72 - Ayuntamiento de Benijófar

oletín oficial de la provincia - alicante, 28 marzo 2003 - n.º 72 114
butlletí oficial de la província - alacant, 28 març 2003 - n.º 72
b) Conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil el tribunal requerirá de oficio al ejecutado para que
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué
título, con apercibimiento de las sanciones que pueden
imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, pudiéndose imponer
multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere
debidamente al requerimiento a que se refiere el apartado
anterior.
Sexto: Por último, procede advertir al ejecutado que si
deja transcurrir injustificadamente los plazos a que se refieren
los anteriores razonamientos jurídicos sin efectuar lo
establecido en ellos, y mientras no cumpla o no acredite la
imposibilidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que se
ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes, imponer
apremios pecuniarios en el cumplimiento de dar o entregar
las sumas de dinero objeto de apremio o en el cumplimiento
de las obligaciones legales que se le imponen en la presente
resolución judicial. De conformidad con el artículo 239.2 «in
fine» de la Ley de Procedimiento Laboral, la cantidad fijada,
que se ingresará en el Tesoro, no podrá exceder, por cada
día de atraso en el cumplimiento de la cuantía máxima
prevista para las multas en el Código Penal como pena
correspondiente a las faltas.
Séptimo: Pese a ejercitarse acciones tendentes a obtener
la entrega de una cantidad de dinero en las ejecutorias
que se siguen contra este mismo deudor, no existen indicios
de que los bienes del deudor pudieran ser insuficientes para
satisfacer la totalidad de los créditos que se ejecutan, ya que,
hasta la fecha, no han aparecido bienes, por lo que no
procede acordar la acumulación de las ejecuciones por el
momento, debiéndose estar a la espera del resultado de la
ejecución ya iniciada, sin perjuicio de lo cual, en el momento
de estimarse necesario, atendiendo a criterios de economía
y de conexión entre las diversas obligaciones cuya ejecución
se pretende, se acordaría la acumulación de las ejecuciones
conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Octavo: Los terceros que por su actividad se relacionan
con el deudor, están obligados a facilitar al Juzgado que
tramita la ejecución la información que tenga sobre sus
bienes y derechos, e igual deber incumbe a los Organismos
y Registros Públicos, conforme al artículo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral y 590 y 591 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Noveno: Se despachará la ejecución por una cantidad
bruta, cuando los juicios se refieran a reclamaciones salariales
atrasadas, sin perjuicio de que el pagador pueda consignar
la cantidad líquida en cumplimiento de la obligación
establecida en el apartado 9 del artículo 82, de la Ley 40/
1988, de 9 de diciembre (I.R.P.F. y Seguridad Social), justificando
documentalmente las retenciones efectuadas. En el
supuesto de que la cantidad consignada lo fuere íntegramente,
al entregarla al ejecutante deberá hacérsele saber tal circunstancia,
y las obligaciones fiscales y tributarias pertinentes
para que las cumpla, bajo los apercibimientos legales.
En el supuesto de que la ejecución de la sentencia
contenga el pago de salarios de tramitación, al tener éstos un
carácter indemnizatorio, la cantidad fijada no estará sujeta a
retención por I.R.P.F., pero sí por las cuotas de Seguridad
Social, según tiene proclamado la jurisprudencia del Tribunal
Supremo (sentencias de 14 de julio de 1988, 9 de diciembre
de 1999, 10 de julio de 2000, 2 de octubre de 2000, 26 de
diciembre de 2000 y 23 de enero de 2001).
Décimo: A la vista de los derechos y obligaciones que se
derivan de los artículos 118 de la Constitución Española, 33
del Estatuto de los Trabajadores y 23, 24, 251, 262, 263, 270
y 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, procede dar
traslado de la demanda ejecutiva y de este auto al Fondo de
Garantía Salarial, al que se deben notificar las sucesivas
actuaciones que puedan afectarle al objeto de que pueda
ejercitar las acciones para las que está legitimado, debiendo
instar lo que a su derecho convenga y designar los bienes del
deudor que le consten.
Vistos los artículos y preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, dicto la siguiente.
Parte dispositiva.
Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en este
procedimiento, iniciándose ejecutoria que se registrará en el
libro correspondiente con su número de orden, y despacho
ejecución contra la empresa deudora Aleksandar MMM, S.L.,
con N.I.F. número B-03672185, en los términos de la condena,
por la cantidad de 9.438,03 euros de principal más 1.400
euros que se fijan provisonalmente para intereses, más .400
euros (mil cuatrocientos euros) calculados para costas, con
carácter provisional, con inclusión de minuta de honorarios
del letrado de la parte actora.
Requiérase al deudor Aleksandar MMM, S.L., para que
en el plazo de 3 días manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos, con apercibimiento de las sanciones
que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las
cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, pudiéndosele
imponer multas coercitivas periódicas por no responder
debidamente al requerimiento.
Sin perjuicio de ello, puede la ejecutante poner en
conocimiento de este Juzgado, si le consta, cualquier clase
de bienes propiedad del demandado sobre los que efectuar
embargo.
Espérese al resultado de la ejecutoria 72/02 de este
Juzgado en cuanto a la aparición de bienes de la parte
ejecutada.
Notifíquese la presente a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciendo al apremiado las advertencias
contenidas en los razonamientos jurídicos, respecto a este
último practíquese la notificación mediante edictos que se
fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Este auto no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, pueda formular el ejecutado.
Así lo acuerdo, mando y firmo doña María José Román
Román, Magistrada-Juez de lo Social Número Uno de
Benidorm (Alicante).
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
ejecutada Aleksandar MMM, S.L., para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y colocación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente.
Benidorm, 3 de marzo de 2003.
El Secretario. Rubricado.
*0306885*
EDICTO
Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado de lo
Social Número Uno de Benidorm (Alicante).
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 50/03 seguidos a instancia de don Juan Barahona
Ruiz contra Proyectos Inmobiliarios, S.A., en materia de
impugnación de alta médica, habiendo resultado negativa la
citación de la empresa demandada, que se encuentra en
ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado
citar a la empresa Proyectos Inmobiliarios, S.A., por
medio de edictos para que comparezca en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social Número Uno, sita en Benidorm,
Partida Salto del Agua, sin número, el día 6 de mayo de 2003