Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

incluso dentro del encorsetado marco de nuestros hiperEstados actuales, la
sociedad está recurriendo crecientemente a las cortes de arbitraje para
solventar sus disputas (Benson, 1990). El Estado sólo debería seguir
manteniendo tribunales de la jurisdicción penal y administrativa, y
únicamente para aquellos casos en que las partes no escojan un árbitro
privado que interprete y aplique la legislación estatal. Así, según el anuario
de La Justicia Dato a Dato de 2012, elaborado por el Consejo General del
Poder Judicial, el 34,3 por ciento de los 3.962 órganos judiciales que hay en
España eran órganos exclusivamente civiles o de lo social, de modo que
podría prescindirse de la mayor parte de los mismos. Además, hay que tener
en cuenta que previsiblemente tendría lugar una considerable reducción de
la litigiosidad derivada de la minoración, simplificación y clarificación de la
normativa pública y privada por la que se rigen los españoles, sobre todo si
se suprimen muchos «crímenes sin víctima» del Código Penal. Por nuestra
parte, hemos estimado de manera conservadora el potencial ahorro de
ambas reformas en torno a un 25 por ciento del coste total actual, es decir,
en torno a los 1.000 millones de euros.
Por otro lado, la segunda pata de todo Estado de Derecho es, como ya
vimos, la posibilidad de aplicación última de las normas a través del uso de
la fuerza. La preservación del ordenamiento jurídico puede ser necesaria
frente a las amenazas exteriores y frente a las amenazas interiores: de las
primeras se encarga el ejército y de las segundas, los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado. Sobre el ejército no vamos a realizar grandes
sugerencias de reformas: en 2011, el Estado español gastaba 11.400
millones de euros en Defensa, de los cuales 1.200 millones se dirigían a
asistencia militar en el exterior.
En esta sede, acaso convenga aclarar cuál debería ser la postura de un
Estado liberal frente a los conflictos bélicos. Podríamos resumirla en una
sencilla frase: «paz y libre comercio». Es decir, el Estado liberal no debe
convertirse en un Estado imperialista que intente explotar o civilizar al resto
del mundo: su misión no es conquistar nuevos territorios sino simplemente
defender los derechos de sus ciudadanos frente a agresiones externas. Por
ello, el ejército sólo debería emplearse con propósitos exclusivamente
defensivos y no con espurios propósitos ofensivos. Thomas Jefferson ligó el