Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

estatal. Pero eso no quita para que pueda revertirse este indeseable proceso
que ha tendido a nacionalizar la unidad básica de convivencia humana. Para
ello pueden emplearse tres vías.
La primera vía, la más genuinamente privada, es la creación desde cero
de nuevas ciudades. Un promotor inmobiliario (en un sentido amplio, esto
es, incluyendo la promoción cooperativa de los propietarios futuros)
encargado de la construcción de miles de viviendas puede,
simultáneamente, responsabilizarse del planeamiento urbanístico y de la
construcción y el mantenimiento de los espacios comunes (carreteras,
alcantarillado, alumbrado, parques, plazas, etc.): únicamente deberá
enajenar, junto a la propiedad de cada inmueble, una cuota de copropiedad
sobre las zonas comunes de la ciudad, incluyendo entre ellas sus órganos de
gobierno (dedicados, entre otros menesteres, a consensuar unánimemente
los estatutos que establecerán los derechos y las obligaciones de cada
copropietario sobre las zonas y servicios comunes). Otra opción más
ambiciosa sería que el promotor construyera las viviendas, se dedicara a
alquilarlas y corriera él con los gastos de mantenimiento y la regulación de
las zonas comunes (como sucede en los hoteles y grandes complejos
turísticos). En el primer caso tendríamos una propiedad privada comunal,
en el segundo una propiedad privada individual: en ambos casos, los
problemas de externalidades y de bienes públicos asociados a la provisión
de servicios municipales quedarían plenamente solventados.
En Estados Unidos hay 62 millones de personas —un quinto de la
población— que viven en comunidades privadas de propietarios
(Homeowner Associations). Cuando una persona adquiere un inmueble
situado dentro de estas comunidades está, a su vez, adquiriendo una cuota
de copropiedad sobre los espacios (calles, alcantarillados, alumbrado,
piscinas...) y sobre los órganos de gobierno que determinan tanto los
estatutos por los que se rigen todos los copropietarios como los servicios
que deben prestarse (limpieza, seguridad...). Las normativas aprobadas por
el órgano privado de gobierno pueden ser en algunos casos muy laxas, pero
en otros pueden llegar a ser bastante detalladas (normas arquitectónicas o
estilos de vida), según cuál sea la percepción de los residentes sobre la
importancia de las distintas externalidades (McKenzie, 2003).