Rallo-Una-Revolución-Liberal-para-España

electricidad se redujeron en términos reales un 92 por ciento (Kander, 2014)
gracias a la competencia de más de 800 compañías eléctricas distintas, lo
que no fue óbice para que en 1926 el gobierno empezara a intervenir en el
mercado eléctrico con la excusa de estandarizarlo. En España, el número de
compañías eléctricas entre 1900 y 1917 creció de 99 a 280 (Bartolomé,
2007) y los precios de la electricidad llegaron a caer un 81 por ciento, desde
1,1 pesetas el kWh a 0,2 pesetas (Cayón, 2002).
En Estados Unidos, la regulación estatal de los mercados eléctricos no
comenzó en la mayoría de estados hasta bien entrada la segunda década del
siglo XX, si bien a un ritmo contrario al que cabría esperar atendiendo a la
teoría del monopolio natural: aquellos estados que más tempranamente
regularon la electricidad exhibían —antes de la entrada en vigor de esa
regulación— unos niveles de precios un 46 por ciento menores (y las
eléctricas un margen de beneficios un 38 por ciento inferiores) a los de
aquellos otros estados que más tarde la regularon; circunstancia que parece
indicar que la motivación política de la regulación no cabe hallarla en el
pretexto de evitar la explotación de los consumidores, sino acaso en otra
parte (Jarrell, 1978).
¿Dónde? En el interés de las propias compañías eléctricas por regular
el mercado con el propósito de cerrar la entrada a nuevos competidores que
les estaban forzando a bajar precios. Célebre es el caso del magnate del
sector Samuel Insull, considerado uno de los principales lobistas a favor de
la regulación eléctrica. Ya desde 1898 Insull venía reclamando que: «Con
tal de proteger a los ciudadanos, las licencias exclusivas a las compañías
eléctricas deben combinarse con un control estatal mediante el cual
organismos estatales fijen las tarifas considerando el coste de las eléctricas
más un margen de beneficios razonable. Cuanto más se proteja al sector,
menor será el tipo de interés y el coste total de la industria y,
consecuentemente, el precio que se cargue a los consumidores privados»
(Insull, 1924). En definitiva, el origen de la regulación estatal sobre el
mercado eléctrico deriva más bien del exceso de competencia que
presionaba a la baja los precios en favor de los consumidores y erosionaba
los márgenes de rentabilidad de las compañías asentadas. No hay rastro
alguno de monopolio natural.