Revista Experiencia Anticorrupción #8
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<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 1
Directorio<br />
Mtra. Claudia Adriana Valdés López<br />
Secretaria Técnica<br />
Mtro. Carlos Alberto Nava Contreras<br />
Director General de Vinculación<br />
Interinstitucional<br />
Mtra. Sonia Isela Díaz Manjarrez<br />
Directora General de Políticas Públicas<br />
y Riesgos en Materia <strong>Anticorrupción</strong><br />
Ing. Jorge Géniz Peña<br />
Director General de Servicios<br />
Tecnológicos y Plataforma Digital<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>, Año 5,<br />
núm. 8, junio 2023, es una publicación<br />
digital semestral editada por la Secretaría<br />
Ejecutiva del Sistema Estatal <strong>Anticorrupción</strong>,<br />
ubicada en Avenida José María Morelos y<br />
Pavón, núm. 312, col. 5 de Mayo, C.P. 50090, Toluca,<br />
Estado de México, teléfono: 7229146034, página<br />
web: www.sesaemm.gob.mx, correo electrónico:<br />
experiencia.anticorrupcion@sesaemm.org.mx<br />
Para consulta y descarga de esta publicación, visita<br />
nuestra página de internet: www.sesaemm.gob.mx<br />
Se autoriza la reproducción parcial o total del<br />
contenido de esta <strong>Revista</strong> con fines académicos<br />
y científicos, siempre y cuando se cite la fuente.<br />
Las opiniones expresadas por los autores no<br />
necesariamente reflejan la postura de esta<br />
Secretaría y del Sistema <strong>Anticorrupción</strong> del Estado<br />
de México y Municipios.<br />
Número de autorización del Consejo Editorial de la<br />
Administración Pública Estatal: 411 / 09 / 01 / 23-01<br />
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Instituto<br />
Nacional del Derecho de Autor: 04-2021-<br />
092011250600-102<br />
M.H.P. José Antonio Collado Corona<br />
Coordinador de Administración<br />
y Finanzas<br />
Lic. Mónica Grisel Chico Muciño<br />
Titular de la Unidad de Planeación<br />
y Transparencia<br />
Lic. Marco Antonio Calvo Sánchez<br />
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos<br />
e Igualdad de Género<br />
Créditos<br />
Mtra. Claudia Adriana Valdés López<br />
Secretaria Técnica<br />
Mtro. Carlos Alberto Nava Contreras<br />
Director General de<br />
Vinculación Interinstitucional<br />
Lic. Rosario Joya Cepeda<br />
Subdirectora de Difusión<br />
y Comunicación Social<br />
Lic. María Fernanda Cortés Martínez<br />
Diseñadora Editorial<br />
Lic. María Teresa Velázquez López<br />
Diseñadora Editorial<br />
Mtro. Francisco Romero Castañeda<br />
Video<br />
Lic. Vania Lucía Delgado Fernández<br />
Fotografía<br />
C.P. Dolores Virginia Mulhia Navas<br />
Titular de la Unidad de Enlace<br />
2 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
Carta editorial<br />
Esta revista digital semestral ha llegado a su Octava edición, con el agrado de notar<br />
la buena aceptación que ha tenido entre las personas especialistas e interesadas en<br />
la materia anticorrupción.<br />
Pues gracias a las notables aportaciones que en cada número se han publicado, esta<br />
revista que nació en diciembre de 2019, se ha fortalecido; al ir alcanzando el objetivo<br />
que desde aquel año se planteó, el de ser un espacio de propuesta y análisis sobre los<br />
diversos temas que están relacionados en el combate a la corrupción.<br />
Así, los textos que ocupan las páginas<br />
de esta edición, provienen de entes<br />
públicos como el Tribunal de Justicia<br />
Administrativa del Estado de México<br />
(TRIJAEM); el Instituto Nacional de<br />
Estadística, Geografía e Informática<br />
(INEGI); la Secretaría de la Contraloría del<br />
gobierno estatal; la Fiscalía Especializada<br />
en Combate a la Corrupción (FECC);<br />
la Comisión de Derechos Humanos<br />
del Estado de México (CODHEM), el<br />
Instituto de Transparencia, Acceso<br />
a la Información Pública y de Datos<br />
Personales del Estado de México y<br />
Municipios (INFOEM); y el Comité de<br />
Participación Ciudadana del Sistema<br />
<strong>Anticorrupción</strong> del Estado de México y<br />
Municipios (SAEMM).<br />
Junto con la entrevista del Magistrado<br />
Presidente del Tribunal de Justicia<br />
Administrativa, Gerardo Becker Ania, quien<br />
nos abrió las puertas del Tribunal, para dar<br />
a conocer a todos nuestros lectores los<br />
trabajos que realiza esta institución como<br />
integrante del Comité Coordinador del<br />
SAEMM.<br />
De esta forma, recordando que este número<br />
y los anteriores, se encuentran disponibles<br />
para su consulta y descarga gratuita en la<br />
página web de la Secretaría Ejecutiva del<br />
SAEMM: www.sesaemm.gob.mx es que,<br />
entusiasmados nos despedimos, para<br />
encontrarnos en la siguiente edición<br />
del próximo 9 de diciembre, en la que,<br />
estaremos conmemorando el Día<br />
Internacional y Estatal contra la corrupción.<br />
M. en A. Claudia Adriana Valdés López<br />
Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal <strong>Anticorrupción</strong><br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 3
CONTENIDO<br />
APUNTES<br />
6.<br />
10.<br />
16.<br />
22.<br />
28.<br />
Organismos Constitucionales Autónomos y su<br />
verdadera independencia<br />
Información estadística oficial sobre corrupción en los<br />
Gobiernos Estatales<br />
Servicio profesional y/o civil de la carrera<br />
de las autoridades investigadora, substanciadora<br />
y resolutora de los OIC municipales<br />
como estrategia<br />
Sistema Nacional y Estatal de Fiscalización<br />
Breves consideraciones sobre Corrupción y<br />
Derechos Humanos<br />
Entrevista con...<br />
32.<br />
L. en D. Gerardo Becker Ania<br />
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia<br />
Administrativa del Estado de México<br />
4 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
ENTÉRATE<br />
36.<br />
36.<br />
37.<br />
38.<br />
Edoméx ejemplo anticorrupción<br />
Los SMA deberán entregar informes trimestrales<br />
Instituciones mexiquenses asumen el compromiso<br />
de identificar riesgos de corrupción<br />
Firma de convenio general de colaboración<br />
y coordinación<br />
CPC EN MOVIMIENTO<br />
42.<br />
La mejora regulatoria y combate a la corrupción<br />
<strong>Anticorrupción</strong> EN EL MUNDO<br />
48.<br />
La lucha contra la corrupción<br />
en Singapur<br />
¿Qué leer?<br />
52.<br />
53.<br />
Teoría del delito y sistema acusatorio<br />
Un mexicano más<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 5
-APUNTES-<br />
Organismos Constitucionales<br />
Autónomos y su verdadera<br />
independencia<br />
Cuándo nos referimos a los organismos constitucionalmente<br />
autónomos, estamos hablando de aquellos que no pertenecen al<br />
poder ejecutivo, legislativo y judicial, que deben ser especializados,<br />
independientes, imparciales, con un patrimonio propio, con<br />
independencia jurídica y de decisiones, con autonomía técnica y gestión,<br />
los cuales tienen principalmente la función de ser el contrapeso de los<br />
poderes; en la actualidad en el Estado de México podemos referirnos<br />
al Instituto Electoral, a la Comisión de Derechos Humanos, al Tribunal<br />
de Justicia Administrativa, a la Universidad Autónoma, al Instituto de<br />
Transparencia, en este último será en el que nos enfocaremos.<br />
Por: Dr. Zulema<br />
Martínez Sánchez<br />
Integrante del Comité<br />
de Participación<br />
Ciudadana del SAEMM<br />
Ugalde Calderón, describe de manera clara y precisa los antecedentes<br />
de los organismos autónomos de la siguiente manera1:<br />
Sobre los órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Pleno de<br />
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia<br />
constitucional 32/2005, menciona en el contenido de la respectiva ejecutoria,<br />
que surgen en Europa y su establecimiento se expandió por Asia y América,<br />
como consecuencia de la nueva concepción del poder, bajo una idea de<br />
equilibrio constitucional apoyada en los controles del poder público. Con<br />
ello, la teoría tradicional de la división de poderes evolucionó, por lo que se<br />
dejó de concebir a toda la organización del Estado como una derivación de<br />
los tres poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo, y judicial). Actualmente<br />
se habla de que dicho principio debe considerarse como una distribución<br />
de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las<br />
actividades confiadas al Estado.<br />
El principal interés de crear organismos constitucionalmente autónomos surge de la necesidad<br />
de tener un equilibrio entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde las necesidades técnicas<br />
específicas que cumplen cada uno de ellos, no podrían pertenecer a ninguno de los tres poderes<br />
mencionados anteriormente, por ello, se consideran estas instituciones que deben tener entre sus<br />
atribuciones, expedir sus propias normas, definir sus necesidades presupuestales, especializarse<br />
en la materia que les rige y efectuar acciones que la estructura tradicional no podría hacer;<br />
por ello, nuestra carta magna y las constituciones de cada Estado prevén en sus artículos, la<br />
conformación de Instituciones autónomas de diversas especialidades, que en sus funciones<br />
principales es defender y garantizar los derechos fundamentales.<br />
1Ugalde Calderón, Filiberto (2010), Órganos constitucionales autónomos; revista del instituto de la judicatura federal; núm. 29; 253 – 264.<br />
6 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
En materia de Transparencia, el artículo 5, en su párrafo<br />
trigésimo tercero, fracción VIII de La Constitución Política del<br />
Estado Libre y Soberano del Estado de México establece2:<br />
El Estado contará con un organismo autónomo, especializado,<br />
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio<br />
propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con<br />
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y<br />
determinar su organización interna, responsable de garantizar<br />
el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la<br />
información pública y a la protección de datos personales<br />
en posesión de los sujetos obligados en los términos que<br />
establezca la ley.<br />
El articulo 29 de la ley de Transparencia y Acceso a la<br />
Información Pública el Estado de México y Municipios dice3:<br />
El Instituto es un órgano público estatal constitucionalmente<br />
autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado<br />
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena<br />
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el<br />
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,<br />
responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso<br />
a la información pública y la protección de datos personales en<br />
posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y<br />
bases establecidas en la Constitución Federal, Constitución<br />
Local, Ley General, así como, lo previsto en esta Ley y demás<br />
disposiciones jurídicas aplicables.<br />
Si bien es cierto que los preceptos jurídicos determinan una<br />
independencia financiera, no lo es así para la autorización de este,<br />
en el caso del Estado de México los presupuestos de los Órganos<br />
Constitucionalmente autónomos de acuerdo con el Código<br />
Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 2994:<br />
Los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos,<br />
formularán sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto de<br />
Egresos y los presentarán al Ejecutivo, el día hábil anterior al 15<br />
de octubre de cada año, para su incorporación al Proyecto de<br />
Presupuesto de Egresos, considerando las previsiones de ingresos<br />
y gasto público, así como lo establecido en la Ley General de<br />
Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables,<br />
salvo cuando se presenten situaciones extraordinarias en materia de<br />
salubridad general o cuando se expida declaratoria de emergencia<br />
por desastres naturales, en cuyo caso, la Secretaría podrá prorrogar<br />
el plazo.<br />
2Art. 5; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; dirección en internet: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/<br />
legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf; fecha de consulta 26 abril 2023.<br />
3Art.29; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dirección en internet: http://legislacion.<br />
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf; fecha de consulta 20 de febrero de 2023.<br />
4Art 299; Código Financiero del Estado de México y Municipios, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://legislacion.<br />
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig007.pdf, fecha de consulta 01 de mayo de 2023.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 7
Luego la Ley de Transparencia en el artículo 33<br />
fracción XI dice5:<br />
Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto<br />
de presupuesto de egresos del Instituto para su<br />
aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría<br />
de Finanzas, a fin de que se incluya en el Proyecto<br />
de Presupuesto de Egresos del Estado de México;<br />
Antes de ser aprobados por la legislatura estatal,<br />
deben ser sometidos a verificación y aprobación<br />
por el ejecutivo estatal, lo cual, desde mi<br />
análisis existe un conflicto de autonomía pues<br />
el Instituto de Transparencia no puede definir<br />
por sí solo el presupuesto que necesita para<br />
ejecutar las actividades encomendadas para el<br />
año administrativo siguiente y está sujeto a la<br />
validación de un sujeto obligado directo, ello<br />
considerando que la Secretaría de Finanzas<br />
realiza las modificaciones que estima previo a<br />
la presentación a la Legislatura, situación<br />
que lleva a un riesgo de disminución de las<br />
previsiones que sin duda pueden disminuir<br />
la capacidad del órgano garante para el<br />
cumplimiento de sus funciones.<br />
El siguiente punto y en el que me detendré de<br />
manera más específica es la designación de los<br />
Titulares de las Unidades de Transparencia (TUT),<br />
la ley de transparencia estatal, una de las más<br />
vanguardistas a nivel internacional, en su artículo<br />
51 establece que los Titulares de los Sujetos<br />
Obligados deberán designar a un responsable<br />
para atender la unidad de transparencia, el cual<br />
deberá estar certificado y capacitado.<br />
El Titular de la Unidad de Transparencia es la<br />
médula espinal del acceso a la información<br />
pública y la divulgación de las obligaciones<br />
de transparencia de los sujetos obligados,<br />
pues entre sus funciones principales tiene la<br />
gran tarea de pertenecer al comité de<br />
Transparencia en donde se define la<br />
clasificación de información, pero<br />
¿qué pasa cuando este TUT es<br />
designado por el sujeto obligado<br />
y no por el propio Instituto de<br />
Transparencia?, en mi experiencia,<br />
puedo decir que la mayoría<br />
de los titulares de la unidad de<br />
transparencia pueden clasificar información<br />
por instrucciones de su titular y no por la guía<br />
de lo que la propia normativa establece.<br />
Una constante realidad en el Estado de<br />
México es que la mayoría de los titulares<br />
de las unidades de transparencia no tienen<br />
exclusividad para este cargo, es decir,<br />
ellos también tienen que atender otras<br />
funciones y en la mayoría de las ocasiones la<br />
transparencia es su atribución secundaria; en<br />
un diagnóstico elaborado por el Instituto de<br />
Transparencia del Estado de México (Infoem)<br />
se detectó que no todas las Unidades<br />
