91728 ' r ' r - Comisión Federal de Competencia

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COMISION FEDERAL
DE
COMPETENCIA
PLENO
Resolución
Baxter, S.A. de C.V. y otros
Expediente número 10-03-2006
de que lo anterior üola los preceptos 14 y 16 de la carta Mugr4 por que se viola la
gatarúía de seguridad jurídica y el debido proceso ya que la persona citada declaró a
solas ante personal de la Comisión sin la intervención de mi mandante.
El argumento del emplazado resulta infundado en parte, e inoperante en el resto, en
atención a las siguientes consideraciones:
El argumento de Fresenius es infundado ya que en el procedimiento seguido en forma de
juicio y conforme al artículo 33 de la LFCE tuvo treinta días para manifestar lo que a su
derecho convenía, adjuntar y ofrecer pruebas para atacar las actuaciones de la Cómisión
durante la investigación, sin embargo, no lo hizo ya que no emitió manifestación alguna en
ese sentido ni ofreció ninguna prueba. Más aun, el emplazado tuvo acceso al expedienteen todo
momento, por 1o que tuvo oportunidad de combatir lo manifestado por su empleado, pero no lo
bizo.
Además, ni la LFCE ni el RLFCE vigente en ese momento, prevén lo que Fresenius señala
en el sentido de que esta Comisión debió notificar a1 representante legal de ésta para
presenciar la comparecencia con el Director de Negocios de Gobierno, sino que, por el
conhario, el artículo 31 bis segundo pántafo, de la LFCE, dispone que durante la
investigación no se permitirá el acceso al expediente, pues en dicha etapaáún no existen
responsables.
Por último, su argumento resulta i¡oDerante, pues esta Comisión no esta facultada para
reüsar la constitucionalidad de sus propias resoluciones, ya que esa es una facultad
reservada en forma exclusiva al Poder Judicial de la Federación. Sirven de sustento a lo
anterior, las jurisprudencias y tesis aisladas que a continuación se citan:
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. CUA¡IDO PUEDE CONOCER DE LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE uN ACTO ADMINISTRATWO. La jurisdicción contenciosaadministrativa
adoptada en el sistema mexicano por influencia de sistemas jurídicos o extranjeros,
principalmente el frances, corresponde a la imperiosa exigencia del Estado contemporáneo de
preserv¿u Ia legalidad de la actuación administrativa, esto es, el sometimiento de las autoridades
administrativas a las leyes emanadas del Poder Legislativo por ser éstas la fuente directa de la validez
y legitimidad de su actuación. Por ello, la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Federación es de
nat:uraleza ordinaria y no tiene como propósito fundamental otro distinto del de salvaguardar y
controlar la legalidad de los actos administrativos. Dado que la legalidad de los actos administrativos
est¡i elevada en nuestro país al rango de garantía individual por efecto de los artículos 14 y 16
constitucionales, se explica que en repetidas ocasiones se haya predicado el deber de las Salas Fiscales,
de conocer
o
inclusive de inegularidades planteadas como üolaciones a preceptos constitucionales. Si¡
embargo, como puede atestiguar la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Cofe de
Justicia de la Nación visible con el número t¡escientos veintiséis de la Tercera parte del último
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación con el rubro de "TRIBUNAL FISCAL DE LA
FEDERACION, FACULTADES DEL, PARA EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD I DE UN
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