REVISTA NOBIS VERACRUZ_compressed

¿Qué condiciones necesita México para su desarrollo
democrático y su crecimiento político y económico?
Tras la primera mitad de este sexenio presidencial, los
diferentes actores de la arena política –Órdenes de
Gobierno, Poderes de Estado, instituciones electorales,
partidos políticos y ciudadanía– debemos estar
comprometidos en el desarrollo de políticas públicas de
cara a la renovación de Poderes de 2024, de manera que las
dinámicas de crecimiento y bienestar social se enfoquen en
indicadores determinantes para tal efecto, desmenuzados
en estas páginas bajo el diagnóstico de académicos, líderes
de opinión, periodistas y politólogos. Por ello, la presente
edición reúne una diversidad de voces que analiza el
panorama de crecimiento de México en las aristas más
trascendentes y urgentes bajo un diálogo abierto y público.
Bienvenidas y bienvenidos
todos a esta conversación.
NOBIS, Veracruz.

24
Perspectivas de la
Educación en la Post
Pandemia
Dr. José Luis Soto Ortiz
COLABORADORES
10
Derechos Políticos,
Equidad e Igualdad
en la Contienda Electoral
José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo
16
Racionalidad / Irracionalidad
y toma de decisiones
Fabio Fuentes Navarro

28
El nulo desarrollo en Veracruz.
Los factores que lo obstruyen
(1980-2022)
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
42
Institucionalizar
el derecho a la paz,
desde lo local
Jorge A. Silva Rodríguez
46
Más allá de la misoginia
y el abstencionismo
Mónica Mendoza Madrigal
49
Democracia y Juicio Político,
en el contexto del
Procedimiento
de revocación de mandato
Pedro Contreras Hernández

Colaboradores
DR. JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO. Fue magistrado de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desempeñándose como su
Jorge Alberto Silva Rodríguezpresidente del 2000 al 2004.
Tiene el privilegio de contarse entre los pioneros y testigos de la nueva realidad que, en materia
electoral, vive actualmente nuestro país, en virtud de que desde 1987, año en que se creó el
entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral, fue nombrado Magistrado Supernumerario del
mismo, puesto en el que se desempeñó hasta el año de 1990.
FABIO FUENTES NAVARRO. Profesor de Tiempo Completo en el Departamento de Investigación
de la Universidad Pedagógica Veracruzana. En la Universidad de La Salle (San José,
Costa Rica) realizó sus estudios de Doctorado en Educación con Especialidad en Mediación
Pedagógica.
JOSÉ LUIS SOTO ORTIZ. Doctor en Sistemas y Ambientes Educativos con mención
honorifica y Maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Veracruzana. Acumula
más de 20 años de ejercer la docencia en Educación Superior. Sus líneas de investigación están
centradas en la psicología del aprendizaje mediado por TIC en contextos presenciales, híbridos
y virtuales. Autor de diversos artículos publicados en revistas arbitradas e indizadas, tanto a
nivel nacional como en el extranjero. Actualmente es Investigador Nivel 1 por el CONACYT,
académico de la UPV, de la Facultad de Estadística e Informática de la UV y del IUV.
EDUARDO SERGIO DE LA TORRE JARAMILLO. Abogado y sociólogo, Universidad
Veracruzana. Especialidad en Cultura de la Legalidad en FLACSO-México. Maestría en
Teorías Críticas del Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía. Maestría en
Ciencia Política y Administración Pública del Centro Latinoamericano de Estudios Superiores.
Master en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset. Doctor en
Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de asignatura en la
Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.
6

Colaboradores
JORGE ALBERTO SILVA RODRÍGUEZ. Economista con estudios de maestría en
Administración y Políticas Públicas por Centro de Investigaciones y Docencia Económicas
(CIDE). Fue funcionario por más de una década del Banco de Desarrollo de América del Norte
(NADBank por sus siglas en inglés) y actualmente se desempeña como Socio-Consultor en
Políticas Públicas, Investigador Asociado de GAPAC, A.C. (Gobierno y Análisis Político, A.C.),
Director General de Fundacrover, A.C. (Fundación de la Crónica de Veracruz, A.C.), analista en
Radio y Catedrático.
DRA. MONICA MENDOZA MADRIGAL. Comunicóloga política y feminista. Doctora en
Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, México; Maestra en
Comunicación Política por CADEC y Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con estudios
sobre Violencia Política en Razón de Género (Instituto Belisario Domínguez); Género (El
Colegio de México); Comunicación, Derechos Humanos y Género (Comunicación para la
Igualdad); Comunicación Política (UNAM); Gobernanza y Participación Ciudadana (Instituto
Mora); Comunicación y Gestión Política (Universidad Veracruzana). Con más de 20 años de
experiencia haciendo estrategias de comunicación en campañas políticas y en instituciones
públicas. Fue titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos
de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz y antes fue Directora de Comunicación Social
de la Presidencia de la República en el pasado sexenio, entre otros cargos públicos. Académica,
activista y participante activa en los medios de comunicación en donde escribe la columna La
Agenda de las Mujeres https://mujeresconstruyendo.com/profile/MonicaMendozaMadrigal.
Es del libro “El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz” y tiene
capítulos en 4 libros colectivos, además de otros textos publicados. En 2020 fue galardonada
con la Medalla "Leona Vicario Madre de la Patria" por su trabajo en favor de los derechos
humanos de las mujeres. Hoy dirijo mi propia consultoría que se llama Gramma Comunicación.
PEDRO CONTRERAS HERNÁNDEZ. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana.
Maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Xalapa. Doctorando en el Doctorado
en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Docente
por asignatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana desde 2006. Servidor
público en la administración pública estatal y municipal, así como en organismos electorales
autónomos.
7

SEMBLANZA
El Doctor José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo logró ocupar los
máximos cargos dentro de la
carrera judicial. Fue magistrado
de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, desempeñándose
como su presidente del 2000 al 2004.
Tiene el privilegio de contarse entre los
pioneros y testigos de la nueva realidad que, en
materia electoral, vive actualmente nuestro país, en
virtud de que desde 1987, año en que se creó el
entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral, fue
nombrado Magistrado Supernumerario del mismo,
puesto en el que se desempeñó hasta el año de 1990.
Dos grandes pasiones coexisten en la vida profesional
de Fernando Ojesto Martínez, el Derecho
Electoral, área a la que ya se ha hecho referencia de
algunos aspectos de su desempeño, y, como
veremos a continuación, la academia.
Al concluir su educación secundaria,
Fernando Ojesto Martínez Porcayo continuó sus
estudios en el Plantel número 6 de la Escuela Nacional
Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Alma Mater de la que nunca
más se separaría, toda vez que, en el seno de la
misma, continuó estudiando en la Facultad de
Derecho, obteniendo la licenciatura con mención
honorífica y posteriormente, después de cursar la
Maestría en Administración Pública y Políticas
Públicas en la London School of Economics and
Political Science, en Londres, Inglaterra, obtuvo el
grado de Doctor en Derecho en la División de
Estudios de Posgrado de su querida Facultad de
Derecho.
En 1981, ingresó al cuerpo docente de la
Facultad de Derecho de la UNAM como Profesor de
Asignatura “A” en la materia de Introducción al
Estudio del Derecho, de la que titular por oposición.
Posteriormente impartió también las materias de
Derecho Económico y Filosofía del Derecho,
además de haber sido profesor adscrito al Seminario
de Derecho Mercantil de la misma Facultad.
En la Facultad de Estudios Superiores
Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de
México, ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora
de Profesores de Introducción al Estudio del
Derecho, y Profesor, en la Maestría, de la materia
Problemas Sociales Económicos y Políticos del
Estado Mexicano.
De igual manera ha formado parte del
cuerpo docente del Posgrado en la Universidad del
Valle de México, impartiendo las materias de
Instituciones del Sector Público y Teoría de la
Administración Pública.
En la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Derecho de la UNAM, ha impartido la
cátedra de Teoría Jurídica Contemporánea, Derecho
Procesal Electoral, Teoría Jurídica Electoral y Judicialización
Electoral, ésta última también impartida en
el posgrado de la FES Aragón.
No es casual que la docencia y el desarrollo
académico, especialmente en la UNAM, sean una
parte fundamental de la vida profesional del
Maestro José Fernando Ojesto Martínez Porcayo,
quien desde su infancia creció inmerso en los
acontecimientos del diario devenir de la llamada
Máxima Casa de Estudios, convencido de las
satisfacciones que proporciona la noble tarea de la
enseñanza, en virtud de que su padre, el Licenciado
Fernando Ojesto Martínez Díaz, maestro de
entrañable memoria, igualmente dedicó gran parte
de su vida a la cátedra en la misma Universidad,
llegando a ser Director de la Facultad de Derecho.
La conjunción de las características personales
del Dr. José Fernando Ojesto Martínez
Porcayo, entre las que destacan la vocación por el
estudio, el trabajo y la docencia, lo hacen un profesional
completo, preocupado por el destino de las
nuevas generaciones, actitud que manifiesta en los
hechos impulsando constantemente y dando
oportunidades de desarrollo a los alumnos que han
sido destinatarios de sus cátedras.
1 Doctor en Derecho por la UNAM.
ExPresidente del TEPJF.
9

Derechos Políticos,
Equidad e Igualdad
en la Contienda Electoral
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo¹
Los Derechos Políticos son el producto de diversas revoluciones,
tanto del pensamiento como de movimientos sociales.
2 Giovanni Sartori, Qué es la Democracia,
Tribunal Federal Electoral, Instituto
Federal Electoral. México, 1993, pp 148 y
sigs.
3 Ibídem..
Primera Revolución.
En la Europa medieval, los nacientes principados
y Estados, consideraban a la diversidad y al extraño
como causa de ruina, como cuente de discordia y de
inseguridad y de desorden, y por tanto la unanimidad
era una virtud apreciada, el fundamento necesario de
los gobiernos (unidad religiosa, unidad de mando, es
decir poder único y absoluto, monopolio de la fuerza
especialmente como posibilidad de defensa ante los
invasores).
En el renacimiento se opera un cambio
revolucionario en el pensamiento. A partir de la reforma
protestante y las consiguientes guerras de religión,
crueles y devastadoras, los gobiernos tuvieron que
hacer concesiones para evitar el exterminio. Entre 1562
y 1648, se empezó a ver “con sospecha la uniformidad y
a apreciar la disidencia (dissident) la variedad”.2
Así la génesis de las democracias liberas está
fundada en el principio de la tolerancia, en la idea de que
la diferenciación y no la uniformidad constituyen “…la
levadura y el más vital alimento para la convivencia.”3
La tolerancia como valor produce el respeto a
la libertad individual. El liberalismo como filosofía
política predica el respeto a la singularidad al derecho
del hombre a buscar su propia e individual felicidad.
El cambio de perspectiva, el descubrimiento
de que la disidencia, la diversidad de opiniones y creencias,
el contraste, no son enemigos de un orden social
que goce los basamentos de movimientos sociales
revolucionarios. En Inglaterra, Francia, Estados Unidos
de Norteamérica y en nuestros países latinos, los
movimientos armados, producen
documentos fundacionales, las constituciones liberales.
En estas se consagran las libertades esenciales e
inalienables de los hombres. Aparece la primera
generación de los derechos políticos: la libertad de
expresión y de reunión.
Estas libertades políticas primarias; la
libertad de pensamiento, el derecho a divulgarlo y el de
revivirse con fines políticos de participación son los
derechos garantes del pluralismo, un valor esencial de
la democracia.
Se impone en el terreno político el moderno estado
liberal democrático de derecho.
La única fuente de derecho es la ley. El
estado crea la ley por medio de los poderes constituidos
y a través de procedimiento formales, a la vez que
se compromete a que sea observada (monopolio de la
fuerza), también sirve para limitar su poder, y adquiere
su legitimidad a través de la legalidad.
El estado constitucional se caracteriza por
tener una división de poderes (a efecto de evitar su
concentración y por ende su abuso), el reconocimiento
de la soberanía popular y la existencia de derechos
subjetivos públicos del hombre y del ciudadano,
tutelados o protegidos de los abusos del poder por
medios jurídicos.
10