de Transparencia contaban con<br />
equipo de cómputo propio<br />
para el seguimiento de las<br />
solicitudes y para la carga<br />
de información en los<br />
portales de transparencia,<br />
por ello estoy totalmente<br />
convencida que para que<br />
exista una efectiva rendición<br />
de cuentas que trabaje de<br />
manera oportuna en el<br />
combate a la corrupción,<br />
los titulares de las unidades<br />
de transparencia de los<br />
sujetos obligados que tiene<br />
nuestro estado, deben<br />
de ser designados por el<br />
órgano garante autónomo.<br />
5Art.33; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dirección en internet: http://<br />
legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf; fecha de consulta 10 de marzo de<br />
2023.<br />
8 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
El responsable de la Unidad<br />
de Transparencia deberá<br />
tener el perfil adecuado<br />
para el cumplimiento de las<br />
obligaciones que se derivan<br />
de la presente Ley. Para ser<br />
nombrado titular de la Unidad<br />
de Transparencia, deberá<br />
cumplir, por lo menos, con los<br />
siguientes requisitos:<br />
I.<br />
Otra premisa que considera la ley de transparencia<br />
en su artículo 57 6 , es que los TUT deberán contar<br />
con una certificación de competencias que les<br />
permita dar mejores resultados a la ciudadanía:<br />
Contar con conocimiento o, tratándose de las entidades<br />
gubernamentales estatales y los municipios certificación<br />
en materia de acceso a la información, transparencia y<br />
protección de datos personales, que para tal efecto emita<br />
el Instituto;<br />
II.<br />
III.<br />
<strong>Experiencia</strong> en materia de acceso a la información y<br />
protección de datos personales; y<br />
Habilidades de organización y comunicación, así como<br />
visión y liderazgo.<br />
En la actualidad podemos decir que depende del titular del sujeto obligado que el responsable<br />
de la unidad de transparencia cuente con esta certificación, pues es el sujeto obligado el<br />
que determinan la contratación.<br />
Nos encontramos en un momento crucial para la transparencia, la rendición de cuentas<br />
y el combate a la corrupción, la primer ley de transparencia emitida en 2002 nos dio las<br />
bases y el sustento para que existieran Órganos Garantes de Transparencia en todo el<br />
país, la segunda reforma de 2014 da autonomía constitucional al Órgano Nacional, y en<br />
algunos de los Estados de la República, pero no olvidemos que en el Estado de México la<br />
autonomía para el Instituto de Transparencia se dio desde 2008; ahora bien, considerando<br />
los procesos de madurez que debe tener una ley y una política pública, considero que a 21<br />
años de transición, estamos listos para tener una tercera generación de leyes en materia<br />
de transparencia, que permitan fortalecer la actuación del garante de la transparencia y<br />
contar con una verdadera y auténtica autonomía en favor de dos derechos fundamentales<br />
que tutela éste órgano autónomo tan importante como es el de Transparencia Acceso al<br />
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; dirección en internet: C (edomex.gob.mx); fecha de consulta 26 abril 2023<br />
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dirección en internet: http://legislacion.<br />
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf; fecha de consulta 20 de febrero de 2023.<br />
Código Financiero del Estado de México y Municipios, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://legislacion.<br />
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig007.pdf, fecha de consulta 01 de mayo de 2023<br />
Ugalde Calderón, Filiberto (2010), Órganos constitucionales autónomos; revista del instituto de la judicatura federal; núm. 29; 253 –<br />
264.<br />
6Art.57; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dirección en internet: http://<br />
legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf; fecha de consulta 15 de abril de 2023.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 9
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA<br />
OFICIAL SOBRE CORRUPCIÓN<br />
EN LOS GOBIERNOS ESTATALES<br />
Por: Dr. Oscar<br />
Jaimes Bello<br />
Director General de<br />
Estadísticas de Gobierno,<br />
Seguridad Pública y<br />
Justicia del INEGI<br />
El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados<br />
Unidos Mexicanos establece las bases para la planeación<br />
democrática del desarrollo nacional y del Sistema<br />
Nacional de Información Estadística y Geográfica<br />
(SNIEG), lo cual, en la práctica, orienta el diseño de<br />
políticas públicas basadas en evidencia (CPEUM, 2022).<br />
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)<br />
es el órgano autónomo del Estado responsable de<br />
la coordinación del SNIEG. El Subsistema Nacional<br />
de Información de Gobierno, Seguridad Pública e<br />
Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), que forma parte<br />
del SNIEG, desde su creación en 2008, ha orientado<br />
la producción de información sobre la gestión y el<br />
desempeño de los tres niveles de gobierno, así como en<br />
las instituciones responsables de la seguridad pública,<br />
procuración e impartición de justicia.<br />
En esta ruta, el INEGI, en su rol de productor de<br />
información oficial, desde 2009 ha desarrollado<br />
un conjunto de encuestas y censos nacionales de<br />
gobierno que aportan información estadística<br />
en diversos temas de interés nacional, como la<br />
corrupción, y actualizando los instrumentos de<br />
captación para alinearlos a los procesos que originan<br />
reformas como la que dio origen al Sistema Nacional<br />
<strong>Anticorrupción</strong> (SNA) en 2016 (LGSNA, 2021). De tal<br />
forma que, en noviembre de 2019, el INEGI, a través<br />
del SNIGSPIJ, constituyó el Comité Técnico<br />
Especializado de Información sobre Corrupción<br />
(CTEICO), con el objetivo de que las instituciones<br />
gubernamentales de todos los niveles pudieran tomar<br />
decisiones con información oficial, objetiva, veraz y<br />
oportuna en materia de corrupción.<br />
Específicamente, el CTEICO tiene como objetivo coordinar las<br />
actividades para la generación de información estadística sobre<br />
corrupción en las instituciones del Estado, así como promover el uso<br />
de los resultados estadísticos del SNIGSPIJ para el diseño, monitoreo<br />
y evaluación de políticas públicas a nivel nacional en la materia (SNIEG,<br />
2021). Una de las primeras y principales contribuciones del CTEICO al combate<br />
contra la corrupción en el país fue que, con apoyo de la información estadística<br />
brindada por el INEGI, el Comité Coordinador del SNA elaboró la Política Nacional<br />
10 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
<strong>Anticorrupción</strong> (PNA) en 2020, con el objetivo de coordinar acciones entre<br />
entidades públicas y diferentes sectores de la sociedad para lograr un control<br />
efectivo de la corrupción (SESNA, 2020).<br />
Además de estas contribuciones a nivel nacional, la información estadística que<br />
produce el INEGI a nivel estatal y municipal es de utilidad para los 32 Sistemas Estatales<br />
<strong>Anticorrupción</strong>, que cuentan con atribuciones equivalentes al SNA, aunque a nivel estatal (SNA,<br />
2023). Actualmente, 27 entidades del país cuentan con política estatal anticorrupción aprobada1,<br />
de los cuales 12 también tienen un programa de implementación2 (SNA, 2023).<br />
Con dicho contexto en mente, se presentarán los programas estadísticos del SNIGSPIJ<br />
que sirven como apoyo a los Sistemas Estatales en el combate contra la corrupción, así<br />
como ejemplos de la información estadística que se genera a partir de ellos. La información<br />
estadística disponible se puede dividir en cuatro categorías específicas:<br />
1.<br />
Percepciones<br />
de corrupción<br />
Percepciones de corrupción. Se refiere a las opiniones y actitudes de<br />
los informantes ante la corrupción, por ejemplo, en qué autoridades es<br />
más frecuente o si creen que las actividades del gobierno son suficientes<br />
para contenerla (Holmes, 2015). Las unidades de observación son los<br />
individuos y las unidades económicas.<br />
<strong>Experiencia</strong>s de corrupción. Son las experiencias reales de los<br />
informantes en actos de corrupción, es decir, se refiere a las interacciones<br />
e intercambios entre quien detenta poder y abusa de él para beneficio<br />
propio o el de terceros y quien busca un servicio o realiza algún trámite<br />
en las instituciones públicas (Holmes, 2015). Las unidades de observación<br />
son los individuos y las unidades económicas.<br />
2.<br />
<strong>Experiencia</strong>s<br />
de corrupción<br />
3.<br />
Riesgos de<br />
corrupción<br />
Riesgos de corrupción. El riesgo de corrupción se entiende como<br />
la posibilidad de que la corrupción se presente, ya sea en un país,<br />
organización, sector, institución, programa, proyecto, persona u<br />
operación (UNODC, 2020). Las unidades de observación son las<br />
instituciones públicas.<br />
Capacidades institucionales para combatir la corrupción. Hace<br />
referencia a los recursos humanos, materiales y presupuestales con los<br />
que cuentan las instituciones públicas para combatir la corrupción y al<br />
ejercicio de funciones específicas para tal propósito. Las unidades de<br />
observación son las instituciones públicas.<br />
4.<br />
Capacidades<br />
institucionales<br />
para combatir<br />
la corrupción<br />
1Ags., BCS., Camp., Chis., Coah., Col., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Méx., Mich., Mor., Nay., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., S.L.P., Sin., Son., Tab.,<br />
Tlax., Ver., Yuc. y Zac.<br />
2BCS., Camp., Col., Gto., Jal., Méx., Pue., Q. Roo., Sin., Tab., Ver., y Zac.<br />
3Para consultar más información sobre cada programa estadístico: ENCIG (https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/),<br />
ENCRIGE (https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2020/) y CNGE (https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2022/)<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 11
Tomando en cuenta dichas categorías, en la Tabla 1 se describen los principales aspectos<br />
metodológicos de los programas estadísticos con información sobre corrupción relacionada<br />
con los gobiernos estatales3:<br />
Tabla 1: Programas estadísticos con información sobre corrupción en los gobiernos estatales<br />
Individuos<br />
Unidades económicas<br />
Instituciones públicas<br />
Percepciones de<br />
corrupción<br />
<strong>Experiencia</strong>s de<br />
corrupción<br />
Encuesta Nacional de Calidad e<br />
Impacto Gubernamental (ENCIG)<br />
Población objetivo: Personas de 18<br />
años y más en ciudades de 100 mil<br />
habitantes y más<br />
Periodicidad: Bienal.<br />
Años disponibles:<br />
2011-2021.<br />
Encuesta Nacional de Calidad<br />
Regulatoria e Impacto<br />
Gubernamental en Empresas<br />
(ENCRIGE)<br />
Población objetivo: Unidades<br />
económicas del sector privado4.<br />
Periodicidad: No determinada.<br />
Años disponibles:<br />
2016 y 2020.<br />
Riesgos de<br />
corrupción<br />
Capacidades<br />
institucionales para<br />
combatir la corrupción<br />
Censo Nacional de Gobiernos<br />
Estatales (CNGE)<br />
Población objetivo: Ámbito estatal<br />
de gobierno<br />
Periodicidad: Anual.<br />
Años disponibles:<br />
2011-20225.<br />
Con base en las categorías y programas antes mencionados, a continuación se presentan<br />
ejemplos de información estadística sobre corrupción en los gobiernos estatales.<br />
Con respecto a las percepciones de corrupción, en el Gráfico 1 se presenta el porcentaje de<br />
la población de 18 años y más que considera que la corrupción en los gobiernos estatales<br />
es muy frecuente y frecuente. A nivel nacional, dicho porcentaje fue de 73.8% en 2021, lo<br />
cual representa una reducción de 4.4% en comparación con 2013. En 2021, la entidad con el<br />
porcentaje más alto fue Zacatecas con 85.9%, mientras que la entidad con el porcentaje más<br />
bajo fue Querétaro con 57.9%.<br />
Grafico 1. Población de 18 años y más, según percepción sobre la frecuencia de corrupción en los Gobiernos Estatales.<br />
77.2%<br />
81.6% 84.1%<br />
75.2% 73.8%<br />
Entidades con los % más altos (2021)<br />
Zacatecas 85.9%<br />
Jalisco 84.6%<br />
Oaxaca<br />
84.0%<br />
2013 2015 2017 2019 2021<br />
Entidades con los % más bajos (2021)<br />
Querétaro 57.9%<br />
Campeche 62.2%<br />
Tlaxcala 63.6%<br />
Nota: Los porcentajes corresponden a la suma de “muy frecuente” y “frecuente”.<br />
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2013-2021.<br />
4Se excluyen las actividades relacionadas a la agricultura -productor individual- y las del sector público. Se consideran únicamente las<br />
unidades que realizan su actividad económica en un lugar con instalaciones fijas o en vivienda con acceso.<br />
5De 2011 a 2020 la información se captó a través del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales<br />
(CNGSPSPE).<br />
12 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
En lo que se refiere a las experiencias de corrupción, en el<br />
Gráfico 2 se encuentra la tasa de prevalencia de corrupción<br />
según trámites realizados en dependencias de los gobiernos<br />
estatales, con información para la población de 18 años y más, así<br />
como para las unidades económicas. Se observa que, en 2021, la<br />
tasa de población de 18 años y más que, en 2021, experimentó<br />
al menos un acto de corrupción en trámites realizados en<br />
dependencias de los gobiernos estatales fue de 21,217 por cada<br />
100,000 habitantes. Lo anterior representó una reducción de 2.5%<br />
respecto a 2013.<br />
Por su parte, la tasa de unidades económicas que, en 2020,<br />
experimentaron actos de corrupción en dependencias de<br />
los gobiernos estatales fue de 280 por cada 10,000 unidades<br />
económicas, lo cual representa una disminución de 6.7% respecto<br />
a la tasa de 2016.<br />
Grafico 2. Tasa de prevalencia de corrupción, según trámites realizados en<br />
dependencias de los Gobiernos Estatales.<br />
Población de 18 años y más1<br />
(por casa 100,000 habitantes)<br />
Unidades económicas2<br />
(por casa 10,000 habitantes)<br />
21.763<br />
17,260<br />
20,990<br />
22,270<br />
21,217<br />
300 280<br />
2013 2015 2017 2019 2021 2016 2020<br />
años y más1<br />
habitantes)<br />
Unidades económicas2<br />
(por casa 10,000 habitantes)<br />
0<br />
22,270<br />
21,217<br />
300 280<br />
2019 2021 2016 2020<br />
1Los trámites realizados ante alguna instancia de los gobiernos estatales son: pago de tenencia o impuesto<br />
vehicular, trámites vehiculates, trámites en el Registro Civil, permisos relacionados con la propiedad, trámites<br />
ante el Ministerio Público, trámites ante juzgados o tribunales, llamadas de emergencia de la policía, contacto<br />
con autoridades de seguridad pública, trámites para abrir una empresa, otros pagos o solicitudes (excepto<br />
trámites para vacuna covid-19) y trámites de educación pública básica.<br />
2Los trámites o inspecciones realizadas o efectuadas en o por una instancia del gobierno estatal son:<br />
Registro Público de Comercio, licencia o permiso de uso de suelo, inscripción del REC, Registro Público de la<br />
Propiedad, manifestación de impacto ambiental, inscripción al padrón de proveedores del gobierno, licitación<br />
para vender al gobierno, licencias o permisos especiales, impuesto sobre nómina, inicio o seguimiento<br />
de averiguación previa ante el Ministerio Público, juicios laborales o mercantiles, otros procesos judiciales<br />
