72 - Ayuntamiento de Benijófar

oletín oficial de la provincia - alicante, 28 marzo 2003 - n.º 72 113
butlletí oficial de la província - alacant, 28 març 2003 - n.º 72
sita en calle Foglietti, número 24 (código oficina 3230), C.P.
03007 Alicante, en la cuenta corriente número 5126, código
65 de este Juzgado o presentar aval solidario de entidad
financiera por el mismo importe. Asimismo deberá constituir
otro depósito por importe de 150,25 euros en la cuenta
número 5126, código 65, del referido banco, presentando el
resguardo correspondiente a éste último depósito en la
Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y
el del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que el presente sirva de notificación a don
Atiliano Padilla Molina, en ignorado paradero, a los fines,
término, lugar y apercibimientos acordados en la resolución
que precede, lo expido y firmo para su publicación.
Alicante, 27 de febrero de 2003.
El Secretario. Rubricado.
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM
EDICTO
*0306832*
Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado de lo
Social Número Uno de Benidorm (Alicante).
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan ejecución
número 28/03 dimanante de los autos número 434/02 seguidos
a instancia de doña Yolaine Blin contra la empresa
Aleksandar MMM, S.L., en materia de cantidad, encontrándose
la empresa ejecutada en ignorado paradero, mediante
resolución de hoy se ha acordado notificar por medio de
edictos a la empresa Aleksandar MMM, S.L., el auto 3 de
marzo de 2003 dictada en esta ejecución cuyo tenor literal es
el siguiente.
Auto. En Benidorm, 3 de marzo de 2003.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por la
parte demandante únase a los autos de su razón, entregándose
la copia a la parte contraria, y.
Hechos.
Primero: En el proceso de reclamación de cantidad
seguido en este Juzgado con el número 434/02 a instancia
de Yolaine Blin, como demandante, contra Aleksandar MMM,
S.L., como demandado, se dictó sentencia con fecha 6 de
noviembre de 2002 en cuyo fallo se acuerda: Que estimando
la demanda formulada por doña Yolaine Blin debo condenar
y condeno a la empresa demandada Aleksandar MMM, S.L.,
a abonarle la cantidad de 9.438,03 euros brutos.
Segundo: La mencionada resolución adquirió la condición
de firme con fecha 13 de febrero de 2003.
Tercero: En fecha 21 de enero de 2003 ha tenido
entrada en este Juzgado escrito de la parte demandante
solicitando la ejecución de la sentencia por la vía de apremio,
toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe
de la cantidad líquida objeto de la condena.
Cuarto: Con el número 72/02 se está tramitando ejecutoria
contra el mismo deudor a instancia de Fabiana
Sandra Galindo de la Vega y Blasa María Dolores Rodríguez
Torrent, habiéndose despachado ejecución por auto de
fecha 24 de junio 2002 por las cantidades de 11.352,95 euros
de principal, 1.000 euros para intereses y 1.000 euros para
costas, habiéndose solicitado en dicha ejecutoria informes
de bienes a registros y organismos públicos y entidades
financieras, sin que se hayan recibido, por el momento,
informes positivos, ni habiendo dado resultado las gestiones
hasta ahora practicadas por el Juzgado.
Razonamientos jurídicos.
Primero: El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente
a los Juzgados y Tribunales determinados en la
leyes y en los tratados internacionales (artículos 117 de la
C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
Segundo: Previene el artículo 235.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral que las sentencias firmes se llevarán a
efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para la ejecución de sentencias, con las especialidades
previstas en esta Ley.
Tercero: Conforme al artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, presentada la demanda ejecutiva, el tribunal
despachará en todo caso la ejecución siempre que concurran
los presupuestos y requisitos procesales, como concurren
en este caso, despachándose la ejecución mediante
auto, que no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que puedan formular el ejecutado.
Y al tratarse este caso de una ejecución dineraria,
conforme al artículo 571 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en especial el artículo 575, la ejecución se
despachará por la cantidad que se reclame en la demanda
ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y
moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea
para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. La
cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará
provisionalmente, no podrá superar el 30% de la que se
reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior
liquidación, quedando salvado, así, lo dispuesto por el artículo
249 de la Ley del Procedimiento Laboral.
En el presente caso, conforme al artículo 580 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no procede el requerimiento de
pago, puesto que la ejecución, que es para la entrega de
cantidades determinadas de dinero, se funda en una resolución
judicial, por lo que el tribunal procederá al embargo de
sus bienes en la medida suficiente para responder de la
cantidad por la que se haya despachado ejecución y las
costas de ésta, observándose el orden establecido en el
artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto: Procede advertir y requerir al ejecutado para
que:
a) Conforme al artículo 118 de la Constitución Española,
cumpla las resolución judiciales firmes y preste la colaboración
requerida en la ejecución de lo resuelto.
b) Cumpla estrictamente con su obligación de pago al
ejecutante en el plazo máximo de 3 días hábiles a contar
desde la notificación de este auto y mientras ello no se
realice, se irá incrementando el importe de su deuda con los
intereses legales y, conforme al artículo 267.3 de la L.P.L.,
las costas que se devenguen, a cuyo cargo se imponen,
incluso las derivadas de los honorarios o derechos de abogados,
incluidos los de las Administraciones Públicas, Procuradores
o Graduados Sociales colegiados que defiendan
o representen a la parte contraria.
c) Se abstenga de realizar actos de disposición sobre su
patrimonio que pudieran colocarle en situación de insolvencia
u ocultar sus bienes para eludir el cumplimiento de sus
obligaciones.
Quinto: Igualmente, procede advertir y requerir al ejecutado
o a sus administradores o representantes, de tratarse
de personas jurídicas y organizadores, directores o gestores
de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad, para
que:
a) En el plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde
que se le notifique esta resolución, de no haber abonado la
cantidad objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos que
pudieran interponer, que no suspenderán la exigencia de
esta obligación, debe hacer manifestación sobres sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Debiendo, asimismo, indicar también las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobres sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente y bajo su responsabilidad, manifestar si
los bienes pudieran tener naturaleza ganancial o constituir
vivienda conyugal habitual y si los bienes estuvieran gravados
con cargas reales deberá manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago
en esa fecha, conforme a los artículos 244.1 y 247 de la Ley
de Procedimiento Laboral.