Segunda Revolución.
Los excesos del nazismo principalmente,
hicieron pensar, después de la Segunda Guerra Mundial,
que había que tener sistema jurídicos que impidieran
que los propios poderes legislativos tuvieran la facultad
de alterar el respeto a los derechos fundamentales.
Sobretodo en Europa, se planteó la necesidad
de contar con órganos de protección de los derechos
humanos contenidos no solo en las Constituciones, sino
también los reconocidos en instrumentos internacionales.
Estos denominados “órganos de control constitucionales”
o “Tribunales Constitucionales”, fueron implementados
gradualmente desde la Constitución austriaca
(impulsada por Hans Kelsen, principal representante de
la escuela vienesa).
Bajo nuevas tipologías conocidas algunas
veces como: “neocontractualistas”, “neokantianos”,
“neoconstitucionalistas”, “garantistas”, “antiformalistas”,
el pensamiento jurídico actual considera que existe
un núcleo “duro” o intocable, una esfera de los indecidible,
un bloque de constitucionalidad que se encuentra
protegido aún en contra de las intervenciones del poder
revisor de la Constitución.
La premisa mayor es que si bien el “estatus”
jurídico fundamental de las personas, no puede
disminuirse, sí es susceptible de ampliación, extensión o
adición.
Los derechos humanos siempre deben potenciarse
y expandirse a lo máximo y sobre todo hacerse
efectivos, operantes en la realidad; o como diría el
inolvidable profesor, español-guatemalteco, Don Luis
Recasens Siches, convertirse en “vida humana
objetivada”.4
El insigne procesalista italiano Mauro Cappelleti,5
ha documentado la evolución del movimiento de la
protección jurídica de los derechos humanos, en el siglo
pasado en Norteamérica con el judicial review y en el
resto de América y Europa a través del surgimiento de
órganos de control de la Constitución o Tribunales
Constitucionales, en este tenor, se aboga por una nueva
forma de interpretación del derecho en al que la Constitución
garantice la vigencia y eficacia de los derechos
individuales, sociales y económicos consagrados en los
textos fundamentales de los Estados constitucionales.
En el tema, de esta artículo, la consagración y
protección de los derechos políticos y el derecho a un
sistema democrático, como derechos fundamentales en
los textos constitucionales y en los pactos y declaraciones
internacionales, ha dotado a estos de la misma
dignidad y categoría que las libertades primarias o
derechos humanos de primera generación.
El paradigma jurídico moderno lo constituye el
“Estado Constitucionales Democrático de Derecho”, tal y
como lo exigen las convenciones internacionales como
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos—Pacto de San José— de 1969 y la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Actualmente el desarrollo de la democracia
coincide con la extensión progresiva de los derechos
políticos, hemos transitado por varias generaciones de
los derechos políticos, la primera conformadas como
ya dijimos por: la libertad de pensamiento y expresión,
derecho de réplica, libertad de asociación o reunión, de
imprenta, de culto, de la no discriminación; la segunda
se integra por aquello sin los cuales no se puede aducir
que haya base firme y estructura de un auténtico
Estado de Derecho, sustentado en la legalidad que
haga posible el ejercicio de todos los demás derechos
verbigracia, voto universal, libre, secreto y directo y el
derecho a ser votado sin discriminaciones, asociarse y
afiliarse a los partidos políticos, igualdad de género,
transparencia y rendición de cuentas, referéndum,
plebiscito, revocación de mandatos, voto electrónico,
etc.
Con la progresiva constitucionalización, los
derechos políticos se han venido configurando como
una categoría de los derechos humanos, hecho
reforzado por su inclusión en los diversos tratados y
convenciones internacionales.
Esta situación no podía ser de otra manera
pues como señala el profesor Sartori6 los derechos
políticos son “libertades de” (léase el dictador, el
monarca absoluto) que permiten el ejercicio y disfrute
de las “libertades para” profesar la religión que queramos,
dedicarnos al trabajo de nuestra preferencia.
Las libertades políticas no pueden ser
restringidas en beneficio de otros derechos y requieren
mecanismos de defensa de igual efectividad que
las otras libertades.
Igualdad y Equidad en la Contienda Electoral
Equidad (del griego epiqueya, latín aequitas
y del equity anglosajón) se define como “La apelación a
la justicia en cuanto se dirige a corregir la ley en la cual
se expresa la justicia.”7
La doctrina clásica de la equidad es sostenida
por Aristóteles “La naturaleza misma de la equidad
es la rectificación de la ley cuando se muestra insuficiente
por su carácter universal” (Et. Nic. V141137b26) la
ley tiene necesariamente carácter general y, por lo
4 Recasens Siches, Luis “Introducción al
Estudio del Derecho”; México Porrúa,
1974 pp. 25-28.
5 Cappelleti, Mauro, “La justicia
constitucional” (estudios de derecho
comparado). México, UNAM, Facultad de
derecho. 1987.
6 Ant. Cit.
7 Abagnano, Nicola. “Diccionario de
Filosofía”, México, Fondo de Cultura
Económica, 1996 p. 419.
11

Leveded
8 Nos basaremos en el estudio de la
igualdad que hace el profesor Sartori, op.
Cit. Cap. X. Pp. 175 a 192.
tanto, anota Aristóteles, “la justicia y la
equidad son la misma cosa; la equidad es
superior, no a lo justo en sí, sino a la justo
formulado en una ley que, por razón de su
universalidad, esta sujeta al error”.
Entonces la equidad es la justicia
del caso concreto. Como ven la definición
Aristotélica no es la forma en que entendemos la
equidad en la contienda electoral.
La equidad en materia electoral es un
problema que tiene que ver con la igualdad y la
igualdad entre los contendientes en un proceso
electoral, es un problema de justicia y el propio estagirita
sostenía que “injusticia es desigualdad, justicia es
igualdad” (Et. Nic.).
Vistas las cosas, es necesario distinguir
entre varias igualdades en el terreno electoral.8
Igualdad en la Ley.
Igual en griego es “isos” para los antiguos
existía la “isonomía” (iguales leyes) y la “iseguría”
(igual agora, igual asamblea).
Los liberales basándose en la isonomía
concibieron que la única forma en que el individuo
puede ser libre es obedeciendo a las leyes, libertad en
la ley (Rousseau).
Recordemos que la igualdad se clasifica en
igualdad aritmética (lo mismo a todos) e igualdad
proporcional (igual a los iguales y desigual a los
desiguales en proporción a la respectiva diversidad).
El primer caso igual es idéntico en el segundo igual es
justo.
La igualdad ante la ley es una igualdad
aritmética, los mismos derechos y obligaciones para
todos.
En materia electoral la igualdad ante la ley
ha sido rectificada por razones de justicia o sea de
equidad. Basta recordar la evolución del sufragio de
censitario a universal, de exclusivamente masculino a
la extensión femenina.
Lo anterior se debe al problema de determinar
que es justo. Por ejemplo para los liberales consideraban
que la democracia y las elecciones era una cosa
tan seria que solo quienes tuvieran una educación
suficiente, saber leer y escribir por lo menos, podrían
tener la capacidad para elegir, en otros casos era la
situación económica pues solo los que contribuían con
impuestos podían tener opinión en los asuntos
públicos. Una nueva reflexión determinó que las
anteriores distinciones eran injustas, que la cosa
pública afecta a todos y que en tal proporción todos
tenemos el derecho a votar (reuniendo las cualidades
legales: ciudadano, mayor de edad, modo honesto de
Playing Play
Field
vivir,
etc.)
El problema de
igualdad de derechos políticos, es
que pasan inadvertidas diferencias relevantes
y sobre todo no garantiza resultados iguales, como
sostenía el liberalismo clásico.
La justicia de una norma depende de su
mayor o menor grado de inclusión. Lo que quiere decir
que la regla del voto censitario era injusto pues era
dirigida a un grupo menor de la población.
Igualdad de Oportunidades.
Si bien la igualdad en derechos políticos,
ahora refiriéndome a competencia política o electoral,
permite a todos los interesados sean partidos políticos
o candidatos independientes acceder a la competencia
en una igualdad formal, no son suficientes para garantizar
iguales partidas o salidas.
La ley considera a todos como iguales, sin
embargo la realidad se obstina en demostrar lo contario.
En materia electoral la igualdad de oportunidades
tiene dos vertientes:
I. La construcción de estándares mínimos
para que todos los contendientes participen siguiendo
las mismas reglas, lo que los anglosajones conocen
como leveled playing field, o en términos latinos
conocemos como “nivelando la cancha” o emparejamiento
del piso y que consiste en la remoción de
obstáculos que otorgan ventajas injustas a alguno de
los contendientes, y
II. La creación de normas que supriman o
compensen condiciones desiguales.
Existen diferencias de varios tipos: las
aceptadas por inadvertidas, las que son consideradas
justas o naturales y las injustas. Es precisamente
respecto a éstas donde surgen las acciones afirmativas
o de discriminación positiva o negativa, como un
correctivo a una situación que pone en desventaja
injusta a alguno de los participantes en el proceso
electoral.
Para nosotros, la equidad en la contienda es
la primera y se entiende como el establecimiento de
parámetros y mecanismos para generar mínimos de
igualdad de oportunidades en el desarrollo de la
Fiel
12

competencia política o electoral. Esta
equidad no busca maximizar derechos
de grupos vulnerables, sino permitir
una competencia sin ventajas injustas.
La doctrina de la equidad surge en
los Estados Unidos de Norteamérica, en la
Federal Communications Act de 1934 que
ordenaba que:
“La radio y la televisión, en su actividad
noticiosa mostraran todos los ángulos importantes
de los asuntos públicos controvertibles y
que todos los candidatos para un cargo público
recibieran igual acceso a la televisión y a la radio
que utilizan el espacio público para sus transmisiones
por lo que constituyen cierto monopolio. Por
otorgar tiempo igual, se quería decir que durante
una campaña política, una estación o cadena de radio
o televisión debería ofrecer tiempo igual a un candidato
o partido, cualesquiera que fuera su postura
ideológica, no comprendía el tiempo pagado por los
partidos o candidatos, sino el acceso gratuito de
carácter informativo.
Este principio estaba basado en el supuesto
de que la democracia exige que la gente tenga la
oportunidad de oír puntos de vista opuestos sobre
asuntos políticos antes de formarse una opinión de los
mismos.
Sin embargo, en 1987 la Federal Communications
Commission abolió esta ley bajo la presión del
neoliberalismo representada por el veto de Ronald
Reagan, que señaló que un mercado de medios más
amplio y diverso aseguraría la pluralidad de operaciones
sin necesidad de esta regulación.”9
Se han expresado serias dudas acerca de
dejar las materias controvertibles en manos de las
fuerzas del mercado y de que éstas darán origen a un
periodismo que contribuya a la ciudadanía democrática.
Ahora pasaremos a analizar algunos
ejemplos de equidad en la contienda electoral o de la
fijación de los estándares mínimos que garanticen una
competencia pareja.
Financiamiento
De todos es sabido que la influencia que
tiene el dinero en las campañas electorales y la
desproporción que existe en este rubro entre candidatos
y partidos políticos. Sin embargo, se considera que
el dinero no debería ser el factor preponderante para
inclinar la voluntad popular.
Dos factores obligan a la intervención
legislativa para emparejar la contienda: la libertad del
sufragio y un equilibrio material entre los participantes,
una real competitividad entre ellos.
Un valor democrático esencial es que el
ciudadano emita su voto en libertad, sin presiones
indebidas. El dinero puede influir de diversas formas,
la más perversa tal vez sea la compra de los sufragios,
práctica subsistente en muchos de nuestros países en
tasas desproporcionadas de pobreza. Otra forma es a
través de la compra de espacio en los medios masivos
de comunicación.
Existen acciones para mitigar estos males
como sancionar la compra del voto a veces haciendo la
conducta un tipo penal, o estableciendo límites a la
propaganda electoral en medios masivos; en algunos
casos inclusive prohibiéndolos.
La solución más comprehensiva sin embargo
es el control de los ingresos y egresos de los
contendientes; esto se puede lograr de varias formas,
mismas que sólo mencionaré sin entrar a detalle.
Financiamiento privado10 es en este ámbito
donde son más posibles y frecuentes los casos de
corrupción y es aquí donde es más difícil introducir
mecanismos eficientes de control y fiscalización.
Perite con facilidad el financiamiento ilegal, la influencia
predominante de grupos de interés y la injerencia
del dinero del narcotráfico en las estructuras de
partido y gobierno.
Financiamiento público en la mayoría de los
países latinoamericanos desde hace décadas, se han
venido introduciendo en los ordenamientos jurídicos
subvenciones públicas para auxiliar a los partidos en
sus gastos electorales.
Esta provisión de fondos tuvo como objetivos
básicamente:
a.) Aliviar la carga financiera de los partidos
políticos y enfatizar su independencia frente a los
grupos de interés;
b.) Asegurar una mayor equidad en la
competencia electoral entre las diferentes fuerzas
contendientes;
c.) Disminuir la influencia de
grupos de interés en los órganos del
Estado, para segurar que sus
decisiones reflejan siempre el
interés común y no el particular y
cada vez con mayor énfasis para
evitar la penetración del dinero
ilegal.
El problema en todos
ellos es la fiscalización, en
muchos países esta es “ex post”
y depende en gran medida de la
declaración voluntaria de los
contendientes.
9 Mario Martínez Silva, Roberto Salcedo
Aquino. Diccionario Electoral. 2000.
México. Instituto Nacional de Estudios
Políticos A.C. pp. 303 y 304.
10 Luis Alberto Cordero. “Fiscalización del
Financiamiento de los partidos políticos:
un asunto de conciencia crítica”, en
Administración y financiamiento de las
elecciones en el umbral del Siglo XXI.
Memoria del III Congreso Internacional de
Derecho Electoral. México. 1999. Tomo II.
Pp. 381 a 486.
13