laborales o mercantiles, contacto con autoridades de seguridad pública, inspecciones de protección civil,<br />
inspecciones de medio ambiente e inspecciones de uso de suelo de fines diversos.<br />
Fuentes. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), (2013-2021); INEGI.<br />
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), 2016, y 2020.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 13
Acerca de los riesgos de corrupción, en el Gráfico 3 se presentan los contratos realizados<br />
durante 2021 por las Administraciones Públicas Estatales con proveedores y/o contratistas, según<br />
procedimiento y monto de los contratos. Destaca que el tipo de procedimiento más frecuente<br />
es adjudicación directa, el cual representa el 58.8% del total (58,686 contratos), mismos que<br />
involucraron un total de $103,154 millones de pesos.<br />
2021<br />
Grafico 3. Contratos realizados por las Administraciones Públicas Estatales con proveedores y/o contratistas, según<br />
procedimiento de contratación y montos.<br />
Total nacional: 99,769<br />
Monto<br />
(millones de pesos)<br />
Adjudicación directa<br />
58.8% (58,686)<br />
$103,154<br />
Otro<br />
Invitación a cuando menos tres personas o<br />
invitación restringida<br />
Licitación pública estatal, regional o local<br />
6.9% (6,900)<br />
5.8% (5,832)<br />
23.7% (23,695)<br />
$5,554<br />
$9,427<br />
$37,426<br />
Licitación pública nacional<br />
Licitación pública internacional<br />
4.5% (4,485)<br />
0.2% (171)<br />
$61,164<br />
$1,264<br />
Nota. Las cifras incluyen: adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública y servicios relacionados con la misma.<br />
Fuente. INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2022.<br />
Por último, en cuanto a las capacidades institucionales para combatir la corrupción, en el<br />
Gráfico 4 se exponen las sanciones impuestas a servidores públicos de las instituciones de las<br />
Administraciones Públicas Estatales. En 2021, se impusieron un total de 5,440 sanciones, lo cual<br />
significó una disminución de 37.0% en comparación con 2010. En 2021, el tipo de sanción más<br />
frecuente fue amonestación privada (51.3% del total).<br />
Gráfico 4. Sanciones impuestas a servidores públicos de las instituciones de las Administraciones Públicas Estatales, según tipo<br />
2010-2021<br />
Tipo de sanción1, 2021<br />
15,679<br />
14,694<br />
Amonestación privada<br />
51.3%<br />
(2,791)<br />
12,110<br />
13,127<br />
Amonestación pública<br />
14.5% (789)<br />
11,005<br />
Inhabilitación temporal<br />
14.0% (762)<br />
8,118<br />
8,692<br />
7,770<br />
5,440<br />
Otra<br />
Suspensión del empleo,<br />
cargo o comisión<br />
9.0% (490)<br />
9.0% (488)<br />
3,712<br />
Destitución<br />
2.0% (108)<br />
2,123<br />
2010 2021<br />
Sanciones económicas<br />
0.3% (16)<br />
1El total no corresponde con la cifra del gráfico anterior, toda vez que el informante del estado de Sinaloa reportó que las inhabilitaciones<br />
temporales sanciones económicas son sanciones conjuntas.<br />
Fuentes: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE), 2011-2020; INEGI, Censo<br />
Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2021-2022.<br />
14 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
En conclusión, a través de la coordinación entre las distintas autoridades de<br />
los diferentes niveles de gobierno y el INEGI, se fortalece la generación y el<br />
uso de información estadística oficial en materia de corrupción. Con esta<br />
información estadística es posible aproximarse a la realidad del fenómeno<br />
de la corrupción y a las capacidades institucionales de las autoridades<br />
responsables de su prevención y atención, con el fin de facilitar y garantizar<br />
la toma de decisiones basada en evidencia.<br />
De ese modo, el INEGI, a través del SNIGSPIJ, se compromete a continuar<br />
actualizando y promoviendo la generación de información estadística<br />
oficial de calidad, pertinente, veraz y oportuna en materia de corrupción,<br />
para contribuir a alcanzar los objetivos de las políticas públicas destinadas<br />
a prevenir, detectar y sancionar las múltiples formas de<br />
corrupción en México.<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [CPEUM], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 18 de<br />
noviembre de 2022, (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.<br />
Holmes, Leslie. (2015). Corruption: a very short introduction. Oxford University Press, Oxford.<br />
INEGI. (2011-2020). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. https://www.inegi.org.mx/<br />
programas/cngspspe/2020/.<br />
INEGI. (2013-2021). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/.<br />
INEGI. (2016, 2020). Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. https://www.inegi.org.mx/<br />
programas/encrige/2020/.<br />
INEGI. (2021-2022). Censo Nacional de Gobiernos Estatales. https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2021.<br />
Ley General del Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>, [LGSNA], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 20 de mayo de 2021,<br />
(México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf.<br />
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>. (2020). Política Nacional <strong>Anticorrupción</strong> Resumen Ejecutivo. https://<br />
www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PNA-resumen-ejecutivo.pdf .<br />
Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>. (Última consulta: 10 de mayo de 2023). ¿Qué hacemos? Disponible en: https://www.sna.org.<br />
mx/que-hacemos/#:~:text=El%20Sistema%20Nacional%20Anticorrupci%C3%B3n%20es,y%20control%20de%20recursos%20<br />
p%C3%BAblicos.<br />
Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>. (Última consulta: 11 de mayo de 2023). Políticas Estatales <strong>Anticorrupción</strong>. Disponible en: https://<br />
www.sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/.<br />
Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. (22 de enero de 2020). Comité Técnico Especializado de Información<br />
sobre Corrupción. Acuerdo de Creación. https://www.snieg.mx/Documentos/Gobierno/AcuerdosCreacion/acuerdo_cte_ic.pdf.<br />
UNODC. (2020). State of Integrity: a guide on conducting corruption risk assessments in public organizations. United Nations,<br />
Vienna.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 15
SERVICIO PROFESIONAL<br />
Y/O CIVIL DE CARRERA DE LAS AUTORIDADES<br />
INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y<br />
RESOLUTORA DE LOS OIC MUNICIPALES COMO ESTRATEGIA<br />
INTRODUCCIÓN<br />
En atención a que el servicio profesional y/o civil de carrera de las<br />
autoridades investigadora, substanciadora y resolutora de los OIC<br />
municipales, no se encuentra reconocida en las disposiciones legales de los<br />
municipios del Estado de México, sino sólo de manera genérica en el artículo<br />
21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México<br />
y Municipios; se presenta este ensayo para con ello demostrar la<br />
importancia que tiene como mecanismo para evitar faltas administrativas<br />
notoriamente improcedentes.<br />
Por: Mtra. en H.P. Mireya<br />
Pavón Osorio<br />
Abogada Proyectista de<br />
la Primera Sección de la<br />
Sala Superior del Tribunal<br />
de Justicia Administrativa<br />
del Estado de México<br />
De tal suerte que el presente ensayo<br />
se divide en dos capítulos. En el<br />
primero denominado la separación<br />
de la autoridad investigadora,<br />
substanciadora y resolutora en<br />
el procedimiento administrativo<br />
sancionador, como medida para<br />
garantizar una adecuada defensa,<br />
en donde se pretende determinar la<br />
importancia de su separación.<br />
En el segundo capítulo se<br />
aborda la necesidad de que las<br />
leyes municipales, garanticen la<br />
profesionalización de las autoridades<br />
investigadora, substanciadora y<br />
resolutora, como estrategia para<br />
prevenir faltas administrativas.<br />
Finalmente, se presentan las<br />
conclusiones de la presente.<br />
1. LA SEPARACIÓN DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA<br />
Y RESOLUTORA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR,<br />
COMO MEDIDA PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA DEFENSA<br />
A raíz de la reforma a la Constitución<br />
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a<br />
través del “Decreto por el que se reforman,<br />
adicionan y derogan diversas disposiciones<br />
de la Constitución Política de los Estados<br />
Unidos Mexicanos, en materia de combate a<br />
la corrupción”, publicado en el Diario Oficial<br />
de la Federación el 27 de mayo de 2015, que<br />
crea el Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>,<br />
como la instancia de coordinación entre las<br />
autoridades de todos los órdenes de gobierno<br />
competentes en la prevención, detección y<br />
sanción de responsabilidades administrativas<br />
y hechos de corrupción, así como en la<br />
fiscalización y control de<br />
recursos públicos; en su<br />
artículo Cuarto Transitorio se<br />
obligó a las Legislaturas de los<br />
Estados, expedir una ley<br />
de responsabilidades<br />
administrativas a nivel<br />
local, bajo el nuevo<br />
modelo de la ley<br />
general respectiva.<br />
Ley de Responsabilidades<br />
Administrativas<br />
16 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
En cumplimiento a lo ordenado con anterioridad, la “LIX” Legislatura<br />
del Estado Libre y Soberano de México, mediante “Decreto<br />
Número 207 por el que se expide la Ley de Responsabilidades<br />
Administrativas del Estado de México y Municipios”, publicado<br />
en el Diario Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México<br />
el treinta de mayo de dos mil diecisiete, expidió la Ley de<br />
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del<br />
Estado de México y Municipios, cuyas características primordiales<br />
son la inclusión de los particulares como sujetos a la misma, la<br />
distinción entre faltas graves y no graves, la separación de las<br />
autoridades investigadora, substanciadora y resolutora, así como<br />
la designación de competencias.<br />
Ahora bien, en materia de separación de las autoridades investigadora, substanciadora y<br />
resolutora, el artículo 3º, fracciones I, II y III de la referida Ley, dispone:<br />
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:<br />
I. Autoridad investigadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos<br />
internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de<br />
las empresas de participación estatal o municipal, encargadas de la investigación de las<br />
faltas administrativas.<br />
II. Autoridad substanciadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los<br />
órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades<br />
de las empresas de participación estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia,<br />
dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del<br />
informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial.<br />
La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una<br />
autoridad investigadora.<br />
III. Autoridad resolutora: A la unidad de responsabilidades administrativas adscrita a la<br />
Secretaría de la Contraloría y a los órganos internos de control o al servidor público que<br />
éstos últimos asignen, así como la de las empresas de participación estatal y municipal,<br />
tratándose de faltas administrativas no graves. En el supuesto de faltas administrativas graves,<br />
así como para las faltas de particulares lo será el Tribunal 1 .<br />
Así pues, en conclusión, con la promulgación<br />
de la citada ley, el legislador local siguiendo<br />
el modelo de la nueva ley general a nivel<br />
federal, reconoció la importancia de separar<br />
las autoridades investigadora, substanciadora y<br />
resolutora en el procedimiento administrativo<br />
sancionador local y municipal, ante la Secretaría<br />
de la Contraloría del Estado, los órganos internos<br />
de control, el Órgano Superior de Fiscalización<br />
y el Tribunal de Justicia Administrativa del<br />
Estado, a fin de garantizar el derecho a una<br />
adecuada defensa, tutelado en el artículo 20,<br />
Apartado B, fracción VIII de la Constitución<br />
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que<br />
no sólo contempla la oportunidad de nombrar<br />
a un abogado, sino a declarar, rendir pruebas y<br />
ser parte en el procedimiento.<br />
Lo anterior, porque en el procedimiento<br />
administrativo sancionador le es aplicable<br />
el principio de presunción de inocencia en<br />
materia penal de manera matizada o modulada,<br />
ya que en el derecho administrativo las faltas<br />
tienen una función normativa distinta que los<br />
delitos, pues son de menor gravedad; tan es<br />
así que, la calificación de la conducta apoya a<br />
graduar la gravedad de la infracción, así como<br />
la aplicación de la correspondiente sanción.<br />
De tal modo que, la separación de las<br />
autoridades investigadora, substanciadora y<br />
resolutora en el procedimiento administrativo<br />
sancionador, es determinante para garantizar<br />
el derecho a una adecuada defensa.<br />
12017. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, disponible en:<br />
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig241.pdf. Recuperado: 14 de mayo de 2023.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 17
2. LA NECESIDAD DE QUE LAS LEYES MUNICIPALES, GARANTICEN LA<br />
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA<br />
Y RESOLUTORA, COMO ESTRATEGIA PARA PREVENIR FALTAS ADMINISTRATIVAS<br />
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<br />
como Ley Suprema de nuestro país, en su artículo 115, fracción<br />
II, segundo párrafo faculta a los ayuntamientos como órganos de<br />
gobierno, aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,<br />
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro<br />
de sus respectivas jurisdicciones, los cuales servirán para organizar la<br />
administración pública municipal, regular las materias, procedimientos,<br />
funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la<br />
participación ciudadana y vecinal, pero siempre siguiendo la línea de las leyes que<br />
en materia municipal expidan las legislaturas de los Estados.<br />
En ese contexto, considero que es necesario que las disposiciones legales de los<br />
municipios de nuestro Estado, en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades<br />
Administrativas del Estado de México y Municipios reconozcan la profesionalización<br />
de las autoridades investigadora, substanciadora y resolutora de sus Órganos Internos de Control,<br />
con la finalidad de evitar la calificación de faltas administrativas graves y no graves notoriamente<br />
improcedentes, que culminen con sanciones nulas de pleno derecho.<br />
Lo anterior, porque si bien el artículo 21 de la referida Ley, reconoce el mecanismo de<br />
profesionalización y nombramiento de los integrantes de los órganos internos de control, lo<br />
cierto es que lo hace de manera genérica.2<br />
Además, el hecho de que los artículos 113 y 96, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del<br />
Estado de México, exijan al Contralor Municipal tener conocimientos suficientes para poder<br />
desempeñar el cargo; contar con título profesional en las áreas jurídicas, económicas o contables<br />
administrativas, y certificación de competencia laboral en funciones expedida por el Instituto<br />
Hacendario del Estado de México o por alguna institución con reconocimiento de validez oficial<br />
