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ambiental en toda la entidad. Para ello, la legislación considera importante
incluir criterios regionales para seleccionar y establecer dichos contenidos.
En esta Ley también se plantea la pertinencia del trabajo conjunto entre la
SEMARNAT y la Secretaría de Educación para la promoción de organismos
dedicados a las investigaciones científicas y tecnológicas y a la formación de
especialistas en la materia. Se contempla, asimismo, el fomento de investigaciones
científicas y programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos
que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el
aprovechamiento racional de los recursos naturales y proteger los ecosistemas
a través de convenios con instituciones de educación superior, del sector social
y privado, centros de investigación y especialistas en la materia, en los gobiernos
federal, estatal y municipal.
Un análisis crítico de la legislación estatal permite formular las siguientes
conclusiones:
• La legislación en educación ambiental por parte de la federación y del
Estado de Michoacán resulta insuficiente y confusa. Con respecto a esto
último, por ejemplo, no se definen comportamientos, exigen responsabilidades,
determinan sanciones ni se crea la institucionalidad pertinente para
impulsar a la educación ambiental.
• El concepto que predomina corresponde más a la educación ecológica que a
la educación ambiental, sin considerar cabalmente las recomendaciones
internacionales en esta materia.
• Está ausente la relación de la educación ambiental con el desarrollo.
• Predomina la propuesta de incorporar contenidos ambientales a los programas
educativos, dándole poca cabida a la postura que considera lo ambiental
como un enfoque globalizador.
• Se privilegia la idea de la relación directa y mecánica entre educación y
acción, sin concederle el suficiente peso a la formación ciudadana de los
educandos.
• La interdisciplinariedad es una omisión notable en el cuerpo conceptual de
las leyes.
• La importancia de la cultura indígena en procesos de educación ambiental
no está considerada por ley alguna.
• Los instrumentos jurídicos están poco definidos, lo que diluye de manera
significativa las exigencias legales. Es decir, la legislación existente no ha
generado todavía suficientes mecanismos que impulsen la operación de
programas de educación ambiental en el estado y en los municipios. En este
último ámbito es marcadamente preocupante la ausencia de toda referencia
a la importancia que debe dársele a la operación municipal de la formación
ambiental.
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PLANES ESTATALES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES • MICHOACÁN