11 Franciso Guerrero. “Libertad de
Expresión, valor supremo de la
democracia”, en Diario Excelsior,
miércoles 27 de enero de 2016. Columna
Punto de Equilibrio, Primera 23.
Se han ensayado métodos “ex ante” con
información en línea en tiempo real y verificación
aleatoria, sin grandes éxitos. Una forma sencilla y
efectiva es reintegrar sólo los gastos comprobados
posteriormente a la elección.
Una medida que siempre acompaña y auxilia
a la influencia indebida del dinero y al control de los
gastos electorales es la fijación de topes de campaña.
En específico sobre el financiamiento
público aplica el criterio de igualdad proporcional
(trato igual a los iguales y desigual a los desiguales).
En México la equidad en el rubro del
financiamiento público ha encontrado una medida
conocida como del 30 – 70; treinta por igual a todos
los partidos y setenta en relación a su fuerza electoral.
Los candidatos independientes obtienen por igual
financiamiento de la bolsa relativa al 30% igualitario
de los partidos como si fueran sólo uno.
Límites temporales.
A efecto de que ningún participante inicie
campañas antes que los demás, sólo se permiten
actividades tendentes a obtener el voto durante las
precampañas y campañas electorales.
Procesos de selección interna de candidatos en
los partidos políticos.
Con el fin de democratizar la vida de los
partidos, respetando su derecho a la autodeterminación,
se ha establecido la obligación de celebrar sus
procesos selectivos en fechas determinadas para
todos, lo que evita el transfuguismo, práctica viciosa
que erosiona los principios ideológicos de los partidos,
y permite la revisión judicial de la legalidad de estos
procedimientos.
Transparencia.
Es una medida que refuerza el control del
dinero en la contienda electoral y que permite a la
ciudadanía en general fiscalizar a los partidos políticos
y a la propia autoridad electoral eficientando con esto
la operación honesta y equitativa del proceso electoral.
Lógicamente la transparencia se encuentra relacionada
con la rendición de cuentas.
Finalmente me referiré a dos temas primordiales
que realmente permiten procesos electorales
competitivos y que desafortunadamente, se vulnera
con gran facilidad, como me tocó atestiguar en el
reciente proceso electoral de Venezuela.
Acceso a los medios masivos de comunicación.
Cuando se vulnera el derecho a pronunciarse
libremente “se acaban también las prerrogativas
a informarse, a conocer y a participar frente a las
realidades que nos rodean. Es indiscutible el papel
central que la libertad de pensamiento y expresión
desempeñan en la consolidación y desarrollo del
sistema democrático.
Este derecho consistente en la capacidad o
facultad que tiene todo individuo para buscar, reabrir
y publicar por cualquier medio de difusión, ideas,
información y juicios de valor sobre una situación o
hecho político, social, cultural o económico, es fundamental
en la sociedad para el debate público.
El siglo XXI ha potenciado mayores herramientas
tecnológicas a favor de la libertad de
expresión. La “explosión democrática” tanto en el
acceso como en la multiplicación de mensajes
instantáneos, que representan Twitter y Facebook, ha
llenado de esperanza a millones de nuevos ciudadanos
que con mayor facilidad pueden alzar su voz para
defender derechos y reivindicar injusticias.
América Latina y el Caribe, son en términos
generales una región democrática, no obstante se
siguen presentando grandes desafíos que amenazan
con debilitar la consolidación del libre discurso político
en la región. Si se limita la expresión se restringen las
posibilidades de fiscalización ciudadana y se da cabida
a abusos por parte de las autoridades. Sin cortapisas
ni amenazas los ciudadanos deben disfrutar de los
derechos esenciales de informarse, opinar, participar
y controvertir sin temor a represarías.
Violaciones contra medios y periodistas,
crecimiento de leyes y proyectos que buscan censurar,
presiones gubernamentales para controlar la
información, restricciones a la información pública,
mayor concentración de medios en sectores vinculados
con el gobierno, entre otras, fueron las preocupaciones
más percibidas en América Latina y el Caribe,
según la 7ª Asamblea de la Sociedad Interamericana
de Prensa en 2015.
Asimismo, la libertad de prensa registró la
puntuación regional media más baja de los últimos
cinco años en Latinoamérica, según el Informe de la
organización Freedom House, que expone que sólo el
2% de la población de America Latina vive en entornos
con medios de comunicación completamente libres.11
14

Utilización de recursos públicos
Es indudable que cuando los partidos
políticos se convierten, a través de las elecciones, en
gobierno, dejan de seguir los intereses propios para
servir a los intereses generales y comunes de toda la
población.
Obviamente esto implica que los recursos
públicos y el propio desempeño del cargo, se realicen
con neutralidad.
La utilización parcial de recursos públicos de
forma excluyente, sesgado para beneficiar intereses
partidarios o de grupo, o el uso del poder para promover
ambiciones personales de índole política, desequilibra
la competencia electoral, otorga ventajas indebidas
para el partido en el poder o el funcionario que
ocupa un puesto público que lesionan gravemente la
vida democrática y al sano sistema competitivo
electoral.
Con el objeto de evitar esas ventajas consideradas
como injustas en muchos de nuestros países se
han establecido nuevos esquemas para regular las
relaciones entre política y medios de comunicación;
así para lograr la neutralidad gubernamentales
necesario que los poderes públicos, en todos los
órdenes, observen en todo tiempo una conducta de
imparcialidad respecto a la competencia electoral.
La forma más común para emparejar el piso
entre contendientes de oposición y los del gobierno es
a través de prohibiciones:
• La de utilización de programas sociales a
nombre de un partido político o candidato.
• La de utilización de la propaganda gubernamental
a favor de un partido o de un funcionario
público o candidato especialmente durante las
campañas. Este tipo de propaganda debe tener
siempre carácter institucional para fines informativos,
educativos o de orientación social.
Se debe evitar que la propaganda del gobierno
incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.
Las instituciones encargadas de organizar
los comicios deben contar con facultades de
monitoreo de los medios de comunicación y con la
potestad de suspender la propaganda oficial que
violente la equidad y competitividad electoral.
No me extenderé en las medidas que tienen
que implementarse para lograr una competencia justa
sin ventajas indebidas para los partidos y funcionarios
en el gobierno, quiero solo transcribir la Declaración
de la Misión de Estudio del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos que sobre el proceso electoral
venezolano realizó el pasado mes de diciembre de
2015.
“…la campaña se desarrolló bajo condiciones que
recortan la competitividad y la equidad en la competencia.
Cuatro rasgos adquieren especial relevancia:
la restricción de los derechos políticos, la labor presionada
de los medios de comunicación, la desigualdad de
recursos entre los dos bloques y decisiones institucionales
sesgadas. Las restricciones al ejercicio de los
derechos políticos ciudadanos, en particular las
medidas de privación de la libertad de dirigentes de la
oposición, limitan el libre juego en la campaña…”
Los medios de comunicación encuentran
restricciones que han debilitado el pluralismo
informativo. Muchos han pasado a girar en la órbita
gubernamental y otros se encuentran bajo presiones
de distinta índole.
La desigualdad de recursos conocida como
“ventajismo”, implica más que un desequilibrio de los
tiempos de publicidad en los medios, muy favorable al
bloque oficialista, una inmovilización de recursos
económicos, humanos y materiales desde el Estado
para beneficio de los candidatos gubernamentales.
Conclusión.
Los derechos político – electorales son derechos humanos y por
lo tanto, deben estar protegidos con la misma dignidad y mecanismos
jurídicos.
En la aplicación e interpretación de los derechos políticos, todos
los operadores jurídicos, ya sean órganos administrativos electorales o
jurisdiccionales deben hacerlo de manera que se expandan, se extiendan e
incluyan a la mayor parte de los ciudadanos, es decir que se maximicen y
nunca se limiten.
La equidad en materia electoral no es igualdad, se trata de
establecer mecanismos para generar mínimos de “igualdad de oportunidades”
en el desarrollo de la competencia política, garantizar los
estándares necesarios para que todos los contendientes participen en un
level playing field en un terreno parejo.
El límite en la nivelación de la arena electoral es el no restringir
el ejercicio de algunos derechos políticos en beneficio de otros. Es decir, la
libertad de conciencia, de expresión, de revisión, de asociación, etcétera no
se debe disminuir en beneficio de otro derecho, por ejemplo el derecho
individual a ser votado, no debe condicionarse a la postulación de un
partido político, so pretexto de fortalecer el sistema de partidos.
La tarea del legislador y los operadores jurídicos es armonizar
todos los derechos para que sean ejercidos en plenitud al máximo. El
principio de utilidad no resulta aplicable en tratándose de derechos fundamentales.
En America Latina y el Caribe, el reto es contar con organismos
reguladores independientes y blindados contra cualquier interferencia de
los diferentes poderes en la sociedad, garantizar sistemas plurales,
diversos, equitativos y transparentes que permitan una sana competencia
electoral en donde la libertad del ciudadano, sin presiones, ni coacción sea
el fundamento de un gobierno verdaderamente democrático.