1. Ello no genera certeza de que sus integrantes también cuenten con cierto grado de expertis<br />
en la materia.3<br />
Así, por profesionalización para el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, se entiende:<br />
Profesionalización.<br />
Se refiere al proceso permanente y<br />
progresivo de formación que se integra por<br />
etapas de formación inicial, actualización,<br />
promoción, especialización y alta dirección,<br />
para desarrollar al máximo las competencias,<br />
capacidades y habilidades de las instituciones<br />
de seguridad pública y de procuración<br />
de justicia. 4<br />
Profesionalización que permitirá que la<br />
autoridad investigadora sólo determine las<br />
faltas administrativas que legalmente se<br />
actualicen y, puedan llegar a fincar sanciones<br />
debidamente fundadas y motivadas.<br />
Máxime, cuando si bien los municipios del<br />
Estado de México cuentan con Órganos<br />
Internos de Control que la ley exige, lo cierto<br />
es que en algunos de ellos, no existe la<br />
separación de las autoridades investigadoras,<br />
substanciadora y resolutora.<br />
2Idem.<br />
3Ley Orgánica Municipal. Ultima reforma: 11 de mayo de 2023. Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. Disponible en: https://legislacion.<br />
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf. Recuperado 14 de mayo de 2023<br />
42021. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, pág. 23- 24. Disponible en:<br />
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463904335.<br />
pdf. Recuperado 14 de mayo de 2023<br />
18 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
A modo de ejemplo se citan diez municipios con y sin separación de autoridades dentro del<br />
procedimiento administrativo sancionador, en los términos siguientes:<br />
Tabla 1. Municipios con y sin separación organizacional de las autoridades investigadoras,<br />
substanciadoras y resolutoras en los OIC (IPOMEX fracción II B).<br />
Fuente: Elaboración propia, con datos del IPOMEX, 2023.<br />
A mayor abundamiento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la presentación<br />
de resultados generales del Censo Nacional de Gobierno Municipales y Demarcaciones<br />
Territoriales de la Ciudad de México 2021, en materia de personal adscrito a los órganos internos<br />
de control de las instituciones de la administraciones públicas municipales de nuestro país,<br />
obtuvo los datos siguientes:<br />
Grafica 1. Personal adscrito a los órganos internos de control de las instituciones de las administraciones públicas municipales al cierre de 2020.<br />
Personal adscrito a los órganos internos de control<br />
de las instituciones de las administraciones<br />
públicas municipales, 2014 a 2020<br />
14,384<br />
Personal adscrito a los órganos internos de control de las<br />
instituciones de las administraciones públicas municipales,<br />
por función desempeñada, 2020*<br />
4,377<br />
12,103<br />
7,127<br />
8,356<br />
2,296<br />
2,250<br />
Investigación<br />
Substanciación Resolución o sanción<br />
2014 2016 2018 2020<br />
*La cantidad de personal adscrito a los órganos internos de control por función<br />
desempeñada es menor al total, toda vez que no todo el personal realiza funciones de<br />
investigación, substanciación y resolución.<br />
Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2021/doc/cngmd2021_resultados_est_org.pdf<br />
De las gráficas antes reproducidas, se advierte<br />
sustancialmente que, a diferencia del año dos<br />
mil dieciocho, el personal adscrito a los órganos<br />
internos de control de las administraciones<br />
públicas municipales de nuestro país, se<br />
incrementó en cantidad de 14,384 servidores<br />
públicos y, para dos mil veinte, se disminuyó en<br />
un 15.9% (12,103).<br />
Asimismo, se desprende que de las tres<br />
funciones de investigación, substanciación y<br />
resolución o sanción que se desarrollan dentro<br />
de los Órganos Internos de Control, la de<br />
investigación fue la sobresaliente, en cantidad<br />
de 4,377 servidores públicos, seguida de la<br />
de resolución o sanción en 2,250 y, la menos<br />
desempeñada la de substanciación en cantidad<br />
de 2,296 servidores públicos.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 19
Por tanto, el que no exista un servicio profesional<br />
y/o civil de carrera a nivel municipal y, de manera<br />
específica respecto de las tres autoridades que<br />
participan en el procedimiento administrativo<br />
sancionador, genera violación al derecho humano<br />
a una buena administración pública, reconocido<br />
en el artículo 41 de la Carta de los Derechos<br />
Fundamentales de la Unión Europea.<br />
Más aun, cuando cada una de aquellas autoridades<br />
atendiendo a su ámbito de competencia material,<br />
tienen funciones diferentes dentro del referido<br />
procedimiento administrativo sancionador, como<br />
se advierte a continuación:<br />
En la etapa de investigación los servidores o servidoras públicos<br />
o particulares son examinados; su objetivo es determinar<br />
la posible existencia de una responsabilidad administrativa,<br />
calificarla como grave o no grave, y concluye con el IPRA.<br />
Las autoridades investigadoras cuentan con facultades para<br />
realizar auditorías, investigaciones, visitas de verificación y<br />
requerimientos durante la etapa de análisis de los hechos.<br />
Por otro lado, en la etapa substanciadora la autoridad admite<br />
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el<br />
servidor o la servidora público o particular denunciado será<br />
citado para que comparezca personalmente a la celebración<br />
de la audiencia inicial y se le informará que tiene derecho a no<br />
declararse culpable, a defenderse a sí mismo, a contar con una<br />
defensa especializada en la materia o a una defensa de oficio.<br />
Y finalmente, en la etapa resolutora la autoridad substanciadora<br />
puede imponer una amonestación, suspensión, destitución o<br />
inhabilitación para faltas no graves. Para el caso de servidoras<br />
y servidores públicos en aquellos casos en los que el Tribunal<br />
de Justicia Administrativa determine que existió falta<br />
administrativa grave, debe decidir si esta falta provocó daños<br />
y perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes<br />
públicos (Fierro et al., 2021).<br />
Es decir, la autoridad investigadora es quien<br />
formula el Informe de Presunta Responsabilidad,<br />
la substanciadora quien otorga el derecho<br />
a garantía de audiencia y a una defensa<br />
especializada, así como la resolutora quien<br />
determinará la sanción respectiva.<br />
Atribuciones que van ligadas con cierto grado<br />
de expertis en la materia.<br />
En tales circunstancias, al no existir en<br />
los municipios del Estado de México el<br />
servicio profesional y/o civil de carrera de las<br />
autoridades que participan en el procedimiento<br />
administrativo sancionador; ello genera en<br />
perjuicio de los presuntos responsables a nivel<br />
municipal, violación a los principios del debido<br />
proceso (juicio justo) y tutela judicial efectiva,<br />
tutelados en el artículo 8º de la Convención<br />
20 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
Americana de Derechos Humanos y, retomados<br />
en los diversos artículos 14, 16 y 17 de la<br />
Constitución Política de los Estados Unidos<br />
Mexicanos; pues la autoridad investigadora,<br />
substanciadora y resolutora, resolverán bajo<br />
sus propios criterios, incluso movidas por<br />
cuestiones políticas, calificando así faltas<br />
administrativas e imponiendo sanciones<br />
notoriamente improcedentes que sólo<br />
generan juicios ociosos y gastos económicos<br />
innecesarios, porque no cuentan con el<br />
grado experiencia profesional para investigar,<br />
substanciar y resolver al respecto.<br />
Así, el que las disposiciones legales de los<br />
municipios de nuestro Estado, en cumplimiento<br />
a la Ley de Responsabilidades Administrativas<br />
del Estado de México y Municipios reconozcan<br />
la profesionalización de las autoridades<br />
investigadora, substanciadora y resolutora de<br />
sus Órganos Internos de Control, se convertiría<br />
en un avance jurídico fundamental en materia<br />
municipal, que prevendría la determinación<br />
de futuras faltas administrativas, así como<br />
la delimitación más clara y precisa de sus<br />
facultades.<br />
CONCLUSIONES<br />
1.- Se concluye que en términos del artículo 3, fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades<br />
Administrativas del Estado de México y Municipios, la separación de las autoridades investigadora,<br />
substanciadora y resolutora en el procedimiento administrativo sancionador, es determinante<br />
para garantizar el derecho a una adecuada defensa.<br />
2.- Asimismo, se concluye que la profesionalización garantiza el derecho humano a una buena<br />
administración pública, como mecanismo para prevenir faltas administrativas.<br />
3.- Por otro lado, aún existen vacíos legales en materia de profesionalización de los integrantes<br />
de los Órganos Internos de Control de los Municipios del Estado de México.<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última<br />
Reforma DOF 08-05-2023. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf<br />
NORMATECA<br />
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última<br />
Reforma DOF 08-05-2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf<br />
2.- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Publicada en el Diario Oficial “Gaceta del Gobierno”<br />
del Estado de México el 30 de mayo de 2017. Última Reforma 4-09-2020. Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/<br />
legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig241.pdf.<br />
3.- Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Publicada en el Diario Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 02 de<br />
marzo de 1993. Última Reforma 11-05-2023. https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/<br />
leyvig022.pdf.<br />
CIBERGRAFÍA<br />
1.2021. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, pág. 23- 24. Disponible en:<br />
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463904335.pdf<br />
y https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2021/doc/cngmd2021_resultados_est_org.pdf<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 21
Sistema Nacional y<br />
Estatal de Fiscalización<br />
Sistema Nacional de Fiscalización<br />
La idea de integrar el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) al Sistema<br />
Nacional <strong>Anticorrupción</strong> (SNA) nace de la necesidad de formar un frente<br />
común en todos los órdenes de gobierno para examinar, vincular,<br />
articular y transparentar tanto la gestión gubernamental como el uso<br />
de los recursos públicos con el fin de mejorar la rendición de cuentas a<br />
nivel nacional.<br />
Por: L.C.C. Patricia<br />
Almazán Miranda<br />
Subdirectora de<br />
Vinculación con el<br />
Sistema de Fiscalización<br />
Es así como el SNF surge como elemento paralelo y complementario del SNA, a través de<br />
implementar como herramienta esencial la coordinación entre autoridades competentes en<br />
materia de control y fiscalización de los tres órdenes de gobierno impulsando:<br />
El desarrollo y uso de metodologías de análisis de datos masivos relacionadas<br />
con la identificación de riesgos, la evaluación, la mejora de la gestión, la<br />
auditoría y la fiscalización estratégicas de programas, procesos, actividades<br />
y funciones en el sector público.<br />
La coordinación entre sus integrantes para la homologación y simplificación<br />
de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización.<br />
La colaboración con otras instancias públicas, que facilite el intercambio<br />
de información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la<br />
fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas<br />
administrativas y hechos de corrupción.<br />
En 2015, en el marco del proceso legislativo que daría origen<br />
al Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong> se reconoció al SNF en el<br />
“Dictamen en Sentido Positivo a las Iniciativas con Proyecto de<br />
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas<br />
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos<br />
Mexicanos en Materia del Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>” que<br />
a la letra señala:<br />
22 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
“El Sistema Nacional de Fiscalización, en términos del Proyecto, se inscribe como<br />
un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como eje central<br />
y pilar fundamental del Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>, de forma tal que las<br />
acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción,<br />
no se llevarán a cabo en forma aislada o fragmentada, sino como un sistema<br />
integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades<br />
administrativas y los hechos de corrupción sea que éstas deriven<br />
del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien del<br />
incumplimiento de responsabilidades públicas que no se<br />
vinculan necesariamente con la hacienda pública”.<br />
Derivado de lo anterior y, considerando la<br />
aprobación de las reformas constitucionales que<br />
dan origen al SNA, el 22 de julio de 2015 se llevó<br />
a cabo el relanzamiento del SNF, evento donde<br />
se firmaron las “Bases Operativas del Sistema<br />
Nacional de Fiscalización” (Sistema Nacional de<br />
Fiscalización, 2015) mismas que constituyen el<br />
marco que permitió orientar el trabajo de los<br />
integrantes del SNF como subsistema consolidado y<br />
autónomo que permite fungir como un eje central<br />
y pilar fundamental del SNA. En las bases referidas<br />
se señala la composición, objetivos y estructura del<br />
SNF, así como las atribuciones de sus integrantes.<br />
Para consolidar lo anterior, el 18 de julio de 2016<br />
se promulgó la legislación secundaria referente<br />
al SNA misma que incluyó la publicación de la<br />
Ley General del Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong><br />
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,<br />
2016) en cuyo Título Tercero, fracción XII define<br />
al Sistema Nacional de Fiscalización como “el<br />
conjunto de mecanismos interinstitucionales de<br />
coordinación entre los órganos responsables de las<br />
tareas de auditoría gubernamental en los distintos<br />
órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar<br />
la cobertura y el impacto de la fiscalización en<br />
todo el país con base en una visión estratégica, la<br />
aplicación de estándares profesionales similares,<br />
la creación de capacidades y el intercambio<br />
efectivo de información sin incurrir en duplicidades<br />
u omisiones”.<br />
La OCDE en el documento titulado<br />
“Sistema Nacional de Fiscalización<br />
en México, fortaleciendo la rendición<br />
de cuentas para el buen gobierno”<br />
(Organización para la Cooperación<br />
y el Desarrollo Económicos, 2016)<br />
reconoce que el enfoque de las<br />
reformas realizadas coincide con la<br />
perspectiva de gobierno integral de<br />
la OCDE, que enfatiza la necesidad<br />
de coordinación y coherencia entre<br />
todas las áreas de política pública,<br />
los poderes y los órdenes de gobierno.<br />
“El mismo Sistema Nacional de<br />
Fiscalización ejemplifica este enfoque,<br />
ya que agrupa a los órganos de<br />
auditoría y control gubernamental<br />
nacionales y subnacionales<br />
mediante una plataforma<br />
para coordinarse, intercambiar<br />
