asegurar dada la debilidad
de su poder y la dificultad para extender el mismo por medio de una maquinaria
administrativa todavía en formación), 76 ya en sus modalidades
indiferente. Véase y compárese la laudatoria recensión a la primera edición de Ullmann,
W., TR, núm. 39, 1971, pp. 298-302; o la crítica nota a la reciente reimpresión del mismo
que le dedica Iglesia Ferreirós, A., “Potestas condendi legem et iurisdictio”, Initium,
núm. 9, 2004, pp. 385-442. En el caso hispánico, la transposición del pensamiento de
Costa ha sido realizada por Vallejo, J., Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la
potestad normativa (1250-1350), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992,
obra que con todas sus virtudes y aciertos, no contempla una sola cita a algún texto igualmente
normativo de procedencia peninsular, lo cual lleva a cuestionar si realmente esa
concepción de la potestad normativa allí expuesta y defendida, ligada al derecho común
y por extensión a la idea de Imperio, tuvo razón de ser, de estar y de aparecer en los plurales
reinos hispánicos medievales, como ya puso de relieve en su día el profesor Iglesia
Ferreirós.
75 Polémica ésta, por cierto, que sigue planteada en la actualidad con ropajes nuevos
(en concreto, los derechos fundamentales, su esencia, su razón de ser, su desarrollo y su
protección). A este propósito, es interesante la polémica entre Alexy, Habermas y Böckenförde,
en torno a la existencia o no de dos alternativas en este singular camino: la de los
derechos fundamentales como principios, con su correlato de un Estado jurisdiccional,
o la reducción de los mismos a los clásicos derechos de defensa (y su conclusión consecuencial:
el Estado de legislación parlamentaria). Véase Alexy, R., Epílogo a la teoría
de los derechos fundamentales, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, 2004,
pp. 20 y ss.
76 La incapacidad de crear y asegurar una paz general para todo el territorio político
por donde campaba el rey, dada su debilidad motivada por la prioridad de otros frentes
abiertos, provocó el alcance de esa generalidad mediante la suma de especialidades, es
decir, la extensión de paces especiales. Como ha destacado García-Pelayo, M., “El Reino
de Dios, arquetipo político”, cit., nota 21, p. 282, la paz aparece concebida como algo
consustancial al género humano y condición necesaria para el cumplimiento de su destino,
supuesto basilar para el mantenimiento del orden de la creación (en un doble sentido:
cualidad inherente a aquélla y exigencia a los humanos para evitar su destrucción): “por
eso Dios, en su sabiduría y misericordia, dio al hombre todo lo necesario para restaurar la
paz originaria destruida por el pecado y, a tal fin, fueron creados los príncipes y las potestades
como ministros del Señor, y cuya misión, de acuerdo con el distinto ámbito de su
poder, es defender la pax civitatis, la pax regni, la pax universalis, cada una de las cuales
no son más que manifestaciones parciales de una sola paz, de la pax christiana. Servir a
la paz es, pues, servir al orden de Dios, y por eso el rey pacífico es imagen de Dios, mien-