RACIONALIDAD / IRRACIONALIDAD
Y TOMA DE DECISIONES
Análisis y alternativa desde la Teoría
de la elección pública en los SNS*
Fabio Fuentes Navarro**
PROPÓSITO
Y NOTAS ANALÍTICAS
* Este trabajo deriva de una investigación
en curso denominada —por el momento—
“Ciberdemocracia, egobierno y políticas
educativas en México durante el período
2012 – 2024” que actualmente llevo a
efecto.
** Doctor en Educación con Especialidad
en Mediación Pedagógica de la
Universidad De LaSalle (Costa Rica),
Especialista en Política y Gestión
Educativa por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO,
México) y Especialista en Políticas
Públicas para la Igualdad por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO, Argentina). Fue rector de la
Universidad Pedagógica Veracruzana y
director de la Escuela Normal “Juan
Enríquez”. Es Miembro Permanente del
Programa de Análisis Político de Discurso
e investigación (PAPDI) y miembro de la
Sociedad Mexicana de Educación
Comparada (SOMEC).
Mi propósito aquí consiste en
aportar elementos que posibiliten
la comprensión de las lógicas
de racionalidad e irracionalidad
en la toma de decisiones a partir
del análisis de un caso hipotético:
el fortalecimiento de una cultura
democrática en la población juvenil (18 y 25 años) en función
de que la participación de este sector en un proceso electoral
del país es clave y pudiese determinar el resultado de una
determinada elección. De ahí que lo expuesto se inserta en el
análisis del proceso de toma de decisiones de tipo individual en
los asuntos de carácter público y, ergo, de los efectos de las
decisiones privadas en la consecución de objetivos gubernamentales,
en un contexto sociocultural en el que la discusión
sobre los asuntos públicos y las acciones de gobierno se ha
desplazado hacia el espacio digital —la “plaza pública digital”
de Elon Musk— a través de la red de internet, el uso de dispositivos
móviles, los sitios de socialización en línea y, por supuesto,
la instalación de aplicaciones digitales en los dispositivos.
Para ello utilizo algunos de los teoremas, herramietas
analíticas y categorías desarrolladas en el marco de la
economía —primordialmente— y de la Teoría de la elección
pública el abordaje de asuntos como la toma de decisiones
racionales e irracionales que afectan lo público. En esta línea,
de Downs (1991/1957/) recupero la visión de la acción política
desde el campo de la economía; de Olson (1992), la Teoría de la
acción colectiva; de Simon (1982), las decisiones de carácter
administrativo en las organizaciones y la imperfección del
conocimiento; y de Marx Ferree (s.d), las críticas a la Teoría de
la acción colectiva y a la Teoría del “gorrón” propuesta por
Olson (1992) inicialmente; y también ocupo la noción de sitios
de socialización en línea (SNS) que usa Abrego (2013) en la
investigación social a partir de la propuesta de Fuchs (2009).
Dada la variedad de lecturas analíticas alternativas
del caso en estudio (hipotético), los argumentos los he
organzado en cinco breves apartados. En el primero doy
cuenta de éste a partir del análisis de políticas, relaciones de
poder y obtención de resultados; en el segundo lo trato desde
la perspectiva de la racionalidad económica con acento en el
conductismo en cuanto a la aplicabilidad de sanciones e
incentivos; en el tercero lo abordo a partir de una base
sociológica fundada en el reconocimiento de los valores y la
subjetividad; en el cuarto a partir de una línea comparativa con
énfasis en el pragmatismo utilitarista; y en la quinta, y a modo
de cierre del texto, propongo sucintamente una alternativa
desde una perspectiva con base en el uso de los sitios de
socialización en línea (SNS), con acento en interacciones
sociales y políticas desjerarquizadas.
16

1 Concepción que, desde la perspectiva
de Zaremberg se inserta en las denominadas
Paradojas y Teoremas de
Imposibilidad que se han desarrollado en
el marco de la Teoría de la elección
pública, entre otros motivos para advertir a
quienes pretenden una visión encantada
del proceso político que “los buenos
propósitos públicos pueden conceder
beneficios privados a costos públicos”
(2010: 14).
2 Downs apunta que la “falta de
información completa sobre la que basar
las decisiones constituye una función
fundamental en la vida humana que
influye sobre la estructura de casi todas
las instituciones sociales. Particularmente
en política sus efectos son profundos.
(Downs, 1991: 273).
1. Alternativa politológica con base en la
economía
En tanto alternativa al caso de estudio, la realización de una
encuesta para detectar cuáles son las prioridades de política
pública de jóvenes cuya edad oscila entre los 18 y 25 años
constituye una propuesta que deriva del cálculo racional que
se realiza desde una posición gubernamental respecto a los
posibles cálculos que los votantes y los partidos hacen en
razón de sus intereses individuales y colectivas en torno al
proceso electoral en un sistema democrático. En cuanto al
primero, es decir el cálculo racional del gobierno, es necesario
precisar que desde la perspectiva de Downs (1991) —en la que
análoga al Estado con el mercado— dicha alternativa devela
que el objetivo del gobierno, en el marco de una lógica racional
en la que prevalece su interés, no consiste en la aplicación de
políticas preconcebidas sino particularmente ganar votos
(Zaremberg, 2010: 15).
En cuanto al segundo, al cálculo racional de los
partidos políticos y los votantes, vale precisar también que la
analogía de Downs posibilita una lectura —desencantada diría
Zaremberg (2010: 14)— de la función social de éstos (y del
Estado); visión más pesimista y menos utopista (Colomer, 1991:
15 citado por Zaremberg, 2010: 14) que deriva particularmente
de un entramado complejo de las relaciones de poder que se
configuran para detentarlo en tanto el resultado esperado.
Incluso, su cuestionamiento respecto a que la maximización
del bienestar público sea efectivamente el leiv motiv de sus
acciones, introduce una —¿nueva?— racionalidad en cuanto a
la participación de los partidos políticos en una contienda
electoral y de los intereses que éstos persiguen.
La concepción1 de Downs respecto al Estado pone en
tensión la función social de éste y desmitifica, amén de otros
significados, el sentido del discurso político de los partidos
políticos en un proceso electoral (como es el caso) y —me
parece— en la vida cotidiana de las relaciones que, merced la
contienda hegemónica por disfrutar de los “ingresos, prestigio
y poder consustanciales a la dirección del aparato gubernmental”
(Downs, 1991: 269), se configuran en una racionalidad
política con base en la economía. Dado que el gobierno aquí
resulta “un empresario que vende políticas para ganar votos,
en vez de vender productos para ganar dinero” (1991: 268), los
resultados de las políticas públicas se subvierten en productos
de mercado ofertados tanto por el Estado como por los
partidos políticos, sujetos a las demanda de los posibles
votantes en una lógica de libre mercado —¿acaso la democracia?—
y, ergo, que se generan en un proceso altamente
competitivo (el electoral).
En esta racionalidad, los resultados de las políticas
adquieren un valor sustantivo para los ofertantes (el Estado y
los partidos políticos), pero todavía más lo es el proceso de
comunicación que se efectúa hacia los votantes (segmento de
mercado) con la finalidad de obtener votos y en lo ulterior ser
elegidos o reelegidos. Por ello es fundamental reconocer que la
racionalidad de la toma de decisiones de los votantes se
operacionaliza en función de la información completa o
incompleta2 que poseen respecto a los resultados de las
políticas implementadas o anunciadas, pero sobre todo de que
sus expectativas, en tanto segmento de mercado, se constituyan
o no en potenciales demandas sociales a ser conocidas —y
reconocidas políticamente en la agenda de gobierno— como
asuntos de interés público. De ahí la importancia de considerar
una línea base —mediante un diagnóstico— a partir de la cual
se diseñen políticas públicas que respondan a expectativas,
demandas y/o necesidades específicas, pues en esta racionalidad,
el Estado y/o los partidos políticos obtienen votos que les
garantizan ingresos, prestigio y poder en modo estrictamente
económico.
Ahora bien, esta racionalidad política con base
económica, asume que todos los agentes involucrados en el
proceso actúan siempre racionalmente; es decir que “intentan
conseguir sus fines con un uso mínimo de recursos escasos, y
emprenden únicamente aquellas acciones cuyo rendimiento
marginal supera su coste marginal (Downs 1991: 269),
esquema que se opone a la Teoría de la movilización de
recursos (Marx Ferres, s.d: 152).

2. Alternativa económica con base utilitaria
En tanto alternativa al caso propuesto aquí, el análisis de todas
las posibles sanciones e incentivos y de las probables
consecuencias que se derivarían de ellas constituye una
opción que se nutre particularmente desde otra de visión
desencantada —más pesimista y menos utopista— de la
política de las que se han desarrollado en el marco de la Teoría
de la elección pública; esto es la Teoría de la acción colectiva
elaborada por Olson (1992) —o paradoja de la acción colectiva
(Zaremberg, 2010: 14). Dicha teoría tiene como principal
supuesto (racional) la idea de que “si un individuo de todas
maneras obtendrá un beneficio público sin necesidad de
aportar al mismo (pensando que los otros lo harán de todas
maneras), racionalmente tenderá a optar por esta decisión (ser
gorrón). (Zaremberg, 2010: 16). En términos de Olson ésta
sería la lógica racional que opera en oposición a la frecuente y
errónea suposición que asume como racional —aunque sea
irracional— la idea de que “si todos los miembros de un grupo
de individuos o de empresas tienen determinado interés en
común, el grupo manifestará una tendencia a satisfacerlo.”
(1992: 203). Ergo, en el contexto de esta racionalidad, lo
racional básicamente consiste en reconocer que los intereses
individuales son los que constituyen el fundamento real en la
toma de decisiones individuales y colectivas, por tanto que no
hay decisiones colectivas sino sólo decisiones individuales.
En función de estas suposiciones (racionales) se
pone en tensión la idea de la movilización colectiva, es decir la
acción colectiva (irracional) en razón del logro del interés
colectivo (bien público) y, ergo, los motivos que configuran
socialmente a las organizaciones y las actividades que se
ejecutan en ellas, sean éstas gobiernos o empresas.3 En el caso
de los gobiernos, la racionalidad propuesta por Olson —en
cuanto a la indivisibilidad del bien público— considera que los
individuos “con la mínima participación en los servicios
gubernamentales que ha pagado […] conseguirá el nivel de
servicio que haya sido proporcionado por los demás.” (Olson,
1992: 206; Marx Ferres, s.d: 160 y 161) en el marco de la
acciones que otros emprendan colectivamente una lógica
irracional. En el caso otras organizaciones, como algunas
empresas de gran tamaño, la acción colectiva emerge y es
operable sólo en razón de los mecanismos de sanciones e
incentivos selectivos4 que se apliquen a sus miembros en
tanto individuos (Olson, 1992: 206).
Considerando, por tanto, que en un proceso electoral
resulta por demás complejo e irracional que los potenciales
votantes del sector juvenil se movilicen en colectivo para el
logro de bienes comunes o bienes públicos de interés colectivo,
y que la participación motu propio sea escasa en función
de lógica racional que utiliza el individuo, es posible pensar —
en razón a la racionalidad individual e irracionalidad colectiva—
en un esquema desanciones e incentivos que penalicen a
aquellos con capacidad de votar que no lo hacen y premiar a
quienes sí votan. Asumiendo, entonces, los supuestos de Olson
como axiomas —es decir: a) que el acto racional del votante
está en función de logro de su interés individual (que es
común a los demás de su sector poblacional), b) que éste
escasamente vota porque reconoce que con su participación
poco puede lograr algo para sí mismo, c) que su interés
individual al ser común a los demás (de su sector) resulta un
bien de interés público, y d) que la irracionalidad de aquellos
que accionan colectivamente por el mismo interés (bien
público) que éste (bien privado) le beneficia individualmente—
y el objetivo gubernamental5 en el proceso electoral de este
caso, las estrategias que movilicen la participación del sector
juvenil reducen, prácticamente, a la aplicación de un esquema
conductual basado en recompensas y castigos.6
De modo que el análisis de todas las posibles
sanciones e incentivos y de las probables consecuencias que
se derivarían de ellas representa una alternativa viable en
razón de los resultados que se esperan. Incluso, el nivel de
organización en el sector gubernamental que pretende lograr
el objetivo opera bajo el mismo esquema racional o irracional.
3. Alternativa sociológica basada en el reconocimiento
del contexto y la subjetividad.
Otra de las alternativas al caso aquí propuesto, si bien deriva
de una visión desencantada, más pesimista y menos utopista
de las paradojas y teoremas de la imposibilidad propias de la
Teoría de la elección pública, contiene improntas que pueden
enmarcarse ingenuamente —me parece— en las perspectivas
opuestas a éstas. Aún con ello, la realización de una
observación antropológica de algunas escuelas para profu
dizar sobre el tema en particular constituye una hipótesis
opcional que, a partir del enfoque de la Movilización de
recursos (MR) en el marco de la Teoría de los movimientos
sociales, se opone abiertamente al esquema conductual de
incentivos y sanciones propuesto por Olson (1992). 7
Ahora bien, para el caso de estudio, resulta productivo
precisar que la hipótesis expuesta en esta alternativa deriva
particularmente de una serie de críticas8 al postulado de la
microeconomía convencional que se asume como axioma la
idea de que un individuo racional siempre actúa con el único
fin de maximizar sus beneficios personales con el uso mínimo
de sus recursos (Marx Ferres s.d: 152; Downs 1991: 269);
asimismo de la puesta en tensión al postulado de la Teoría de la
acción colectiva que considera como irracional a todo comportamiento
colectivo motivado por el interés común (Olson, 1992:
213). Desde la lógica del enfoque de la Movilización de
recursos (MR), cuyas bases se insertan en el campo de la
sociología, ambos postulados resultan superados en función
del reconocimiento de dos elementos consustanciales a la
conducta humana: a) la subjetividad que sobredetermina el
leiv motiv de las movilizaciones de los individuos, y b) el
contexto en que opera el comportamiento de los mismos. En
cuanto al primero, en el marco del proceso electoral, es necesa-
3 Incluso, Olson presume que si sus
razonamientos son correctos, “la
existencia de los gobiernos y de otras
organizaciones se justifica por algo
distinto a los bienes colectivos que
proporcionan”. (1992: 206).
4 Un incentivo selectivo puede ser positivo
o negativo, y “es el que se aplica
selectivamente a los individuos según
contribuyan o no a procurar el bien
colectivo” (Olson, 1992: 206).
5 El objetivo de este caso hipotético,
reitero, consiste en aumentar la
concurrencia de los jóvenes a las urnas
durante la jornada electoral.
6 Respecto al esquema de incentivos y
sanciones, Marx Ferres elabora una
interesante crítica (1992: 151).
7 Incluso, Marx Ferres señala que los
aportes derivados de esta teoría
representan, desde la década de los
setenta, una rebelión consciente y
deliberada contra los estudios del
comportamiento colectivo bajo dos
supuestos fundamentales: a) las acciones
en colectivo no son espontáneas ni
desorganizadas, y b) los participantes de
estas acciones no son personas
irracionales (Marx Ferres, 1992: 151).
8 Zaremberg, bajo el epígrafe
Racionalidad restringida vs. Racionalidad
ampliada (2010: 20) conjunta a las críticas
que se elaboran respecto a la racionalidad
bajo el enfoque de la microeconomía
convencional.
19