información e impulsar<br />
mejoras tangibles en materia<br />
de gobernanza”.<br />
Epistemológicamente, el Sistema Nacional de<br />
Fiscalización se contempla como una herramienta<br />
en la rendición de cuentas, así como un mecanismo<br />
en control interno de la gestión gubernamental<br />
lo cual debería traducirse en la mejora continua<br />
de la función pública en aras del derecho a la<br />
buena administración.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 23
Sistema Estatal de Fiscalización<br />
El Estado de México fue una de las primeras<br />
entidades en armonizar la Constitución local<br />
y emitir las siete leyes reglamentarias a fin<br />
de dar cumplimiento a la determinación del<br />
Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>, que tiene<br />
como ejes prioritarios el fortalecimiento de las<br />
herramientas para la detección de riesgos, la<br />
fiscalización y la denuncia de conductas que<br />
puedan constituir hechos de corrupción.<br />
Es en este contexto que surge el Sistema<br />
Estatal de Fiscalización como un pilar<br />
fundamental en la rendición de cuentas, ya<br />
que la fiscalización de los recursos públicos<br />
va a la par con el correcto actuar de los<br />
servidores públicos. Así mismo, de acuerdo<br />
con la LSAEMM (Poder Legislativo del Estado<br />
de México, 2017), este tiene como objeto<br />
establecer acciones y mecanismos de<br />
coordinación entre los integrantes que, de<br />
acuerdo con la misma Ley son la Secretaría de la<br />
Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización,<br />
la Contraloría del Poder Legislativo y las<br />
contralorías municipales, quienes en el ámbito<br />
de sus respectivas competencias promueven<br />
el intercambio de información, mecanismos,<br />
estrategias, ideas y experiencias encaminadas<br />
a avanzar en el desarrollo de la fiscalización<br />
de los recursos públicos.<br />
El Sistema plantea la homologación de todos<br />
los niveles de gobierno en sus procesos de<br />
vigilancia, supervisión, eficiencia y eficacia<br />
administrativa, racionalidad y predictibilidad<br />
de procedimientos y, por supuesto, la debida<br />
evaluación de resultado de gobierno.<br />
Sus miembros se constituyen en un Comité<br />
Rector conformado por la Secretaría de<br />
la Contraloría, el Órgano Superior de<br />
Fiscalización del Estado de México, la<br />
Contraloría del Poder Legislativo y siete<br />
miembros rotatorios de entre los Contralores<br />
Municipales por periodos de dos años.<br />
Los principales ejes de acción del Sistema<br />
Estatal de Fiscalización son:<br />
Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización de los recursos públicos,<br />
para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de<br />
trabajo y el cumplimiento de estos de manera coordinada.<br />
Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación, para que, en su caso,<br />
realicen propuestas de mejora que permitan un mayor impacto en el combate a<br />
la corrupción.<br />
Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para<br />
la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las<br />
mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la<br />
gestión gubernamental estatal.<br />
24 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
A cuatro años de su creación, se han realizado<br />
siete reuniones del Comité Rector y tres<br />
plenarias del SEF. En este tiempo se han<br />
obtenido importantes resultados que han<br />
permitido avanzar en el cumplimiento con<br />
lo dispuesto en la LSAEMM, principalmente<br />
en lo que se refiere al diseño, aprobación y<br />
promoción de políticas integrales en materia<br />
de fiscalización, así como la instrumentación<br />
de mecanismos de coordinación entre los<br />
integrantes del propio Sistema.<br />
Destacan, particularmente, los Estatutos del<br />
Sistema Estatal de Fiscalización (Sistema<br />
Estatal de Fiscalización, 2021), que se<br />
realizaron con la colaboración de las personas<br />
integrantes del Comité Rector, los cuales<br />
fueron aprobados con el aval del pleno y<br />
posteriormente se publicaron en el Periódico<br />
Oficial “Gaceta de Gobierno” el 23 de abril del<br />
año 2021. Las características principales de<br />
estos Estatutos son:<br />
Se encuentran armonizados con el Sistema<br />
Nacional de Fiscalización.<br />
Elaborados en sintonía con la Ley del<br />
Sistema <strong>Anticorrupción</strong> del Estado de México<br />
y Municipios.<br />
De igual manera, se publicaron los<br />
Lineamientos de Mejora Institucional en<br />
Materia de Fiscalización cuya elaboración<br />
fue responsabilidad de un Grupo de Tarea<br />
compuesto por Integrantes Rotatorios del<br />
Comité Rector, en el que participaron los<br />
Contralores Municipales de Toluca, Atizapán de<br />
Zaragoza y Atlacomulco. Estos Lineamientos<br />
contienen seis elementos clave:<br />
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.<br />
Son un marco de referencia para que los auditores guíen su actuación bajo<br />
requerimientos institucionales vinculados con la independencia, autonomía, transparencia,<br />
calidad y ética profesional.<br />
Ética, Integridad y Prevención de Riesgos. Estos elementos deben estar enmarcados<br />
en un sistema de control interno, a fin de que los entes públicos fiscalizadores del Estado<br />
de México instalen procesos adecuados en materia de ética, integridad y prevención de<br />
riesgos de corrupción.<br />
Planeación Estratégica. La operación de los entes públicos fiscalizadores debe estar<br />
guiada por una planeación estratégica, con procesos sistematizados direccionados a la<br />
definición del cumplimiento de objetivos y metas.<br />
Recursos Humanos. Se deben establecer políticas transparentes y consistentes sobre los<br />
perfiles, requerimientos y capacidades que deberán cumplir los profesionales y terceros a<br />
ser contratados.<br />
Recursos Materiales y Financieros. Los entes públicos fiscalizadores deben desarrollar<br />
sus actividades en condiciones adecuadas, incluyendo recursos materiales y financieros;<br />
en particular, debe ponerse énfasis en los presupuestos, las tecnologías de la información<br />
y la comunicación e instalaciones físicas.<br />
Estrategia de Difusión. Se requiere del establecimiento de una política eficiente y<br />
oportuna en la materia para que los entes públicos fiscalizadores comprendan la difusión<br />
de sus labores y resultados como un factor determinante en su desarrollo institucional.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 25
Es de destacar, también, la creación de siete grupos de trabajo regionales:<br />
Normas Profesionales. Región I. Zona Toluca.<br />
Control Interno. Región II. Zona Norte.<br />
Jurídico Consultivo. Región III. Zona Noreste.<br />
Transparencia. Región IV. Zona Metropolitana.<br />
Creación de Capacidades. Región V. Zona Oriente.<br />
Plataforma Digital. Región VI. Zona Sur.<br />
Ética. Región VII. Zona Sureste.<br />
Si bien es importante reconocer que el<br />
Sistema Estatal de Fiscalización es un<br />
fenómeno complejo dado que los diversos<br />
actores que lo integran traen consigo<br />
relaciones y vinculaciones particulares<br />
en las que el intercambio de información<br />
y trabajo conjunto puede ser una tarea<br />
difícil, debido a las rutinas institucionales<br />
y a las diferencias entre los distintos<br />
niveles de gobierno en los que operan; no<br />
podemos dejar de resaltar los resultados<br />
obtenidos. Como reconoce la OCDE, este<br />
Sistema enfrenta el reto de ejecutar su<br />
mandato y demostrar un efecto duradero<br />
sobre los ciudadanos.<br />
En un sistema de rendición de cuentas y<br />
supervisión, los vínculos entre las entidades<br />
de fiscalización, el poder legislativo, el<br />
ejecutivo y la ciudadanía influyen, sin<br />
excepción, sobre el impacto del trabajo de<br />
las instituciones que integran el Sistema<br />
Estatal de Fiscalización. Para alcanzar el<br />
éxito es imperante una implementación<br />
eficaz y acciones coordinadas entre todos<br />
los participantes.<br />
Con respecto a las propuestas que se pueden<br />
formular para fortalecer el diseño y operación,<br />
coincido con la OCDE cuando afirma que el Sistema<br />
podría lograr resultados de política pública al definir<br />
claramente las actividades y prioridades estratégicas<br />
a corto, mediano y largo plazo, centrándose en las<br />
principales fortalezas de sus miembros en materia<br />
de auditoría, por ejemplo, la realización de auditorías<br />
y estudios sobre la coherencia de las políticas de<br />
integridad y transparencia.<br />
Como podemos ver, tanto el Sistema Nacional<br />
de Fiscalización como el Sistema Estatal de<br />
Fiscalización son un buen inicio, pero están lejos<br />
de ser el final del camino, se tratan de un proceso<br />
que debería eventualmente llevarnos a una mejor<br />
fiscalización y una mayor rendición de cuentas.<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (18 de Julio de 2016). diputados.gob.mx. Obtenido de www.diputados.gob.mx/<br />
LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf<br />
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2016). www.oecd.org. Obtenido de https://www.oecd.org/governance/<br />
ethics/sistema-nacional-fiscalizacion-mexico.pdf<br />
Poder Legislativo del Estado de México. (30 de Mayo de 2017). legislacion.edomex.gob.mx. Obtenido de legislacion.edomex.gob.mx/<br />
sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig240.pdf<br />
Sistema Estatal de Fiscalización. (23 de Abril de 2021). SESAEMM. Obtenido de https://sesaemm.gob.mx/documentos/SEF/03_<br />
normatividad/estatutos_lineamientos_sef.pdf<br />
Sistema Nacional de Fiscalización. (22 de Julio de 2015). Obtenido de https://www.asf.gob.mx/uploads/139_Sistema_Nacional_de_<br />
Fiscalizacion/08_BASES_OPERATIVAS_SNF_sitio_web.pdf<br />
26 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
#Política<strong>Anticorrupción</strong>EdoMéx<br />
INGRESA A: https://sesaemm.gob.mx/pea/difusion/<br />
@SESAEMM<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 27
Breves consideraciones<br />
sobre Corrupción y<br />
Derechos Humanos<br />
Referirnos a la corrupción, es abordar un tema complejo, ha estado<br />
presente desde épocas inmemoriales en muchos ámbitos de la<br />
vida cotidiana, como en la política, en el sector educativo y en la<br />
administración pública, esta última en la cual se ha incrementado de<br />
manera alarmante, en especial, en países en vías de desarrollo, en los<br />
cuales, en su mayoría, forma parte de su vida cotidiana como un medio<br />
para acceder a beneficios o bien evadir el cumplimiento de<br />
obligaciones; lo que representa un problema social<br />
de dimensiones inimaginables y con alto grado<br />
de dificultad para controlar.<br />
La Organización de las Naciones<br />
Unidas estableció en el prefacio de la<br />
Convención de las Naciones Unidas<br />
Contra la Corrupción que “La<br />
corrupción es una plaga insidiosa<br />
Por: M. en D. Óscar<br />
Romo Martínez<br />
Director de la Unidad<br />
Jurídica y Consultiva<br />
de la Comisión de<br />
Derechos Humanos del<br />
Estado de México<br />
que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas<br />
para la sociedad. Socava la democracia y el estado de<br />
derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos,<br />
distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y<br />
permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el<br />
terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.”1<br />
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)<br />
define la corrupción como un fenómeno caracterizado por<br />
el abuso o desviación del poder encomendado, que puede<br />
ser público o privado, que desplaza el interés público por un<br />
beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la<br />
institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso<br />
a los derechos humanos.2<br />
A nivel global, derivado de las luchas sociales y al existir una marcada<br />
desigualdad surgen las figuras de protección, es así, que en el año de 1948 se proclama<br />
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un instrumento en el que se<br />
contemplaron los derechos humanos a protegerse en todo el mundo, contemplándose los<br />
económicos, sociales, culturales y ambientales.<br />
1Organización de las Naciones Unidas, 2004, Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 67; consultado el 15 de mayo<br />
de 2023 en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_<br />
convention-s.pdf<br />
2Consultado el 15 de mayo de 2023 en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.oas.org/es/cidh/informes/<br />
pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf<br />
28 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
Con el crecimiento industrial y tecnológico en América Latina, se<br />
crean competencias entre los Estados para la distribución de sus<br />
mercancías, surgiendo la necesidad de garantizar a las empresas<br />
una competencia equilibrada a nivel local e internacional. Por<br />
tal motivo, se establecen los criterios entre los mercados, los<br />
procesos de privatización de empresas públicas y de servicios<br />
públicos. Como consecuencia, comenzó a tener presencia en<br />
la agenda pública el tema de la corrupción, considerándose<br />
que ésta era un impedimento para el desenvolvimiento de las<br />
buenas prácticas de los negocios de la región. En consecuencia<br />
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco<br />
Interamericano de Desarrollo, fueron los primeros en abordar el<br />
tema de la lucha y combate contra la corrupción.<br />
La CIDH, a partir de 2017 se avoca al estudio del fenómeno de<br />
la corrupción y su impacto en los derechos humanos, desarrolla<br />
una visión integral sobre el tema. Así, en la Resolución 1/2017<br />
lo abordó desde la óptica de la impunidad en Guatemala frente<br />
a las violaciones de derechos humanos y lo vinculó con la falta<br />
de investigación y castigo de los actos de esa naturaleza, luego,<br />
a través de la Resolución 1/2018 desarrolló, específicamente, el<br />
impacto de la corrupción en los derechos humanos. Finalmente,<br />
es a través del informe temático sobre Derechos Humanos<br />
y Corrupción, publicado el 31 de diciembre de 2019, donde<br />
la propia CIDH marca una diferencia sustantiva a través de un<br />
tratamiento integral y profundo del tema.<br />
Dicho informe es, sin duda alguna, el esfuerzo más completo<br />
que haya hecho un organismo internacional para vincular la<br />
lucha contra la corrupción en favor de la protección de derechos<br />
humanos al desarrollar una caracterización multidimensional de<br />
ese fenómeno, principalmente en países de América Latina y a<br />
partir de dicha perspectiva, se construye un sólido argumento<br />
como un acto que configura responsabilidad internacional del<br />
Estado y cuya reparación debe asumir dicha afectación a los<br />
derechos humanos.<br />
Asimismo, analiza el enfoque de derechos humanos en las<br />
políticas públicas de lucha contra la corrupción desarrollándose<br />
con detalle el principio de igualdad y no discriminación, principio<br />
de participación e inclusión social, el acceso a mecanismos<br />
de reclamo y acceso a la justicia, la producción y el acceso a<br />
la información como garantía de transparencia y rendición<br />
de cuentas, la protección prioritaria a grupos en situación de<br />
discriminación histórica, la inclusión de la perspectiva de género<br />
y diversidad.<br />
En este sentido, actualmente es complejo entender a la corrupción<br />
