Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

En línea con la teoría y la amplia evidencia histórica, parece claro que la
adecuada y sostenible gestión del medio ambiente en España debe pasar por
el escrupuloso respeto del Estado hacia la propiedad privada, individual y
comunal. Es decir, el Estado no sólo debe abstenerse de intervenir sobre los
dominios privados individuales, sino también sobre todos los condominios
privados como pueden serlo las tierras comunales o las comunidades de
regantes. Asimismo, el Estado también debería devolverles la propiedad de
los bienes comunales a aquellos grupos humanos que venían utilizándolos
antes de su expropiación por parte del sector público: es el caso de, por
ejemplo, los ríos —nacionalizados en 1853—, los acuíferos subterráneos —
que en su mayoría pasaron a dominio público a partir de 1985—, o de los
caladeros de pesca —que se hallan integrados dentro del mar territorial, es
decir, de la zona del mar bajo absoluto control del Estado—. En ausencia de
propietarios claramente legítimos sobre cada uno de estos recursos,
deberían ser traspasados a sus usuarios efectivos (por ejemplo, los ríos a las
comunidades de regantes; los parques municipales a las comunidades
privadas de propietarios en las que se encuadren; los parques naturales a
aquellas ONG que, como el National Trust británico, se interesen por
costear su cuidado y protección, etc.). Lejos de hiperregular el medio
ambiente, se ha de permitir que sean los distintos grupos sociales los que lo
autorregulen para, por un lado, alinear sus incentivos particulares con la
protección del entorno y, por otro, internalizar las externalidades propias de
todo ecosistema.
Ahora bien, cabe plantearse qué sucede en aquellos casos en los que
las externalidades ecológicas tienen efectos difusos y acumulativos, de tal
modo que no pueden conectarse los daños con la acción de un único
individuo o de un acotado grupo de individuos. Como ya hemos dicho,
muchas de esas externalidades podrán solventarse mediante la negociación
de las partes: si los automóviles contaminan el aire de una ciudad (o de
varias ciudades), el gobierno de la urbanización privada (o una
mancomunidad de esos gobiernos) puede aprobar normas que restrinjan la
circulación.