9 El comportamiento metarracional es uno
de tipo de conducta que opera fuera de los
márgenes de la racionalidad instrumental.
Debe precisarse, no obstante, que
metarracional aquí se ocupa en el sentido
en que Weber concebía a la
“racionalidad”, es decir con arreglo a
valores y como contrapuesta a la
meramente instrumental (Marx Ferres,
s.d: 156).
10 A este respecto Zaremberg apunta que
el “realizar acciones por una causa,
incluidas las acciones por los demás
individuos, puede ser suficiente
motivación para la acción humana. Por
una causa altruista, una persona puede
incluso decidir inmolarse, aunque ello sea
costoso para él”. (2010: 20 y 21)
11 Esta racionalidad presupone a los
individuos como seres asociales,
independientes por naturaleza a los que la
vida en comunidad les resulta problemática
(Marx Ferres, s.d: 161).
12 Marx Ferres señala que “los individuos
son casi los únicos seres que carecen de
los recursos suficientes para vivir solos”
(Marx Ferres, s.d: 161).
13 En la lógica de Farganis dicha
perspectiva también resulta irracional en
virtud de que “los individuos no están
divorciados del tiempo y del espacio; ni
viven en un mundo libre de conflictos
exclusivamente habitado por ellos. Al
contrario, los hombres y las mujeres son
personas concretas que viven en un
determinado momento histórico cuyos
puntos de vista son consecuencia de
quienes son.” (Farganis, 1988: 208 citado
por Marx Ferres, s.d: 168).
rio apuntar que el comportamiento de los votantes está
motivado por esquemas valorales —superando, incluso, la
lógica instrumental de la racionalidad de la microeconomía
convencional9— que se explican desde una base socioeconómica
como compromisos morales, los cuales actúan como
metapreferencias, es decir como preferencias que operan en
el marco de una racionalidad en la que prevalece la idea del
“rechazo del placer en nombre del principio o principios
implicados (Etzioni, 1988: 45 citado por Marx Ferres, s.d: 156);
es decir que el sector juvenil vota porque asume principios y
valores que están más allá de su interés personal10 y que se dan
sentido a una identidad colectiva, como la solidaridad y la
lealtad. En cuanto al segundo, y en oposición a la definición
económica de la racionalidad,11 es necesario destacar que los
votantes actúan en acciones colectivas también en función de
los lazos sociales que logran configurar merced la comunidad
(grupos o redes) en la que participan como individuos,12 en la
que no se suprimen los lazos sociales significativos ni se
infravalora la importancia de los resultados positivos de las
acciones colectivas (Marx Ferres, s.d: 166)13 y, primordialmente,
en la que la pertenencia a estos grupos o redes funciona
como “garantía del cumplimiento de las normas de
contribución a un fin común.” (Zaremberg, 2010: 23).
En esta lógica discursiva, el objetivo gubernamental
puede lograrse en razón de que el gobierno identifique,
conozca y reconozca: a) los esquemas valorales del sector
juvenil; b) el modo en que éstos —los esquemas valorales—
operan en el marco de las acciones colectivas que se emprenden;
y c) el nivel de organización social —estructura pues— de
la comunidad que logran configurar. Por tanto, la observación
antropológica a las escuelas resulta una opción viable para el
develamiento de los lazos sociales que dotan de sentido a la
identidad individual del votante y de las motivaciones —intereses—
de las acciones colectivas en las que participa en
pequeños y grandes grupos. Pero sobre todo, esta alternativa
es significativa en razón de que posibilita, a los responsables
del proceso electoral, una aproximación real al nivel de organización
—y estructura— de la comunidad que crean los
individuos y del sentido de pertenencia de éstos hacia aquella
(Marx Ferres, s.d: 173) y a sus líderes o representantes, a
partir de la cual pueden diseñarse estrategias que posibiliten
el voto de este sector, y su partición en la promoción del
mismo, con el reconocimiento de sus esquemas valorales y
organizativos particulares.
4. Alternativa administrativa con base en el
pragmatismo.
Una última alternativa, para este caso, de las consideradas en
el marco de las paradojas y teoremas de la imposibilidad
propias de la Teoría de la elección pública consiste en el
análisis de las propuestas que mejor podrían adaptarse a los
contextos organizacionales existentes en las escuelas. Esta
opción deriva particularmente de las Teorías gerenciales que
20

sostienen la idea de que “los procesos de decisión en las
empresas y gobiernos modernos no podían pensarse ya de
acuerdo a una racionalidad maximizadora.” (Zaremberg, 2010:
25). La idea base de estas teorías —las gerenciales— consiste
en que ante una situación problemática —como el escaso voto
del sector juvenil en un proceso electoral— es necesario: a) el
análisis de todos los cursos de acción posibles, b) el
planteamiento de todos los escenarios posibles, y c) la
selección del curso de acción que maximice la utilidad esperada
(Ídem). Desde la perspectiva de Simon, esta idea supone
asumir que las acciones racionales tiene límites14 y que éstos
están en función de los recursos disponibles (1982: 77),
asimismo que en una situación determinada “los individuos
[los tomadores de decisiones] tenderán a elegir los cursos de
acción que permitan prever la menor pérdida posible en
relación a una meta seleccionada como posible de abordar.”
(Zaremberg, 2010: 26).
Desde esta lógica, resulta productivo precisar que el
comportamiento del gobierno en el proceso electoral, para el
logro del objetivo gubernamental, queda limitado en función
de los recursos y del tiempo que dispongan para ello.
Y aunque desde otras perspectivas resulten
plausibles algunas hipótesis, en el marco de la racionalidad
maximizadora —que persigue la obtención de la máxima
ganancia posible— y la racionalidad limitada —que busca la
mínima pérdida posible— como postulados de las Teorías
gerenciales (Zaremberg, 2010: 25), todas ellas generan costos
significativos que —presumiblemente— otros gobiernos ya
gastaron para el mismo fin. En esta virtud, la revisión —yo
diría análisis comparativo— de otras experiencias en distintos
escenarios respecto a la cultura democrática y participación de
los jóvenes en un proceso electoral similar al de este caso,
posibilitará que las decisiones del gobierno actúen bajo el
esquema de ambas racionalidades.
Sin embargo, vale precisar que la toma de decisiones
de los individuos que conforman el aparato gubernamental
—el instituto electoral estatal en este caso— y de las decisiones
de los votantes potenciales respecto a elección que toman y/o
participación en el proceso electoral, opera en función de dos
límites relativos a las capacidades de decisiones humanas: a) el
conocimiento fragmentado y b) la ausencia de conocimiento o
falta de omnisciencia.
(Simon, 1982: 78).15 Es decir, si bien se espera del
ejercicio de revisión la selección de un curso de acción, es
necesario tener en cuenta que las opciones que se dispongan
para la comparativa no son todas y —quizá— tampoco son los
casos más similares a este proceso; por ello afirma Simon que
“sólo se pueden tomar en consideración los factores que estás
más estrechamente relacionados con la decisión por la causa y
el tiempo” (1982: 79), y Zaremberg que “los directivos de las
organizaciones (tanto privadas como públicas) escogen cursos
de acción que han resultado exitosos en el entorno y por medio
de un proceso de imitación y adaptación lo incorporan a sus
propias organizaciones.” (2010: 25).
14 Bajo el epígrafe Racionalidad
maximizadora vs. Racionalidad limitada,
Zaremberg (2010: 20) conjunta a las
críticas que se elaboran respecto a la
racionalidad bajo el enfoque gerencialista.
15 Para Zaremberg los límites relativos
son la limitación cognoscitiva y la ausencia
de la información respectivamente
(2010: 26).
15 Para Zaremberg los límites relativos
son la limitación cognoscitiva y la ausencia
de la información respectivamente
(2010: 26).
21

