LawyersEC (Fifth Edition)

Art. 35
La rectoría, planificación,
formulación de políticas públicas
y de regulación
Por otro lado, se permite el establecimiento de ayudas públicas o mediante utilización
de recursos por el estado, en 10 casos específicamente detallados en el Art. 29 de la
Ley de Competencia. El Art. 32 por su parte prevé como función privativa del ejecutivo, la
definición de políticas de precios necesarias para el consumo popular, para la protección
e la producción nacional y la sostenibilidad de la misma.
La LORCPM fue clara en adjudicar, en el Art. 35, la rectoría, planificación, formulación
de políticas públicas y regulación a la función ejecutiva, otorgándole expresamente
la facultad reguladora a la Junta de Regulación, en la cual puede participar el
Superintendente mde Control del Poder de Mercado como invitado con voz informativa,
pero sin voto. Esta Junta de Regulación, que debiera estar conformada por las máximas
Autoridades de la Producción, Política Económica, Sectores Estratégicos y Desarrollo
Social, es un organismo que se ha conformado intermitentemente a lo largo de los años
y cuya acción reguladora ha sido limitada.
En el contexto de este margen limitado de acción de la SCPM, ha existido una confusión cultural
respecto de las facultades y competencias del regulador de libre competencia, generándose
confusión y atribuyéndosele a la Autoridad atribuciones en materia de control de precios, acciones
para regular la especulación, y otras tantas competencias que no tiene la SCPM. En los primeros
casos durante la primera administración de la SCPM por ejemplo, cuando la Autoridad tuvo
conocimiento de barreras de ingreso al mercado en el contexto de una operación de concentración
económica, o un proceso de investigación, tuvo que recurrir a emitir recomendaciones, como la
SCPM-DS-03-2017 1 en la que exhorto al COMEX a eliminar barreras normativas en determinados
mercados, que generaban distorsiones, al beneficiar a los suscriptores de contratos de inversión
al amparo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). En otro
proceso de concentración económica, la Intendencia de Control de Concentraciones determinó
que una compañía objeto de una operación de concentración era beneficiaria de un beneficio
tributario derivado de un contrato de inversión condicionando la autorización al “Compromiso de
que el operador económico Inpaecsa, de por terminado el contrato de inversión suscrito con el
Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. 2, ”Más recientemente, la actual
administración de la SCPM emitió un “Manual para la identificación y eliminación de barreras
normativas” 3 , derivado del cual ha emitido informes para abordar problemáticas identificadas en
sus análisis sectoriales, como aquellos identificados en el mercado del cáñamo 4 y gasolineras
5, con recomendaciones a Autoridades para revisar y modificar determinadas normas que se
configuran como barreras normativas.
El 30 de marzo de 2023, la Corte Constitucional emitió el Dictamen No. 2-23-OP/23, relacionado
con ciertas disposiciones reformatorias a la LORCPM, contenidas en el “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria de Diversos Cuerpos Legales, para el Fortalecimiento, Protección, Impulso y
Promoción de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, Pequeños
Productores, Microempresas y Emprendimientos”. En este proceso la SCPM compareció el 9 de
marzo de 2023 a presentar un escrito como amicus curiae , disputando la objeción presidencial
y sustentando la viabilidad de las reformas propuestas.
Con todo lo anterior, quedó determinada la limitación de acción de la SCPM como ente
regulador, pero también en su capacidad de ejercer un control efectivo sobre la acción
del estado, el otorgamiento de ayuda públicas por parte del estado, y la definición de
políticas de precios por parte del ejecutivo, para mitigar el posible impacto de todas
estas acciones el estado y el ejecutivo en la libre competencia y en los consumidores
ecuatorianos.
Respecto de las ayudas públicas, según el Art. 30 de la LORCPM, luego de su otorgamiento
por parte del estado, deben ser notificadas a la SCPM en un término de 15 para efectos
de control y evaluación. Lamentablemente, no se ha visto que exista un conocimiento y
cumplimiento de esta disposición, por lo que la SCPM ha tenido que conocer y evaluar
ayudas públicas existentes con motivo de procesos investigativos, concentraciones
económicas en que las partes denuncian la existencia de estas ayudas estatales, o
como resultado de estudios sectoriales realizados a determinados mercados, donde se
observa la existencia de este tipo de ayudas, que suponen una distorsión al mercado.
Lamentablemente, el Art. 31 de la LORCPM prevé un limitadísimo campo de acción
para la Autoridad para actuar frente a este tipo de ayudas, estando limitada a “instar y
promover” la supresión o modificación en determinado plazo.
1 https://www.scpm.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2019/04/SCPM-DS-03-2017.pdf
2 https://www.scpm.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2020/10/SCPM-CRPI-045-2017-20feb2018.pdf
3 https://www.scpm.gob.ec/sitio/metodologia-para-la-identificacion-revision-y-eliminacion-de-barreras-normativas/
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