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Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

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Evidentemente, el Estado debería evitar que la socialización de parte

del gasto sanitario permitiera a los proveedores privados lucrarse elevando

los precios y multiplicando la oferta de servicios: como ya hemos

estudiado, la combinación de una oferta liberalizada y de una demanda

socializada es la peor posible, por cuanto tiende a hipertrofiar los costes. En

este sentido, el Estado debería dedicarse a hacer lo mismo que dentro del

sistema público, a saber, racionar el gasto sanitario. Para ello, habría que

definir las prestaciones y los proveedores cuyo coste cubre el Estado; de

hecho, en su calidad de demandante cuasi monopsónico (sería el comprador

mayoritario durante muchos años), el Estado debería incluso llegar al

extremo de negociar precios a la baja con estos proveedores a quienes les

asegura una clientela fija.

Con estas condiciones, podemos calcular el gasto sanitario del que

seguiría haciéndose cargo el Estado durante la transición. Atendiendo a los

datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, el grupo de edad entre cincuenta

y cinco y sesenta y cuatro años supone un gasto sanitario medio por

habitante de 1.950 euros; entre sesenta y cinco y setenta y cuatro, de 3.250

euros y por encima de setenta y cinco se dispara a 4.125 euros. Dado que el

Estado sólo se haría cargo de la parte no cubierta por el capital de las

cuentas de ahorro sanitario, los desembolsos totales necesarios a partir de

2015 oscilarían entre 20.000 y 30.000 millones de euros anuales, para ir

descendiendo progresivamente a partir de 2045. Es decir, la socialización

sanitaria del gasto desaparecería en cincuenta años.

Así pues, la financiación del gasto sanitario que seguiría cubriendo el

Estado requeriría de un tributo del 3 por ciento sobre las rentas del trabajo y

del capital, lo que sumado al tributo necesario para financiar las pensiones

llevaría la fiscalidad extraordinaria para desmantelar el Estado de bienestar

entre el 11,5 por ciento y el 13,5 por ciento.

DDeuda pública

No hay nada necesariamente malo en que un Estado emita deuda para

financiar gastos cuya repercusión trascenderá a varios ejercicios: como

haría cualquier familia o empresa privada, las inversiones a largo plazo de

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