16 Traducción propia del anuncio de Elon
Musk posterior a la compra de Twitter el
25 de abril del 2022.
En consecuencia, y en tanto hipótesis a este caso, el
análisis de las propuestas que mejor podrían adaptarse a los
contextos organizacionales existentes en las escuelas, desde la
visión gerencialista, resulta no sólo la más plausible en
términos de la racionalidad económica, sino la alternativa que
posibilita la reducción y control del problema desde la lógica de
la administración.
5. Alternativa social y política de distribución en
línea desjerarquizada.
Finalmente, considerando las variables del caso, la
alternativa que propongo está en función de un segmento de
población del sector juvenil. Particularmente está pensada en
razón de los jóvenes con capacidad de voto que tiene acceso a
los sitios de socialización en línea (SNS). Ábrego (2013)
menciona que los SNS en línea es un concepto definido por
Christian Fuchs (2009), quien los concibe como:
[…] plataformas de red que integran diferentes medios, tecnologías de información y
comunicación, que permiten por lo menos la creación de perfiles que muestran
información que describe a los usuarios, la muestra de conexiones (o lista de
conexiones), el establecimiento de conexiones entre los usuarios que están en las listas
de conexión, y la comunicación entre usuarios. También se usarán, para abreviar, las
siglas SNS (de Social Networking Sites), a lo largo de esta investigación, para no caer
en la confusión generada cuando se les llama «redes sociales», término antropológico
previo al internet, y que para estos casos evidentemente no matiza la ubicación de
tales redes, ni «comunidades virtuales», que aluden además a movimientos sociales,
como los nombra Appadurai (2009) al hablar de migraciones globales de imaginarios,
ni «redes sociales virtuales», que implica una separación, cuya pertinencia y
limitaciones se cuestionan más adelante, cuando hablamos de lo on y lo offline.
(Ábrego 2013, p. 218).
Los SNS suponen un nuevo espacio de interacción
social, y consecuentemente de nuevas significaciones e
identificaciones de los jóvenes:
[…] la incorporación a la cotidianidad de los sitios de socialización en línea supone un
nuevo espacio de este tipo al cual dotar con significados y desde donde crear símbolos
de identidad, es decir, supone un nuevo hueco por el cual los jóvenes pueden
desarrollarse a sí mismos (en una tensión constante entre lo impuesto y la apropiación
que hacen de las normas) principalmente en su tiempo libre o, de manera muy general
por ahora, espacio de ocio. (Ábrego 2013, p. 220).
Lo SNS son lugares de interacción social entre la
población juvenil para cualquier tipo de actividad, en los que el
intercambio informacional se produce desjerarquizadamente
con el uso de la red de internet, dispositivos móviles (tabletas,
teléfonos móviles, computadoras portátiles, e.g.) y la
instalación en ellos de aplicaciones digitales. Los SNS más
comunes son Linkedlin, Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube y TikTok, i.a. Son sitios en los que el sujeto que
interactúa activamente en ellos, dice Ábrego (2013), es un
sujeto político que toma decisiones —con distintos grados de
libertad, por supuesto— y que asume posturas ante quienes le
rodean en medio tensiones y contradicciones.
En la lógica discursiva de este trabajo, son sujetos
políticos sujetados que pueden tomar decisiones racionales o
irracionales —o también “decisiones” predeterminadas por los
algoritmos (García Canclini, 2019)— en el espacio digital, o lo
que Elon Musk recientemente acaba de denominar como la
“plaza pública digital —refiriéndose a Twitter— donde se
debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”16.
Como espacio digital o plaza pública digital, en los
SNS la población juvenil toma decisiones, sobre todo decide
ingresar a un espacio desjerarquizado, deinstitucionalizado y
desregulado políticamente, en el que, advierte Ábrego (2013),
se produce la suspensión de la seriedad y el relajo adquiere
importancia. En el espacio digital es posible la suspension de la
seriedad y, sobre todo “nuevas legitimaciones acerca de hacia
dónde apuntan las reubicaciones de la atención, las relocalizaciones
de las jerarquías estando conectados a los SNS.
(Ábrego, 2013: 228).
En razón de lo expuesto, la alternativa que formulo
al caso de estudio (hipotético) consiste en la conformación de
un equipo de jóvenes (18 y 25 años) a los que se les dotará de
dispositivos móviles con acceso a Internet y aplicaciones
instaladas con la finalidad de observar el tipo de decisiones
que toman en los SNS a partir de una escasa cantidad de
regulaciones, y también con el propósito de analizar el tipo de
interacciones que generan en un espacio digital desgerarquizado.
Las claves de este ejercicio radican en obtener
información que permita distinguir el valor que la población
joven dota a la paticipación democrática en un proceso
electoral determinado; analizar las redes que construyen a
través de las aplicaciones degitales (grupos de Whatsapps,
Telegram, e.g.) y sobre todo conocer si a esta población le
resulta más atractivo ejercer su voto a través de una aplicación
digital instalada en un dispositivo móvil conectado a internet
que asistir una casilla electoral convencional.
De modo que, tomando en cuenta las bases teóricas
sobre las cuales se desarrollan las alternativas previas a ésta,
en el marco de mi hipótesis se puede lograr la detección de
necesidades de los potenciales votantes (Downs 1991: 269), y
el reconocimiento de la subjetividad y del contexto que
motivan la movilización del sector juvenil (Marx Ferres, s.d);
pero no así la aplicación de sanciones y/o incentivos a quienes
votan o no votan (Olson, 1992) y la revisión o análisis comparativo
de propuestas que mejor podrían adaptarse a los contextos
organizacionales existentes en las escuelas (Simon, 1982).
No obstante, y bajo la reserva de contar con mayor
información al respecto, esta alternativa tiene un límite de
orden práctico, el cual consiste en que la población objetivo se
reduce sustancialmente a aquellos jóvenes que: a) tienen
22

dispositivos móviles, b) cuentan con conectividad a Internet y
c) están suscritos en SNS. Sin embargo, dada las características
propias de los SNS, los beneficios colaterales de esta
hipótesis se maximizan en razón de que: a) las consignas
llegan a todos los contactos sin discriminación de edad,
escolaridad y/o capacidad de voto, b) la información que se
genera está disponible casi en tiempo real, y c) el efecto
multiplicador resulta poco mesurable.
En consecuencia, y dado que el objetivo del aparato
gubernamental consiste sucintamente en el fortalecimiento de
una cultura democrática en la población juvenil (18 y 25 años),
considero que el uso de las redes sociales resulta la estrategia,
o el curso de acción —utilizando la alternativa expuesta en el
apartado 4— más viable en términos de las racionalidades ya
tratadas. Y si bien ya ha sido un medio utilizado por los
partidos políticos en el país con relativo éxito, es productivo su
puesta en marcha bajo la condición expresa en la misma: que
la comunicación se realice de joven a joven en el marco de un
programa de consigas diseñadas ex profeso. Por supuesto que
esta es una alternativa básicamente inacabada, pero me
parece fundamental en cuanto a los beneficios que genera en
corto tiempo a un amplio sector de la población en la cibercultura
y ciberdemocracia (Leví, 2007).
Fuentes consultadas.
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construcción de la presencia en
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Rodríguez, Z. y Rodríguez, T. (coords).
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Teoría Política Positiva. Instituto de
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IV y V pp: 263-278.
Garcia Canclini (2019)
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Olson, Mancur (1992) “La
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Maestría en Políticas Públicas
Comparadas. Unidad 1: FLACSO, México.
Levy, P. (2007).
Cibercultura. La cultura de la sociedad
digital. Barcelona, Anthropos,
23

PERSPECTIVAS
DE LA
EDUCACIÓN
EN LA POST
PANDEMIA
Dr. José Luis Soto Ortiz
El 30 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS (2020) declara la
epidemia y emergencia de salud pública internacional al virus SAR-COV-2 (Covid-19). Es
así, que cada país pronunciara una serie de recomendaciones para contener el contagio,
cuyo denominador común fue el aislamiento social o confinamiento de la población. Esto
derivo que, en los meses de febrero y marzo de dicho año, se realizara el cierre de oficinas
gubernamentales, comercios, industrias y escuelas de todos los niveles educativos. En el
caso específico del rubro educativo, de acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) al menos 850 millones de niños y jóvenes de todo el mundo vieron interrumpidos su formación
presencial de forma abrupta.
Esto sin duda pone en el foco de la discusión las posibles consecuencias que traerá consigo la crisis sanitaria que
prevaleció durante dos años y si a ello se le añade el rezago educativo que se tenía antes de la pandemia, tal como lo indica en el
reporte del 2018 realizado por el Banco Mundial (BM, 2018) en donde señala una desigualdad ya que los niños y jóvenes contaban con
una de las mayores tasas con dificultades para el acceso a la educación, abandono escolar y deficiencias en el aprendizaje; por lo tanto, los
resultados en los próximos años no son nada alentadores.
Indudablemente la pandemia mostró las brechas existentes en la sociedad, ejemplo de ello, el poder adquisitivo de la población que se vio
afectada a partir del cierre de los comercios, negocios, empresas en donde la mayoría de los empleados, en el mejor de los casos su salario fue reducido y en
el peor, fue la pérdida del empleo. Lo que trajo consigo una inestabilidad financiera en los hogares y por ende en la sociedad. Esto pone de manifiesto que la
pandemia provocó un des aceleramiento económico. Ante este contexto y el confinamiento (aislamiento social) la formación de los niños y jóvenes se vio
sumamente afectada.
24

Aproximación a la formación
durante el Covid-19
El 11 de marzo de 2020 la OMS declara al Covid-19
como pandemia por lo que recomendó a los países afiliados
entre ellos México que tomaran medidas necesarias para su
ontención. De este modo la Secretaría de Educación Pública
(SEP) emitió el Acuerdo 12/03/20 determinando la suspensión
de las clases en las escuelas públicas durante el periodo
comprendido entre el 23 de marzo al 17 de abril de 2020. Es
así que, a partir del 23 de marzo, la SEP estableció la estrategia
de Aprende en Casa I, con transmisiones de radio y televisión,
así como su difusión en Internet a través del portal
www.aprendeencasa.sep.gob.mx. Cuyos contenidos fueron
desarrollados principalmente para los estudiantes de preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato. En cada emisión
televisiva se incluyeron una serie de actividades por cada
programa transmitido en donde los estudiantes tenían que
realizar y subir las evidencias a un portafolio electrónico que
el docente de cada grupo estableciera.
Antes de que terminara el periodo, la SEP publicó el
Acuerdo 06/03/20 en el que señalaba la extensión del periodo
al 30 de abril de 2020. Sin embargo, ante la dificultad del
regreso la SEP emitió el Acuerdo 09/04/20 para extender el
periodo de suspensión escolar al 30 de mayo del mismo año.
Finalmente, ante la imposibilidad del regreso presencial, se
publicó el acuerdo 12/06/20 en donde se presentaban las
disposiciones para la evaluación del ciclo escolar 2019-2020,
asimismo en dicho documento se declaraba el fin del ciclo
escolar a partir del 19 de junio.
Educación básica.
Previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021 el 05 de
julio de 2020 se publica el Acuerdo No. 5 queestablece que
aún no existían las condiciones para un regreso seguro a los
centros escolares, asimismo, en el documento se indica que el
inicio de ciclo escolar estará sujeto de acuerdo con el semáforo
epidemiológico de cada entidad y cuando todas las actividades
estén libres de restricciones sanitarias. Como se aprecia hasta
en ese momento, aún no se tenía claridad como seria el
proceso formativo en el ciclo 20-21, en este caso, si las clases
serian presenciales, híbridas o a distancia.
Sin embargo, ante el incremento en los contagios por
Covid-19, todo indicaba que se continuaría la formación a
distancia. En este tenor, se continuó, con el programa de
Aprende en Casa que entró en operación a partir de 18 de
agosto, en esta etapa se rediseñaron los contenidos temáticos,
asimismo la SEP (2020) señala que la difusión se incrementó
en las señales televisivas y el Internet, en este último caso ya se
contaba con un canal en el sitio www.youtube.com.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por parte de
las autoridades educativas, la población que tuvo mayor
acceso a las TIC estuvo en ventaja de aquella población que no
careció del equipamiento (televisión, computadora, dispositivos
móviles, etc.) y de conexión al servicio de Internet. Otro
aspecto poco favorable fue que los programas televisivos,
aunque se basaban en los contenidos de los libros de texto, no
existió una interacción real, y en el caso de las transmisiones
por Internet tampoco existieron elementos interactivos que
hicieran los cursos atractivos. En el caso del canal de YouTube
había ligas que redirigían a la página de los libros de texto
gratuito en formato digital para su descarga.
Por otra parte, la interacción realizada entre el
docente y los estudiantes en la mayoría de los casos fue
establecida por medio de herramientas tecnológicas a través
de sesiones por medio del Zoom y el Microsoft Teams, en
relación con la entrega de las actividades en algunos casos se
realizaron por medio de mensajes de WhatsApp y Google
Classroom en otros casos las entregas fueron mediante
cuadernillos de trabajo que el docente hacia llegar y recogía
estos en fechas programadas.
Sin demeritar el esfuerzo por parte de las
autoridades educativas para la realización, transmisión y
difusión de los contenidos, así como la puesta en marcha de la
plataforma virtual, es innegable que la brecha socioeconómica
mostró la realidad social del país, pero sobre todo que el acceso
a la educación en una crisis de salud trajo como consecuencia
un retroceso en materia educativa.
Educación media superior y superior
En relación con el nivel de media superior, las autoridades
educativas el programa Aprende en Case también implementó
recursos educativos, cuadernillos de actividades para la
televisión y grupos en redes sociales. Paralelamente, se ha
ofrecido capacitación a los docentes en el uso didáctico de
25

