Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

estructural asociado al cambio de modelo de Estado podría llegar a ser
demasiado doloroso en el corto plazo. * Además, las primeras
liberalizaciones que habría que implementar deberían ser aquellas que
tuvieran una influencia más inmediata y favorable sobre el crecimiento
económico, por ejemplo la apertura comercial, la supresión de las
subvenciones o la liberalización del mercado de trabajo. Pero, en cualquier
caso, una sociedad que quiera alcanzar mayores cotas de libertad deberá ser
consciente de que a corto plazo su nivel de actividad económica muy
probablemente se resentirá: la clave es que la reestructuración se complete
lo antes posible, para lo cual la economía requerirá de mucha flexibilidad.
El segundo de los problemas es de cariz jurídico-institucional y es
mucho más serio que el anterior: el riesgo de que la privatización de
amplios sectores del Estado termine siendo capturada por lobbies y
oligarcas. En tanto en cuanto la desaparición del Estado conlleva la
reasignación masiva de derechos de propiedad dentro de una sociedad,
existe un más que evidente riesgo de que esa reasignación se efectúe del
peor modo posible en beneficio de los grupos de presión. Con tal de
minimizar ese riesgo, la transición debería efectuarse de abajo arriba y no
de arriba abajo; a saber, de lo que se trata es de que el Estado se retire de
aquellas áreas que jamás debería haber ocupado y no de que planifique un
nuevo orden liberal desde cero.
En definitiva, el prerrequisito esencial para alcanzar un Estado mínimo
es que la sociedad desee alcanzar ese Estado mínimo: no es función de los
políticos imponer sus programas de reforma a las convicciones de la
población, sino que debe ser la población la que exija y reclame la retirada
del Estado. A su vez, allí donde sea posible, el Estado debería limitarse a
reconocer derechos de propiedad preexistentes o informales en lugar de
crearlos desde cero: a saber, allí donde existiera con anterioridad propiedad
privada (nacionalizaciones estatales) o allí donde siga existiendo a pesar de
que el Estado no la reconozca formalmente (por ejemplo, propiedades
comunales no inscritas en ningún catastro o registro de propiedad), el
Estado deberá limitarse a restituir o respetar esos derechos de propiedad. *