sin relacionarla con los derechos humanos, de tal manera que<br />
los órganos de protección en la materia se han acercado al<br />
problema, siendo posible palpar la presencia de análisis en las<br />
violaciones presentadas en los Estados por esta causa.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 29
En este contexto, el Informe temático “Derechos Humanos y Corrupción:<br />
Estándares interamericanos” es un aporte sustantivo al haber desarrollado el<br />
vínculo entre los elementos propios de la responsabilidad internacional del Estado<br />
con el complejo fenómeno de corrupción presente en las Américas; concluyendo<br />
principalmente que:<br />
I.<br />
Los estados deben adoptar medidas institucionales como<br />
legislación, recursos eficaces, procedimientos rápidos y<br />
accesibles para garantizar una adecuada protección de<br />
quienes se ven afectados por la corrupción estructural,<br />
garantizando el goce y ejercicio de sus derechos con la<br />
creación de políticas públicas destinadas a crear ambientes<br />
propicios para la protección de los derechos humanos.<br />
El Estado debe evitar que los actos de corrupción<br />
queden en la impunidad, debiendo investigar conductas<br />
que afectan los derechos protegidos en la Convención<br />
Americana, obligándose a esclarecer los hechos y juzgar a<br />
los responsables.<br />
II.<br />
Por lo anterior, resulta necesario que los<br />
Estados adopten medidas que permitan<br />
prevenir y controlar la corrupción mediante<br />
la creación de mecanismos de control<br />
tanto individual como colectivo, en especial<br />
en áreas relacionadas con el manejo de<br />
recursos. Así como desarrollar mecanismos<br />
de autoevaluación para determinar, detectar y<br />
erradicar posibles riesgos de corrupción.<br />
En México, al igual que la mayoría de los países<br />
de la región, el problema de la corrupción<br />
es notoriamente visible, pues de acuerdo a<br />
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto<br />
Gubernamental 2021, elaborada por el Instituto<br />
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3, en<br />
la que recaudó información sobre el grado de<br />
satisfacción que tiene la población respecto<br />
de servicios públicos y costo por corrupción,<br />
obtuvo que el 86.3% consideró frecuente los<br />
actos de corrupción en las instituciones de<br />
gobierno; el 14.7% al realizar trámites, pagos,<br />
solicitudes de servicio, o bien, tuvo contacto<br />
con algún servidor público experimentó actos<br />
de esa naturaleza; estimando que a nivel<br />
nacional los costos de incurrir en corrupción<br />
fueron de 9,500 millones de pesos en ese año.<br />
3Consultado el 15 de mayo de 2023 en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.inegi.org.mx/contenidos/<br />
saladeprensa/boletines/2022/EstSegPub/encig2021_Nal.pdf<br />
30 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
Como mecanismo de control para la prevención,<br />
detección y combate de la corrupción en México<br />
se ha constituido un entramado institucional y<br />
jurídico, a nivel federal la Secretaría de la Función<br />
Pública, la Auditoría Superior de la Federación,<br />
Contralorías Sociales, Testigos Sociales, Fiscalía<br />
Especializada en Materia de Combate a la<br />
Corrupción, y en fecha más reciente la creación<br />
del Sistema Nacional <strong>Anticorrupción</strong>.<br />
En el ámbito local se cuenta con la Secretaría<br />
de la Contraloría del Estado de México, el<br />
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de<br />
México, Fiscalía Especializada en Combate a la<br />
Corrupción, Órganos Internos de Control, así<br />
como el Sistema <strong>Anticorrupción</strong> del Estado de<br />
México y Municipios, con una conformación<br />
de ciudadanos, a través del Comité de<br />
participación ciudadana, con procesos de<br />
selección con intervención de ciudadanos.<br />
Por otra parte, el entramado jurídico con<br />
la expedición de diversas leyes de las que<br />
destacan, Ley General de Responsabilidades<br />
Administrativas, Ley General del Sistema<br />
Nacional <strong>Anticorrupción</strong>, Ley General de<br />
Transparencia y Acceso a la Información<br />
Pública, Códigos de Ética, reformas a la<br />
Constitución Política de los Estados Unidos<br />
Mexicanos y al Código Penal Federal.<br />
El combate a la corrupción se encuentra<br />
estrechamente vinculado a la protección de<br />
los derechos humanos, como lo ha referido la<br />
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones<br />
Unidas de Derechos Humanos al destacar que:<br />
“Los grupos y personas desfavorecidos sufren<br />
la corrupción de manera desproporcionada.<br />
Debido a las desigualdades preexistentes y a<br />
la discriminación interseccional, la corrupción<br />
tiene un impacto desproporcionado en las<br />
mujeres, los niños, los migrantes, las personas<br />
con discapacidad y las personas que viven<br />
en la pobreza, ya que a menudo dependen<br />
más de los bienes y servicios públicos y<br />
tienen medios limitados para buscar servicios<br />
privados alternativos. También suelen tener<br />
menos oportunidades de participar en el<br />
diseño y la aplicación de políticas y programas<br />
públicos y carecen de recursos para exigir<br />
responsabilidades y reparaciones.4<br />
Y concluye que:<br />
“<br />
La corrupción no es un<br />
delito sin víctimas.<br />
4Consultado el 15 de mayo de 2023 en: https://www.ohchr.org/es/good-governance/corruption-and-human-rights<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 31
Entrevista con...<br />
L. en D. Gerardo Becker Ania<br />
Magistrado Presidente del Tribunal<br />
de Justicia Administrativa del<br />
Estado de México<br />
Es mexiquense oriundo de Huixquilucan,<br />
licenciado en Derecho con mención<br />
honorífica por la Universidad de las Américas<br />
A.C., campus Ciudad de México, actualmente<br />
se encuentra en proceso de titulación de<br />
la Maestría en Gobierno e instituciones y<br />
procesos Políticos en el Instituto Universitario<br />
de Investigación Ortega y Gasset con validez<br />
de Máster en España y cuenta con el diplomado<br />
en Comunicación política digital por la<br />
Universidad Anáhuac del Norte. Esta certificado<br />
como conciliador laboral, por la Organización<br />
Internacional del Trabajo (OIT, Turín Italia) y el Centro<br />
Evaluador de Competencias Laborales (CONOCER)<br />
del Gobierno de la República. Fungió como Presidente<br />
y Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.<br />
Además de haber sido seleccionado y publicado en la revista<br />
300 líderes más influyentes de México, siendo columnista y conferencista<br />
en diversos medios de comunicación.<br />
A partir del año 2021, fue designado como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de<br />
Justicia Administrativa del Estado de México, y el 13 de enero de este 2023, fue electo por<br />
unanimidad como Magistrado Presidente por el periodo 2023-2025.<br />
32 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
¿Con qué propósito se creó<br />
el TRIJAEM?<br />
El Tribunal de Justicia Administrativa<br />
del Estado de México, se creó con el<br />
propósito de resolver los conflictos<br />
administrativos y fiscales entre<br />
las autoridades del gobierno del<br />
Estado de México, los municipios,<br />
organismos descentralizados en<br />
funciones de autoridad y los<br />
particulares. Dicho de una forma<br />
más sencilla con una reflexión, ¿Qué<br />
pasaría si las autoridades en su actuar<br />
con la ciudadanía, es decir en sus<br />
actos de autoridad no cumplen con<br />
la norma establecida o actúan fuera<br />
de la normatividad? Justamente el<br />
TRIJAEM, recibe, analiza y resuelve<br />
esas controversias que pueden<br />
llegar a afectar a la ciudadanía, en<br />
otras palabras, revisa<br />
y sanciona que las<br />
autoridades cumplan con<br />
la ley, dentro de su normativa.<br />
Además, a partir del 2017, el Tribunal<br />
resuelve los procedimientos de faltas<br />
administrativas de las y los servidores<br />
públicos en el ejercicio de sus funciones<br />
con salas especializadas; tales como,<br />
abuso de funciones, desvío de recursos,<br />
e inclusive actos corrupción. Luego<br />
entonces, el tribunal cuenta una amplia<br />
gama de facultades legales para que la<br />
ciudadanía conozca que existe un Tribunal<br />
que continuamente revisa y protege los<br />
derechos ciudadanos en contra de actos<br />
ilegales de las autoridades.<br />
¿De qué forma el TRIJAEM participa en<br />
el Sistema <strong>Anticorrupción</strong> del Estado<br />
de México y Municipios?<br />
El TRIJAEM es miembro del Sistema<br />
Estatal <strong>Anticorrupción</strong> y de eso, hay que<br />
sentirnos orgullosos, porque el Sistema<br />
<strong>Anticorrupción</strong> del Estado de México<br />
es de los más avanzados del país lo que<br />
ha propiciado que, al ser un impartidor<br />
de justicia que resuelve los conflictos<br />
administrativos y fiscales y revisa el actuar<br />
de los servidores públicos, comparta ideas,<br />
criterios e información relevante con el<br />
Sistema Estatal <strong>Anticorrupción</strong>, esto es,<br />
por ejemplo, para mejorar las normativas<br />
internas de las autoridades, mejorar<br />
el funcionamiento de la ley; evaluar a<br />
las autoridades, municipios y gobierno<br />
dentro de las 262 acciones del Sistema<br />
Estatal <strong>Anticorrupción</strong>, de las cuales, 148<br />
involucran de forma directa al Tribunal.<br />
Estamos presentes para impartir, dar<br />
y ofrecer los criterios, instrumentos<br />
necesarios y la interpretación de la ley,<br />
para mejorar el sistema y arremeter<br />
contra la corrupción.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 33
Con base en su experiencia dentro del servicio<br />
público, ¿Cuál o cuáles considera que son los<br />
mayores retos en el combate a la corrupción en<br />
nuestro país?<br />
Yo creo que primero tenemos<br />
que empezar por eliminar la idea<br />
de que la corrupción se encuentra<br />
inserta en el ADN de México, que<br />
nuestro país es y será siempre<br />
corrupto, de que el servicio público<br />
es ineficaz y de que la ciudadanía<br />
no tiene otra opción más que<br />
ser también corrupta. Creo en<br />
tres factores importantes de<br />
mejora continua; primero, seguir<br />
con los esfuerzos de impulsar<br />
la transparencia en todos los<br />
procesos gubernamentales; en<br />
segundo lugar, dar resultados, pues<br />
la ciudadanía se encuentra ávida de acciones<br />
gubernamentales favorables y por último, en<br />
continuar con los impulsos para convertirnos<br />
en gobiernos digitales donde todos los procesos<br />
sean de fácil acceso ciudadano. Si nosotros<br />
como gobierno transparentamos nuestros<br />
procesos y resultados mediante una normativa<br />
estricta, donde podemos incidir para que<br />
la percepción ciudadana de corrupción<br />
disminuya. Ningún país tiene corrupción cero,<br />
eso hay que decirlo y es una realidad, pero lo<br />
que sí podemos hacer es que nuestros actos<br />
como servidores públicos y como autoridades,<br />
sean mejor normados, más transparentados y<br />
más eficientes.<br />
Desde su perspectiva ¿Cuáles son las áreas de<br />
oportunidad que tenemos como país y estado,<br />
para mejorar las acciones anticorrupción?<br />
Creo firmemente que tenemos que empezar<br />
por la educación, mejorar la cultura cívica desde<br />
la primaria, la secundaria, inclusive hasta las<br />
licenciaturas y maestrías. A los más pequeños<br />
los debemos impulsar en el entendimiento de<br />
lo que es correcto dentro de su formación; pero<br />
la educación es dual, tenemos que hacer una<br />
educación en equipo que inicie en las familias<br />
y se fortalezca en las escuelas; la corrupción,<br />
no se detiene simplemente porque nuestras<br />
normas estén correctas, debe existir la verdadera<br />
voluntad de cambio. Es un trabajo conjunto<br />
en la ciudadanía y las instituciones; si bien es<br />
cierto tenemos el tema del civismo<br />
desde pequeños, no tenemos<br />
un protocolo de seguimiento en<br />
secundaria, preparatoria, universidad,<br />
etc. Tenemos que fortalecer la<br />
cultura cívica en todos los niveles<br />
académicos. Creo que el futuro de la<br />
corrupción se va atacando desde la<br />
niñez para crear esa nueva conciencia<br />
y una cultura anticorrupción.<br />
34 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
¿Qué mensaje le gustaría dar a nuestros<br />
lectores sobre el tema que nos ocupa?<br />
Quiero compartirles que en el TRIJAEM<br />
tenemos ejes rectores claros en esta<br />
nueva administración. Uno y el más<br />
importante, el tema humano. Creo<br />
que hemos dejado al lado que el<br />
servicio público necesita un alto nivel<br />
de inteligencia emocional. Un servidor<br />
público que no está emocionalmente<br />
equilibrado; es decir, bien consigo<br />
mismo, no va a poder dar los resultados y<br />
atender empáticamente a la ciudadanía;<br />
para ello, en el tribunal nos estamos<br />
enfocando en dos vías, la primera<br />
es la constante capacitación<br />
profesional en la impartición<br />
de justicia, pero no menos<br />
importante una capacitación<br />
humana; por ejemplo, aplicar<br />
de manera efectiva la NOM035<br />
que atiende a los factores de<br />
riesgo psicosocial y a la mejora<br />
de los ambientes laborales, atacar<br />
liderazgos negativos, resentidos y<br />
problemáticos; la atención al servicio<br />
público es elemental, de hecho el<br />
servicio público trata de conectar<br />
con la ciudadanía y eso marca la<br />
diferencia. Otro gran eje rector es<br />
mejorar las plataformas digitales, creo<br />
que el futuro es hoy y tenemos que<br />
aprovecharnos de ello, pero siempre<br />
he dicho, la tecnología debe ser<br />
utilizada como una herramienta,<br />
pero que su uso nunca supla el<br />
contacto humano; además de<br />
impulsar como otra estrategia<br />
en el Tribunal, que es el uso de la<br />
conciliación y la mediación como<br />
una nueva cultura en la solución<br />
de conflictos.<br />
Estamos<br />
haciendo cambios<br />
importantes, pensando<br />
en evolucionar, crecer<br />
y mejorar, todo, en<br />
beneficio de nuestro<br />
Estado.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 35
ENTÉRATE<br />
EDOMÉX EJEMPLO ANTICORRUPCIÓN<br />
A principios de 2023, el Sistema <strong>Anticorrupción</strong> del Estado de México y Municipios (SAEMM)<br />
se colocó como un ejemplo a seguir, a nivel nacional; por haber alcanzado la meta de contar<br />
con la instalación de sus 125 Sistemas Municipales <strong>Anticorrupción</strong> (SMA), que corresponden<br />
al mismo número de municipios en la entidad; dando a conocer el hecho durante la 2ª sesión<br />
ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal <strong>Anticorrupción</strong><br />
(SESAEMM). Con lo que se demuestra que las autoridades municipales ya tienen el conocimiento<br />
y siguen desarrollando sus capacidades para cumplir con las obligaciones que marca la Ley del<br />
SAEMM; y a pesar de que estas figuras se encuentran en constante rotación, actualmente la cifra<br />
se mantiene en 122 SMA vigentes.<br />
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva<br />
LOS SMA DEBERÁN ENTREGAR<br />
INFORMES TRIMESTRALES<br />
EL 10 de marzo de 2023, se publicó en<br />
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”<br />
el Decreto Número 136, por el que se<br />
reforman las fracciones IV y V del artículo<br />
64 de la Ley del Sistema <strong>Anticorrupción</strong> del<br />
Estado de México y Municipios (LSAEMM),<br />
donde se reformaron las obligaciones de<br />