diversas herramientas digitales en alianza con Google
Classroom, Facebook y Microsoft. Sin embargo, de acuerdo
con los datos del INEGI (2020) en el ciclo escolar 2019-2020 la
herramienta digital más utilizada por los estudiantes fue el
teléfono inteligente con el 65.7%, le siguió la computadora
portátil con el 18.2%, computadora de escritorio 7.2%, 5.3% con
la televisión digital y la tablet con el 3.6 por ciento.
Si a lo anterior, se le suma que no todos los planteles
de Educación Media Superior (EMS) tienen la infraestructura
tecnológica que brinde el soporte para la formación a distancia
en la crisis sanitaria. Otro punto importante es que la mayoría
de los docentes en EMS su preparación y formación está
centrada en la enseñanza presencial, por consiguiente, no
todos están preparados para el uso de las TIC en la formación
en línea o a distancia.
Ante este escenario, y la diversidad de los subsistemas
en el nivel medio superior cada uno de ellos, emitió la
dinámica del trabajo a distancia. Sin embargo, el factor común
fue contar con grupos de WhatsApp, en algunos casos se
apoyaron en las video sesiones y compartir el contenido
temático, así como subir las tareas en plataformas virtuales
como Google Classroom. Lo anterior, también pone en el
centro, la brecha digital que prevalece, si bien es cierto que un
65.7% de los estudiantes cuenta con un teléfono inteligente no
significa que tenga servicio de datos de manera constante.
Otro punto que destaca INEGI (2021) es en referencia al
tiempo dedicado al estudio ya que 48.3% le dedica entre 3 y 5
horas a dichas actividades. Estos datos son preocupantes dado
que el tiempo dedicado al estudio en la modalidad a distancia
es menor cuando se realizaba de manera presencial.
Por su parte en el nivel de Educación Superior (ES) si
bien el panorama no fue distinto en relación con las
actividades académicas que se llevaron a distancia y en la
virtualidad. También la falta del conocimiento en el manejo de
herramientas digitales en el tenor de trasladar las clases
presenciales a un ambiente virtual de aprendizaje, este factor
común puso en evidencia que los docentes y estudiantes no
estaban preparados para este cambio de modalidad de manera
repentina. A pesar de que en el nivel superior se considera que
los estudiantes tienen una autonomía y autorregulación para
el estudio, el acompañamiento pedagógico del docente sigue
siendo un factor importante para el desarrollo profesional.
Estos acompañamientos en la praxis por parte del
docente en los centros de ES, solo reprodujeron las cátedras en
la presencialidad, pero utilizando las vías tecnológicas
teniendo como desventaja que la interacción cara a cara
estaba supeditada por una cámara web en donde no todos los
estudiantes la mantenían activa; asimismo se tiene la
dificultad de mantener la atención en las clases en el formato
a distancia. Lo anterior, es debido a una sobrecarga en las
tareas que dejan los profesores (Soto, 2022). Cabe señalar que
a pesar de que las autoridades educativas emitieron recomendaciones
para trasladar el proceso de enseñanza – aprendizaje
presencial a modalidades a distancia y/o en línea, los esfuer-
zos no fueron suficientes derivado de las condiciones particulares
de cada estudiante.
Post pandemia, perspectiva educativa
Con el retorno a la presencialidad en los centros escolares
faltan muchas acciones por realizar por parte de las
autoridades educativas. Sin embargo, por la parte de los
actores educativos, docentes y estudiantes están poniendo los
esfuerzos para recuperar los aprendizajes esperados.
También se destaca que la pandemia no solo trajo cuestiones
negativas, entre lo positivo destaca que ya hay una inmersión
de las tecnologías de la información y comunicación que se
pueden utilizar en favor del proceso de enseñanza aprendizaje
(EA). Este retorno a las actividades presenciales en las
escuelas debe verse como una oportunidad para repensar lo
procesos de EA. Por lo que habrá que poner el foco de atención
en las políticas públicas que en materia de educación emanen
en los próximos años.
26

Los replanteamientos no solo deberán estar centrados
en el aprendizaje de los estudiantes, debe de incluir una
capacitación docente acorde a los tiempos actuales, una
reforma curricular en todos los niveles. Sin que esto provoque
un cambio abrupto en el modelo educativo, por lo que la
planeación en una visión a corto y mediano plazo debe
enfatizar la actualización de los actores educativos. Si bien es
cierto que durante el confinamiento se hizo uso de las TIC, no
hay que olvidar que las mismas no propician la formación de
los estudiantes, la dimensión pedagógica es un factor clave
para que la maquinaria formativa produzca los aprendizajes
esperados.
A casi unos meses por iniciar el ciclo escolar
2022-2023, en los medios: radio, televisión e Internet se ha
anunciado la aplicación del nuevo marco curricular en el
modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana es un reto de
grandes dimensiones para las autoridades educativas tanto
nacionales como locales. Sin embargo, aún se desconoce cómo
será su operación a nivel centro escolar, si se continuará con el
modelo curricular 2011 o 2017, o bien se cortará de tajo dichos
modelos para comenzar en el próximo ciclo con el modelo
nuevo, lo que resulta preocupante, dado que aún no se tiene
reportado cuál es el nivel de los aprendizajes que tienen los
estudiantes de educación básica a partir del confinamiento
propiciado por el Covid-19, que sin lugar a duda se prevé exista
un rezago educativo. Por su parte, en el nivel medio superior y
superior, es claro que el currículo debe de actualizarse e incluir
el desarrollo de habilidades digitales adaptados para todas las
carreras técnicas y profesionales, por ejemplo, que los
abogados o médicos puedan aplicar inteligencia artificial a sus
procesos.
Otro reto que se plantea es la enseñanza en las
habilidades requeridas para el mundo actual, preparando a los
futuros profesionistas para enfrentar en un mundo dinámico
con desafíos inciertos y globales. En este orden de ideas, se
debe de recuperar lo aprendido durante la pandemia, considerando
las fortalezas y debilidades experimentadas en lo
colectivo, ya que solamente en el colectivo de la sociedad se
podrá ir avanzando, lamentablemente no al paso que exige la
sociedad y sobre todo en un mundo globalizado.
Por ello es importante que las políticas públicas
educativas estén articuladas a la situación actual, de este modo
el modelo educativo y curricular tendrán que adaptarse a este
contexto, con un diagnóstico a nivel nacional que emita
indicadores acerca del desarrollo de los aprendizajes
obtenidos por los estudiantes. Se puede aprovechar entonces,
experiencias investigativas, como el proyecto de Medición
Independientes de Aprendizajes del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social y el Instituto de
Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana,
cuyos resultados exponen el descenso en los aprendizajes
indispensables en la educación básica en el sur de México a
partir de la pandemia. Estudios de este tipo permiten
visualizar el estado actual de la formación en los estudiantes
que sirven para la toma de decisiones como el plantear un
programa de nivelación de los aprendizajes en los estudiantes.
A modo de cierre, es necesario repensar lo educativo,
en el contexto escolar articulando las dimensiones
pedagógicas, emocionales y tecnológicas, que propicien
un reforzamiento y nivelación de los aprendizajes en
los estudiantes. Replantear las estrategias por
parte de las autoridades educativas para evitar el
abandono escolar o bien que permitan la
recuperación de aquellos estudiantes con posibilidades
en retomar sus estudios. Fijar metas
tangibles a corto y mediano plazo, pero con una
visión transexenal que independientemente de
los cambios de sexenio en la administración
pública federal para evitar cambios repentinos
en el modelo educativo.
Bibliografía
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Subsecretaría de Educación Básica. 2021.
Estrategia Nacional para el Regreso
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México: Secretaria de Educación Pública
Soto J. (2022).
Apreciaciones acerca del aprendizaje a
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educación básica, caso UPV. En R.
Mercado & A. Otero. Háblame de TIC
Volumen 8: Enseñanza remota de
emergencia en la educación superior:
¿Base para la educación híbrida?
Argentina: Brujas – Social TIC.
27

EL NULO DESARROLLO EN VERACRUZ.
LOS FACTORES QUE LO OBSTRUYEN
(1980-2022).
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo¹

Introducción
El presente documento pretende
ser transdiciplinario, puesto que el
concepto “desarrollo”, no lo
pretendo sujetar a una visión
economicista, sino que se
abordará desde la administración
pública, las políticas, el derecho y
la ciencia política, realizando un recorrido histórico
de los últimos nueve gobernadores y sus políticas;
así como el impacto del modelo de desarrollo
internacionalista en la entidad veracruzana y, del
cual se analizará el apoyo gubernamental local que
tuvieron para la implementación de esas políticas,
particularmente ¿qué reformas concretaron?.
Es pertinente comentar los factores
endógenos y exógenos que impactaron en la
economía mexicana y, por ende a la economía
veracruzana, dentro de los primeros se encuentran
las crisis “caseras” de 1976, 1982, 1988 y con la
excepción de 1994-1995 que provocó la primera
crisis de la globalización, según lo dicho por el
expresidente del FMI, Michel Camdessus, que se
convirtió en el “Efecto Tequila”; dentro de los
segundos se podrían enumerar los siguientes: a) en
2001 el derribamiento del World Trade Center, cuya
contracción económica fue del -0.6%; b) en 2009 la
crisis Subprime en el sector de vivienda de los EU; c)
las tensiones comerciales entre EU, China y la
Unión Europea desde 2016; d) en 2018 la pandemia
y, e) en 2022 la guerra en Ucrania.
Regresando a este ensayo, la hipótesis que
sustento sobre el negativo desarrollo veracruzano
es debido a la desarmonización con el modelo de
desarrollo internacionalista en un primer momento,
ahora se tendrá que repensar el proceso de
desglobalización y el regreso al modelo sustitutivo
de importaciones que se está dando en la Unión
Europea y los Estados Unidos como efectos de la
pospandemia; de allí que la variable dependiente
sea el desarrollo disfuncional de Veracruz con el
modelo de desarrollo internacionalista, y las
variables independientes serían: a) inadaptación e
incapacidad para insertar a Veracruz en el modelo
de desarrollo internacionalista, b) la incomprensión
de la clase política local de entender la globalización,
c) la alternancia política nacional rompió los
controles políticos hacia las entidades federativas,
en el caso veracruzano se observó con los gobernadores
Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de
Ochoa, d) la primera alternancia local tuvo un periodo
corto de gobierno, e) la segunda alternancia local
altamente ideologizada no entiende el desarrollo en
el contexto de la desglobalización.
Reforzando el análisis anterior, es
pertinente mencionar la importancia del principal
actor local, que en este caso serán los gobernadores,
sus equipos de gobierno y, sobre todo si tuvieron la
capacidad de armonizar las políticas locales con las
nacionales.
Por otra parte, el crecimiento económico
se entendió de manera tradicional por partes de los
gobiernos a través de la dicotomía: ahorro/deuda,
para apuntalar la capacidad productiva de su
economía; empero, el desarrollo económico tiene
otros dos componentes, el desarrollo social y el
desarrollo político, que se explican como la generación
de riquezas de un país reflejado en el bienestar
de su población, lo que lo convierte en un análisis
más cualitativo que cuantitativo.
En el caso de los Estados Subnacionales,
como se entiende a cualquier entidad federativa del
país, como aquí se abordará a Veracruz; procedo a
utilizar uno de los instrumentos donde se debería
plasmar la idea del desarrollo, que es a través de los
Planes Estatales de Desarrollo, los cuales proporcionan
un diagnóstico, la visión del desarrollo del
gobernante en turno y las políticas a implementarse
para enfrentar los diversos problemas sociales que
deberá enfrentar, dicho instrumento de análisis lo
introdujo constitucionalmente el presidente de la
república, Miguel de la Madrid Hurtado en 1982.
1 Abogado y sociólogo, Universidad
Veracruzana. Especialidad en Cultura de
la Legalidad en FLACSO-México.
Maestría en Teorías Críticas del Derecho
por la Universidad Internacional de
Andalucía. Maestría en Ciencia Política y
Administración Pública del Centro
Latinoamericano de Estudios Superiores.
Master en Gobierno y Administración
Pública por el Instituto Ortega y Gasset.
Doctor en Ciencia Política por la
Universidad Complutense de Madrid.
Profesor de asignatura en la Facultad de
Derecho del Sistema de Enseñanza
Abierta de la Universidad Veracruzana.
29

