LawyersEC (Fifth Edition)

de plan de reorganización a los acreedores. En segundo lugar, en la audiencia de resolución de
objeciones, el juez del concurso realiza un control de legalidad sobre las conciliaciones, resuelve
las objeciones pendientes, aprueba la calificación y graduación de créditos y determinación de
derechos de voto, el inventario de bienes y confirma el acuerdo de reorganización. En caso de
no confirmar el acuerdo, se ordenará el inicio del proceso de liquidación judicial simplificado. 6
Por su parte, el Proceso de Liquidación Simplificado está dirigido los deudores cuyos activos
sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos. En comparación con el proceso ordinario
de liquidación, en este proceso los términos de las etapas procesales son más cortos y se omiten
algunas etapas como la elaboración de un proyecto de derechos de voto (salvo en el evento en
que se manifieste la intención de celebrar un acuerdo de reorganización). 7
Además de los trámites extra-judiciales y los procesos simplificados para pequeñas insolvencias,
mediante los decretos legislativos se establecieron medidas tales como la reducción de
requisitos formales para una admisión más ágil y pronta a reorganización de las empresas
afectadas por la crisis derivada de la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por el
COVID-19. Así mismo, se crearon mecanismos destinados a facilitar la aprobación de acuerdos
de reorganización mediante el mejoramiento del flujo de caja de los deudores a través de
capitalización de acreencias, descarga de deudas y pactos de deuda sostenible. 8
Lo anterior, permitió que Colombia se posicionara como referente en el derecho concursal
empresarial, al contar con una corte sumamente especializada, haciendo los procesos más
eficientes, predecibles, consistentes y coherentes.
Según la Superintendencia de Sociedades entre el 01 de abril de 2020, hasta el 9 de diciembre
de 2022, se presentaron 3.363 solicitudes de admisión, de las cuales el 61.87% corresponde a
procesos que fueron creados con el Decreto 772 de 2020 para pequeñas insolvencias, el 22.42% a
procesos de reorganización y liquidación ordinarios previstos en la Ley 1116 de 2006 y el 15.70%
restante, al NEAR que introdujo el Decreto 560 de 2020. Es decir que el 77.57% de los deudores,
hacen uso de los mecanismos creados con los Decretos Legislativos. 9
La implementación de los decretos reglamentarios no supuso que se incurriera en inversiones
cuantiosas en inversiones cuantiosas y sí se tradujo en efectos positivos para el sector
empresarial.
3. DESDE LA CORTE: APLICACIÓN
ADECUADA DE LA LEY CONCURSAL
Un aspecto clave para lograr la eficiencia del sistema de administración de justicia concursal
consiste en la aplicación e interpretación correcta de la ley, así como la seguridad jurídica para los
usuarios. Para lograr que esto ocurriera se desarrolló un programa académico en la Delegatura de
Procedimientos de Insolvencia denominado “PI” por “Programa de Insolvencia”.
En efecto, el propósito de este programa era lograr la “simetría de la información” entre los
funcionarios de la corte concursal. Así, se desarrolló un curso de insolvencia para estandarizar el
conocimiento de los precedentes y la aplicación de la ley entre los mismos funcionarios.
Esta capacitación interna produjo resultados positivos, pues además de la actualización en el
conocimiento, se cumplió con el objetivo de contar con simetría en la información, es decir, que todos
pudiéramos aplicar criterios uniformes y, de esa forma, generar seguridad jurídica por producir
decisiones predecibles. No obstante, el costo de este programa fue 0, pues los mismos jueces y
funcionarios expertos actuaron como docentes y compartieron su experiencia y conocimientos con
los demás miembros.
4. DESDE LOS USUARIOS: MESURA EN EL
USO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Todas estas herramientas no podrían ser igual de eficientes, si los usuarios no hacen un uso
adecuado de los recursos de la administración de justicia. Aunque los abogados deben abstenerse
de promover solicitudes sin fundamento legal o manifiestamente improcedentes 10, lo cierto es
que en la práctica este mandato algunas veces se desconoce, lo que genera sobrecargas que
entorpecen la administración de justicia.
El uso inadecuado del aparato judicial se traduce en la práctica en pérdida de tiempo valioso
de los funcionarios y agentes del Estado que, en condiciones normales, se podría destinar a la
solución de las controversias reales en los procesos concursales.
Es innegable que una vez admitido el proceso, el mayor compromiso para lograr su resolución
se encuentra en cabeza de las partes: el deudor y sus acreedores, pues corresponde al deudor
presentar la información de manera completa para que los interesados puedan tomar decisiones
acordes con la realidad económica de la empresa; y a los acreedores actuar de manera oportuna,
ejercer sus derechos sin abusar del sistema ni los recursos del aparato judicial.
En otros Estados, incluso, los deudores y acreedores promueven la pronta resolución de
procesos de insolvencia porque existe la conciencia de que la demora en finalizar los mismos
afecta de sobremanera los recursos de la misma compañía para atender deudas a favor de sus
trabajadores, proveedores, entidades financieras, y demás actores que no reciben recursos de
su deudor mientras permanezca la indeterminación.
La optimización de los procesos de insolvencia no solamente permite recibir recursos pronto, sino
maximizar el valor de la compañía en el tiempo haciendo que se puedan cubrir más créditos, pues al
preservar el valor de los activos se puede garantizar mayor porcentaje de recuperación de los créditos.
Es innegable que la eficiencia de los procesos depende de los mejores esfuerzos de cada uno de
los actores de la insolvencia, no solo del juez del concurso, sino de los deudores, los acreedores,
las entidades financieras, las entidades públicas, los auxiliares de justicia, entre otros, y dichos
esfuerzos no necesariamente requieren de la inversión de recursos económicos, de hecho, hacer
el mejor esfuerzo es gratis.
5 Susana Hidvegi Arango. La reforma legislativa de “amplio espectro" al sistema concursal colombiano para
enfrentar la crisis del Covid-19. Disponible en: https://i.emlfiles4.com/cmpdoc/8/7/4/8/2/2/files/18015_14.-colombia-articlespa.pdf?utm_campaign=733642_LatAm%20newsletter%20December%202020&utm_medium=email&utm_source=INSOL%20
International&dm_i=4WAM,FQ2Y,20MEKK,1UO4P,1
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Superintendencia de Sociedades. Comunicado de Prensa de 14 de diciembre de 2022
10 Artículo 79.1 del Código General del Proceso. Artículo 79. Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala
fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (…).
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