Impreso viernes 12 julio 2024

El Nacional
V i e r n es 12 de Julio de 2024
Opinión 11
Orlando Gómez
o r l a n d o. go m ez @ g m a i l . co m
(167)
El régimen legal del trabajo en la
República Dominicana estará sujeto
a una de las probables reformas
que emprenderá el gobierno
en los próximos años. La conversación de
la reforma laboral suele ser dominada por
los temas de la cesantía, los salarios mínimos,
las licencias entre otros puntos que
suelen tener un impacto claro y entendible
para la mayoría. En esta ocasión, en cambio,
deseo llamar la atención sobre los puntos
ciegos de esta conversación para que una
vez se formalice el inicio del proceso de
reforma sean tomados en consideración.
En primera instancia deseo referirme a la
protección de los datos personales de los
trabajadores y el rol que deben jugar los
empleadores en esa protección. Si bien, en
principio, todo empleador debería estar al
tanto de que los datos personales de sus
trabajadores sí deben estar cuidados de
conformidad con la Ley 172-13 sobre protección
de datos personales, la realidad es
que esto no parece del conocimiento generalizado
de la clase empleadora.
En el proceso de reclutamiento y durante
Hugo Ysalguez
d r. h u goys a l gu ez @ h ot m a i l . co m
En una reciente entrega, planteamos
la necesidad de retomar el
contenido de una abrogada ley que
controlaba los precios de los artículos
de primera necesidad, y sancionaba
a los comerciantes especuladores que abusaban
de los consumidores, provocando
alzas indebidas e injustas, en su afán de
enriquecimiento rápido, sin contemplar el
daño que generaban a los amplios sectores
de escasos ingresos y la clase media baja.
Nos referíamos a la sepultada ley 13 que
creó la dirección de Control de Precios, una
dependencia de la entonces secretaria de
Industria y Comercio, un órgano que contaba
con miles de inspectores a nivel nacional
para levantar las actas de las infracciones
y apoderar a los jueces de paz de
Alberto Quezada
quezada.alber to218@gmail
Ya que el presidente Luis Abinader
está en el umbral de inaugurar su
nueva gestión gubernamental
2024-2028 no vendría mal la existencia
de algunas señales que despejen
ciertos elementos que pudieran en un futuro
perturbar su figura histórica, la institucionalidad
y la democracia.
Hago la reflexión porque sé en el país
donde estoy viviendo y conozco bien a los
políticos y gobernantes nuestro.
El mandatario dominicano, gracias a Dios,
hasta el momento que escribimos este
análisis ha sido enfático en señalar que sólo
P ro p u esta s
Abinader y agiotistas
Nuevo gobierno
la vigencia de la relación laboral, los empleadores
tienden a capturar una enorme
cantidad de datos de sus trabajadores,
siendo una proporción significativa de esos
datos de naturaleza personal conforme esta
ha sido definida en las regulaciones locales
e internacionales en la materia.
No obstante los datos de carácter personal
de los empleados, por su naturaleza legal,
ser muy sensibles debido a las potenciales
repercusiones negativas del uso inapropiado
de los mismos, los empleadores no
suelen poner el celo que amerita el tratamiento
de estos. Ese tratamiento relajado
se extiende a nombres, direcciones, cuentas
bancarias, salarios, beneficios, exámenes
de salud, pruebas antidopaje, fechas de
vacaciones, y la mayoría de los intercambios
documentados entre el empleador y el
empleado en todo el curso de su relación, y
ni hablar de las informaciones de terceros
que captan sin mucha consideración como
las de las referencias personales, familiares
(menores de edad incluidos) y allegados del
trabajador.
Si bien existe un régimen legal general
sobre el tratamiento de los datos de carácter
personal, debido a la naturaleza de la
relación entre empleador y empleado, es
más que razonable que exista un régimen
especial de protección de datos personales
en el Código Laboral que defina claramente
las obligaciones de los empleadores respecto
de la captura, tratamiento, uso y transmisión
a terceros de los datos de sus empleados.
La introducción de ese régimen especial
debe incluir un estímulo a crear una cultura
de protección de datos personales que
permee a toda la sociedad, incluyendo al
Estado dominicano que, paradójicamente,
en cumplimiento de normas de “trans -
p a re n c i a” de dudosa efectividad exponen
los datos personales de su personal de
forma explícita.
Esa cultura de protección de datos personales
tenderá a empujar a las empresas a
reconsiderar las informaciones que desean
captar de sus empleados seguramente optando
por captar únicamente la información
absolutamente necesaria como forma
de reducir su exposición legal a ese régimen
de protección, lo que a su vez fortalecerá el
derecho a la intimidad constitucionalmente
reconocido.
diferentes jurisdicciones, los cuales imponían
penalidades pecuniarias en juicios
sumarios.
El presidente Luis Abinader, durante el
presente mandato, ha mejorado los sueldos
de muchos servidores públicos, incluyendo
una gran masa de maestros, pensionados,
militares y policías, una reivindicación que
a su vez origina que los dueños de los
medios de producción alteren los precios
de los alimentos de mayor consumo, afectando
la calidad de vida de los empleados
formales e informales, por la disminución
de su capacidad adquisitiva.
