Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

utiliza la red de transporte y distribución o que tengan la obligación de
remunerar unas centrales de régimen especial cuya generación no consumen
salvo excepcionalmente.
Por motivos evidentes, al peaje de respaldo también se le ha
denominado «peaje al sol», ya que las principales afectadas son las
centrales solares de autoconsumo. El despropósito del intervencionismo
estatal en esta sede, pues, es máximo: en una primera etapa el Estado se
dedicó a remunerar de manera desproporcionada la instalación de centrales
fotovoltaicas dentro de las primas de régimen especial bajo el declarado
objetivo de promover su proliferación; años después, y habida cuenta del
sobrecoste adeudado durante varias décadas en concepto de primas, ha
optado por perjudicar y encarecer muy notablemente el autoconsumo solar,
frenando en seco la nueva instalación de este tipo de centrales que podría
suponer una innovación competitiva verdaderamente disruptiva frente al
modelo tradicional de las grandes eléctricas.
Claramente, sólo desde el sarcasmo podría afirmarse que el sector de
la generación eléctrica en España es el propio de un mercado libre: ni su
estructura de producción ni su estructura de costes han sido determinados
por la experimentación descentralizada de empresarios e inversores sino por
la planificación centralizada del poder político.
Algo parecido sucede con el tramo de la comercialización. Como
sabemos, la tarea del comercializador es la de coordinar la oferta de
electricidad por parte de las centrales generadoras con su demanda por parte
de sus clientes: su operativa consiste en comprar electricidad en los
mercados mayoristas (donde venden los generadores) y venderla en los
mercados minoristas (donde compran los usuarios finales), obteniendo
ganancias a través del diferencial de precios. Lo lógico, por tanto, sería que
el precio cargado por el comercializador en el mercado minorista sirviera
para cubrir sus costes en el mercado mayorista, tanto los vinculados a la
generación como los relacionados con el transporte y la distribución. Sin
embargo, el Gobierno decidió intervenir en los precios del mercado
eléctrico, alterando profundamente la coordinación entre oferta y demanda.