Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

obligaciones positivas dirigidas a conservar sus dominios en un estado
adecuado para no perturbar el disfrute de esas servidumbres por parte de los
antiguos copropietarios así como a evitar la generación de externalidades
negativas sobre ellos. Estas obligaciones positivas implican una serie de
costes (reparación de cañerías, servicio de recogida de basuras,
mantenimiento de las aceras, etc.) que claramente tienden a reducirse —en
términos medios— cuando aumentan el número de usuarios. Por
consiguiente, a partir de cierto nivel —variable según las circunstancias—,
una adicional subdivisión de las copropiedades de los espacios comunes
acarrea parcos beneficios (pues la magnitud de las servidumbres absorbería
casi cualquier potestad como propietario) y crecientes costes (debido a que
los servicios comunitarios son más baratos cuando se prestan
comunitariamente), lo que de por sí serviría para poner freno a su uso
indiscriminado.
En definitiva, las ciudades actuales pueden pasar a convertirse en
condominios privados por la vía de la división consensual, arbitral o
judicial de los espacios comunes. De este modo, los ciudadanos podrán
conformar asociaciones voluntarias de propietarios encargadas de gestionar
sus espacios comunes según sus necesidades específicas y no según las de
terceros ajenos a las mismas. Gracias a ello, se intensificará la competencia
institucional no sólo entre municipios sino dentro de cada municipio y,
además, se facilitará una mejor gestión del problema de las externalidades
(si, por ejemplo, una determinada externalidad afectara sólo a una parte del
municipio, debería ser internalizada sólo por esa parte del municipio). La
subdivisión de los condominios no será, empero, ilimitada, ya que las
obligaciones insertas en el convenio regulador tienden a reducir los
beneficios de la división y a incrementar sus costes.
Por último, aquellos vecinos que no hayan optado por separarse de los
ayuntamientos estatales —ya sea creando una nueva ciudad o separándose
de alguna ya existente— seguirían obligados a financiar sus servicios,
idealmente a través de tasas. El ayuntamiento estatal puede ser observado
como un suministrador competitivo más de servicios necesarios para la
comunidad; servicios que, como hemos visto, pueden ser prestados por
otros municipios de libre creación o por la autoorganización interna de