Y se impone una ley para castigar a los
agiotistas, especuladores y usureros que
obtienen ganancias exageradas en perjuicio
de terceros que carecen de un instrumento
legal para su protección, lo que
obliga a pensar en la elaboración de una ley
que detenga esa tendencia alcista que degrada
la vida de los consumidores.
Y vamos a citar los principales artículos
que estaban regulados por la antigua legislación,
empezando por el arroz, los aceites,
grasas comestibles, la carne, el bacalao,
chocolate, azúcar, la papa, la cebolla, ajo,
café, sobres de sopa, todos los detergentes,
los productos del agro, pastas alimenticias
nacionales y extranjeras, los huevos, las
habichuelas , la leche, mantequilla, el jabón
de lavar, las galletas, las pastas y cepillos
bucales, la mantequilla, los quesos y todos
los mobiliarios del hogar y decenas más
que este espacio resulta muy pequeño para
enumerarlos.
permanecerá en el Palacio Nacional hasta
el 16 de agosto del 2028. Es más, llegó más
lejos y afirmó que bajo ninguna circunstancia
incurrirá en modificar la Constitución
para aspirar cuatro años más allá de
la referida fecha.
Ahora bien, como es de conocimiento
público las distintas reuniones realizadas
por el presidente Luis Abinader con la
mayoría de los dirigentes de su partido
que de una u otra manera el rumor
público o las habladurías callejeras le han
señalado como potenciales aspirantes a la
c a n d i d a t u ra presidencial del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) para 2028, es
pertinente hacer algunas puntualizacion
e s.
Señor presidente, usted le haría un extraordinario
servicio a la institucionalidad,
democracia y su propia figura histórica, si a
partir del 16 de agosto los hombres y
mujeres que le acompañen en su nuevo
gabinete, ninguno de ellos haya sido zarandeado
como potencial candidato presidencial.
Con esa medida se evitaría que los funcionarios
hagan uso inadecuado de su
cargo para su proyecto político personal.
VOCES Y ECOS
Rafael Peralta Romero
ra fa e l p e ra l ta r @ g m a i l . co m
El Congreso
y el Código
Hace unos días, cuando el Senado
aprobó, de la manera menos
esperada, el proyecto de
Código penal, una declaración
de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara
de Diputados, movió en mi memoria
la conveniencia de que nuestro
sistema legislativo cuente con dos cámaras.
Cada propuesta debe ser sancionada
por ambas.
Las palabras de Pacheco, siempre astuto,
bajaron las tensiones de quienes sintieron
en la acción del Senado un golpe inesperado.
Algunas disposiciones contenidas
en el Código aprobado significan una
involución en la sociedad dominicana,
como el castigo a los hijos y algunos
aspectos de la relación de pareja.
El mayor rechazo, según me parece, ha
provenido de la exclusión de las tres
causales con las que se justificaría la
interrupción de un embarazo. El grito de
los proabortos ha llegado más alto. De
hecho, hay personas a quienes solo parece
interesar la libertad abortiva, la cual
defienden como un derecho inherente.
No obstante los rezongos, la pieza aprobada
por el Senado contiene 72 nuevos
artículos que penalizan el sicariato, feminicidio,
genocidio, acoso escolar, daño
con sustancias químicas, sobornos públicos
y judiciales, el acoso sexual, la
corrupción, violencia intrafamiliar e incrementa
la pena máxima de 30 a 40
a ñ o s.
Si el Congreso Nacional contara solo con
el Senado, la pieza estuviera a punto de
ser ley, bastaría con la reglamentaria promulgación
del Poder Ejecutivo. Y si este lo
observara y devolviera al Senado, ese
organismo podría aprobarlo de nuevo y
entonces el presidente de la República no
tendría más opción que promulgarlo.
Pero, por suerte, el Congreso está integrado
por dos organismos y aunque la
Cámara baja dio otro golpe de sorpresa el
pasado martes, al aprobar lo mismo del
Senado, ha quedado el recurso de la
discusión en comisión, una labor de los
legisladores fuera del hemiciclo en la que
suelen intervenir interesados en el debate
del asunto en cuestión.
El diputado Pacheco dio seguridad de
que en la sesión de la comisión especial el
proyecto de Código penal será “desme-
n u z a d o”. Y dijo: “Nosotros tenemos la
propuesta de que esa comisión especial
que será conformada tenga la oportunidad
de celebrar hasta una vista pública
si fuera necesario”. Entonces, por esa
puerta hay que entrar.
A mayor número de los intervinientes en
el debate, más genuinas serán las decisiones.
A más discusión, mejor democracia.
Es principal ventaja de un Congreso
integrado por dos cámaras, fórmula
que en República Dominicana ya pasa de
110 años consecutivos. En la presente
circunstancia, el sistema bicameral infunde
aliento.