los Comités Coordinadores Municipales,<br />
estableciendo que ahora deberán<br />
presentar informes trimestrales, además<br />
del informe anual, al Comité Coordinador<br />
del SAEMM.<br />
36 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
INSTITUCIONES MEXIQUENSES ASUMEN EL<br />
COMPROMISO DE IDENTIFICAR RIESGOS DE<br />
CORRUPCIÓN<br />
El Poder Judicial del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización del<br />
Estado de México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal <strong>Anticorrupción</strong><br />
y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, instalaron sus Equipos de<br />
Cumplimiento del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector<br />
Público del Estado de México (MOGERIC), con lo que seguirán fortaleciendo los<br />
mecanismos de prevención y detección de actos de corrupción, contribuyendo<br />
a las acciones de las prioridades de la Política Estatal <strong>Anticorrupción</strong> (PEA).<br />
Equipos de cumplimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y, del Instituto<br />
Mexiquense de la Vivienda Social para implementación de MOGERIC<br />
Equipo de cumplimiento para la implementación de MOGERIC en la SESAEMM<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 37
FIRMA DE CONVENIO GENERAL DE<br />
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN<br />
CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO<br />
Con el propósito de lograr un eficaz cumplimiento en el marco jurídico del Estado de México<br />
y Municipios, como prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y los hechos de<br />
corrupción; así como promover la denuncia y la participación ciudadana. La Secretaría de la<br />
Contraloría estableció las bases y mecanismos para la suscripción de un Convenio General de<br />
Colaboración y Coordinación entre el Gobierno del Estado de México y los 125 Municipios.<br />
La invitación es a la suma de esfuerzos y recursos para la realización de<br />
actividades conjuntas de promoción, ejecución de proyectos y actividades<br />
relativas al intercambio de experiencias y prácticas exitosas, todo lo<br />
anterior mediante la capacitación y difusión en materia de los Sistemas<br />
Estatal <strong>Anticorrupción</strong> y Estatal de Fiscalización, de ética, denuncias e<br />
investigación, responsabilidades administrativas y contraloría social; con<br />
apego a la normatividad en las dependencias y organismos auxiliares .<br />
El 31 de enero de 2022 la Secretaría de la Contraloría hizo llegar a los<br />
125 ayuntamientos el Estado de México que recién habían iniciado<br />
sus periodos constitucionales, la invitación para la firma de dicho<br />
convenio y, a más de un año de esta gestión entre los Municipios y la<br />
Secretaría de la Contraloría se ha logrado la firma de 100 convenios,<br />
se muestran los resultados en la siguiente gráfica.<br />
Por: Ing. Luis Miguel<br />
Reyes Desales<br />
Auditor de la<br />
Contraloría del Estado<br />
de México<br />
Gráfica 1<br />
Gráfico 1: La gráfica de barras representa el total de Convenios que se han firmado mensualmente durante el periodo de febrero del 2022<br />
al mes de abril del 2023. Por otro lado, el gráfico de líneas muestra la tendencia acumulativa de los Convenios firmados.<br />
38 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
¿Qué áreas de la Secretaría de la<br />
Contraloría interactúan en este Convenio?<br />
Subsecretaría de Control y Evaluación<br />
Coordina la realización de auditorías y revisiones en la aplicación de los recursos públicos estatales.<br />
Dirección General de Investigación y Dirección General de Responsabilidades Administrativas:<br />
Facilitan la implementación y operación de los siguientes sistemas:<br />
• El Sistema de Atención Mexiquense (SAM)<br />
• El Registro Estatal de Inspectores (REI)<br />
• El Sistema Backoffice - Decl@raNET<br />
• El Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).<br />
Unidad de Ética y Prevención de la Corrupción:<br />
Brinda capacitación y difusión respecto a los Sistemas Estatal <strong>Anticorrupción</strong> y Estatal de<br />
Fiscalización; así como en materia de ética.<br />
Unidad Estatal de Evaluación de Confianza<br />
Evalúa a las personas servidoras públicas municipales a través de los exámenes, diagnósticos,<br />
pruebas, perfiles de puesto y demás requisitos o condiciones que se requiera.<br />
Dirección General de Contraloría y Evaluación Social<br />
Promueve a las personas servidoras púbicas el Programa de Contraloría Social y la Constitución<br />
de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia; así mismo brinda capacitación y asesoría en<br />
materia de participación ciudadana a los Consejos de Desarrollo Municipal (CODEMUN) y a los<br />
Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS).<br />
Una vez firmado el Convenio de Colaboración se establece comunicación entre ambas partes<br />
para la entrega recepción de este, en el siguiente mapa y gráfico podemos observar el avance<br />
que se tiene al momento.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 39
Mapa del Estado de México con convenios firmados<br />
Municipios con<br />
convenio firmado<br />
20%<br />
Municipios sin<br />
convenio firmado<br />
80%<br />
100<br />
convenios<br />
firmados<br />
80%<br />
Municipios con<br />
convenio firmado<br />
40 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
VISITA Y EXPLORA<br />
LA ACTUALIZACIÓN<br />
DEL MICROSITIO DE LA<br />
POLÍTICA ESTATAL<br />
ANTICORRUPCIÓN<br />
INGRESA A:<br />
https://sesaemm.gob.mx/pea/<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 41
CPC EN MOVIMIENTO<br />
Luis Manuel<br />
De La Mora Ramírez<br />
Presidente del Comité de<br />
Participación Ciudadana del SAEMM<br />
LA MEJORA REGULATORIA Y<br />
COMBATE A LA CORRUPCIÓN<br />
Reconocer a la corrupción<br />
como un problema ligado a las<br />
organizaciones y que se refleja en<br />
una conducta habitual en todo tipo<br />
de sociedades, nos lleva a conocer<br />
que no hay nación que este a salvo.<br />
Solo bajo la supervisión de una ciudadanía responsable y participativa de los<br />
procesos de gobierno, no solo restringida a los procesos electorales, sino<br />
de una participación en las tareas de planeación, supervisión en la ejecución y de la<br />
transparencia y rendición de cuentas, podemos ser capaces de proponer procesos<br />
que inhiban, y prevengan los espacios de riesgo de corrupción. La mejora regulatoria<br />
busca las mejores estrategias de cumplir las responsabilidades ciudadanas en<br />
trámites mas efectivos o lograr los servicios públicos de la forma más simple. Con este<br />
objetivo se eliminan o disminuyen los riesgos de corrupción. Es de resaltar que no<br />
se trata de desregular, sino de regular de mejor manera, solo aquello que amerite<br />
ser regulado, adicionalmente a utilizar la tecnología para inhibir, disminuir o<br />
desaparecer la interdependencia humana y la posible discrecionalidad.<br />
Esta reflexión que presento expone la<br />
existencia de dos ejes fundamentales<br />
en la estrategia de un gobierno<br />
comprometido con la ciudadanía<br />
y que, de su correcta aplicación,<br />
puede lograr disminuir los índices<br />
de percepción y victimización de<br />
la corrupción, así como aumentar<br />
los índices de satisfacción de los<br />
Municipios e identificarlos como un<br />
mejor lugar para vivir o invertir.<br />
42 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
La corrupción es un problema de carácter global<br />
demostrado así por diversas investigaciones<br />
periodísticas, escándalos políticos y causas<br />
penales a lo largo y ancho del mundo. Esta de<br />
tal tamaño y suerte que en Latinoamérica (Brasil<br />
caso Luiz Inácio Lula da Silva) ha llevado a juzgar<br />
y sancionar a un presidente de un país por estos<br />
hechos. Sin embargo, el quehacer político y las<br />
practicas legales lograron que después de 580<br />
días preso se revocaran sus condenas firmes<br />
después de impulsar y sostener en acciones<br />
legales de la defensa, adicionales y posteriores al<br />
proceso original. La defensa del Presidente Lula<br />
sostuvo el argumento de falta del proceso de<br />
debida defensa, y rescatar este derecho humano<br />
fundamental, criterio impulsado de que no se<br />
le habían respetado sus derechos de defensa y<br />
revocando por este hecho, las sentencias. Lo que<br />
es un hecho es que el Presidente de una nación<br />
fue perseguido, denunciado y sancionado<br />
con pena privativa de la libertad por actos de<br />
corrupción (BBC News Mundo, 2021).<br />
Hablar de corrupción y Latinoamérica parecería<br />
redundante. En el año 2014 sonaron alarmas de<br />
alerta por toda Europa derivado de un estudio<br />
realizado por la Comisaria de Asuntos de Interior.<br />
La Comisionada sueca Cecilia Malmstroem,<br />
al presentar un informe sobre este tema, en el<br />
cual la Comisión Europea (órgano de gobierno)<br />
encuestó a ciudadanos de los 28 países miembros<br />
de la Unión, como resultado de esta investigación<br />
se obtuvieron los resultados en donde una media<br />
del 76% de los europeos consideraron que la<br />
corrupción es una práctica generalizada. Los<br />
ciudadanos de Grecia e Italia, con un 99% y un<br />
97% respectivamente y en el siguiente lugar,<br />
con un 95% están España, República Checa y<br />
Lituania. Hoy día siguen existiendo escándalos de<br />
corrupción en Europa por los recientes sucesos<br />
de Qatar y el Parlamento Europeo (Deutsche<br />
Welle, s.f.).<br />
Hugo Armando Hernández<br />
“Subdivisión onírica en torno de la irretroactividad de la ley”<br />
Acuarela<br />
Lo anterior es un ejemplo que aún en las<br />
sociedades con democracias más maduras,<br />
consolidadas y con las mejores condiciones de<br />
Estado de derecho, calidad de vida y ciudadanía,<br />
no están exentas de este problema.<br />
Consecuentemente, si todos somos posibles víctimas o victimarios de este problema<br />
¿Dónde radica la diferencia entre los países con más o menor percepción y victimización<br />
de la corrupción?<br />
El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) es el ranking de corrupción más utilizado en<br />
el mundo. Su función es calificar los niveles percibidos de corrupción en el sector público<br />
de cada país, de acuerdo con las opiniones de expertos y empresarios.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 43
La puntuación de cada país se calcula a<br />
partir de un mínimo de tres fuentes de datos<br />
tomadas de trece estudios y evaluaciones.<br />
Estas fuentes de datos proceden de diversas<br />
instituciones de prestigio, como el Banco<br />
Mundial y el Foro Económico Mundial. Dado<br />
que combina manifestaciones distintas de<br />
la corrupción en un indicador comparable<br />
a nivel mundial, el Índice proporciona una<br />
imagen más general y comprensiva de la<br />
situación en cada país en concreto que cada<br />
una de las fuentes por separado.<br />
Las fuentes de datos empleadas para compilar el Índice cubren<br />
específicamente las siguientes manifestaciones de la corrupción<br />
en el sector público:<br />
Soborno<br />
Malversación de fondos públicos<br />
Funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal<br />
sin afrontar las consecuencias<br />
Capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector<br />
público<br />
Excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las<br />
oportunidades de ejercer la corrupción<br />
Nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos<br />
Legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas<br />
personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos<br />
Protección legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción<br />
Captura del estado por intereses privados<br />
Acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y<br />
actividades de gobierno.<br />
Como queda expresado, es de un interés<br />
natural conocer los procesos de gobierno<br />
y los índices de excesiva burocracia en<br />
el sector público. Esto debido a que estas<br />
características, más la posibilidad que los<br />
funcionarios puedan utilizar su cargo<br />
público para obtener lucro personal,<br />
resolviendo problemas de trámites y servicios<br />
complejos y discrecionales, y que esto lo<br />
puedan hacer adicionalmente sin afrontar<br />
las consecuencias de responsabilidades<br />
administrativas o penales, definitivamente<br />
puede incrementar las oportunidades de<br />
ejercer la corrupción.<br />
Por lo anterior, como definición lograr<br />
una mejor condición en la realización de<br />
los servicios y trámites que se realizan<br />
frente a las autoridades, que minimicen<br />
la discrecionalidad, la interacción entre<br />
el ciudadano y el funcionario público,<br />
que sean simples y entendibles, facilitan<br />
las interacciones entre la ciudadanía y<br />
el gobierno; reduciendo los riesgos de<br />
corrupción.<br />
Pero hablar de mejora regulatoria<br />
implica una serie de dimensiones a<br />
revisar detalladamente, por lo que para<br />
entender la relación entre la mejora<br />
regulatoria y el combate a la corrupción,<br />
es indispensable entender el concepto y<br />
significado en México. De lo que refiere<br />
la mejora regulatoria, el significado más<br />
44 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
ásico, es lo que en el diccionario define la<br />
palabra “mejora” como la “acción o situación<br />
favorable, de progreso o perfeccionamiento<br />
de las cosas o las personas en su constitución,<br />
estado o desarrollo” y describe a regulatoria<br />
ligándolo a la palabra y definición más<br />
aproximada: “regulativo, a adj./ s. Que regula o<br />
dirige. EJEMPLO: orden regulativa.” (Larousse<br />
Editorial, 2016).<br />
De lo anterior, podemos inferir que mejora<br />
regulatoria debiera obedecer al progreso o<br />
perfeccionamiento de las reglas o normas.<br />
Siendo este concepto aplicable a la política<br />
pública, debería atender al proceso permanente<br />
de perfeccionamiento de las reglas o normas<br />
que el Estado impone a sus gobernados para<br />
contar con resultados efectivos.<br />
En la página oficial del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan (s.f.), como<br />
parte de sus obligaciones de transparencia describe el concepto de mejora regulatoria de<br />
inmediato bajo la siguiente pregunta:<br />
“¿Qué es la<br />
mejora regulatoria?<br />
Es la política pública que tiene como<br />
objetivo garantizar que la regulación<br />
genere mayores beneficios que costos<br />
y un máximo beneficio para la sociedad.<br />
Es una disciplina que se autoimpone el<br />
gobierno a fin de promover la eficiencia,<br />
transparencia y competitividad en su<br />
quehacer institucional,<br />
La mejora regulatoria no se limita a<br />
desregular procesos burocráticos,<br />
también construye y actualiza el marco<br />
jurídico para subsanar vacíos, mejorar<br />
procesos y reformar la regulación<br />
vigente, sin que la intervención del<br />
gobierno sea excesiva, ineficiente o<br />
responda a intereses particulares.<br />
La mejora regulatoria asegura que la<br />
regulación responda al interés público,<br />
en términos de promover el buen<br />
funcionamiento de los mercados,<br />
incremente la competitividad de la<br />
economía, genere empleos, mejore la<br />
distribución del ingreso y, en general,<br />
eleve el nivel de bienestar de la<br />
población.”<br />
Concatenando ambos conceptos<br />
podemos definir que la mejora<br />
regulatoria es el proceso de política<br />
pública que construye y actualiza de<br />
manera permanente la regulación<br />
Hugo Armando Hernández<br />
“Pluralidad con cinco soles y papalotes a las tres”<br />
Acuarela<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 45
y que esta primordialmente atiende y<br />
responde al interés público, en términos de<br />
promover el buen funcionamiento de los<br />
mercados, incremente la competitividad<br />
de la economía, genere empleos, mejore<br />
la distribución del ingreso y, en general,<br />
eleve el nivel de bienestar de la población<br />
y esta no se limita a desregular procesos<br />
burocráticos, también construye y actualiza<br />
el marco jurídico para subsanar vacíos,<br />
mejorar procesos y reformar la regulación<br />
vigente, sin que la intervención del gobierno<br />
sea excesiva o ineficiente.<br />
La mejora regulatoria en México tiene<br />
historia añeja desde los años. En los<br />
últimos años, México ha tomado medidas<br />
significativas para mejorar su marco<br />
regulatorio, como el Acuerdo Nacional<br />
para la Modernización del Estado, el Plan<br />
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la<br />
Ley de Responsabilidades Administrativas.<br />
Estas iniciativas han contribuido a la<br />
transparencia y el cumplimiento de la ley,<br />
así como a la eficiencia y eficacia de la<br />
administración pública.<br />
Estos incluyen la necesidad de aumentar<br />
el nivel de transparencia y el cumplimiento<br />
de la ley, el fortalecimiento de los<br />
mecanismos de rendición de cuentas,<br />
el mejoramiento de la gestión pública y<br />
la implementación de mecanismos de<br />
participación ciudadana.<br />
Según la Comisión Nacional de los<br />
Derechos Humanos (CNDH), en México<br />
“es necesario fortalecer los mecanismos<br />
de control y vigilancia, así como el<br />
desarrollo de una cultura de legalidad<br />
y transparencia” para luchar contra la<br />
corrupción. La CNDH también ha instado a<br />
las autoridades a “promover la participación<br />
ciudadana, la rendición de cuentas y el<br />
acceso a la información” para contribuir<br />
al combate a la corrupción y la mejora<br />
regulatoria en el país.<br />
Por lo anterior, la facilitación de los<br />
procesos para alcanzar los resultados de<br />
un trámite o servicio frente a una autoridad<br />
de cualquier carácter, debe de estar<br />
diseñado atendiendo a los principios<br />
de eficiencia, eficacia y economía para<br />
el gobernado, con una mínima y de ser<br />
posible nula intervención discrecional del<br />
servidor o funcionario público responsable<br />
de recibir, tramitar, atender, otorgar o<br />
resolver cualquier servicio o trámite,<br />
consecuentemente reduciendo las áreas y<br />
tiempos de riesgo de corrupción.<br />
Con este objetivo como parte de las<br />
acciones llevadas a cabo por el Comité<br />
de Participación ciudadana, acordamos<br />
en el pleno de la misma la solicitud de<br />
incorporarnos al Consejo estatal de mejora<br />
regulatoria. Esto con la finalidad de tener<br />
voz permanente en el diseño de trámites<br />
y servicios y agregar a los principios<br />
rectores de la mejora regulatoria la visión<br />
ciudadana de reducir los espacio de riesgo<br />
de corrupción en los tramites.<br />
Después de este acuerdo y solicitud, es<br />
un logro en este ejercicio ser recibidos<br />
por el pleno de la comisión de mejora<br />
regulatoria y de manera unánime, que<br />
se aceptara que el CPC fuera un invitado<br />
permanente del mismo, logrando así tener<br />
ese espacio de representación con visión<br />
de combate a la corrupción y ciudadanía.<br />
46 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 47
<strong>Anticorrupción</strong><br />
EN EL MUNDO<br />
La lucha contra la corrupción en Singapur<br />
La corrupción es un problema global que socava la confianza<br />
en las instituciones, debilita la economía y perjudica a la<br />
sociedad en su conjunto. Sin embargo, existen países que<br />
han afrontado este flagelo social con mayor ahínco. Tal es el<br />
caso de la República de Singapur, país que ha demostrado un<br />
compromiso inquebrantable en este ámbito.<br />
Por: Lic. en C. María<br />
Teresa Velázquez López<br />
Líder “B” de proyecto,<br />
de la Subdirección<br />
de Difusión y<br />
Comunicación Social de<br />
la SESAEMM<br />
Si bien en muchos territorios se trabaja para erradicar este<br />
problema, Singapur ha ganado reconocimiento internacional<br />
por su firme compromiso en la lucha contra la corrupción<br />
y el ejemplo de que, a pesar de haber experimentado una<br />
transformación impresionante en las últimas décadas, hoy<br />
en día se mantiene con una economía próspera, desarrollo<br />
urbano y tecnológico, y la aplicación de un modelo de éxito<br />
a nivel mundial que ha situado a esta nación al frente de<br />
muchos de los rankings internacionales.<br />
En materia anticorrupción, la organización Transparencia Internacional, que<br />
monitorea la incidencia de este fenómeno a nivel global, ha clasificado a ese país<br />
como uno de los menos corruptos del mundo. En su Índice de Percepción de la<br />
Corrupción de 2022, Singapur ocupó el puesto número 83, solo por detrás de<br />
Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Noruega. (Transparencia International, 2023).<br />
48 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
Puesto no. 83<br />
en el ranking<br />
Ranking Índice de Percepción de la Corrupción (2022)<br />
Transparencia internacional<br />
En este sentido, es conocido por tener una reputación sólida, al implementar medidas para<br />
prevenir, afrontar y castigar hechos de corrupción dentro y fuera de las instituciones, y de<br />
esta forma, considerarse como una de las naciones con mayor integridad a nivel global, al<br />
ser un lugar en donde es imposible sobornar a un policía, dejar libre a una persona privada<br />
de la libertad por influencias políticas o económicas, y en caso de cometer algún delito<br />
relacionado a este flagelo social, existen mecanismos que permiten que esto se investigue<br />
y sancione inmediatamente.<br />
Sin embargo, la eficiencia e integridad que hoy le<br />
destacan, no siempre fueron parte de su historia, ya<br />
que la corrupción fue un problema cultural arraigado<br />
desde la época colonial. Esto cambió gracias al Primer<br />
ministro Lee Kuan Yew, quien, desde su elección en<br />
1959, estableció una serie de leyes y regulaciones en<br />
la materia para fortalecer la integridad y la rendición de<br />
cuentas.<br />
En este año se inició una campaña anticorrupción,<br />
junto con otros líderes del Partido de Acción Popular<br />
(PAP), en la cual se tomaron medidas drásticas para<br />
erradicar la corrupción en el país; y resultó en el arresto<br />
y enjuiciamiento de numerosos funcionarios corruptos,<br />
incluidos miembros del propio partido gobernante y la<br />
promulgación del Acta de Prevención de la Corrupción<br />
(PCA), que sustituía a la Ordenanza de Prevención de la<br />
Corrupción. (Singapore Statutes Online, 2023)<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 49
Esta Ley es una de las más rigurosas y efectivas del<br />
mundo, ya que establece altos estándares de integridad<br />
para los funcionarios públicos y garantiza la transparencia<br />
en todos los niveles del gobierno, además de establecer<br />
disposiciones claras para la investigación y sanción de<br />
estos actos. (PCA 1960, 2021)<br />
Para su correcto funcionamiento, existe la Oficina<br />
de Investigación de Prácticas Corruptas o Comisión<br />
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) agencia<br />
responsable de la investigación y prevención de la<br />
corrupción que, si bien fue establecida en 1952 como<br />
uno de los primeros organismos anticorrupción en el<br />
mundo, se robusteció hasta 1960. (CPIB,2023)<br />
Esta comisión es la única que tiene la responsabilidad de<br />
investigar y prevenir la corrupción en el sector público y<br />
privado; y opera como una agencia independiente que<br />
se dedica a investigar y enjuiciar los casos de corrupción<br />
en el sector público y privado.<br />
Además de la PCA, existen varias normatividades<br />
aplicables en el combate a la corrupción en la nación<br />
singapurense, destacando la Ley de Corrupción, Tráfico<br />
de Drogas y Otros Delitos Graves o Corruption, Drug<br />
Trafficking and Other Serious Crimes (CDSA), establecida<br />
en 1992, Ley que establece el decomiso de los beneficios<br />
derivados de las personas, al cometer estas ilegalidades y<br />
los fines relacionados con ellos. (CDSA, ACT 1992; 2020)<br />
De igual forma dio cuenta de su compromiso ante las<br />
Naciones Unidas donde, en noviembre de 2011, firmo la<br />
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción<br />
(CNUCC); y posteriormente, el 6 de noviembre de 2009<br />
hizo entrega de su instrumento de ratificación, entrando<br />
en vigor el 6 de diciembre de 2009. (UNOC, 2015)<br />
Singapur ha establecido estas medidas no solo en<br />
su sistema penal, sino que también ha centrado sus<br />
esfuerzos en fortalecer la educación y la conciencia<br />
pública como herramientas para combatir la corrupción.<br />
El país realiza campañas de sensibilización y educación<br />
dirigidas a la población en general, para promover una<br />
cultura de integridad y ética en la sociedad; dichas<br />
iniciativas ayudan a crear conciencia sobre sus riesgos<br />
y consecuencias, como el documento Pact: A Practical<br />
Anti-Corruption Guide for Businesses in Singapore<br />
(2018) en el que se plasman buenas prácticas para las<br />
relaciones y negociaciones comerciales. (CPIB, 2018)<br />
50 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
En resumen, Singapur ha sido un ejemplo<br />
destacado en la lucha contra la corrupción a<br />
nivel mundial ya que, a través de la creación<br />
de instituciones y la implementación de leyes<br />
y regulaciones anticorrupción, esta nación ha<br />
logrado reducir significativamente los niveles<br />
de corrupción y mantener una imagen de<br />
integridad y transparencia en el gobierno.<br />
El bajo nivel de corrupción que este territorio<br />
ha mantenido hasta ahora, es un reflejo de que<br />
las nuevas generaciones de singapurenses<br />
son conscientes desde temprana edad del<br />
daño que la corrupción puede causar en<br />
una sociedad y a pesar de este logro, su<br />
gobierno continúa trabajando en involucrar<br />
a sus ciudadanos en la cultura de la legalidad<br />
y garantizar que la actitud de tolerancia cero<br />
hacia la corrupción continúe siendo parte de<br />
su cultura. Dicho esto, mantener un Singapur<br />
limpio implicará que el gobierno en turno<br />
continúe siendo ese motor que lleva a casa<br />
el mensaje de integridad e incorruptibilidad y<br />
aplique la normatividad existente.<br />
Pact: A Practical Anti-Corruption Guide for Businesses<br />
in Singapore<br />
FUENTES:<br />
• CPIB (2018) Pact: A Practical Anti-Corruption Guide for Businesses in Singapore (consultado en mayo<br />
de 2023) disponible en: https://www.cpib.gov.sg/files/pact_2018.pdf<br />
• Naciones Unidas (2015) Grupo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones<br />
Unidas contra la Corrupción, disponible en: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/<br />
WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1505043s.pdf<br />
• Página oficial de The Corrupt Practices Investigation Bureau (consultado en mayo de 2023) Mission,<br />
Vision, Core Values, https://www.cpib.gov.sg/who-we-are/our-corporate-philosophy/missionvision-core-values/<br />
• Página oficial de The Corrupt Practices Investigation Bureau (consultado en mayo de 2023) Roles &<br />
Functions, https://www.cpib.gov.sg/who-we-are/our-work/roles-functions/<br />
• Página oficial Singapore Statutes Online (2021) PCA 1960, Prevention of corruption Act 1960, https://<br />
sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960<br />
• Página oficial Singapore Statutes Online (2020) Corruption, Drug Trafficking<br />
• And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act 1992, consultado en mayo de 2023 en: https://<br />
sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992<br />
• Transparencia Internacional (2022) Corruption Perceptions Index, https://www.transparency.org/en/<br />
cpi/2022<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 51
¿Qué leer?<br />
TEORÍA DEL DELITO<br />
Y SISTEMA ACUSATORIO<br />
Autores: Manuel Valadez Díaz y Carlos Enrique Guzmán González<br />
Los autores del libro consideran que el sistema penal acusatorio se basa indiscutiblemente<br />
en la teoría jurídica del delito, siendo ésta un sistema que genera lógica para saber si nos<br />
encontramos ante un delito o no.<br />
Es sabido para aquellos que ejercen el derecho, que la dogmática jurídica penal expone los<br />
conocimientos para su análisis, interpretación y aplicación del derecho positivo, con el que<br />
se pretende dar una respuesta a la criminalidad con la finalidad de mejorar los márgenes<br />
de la punibilidad.<br />
Por ello, se considera que esta obra se ganará al lector, debido a que cuenta con diversos<br />
conceptos que nos esclarecen de una manera simplificada la teoría del delito, así como lo<br />
medular del sistema penal acusatorio, en particular aquellos elementos que no podemos<br />
dejar de observar al defender o acusar a una persona, que posiblemente realizó una<br />
conducta, misma que posteriormente se podría considerar un delito.<br />
En ese entendido, se considera que el presente libro se podría tomar como una guía<br />
para aquellos postulantes de derecho, ya que les ayudara a no dejar de lado elementos<br />
importantes al armar su teoría<br />
del caso.<br />
* Colaboración del<br />
Dr. Rodrigo Archundia<br />
Barrientos, Fiscal<br />
Especializado en Combate<br />
a la Corrupción<br />
52 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>
UN MEXICANO MÁS<br />
Autor: Juan Sánchez Andraka<br />
Esta vez, recomiendo ampliamente el cuento “infantil” UN MEXICANO MÁS, de Juan<br />
Sánchez Andraka, en el cual se nos presenta las graves contradicciones nuestra vida<br />
familiar, social y política.<br />
En dicho cuento, se nos narra la vida de Antonio Mendoza, un estudiante de secundaria de<br />
provincia, el cual está ansioso de aprender, de conocer, de saber más; sin embargo, en su<br />
camino se encuentra con un profesor ignorante y alcohólico con nula vocación docente,<br />
unos padres de familia despreocupados por la educación de su hijo y una liga juvenil<br />
promocionada por el “partido oficialista” que en vez de guiar a las nuevas generaciones<br />
hacía el progreso, deforma sus pensamientos y aspiraciones a conseguir lo que millones<br />
de mexicanos desean, la adquisición de dinero.<br />
Un cuento que aun y cuando fue publicado en 1985 sigue tan vigente, en el cual se nos<br />
narra de forma sencilla y brutal como millones de mexicanos se ven envueltos en una vida<br />
sin ambiciones, resultado de un sistema educativo, político y social obsoleto.<br />
Este cuento lo recomiendo ampliamente por ser un reflejo de nuestra sociedad, y una guía<br />
de lo que NO se debe hacer como padres de familia, como docentes, como servidores<br />
públicos y en general como mexicanos. Ideal para leerlo y reflexionar ¿Qué clase de<br />
México queremos?<br />
*Colaboración de José Benjamín Cabrera Rivera, Asesor Comisionado<br />
de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del<br />
Estado de México.<br />
<strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong> | 53
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN<br />
/SESAEMM<br />
@SESAEMM_<br />
www.sesaemm.gob.mx<br />
Tel. 722 914 6034<br />
54 | <strong>Experiencia</strong> <strong>Anticorrupción</strong>