2 Concepto acuñado por Alexander
Rüstow en el Coloquio Lippman en el año
de 1938. Para el sociólogo Fernando
Escalante Gonzalbo explica al “neoliberalismo”
bajo tres premisas: 1. Un Estado
fuerte a través de la privatización,
desregulación, liberalización para
sostener la economía de mercado, 2. Dar
prioridad a la libertad económica sobre la
libertad política, poner al mercado fuera de
la democracia, 3. La superioridad técnica y
moral de lo privado sobre lo público. Ver
Escalante Gonzalbo, F. (2015). Historia
mínima del neoliberalismo. México:
Colegio de México.
3 Velázquez Rivera, L. (1985). La Bamba
Violenta, México: Océano
4 Se puede consultar trimestralmente
desde el año de 1981 hasta 2021. En la
URL: https://mexicocomovamos.mx/datos/.
Revisado el 25 de mayo de 2022.
El nulo desarrollo en Veracruz 1980-2022
Como se mencionó en la parte introductoria, este
trabajo se divide en cinco variables independientes, teniendo
como eje los periodos gubernamentales de cada uno de los
actores políticos, que en este caso son los gobernadores de
Veracruz. Posteriormente, se referirá a los “nudos históricos”
a los que se enfrenta el propio desarrollo veracruzano.
a) Inadaptación e incapacidad para insertar a
Veracruz en el modelo de desarrollo internacionalista
En 1980, el presidente José López Portillo para
enfrentar la crisis económica de aquella época (devaluación,
fuga de capitales, inflación, aumento de deuda externa,
estancamiento económico, etc.) presentó el “Plan Global”, que
le fue entregado por Miguel de la Madrid Hurtado pero redactado
por los economistas Carlos Salinas de Gortari y Manuel
Camacho Solís, esto a la par del ascenso del modelo de
desarrollo internacionalista o llamado “neoliberalismo”2 en el
Reino Unido en 1979 y los Estados Unidos en 1980. Basta
recordar que México ingresó al GATT en 1986, como parte
relevante de esa internacionalización.
1.- El gobierno de Agustín Acosta Lagunes
(1980-1986)
En ese mismo año de 1980 fue designado candidato
a gobernador por el PRI, Agustín Acosta Lagunes, un
economista de la UNAM, con posgrado en la Universidad de
Nueva York, formado principalmente en el Banco de México,
exdirector general de la Casa de Moneda de México y
exsubsecretario de Inspección Fiscal en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Se podría afirmar que fue el
primer tecnócrata que gobernó el estado de Veracruz, de allí
su férrea disciplina financiera, la cual se reflejó al final de su
sexenio con la obra pública que pudo realizar con el ahorro de
las partidas federales en la banca comercial durante sus
primeros cuatro años de gobierno; en la parte política fue
totalmente diferente, un sexenio muy violento, el cual se
encuentra reflejado en el libro del columnista veracruzano
Luis Velázquez Rivera “La Bamba Violenta”3, donde registra
más de mil asesinatos violentos durante aquella gestión
gubernamental.
Si bien no hizo ningún Plan de Desarrollo Estatal,
porque ya era gobernador, dejó un estado productivo en el
sector primario y secundario, gracias a la presencia de PEMEX
y CFE en el norte y sur de la entidad. Es importante comentar,
que Veracruz en 1980 estaba situado como la cuarta economía
del país, en donde su Producto Interno Bruto fue del 5%.
Se podría afirmar que Veracruz de 1980 a 1986, fue
un estado pujante económicamente, sin deuda pública, con
disciplina financiera, en donde se empezaba a expandir el
naciente modelo de desarrollo internacionalista a las
entidades federativas.
Era un estado
que estaba preparado
para la inserción al
nuevo modelo, en
cuanto al crecimiento
económico en ese
sexenio fue del 2.8%4.
b) La incomprensión
de la clase política
local para entender la
globalización,
2.- El gobierno de
Fernando Gutiérrez
Barrios (1986-1988)
La designación del Capitán del Ejército, Fernando
Gutiérrez Barrios como candidato a gobernador de Veracruz
obedeció a una lógica eminentemente política, dotarle de
gobernabilidad al estado, como se mencionó líneas arriba,
había que disciplinar a los “caciques” que mandaban regionalmente
y que hasta le disputaban el poder político el gobernador,
la decisión del presidente de la república, Miguel de la
Madrid Hurtado de enviar al hombre más experimentado en
inteligencia y seguridad pública a Veracruz era para mandar
un mensaje de “orden”, y eso fue lo que sucedió de 1986 a 1988,
se pacificó al estado con el encarcelamiento o destierro de la
mayoría de los caciques.
30

Empero, el problema político para el gobierno
resurge en Veracruz en 1987-1988 pero ahora no por los
caciques, sino por la pulsión democrática que suscitó la
candidatura a la presidencia de la república del Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por parte del Frente
Democrático Nacional, y con la declinación del veracruzano
Heberto Castillo Martínez como candidato del Partido Mexicano
Socialista.
Entre el equilibrio de hacer política o insertar la
economía de Veracruz al modelo de desarrollo internacionalista,
se olvidaron de los nuevos instrumentos para impulsar el
desarrollo, por ejemplo, al no existir un Plan Estatal de
Desarrollo 1986-1992, a pesar de que era una obligación
constitucional, los primeros dos años se privilegió a la política
y no la economía; quizá, aquí se produjo la primera desarmonización
con las políticas económicas del gobierno federal,
porque ese instrumento pudo insertar a Veracruz al modelo de
desarrollo internacionalista, reorientando a las políticas
locales. Lo que trajo como reacción, que de 1985 a 1990 el PIB
sólo creció el 0.8%, mientras el PIB per cápita descendió del
1.4% al 0.7% en ese mismo periodo.
3.- Dante Alfonso Delgado Rannauro
(1988-1992)
Si bien el gobernador sustituto, Dante Alfonso Delgado
Rannauro, abogado de la Universidad Veracruzana se dedicó a
realizar obra pública, ésta como motor para la reactivación
económica; pero a partir de 1989 la entidad ya estaba
resintiendo el impacto del modelo de desarrollo internacionalista
con la desaceleración económica. Por
ejemplo, en 1980 contribuyó con el 5.4% del PIB
industrial, mientras que de 1985 a
1990 descendió al 4.3%.
Ante la ausencia de un
faro local, como
debió haber
sido el
Plan Estatal de Desarrollo, se orientó hacia la obra pública que
se realizó bajo el esquema del Programa Nacional de Solidaridad,
a través del Fondo para el Desarrollo Regional en forma
de obra pública, esto estuvo vigente de 1989 a 1992, inclusive
para fortalecer esa política social creó la Secretaría de
Desarrollo Urbano (SEDUVER) en 1990, secretaría que fue
antecedente de la de Desarrollo Social. Finalmente, la herencia
de este gobierno fue el primer endeudamiento público de
Veracruz por la cantidad de 348 millones de pesos. Empero,
paradójicamente el crecimiento económico fue del 2.9% en ese
sexenio5, esto se explica por la fortaleza aún del sector
primario.
Es pertinente comentar que Dante Alfonso Delgado
Rannauro en 1992 apoyaba políticamente a Miguel Alemán
Velasco para que fuera el candidato a gobernador, con esa
pretensión se confronta con el presidente Carlos Salinas de
Gortari.
4.- El gobierno de Patricio Chirinos Calero
(1992-1998)
En la sucesión de 1992, el presidente de la república,
Carlos Salinas de Gortari entendió que Veracruz tenía que
insertarse plenamente al modelo de desarrollo internacionalista,
y designó a Patricio Chirinos Calero, economista de la
UNAM, un tecnócrata integrante del primer círculo presidencial,
exsecretario de la SEDUE, como candidato a gobernador,
ahora se invierte la ecuación porque se opta por un economista
y no por un político tradicional.
Fue el primer gobierno subnacional que presentó el
Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998, -el más sólido de todos
los que se han presentado hasta la fecha en Veracruz-, puesto
que contenía un sólido diagnóstico que lo basó en tres componentes:
el Desarrollo Político, la Dimensión Social del Desarrollo
y la Modernización Económica, ésta la entendió como:
“Modernizar a Veracruz, implica trabajar por una inserción
deliberada en las tendencias del cambio que viven México y el
mundo”6, fueron una serie de políticas locales que se armonizaban
con el proyecto nacional de gobierno pero sobre todo con
la inserción al modelo de desarrollo internacionalista, con lo
que se dejaron sentadas las bases para modernizar la
economía.
Es pertinente comentar que a diferencia del Plan
Nacional de Desarrollo 1989-1994, que no contempló el
Tratado de Libre Comercio, el primer Plan Estatal local si lo
incorporó, pero va más allá al alinear las políticas nacionales
con las locales, veamos lo que decía el referido Plan local:
En el marco de la economía internacional, por otra
parte la estrategia de modernización implica asumir el reto de
asegurar que Veracruz alcance niveles de competencia, que le
permitan disputar su lugar en las nuevas corrientes de comercio,
de tecnología e inversión, de las que participa el país. Se
trata no sólo de aprovechar la previsible incorporación de
México a un Tratado de Libre Comercio con América del Norte…7
5 https://mexicocomovamos.mx/datos/.
Consultado el 25 de mayo de 2022.
6 Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998
(1993). Editora del Gobierno del Estado de
Veracruz, p.p.6-7.
7 Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998
(1993). Editora del Gobierno del Estado de
Veracruz, p. 64.
31

Los resultados económicos se reflejaron en la
reducción de la deuda pública de Veracruz de 348 millones de
pesos pasó a 23 millones de pesos, se puede afirmar que dejó
en 1998 un estado bajo los cimientos del desarrollo internacionalista,
con una deuda pública manejable, a pesar del retraso
de doce años que tenía la entidad federativa de su inserción al
modelo de desarrollo internacional.
En 1994, el gobierno de Veracruz aprobó después de
una consulta pública la propuesta de reforma constitucional-electoral
local que incluyó la creación del Código de
Elecciones, y el primer y único órgano autónomo electoral
ciudadano que ha existido en Veracruz, como lo fue la
Comisión Estatal Electoral (CEE), así como el Tribunal Estatal
de Elecciones y allí inició formalmente el proceso de
liberalización política local. Con la ciudadanía que maduró el
proceso de democratización de la década anterior, cuyo reflejo
fue un Estado plural y democrático, -basta recordar la derrota
que sufrió el PRI en las elecciones municipales de 1997-, en la
cual sólo ganó 107 de los 210 ayuntamientos.
Por otra parte, el PRI en Veracruz empezó a sufrir
las renuncias de militantes distinguidos, como Dante Alfonso
Delgado Rannauro en 1995 e Ignacio Morales Lechuga en
1997; el primero fue encarcelado simple y sencillamente por
crear su partido político, en ese tiempo Convergencia por la
Democracia, hoy Movimiento Ciudadano.
Es pertinente recordar el ambiente preelectoral de
Veracruz, instituciones electorales imparciales, el ascenso de
las oposiciones en el plano municipal en 1997, un PRD liderado
por Domingo Alberto Martínez Reséndiz ganó 59 alcaldías,
mientras el PAN presidido por el filósofo César Leal Angulo
alcanzó 39 alcaldías; el ambiente político era que el PRD estaba
en posibilidad de ganar la elección a gobernador con la
candidatura de Ignacio Rey Morales Lechuga8, abanderado
por el PRD-PT-PVEM; quien por cierto, en una encuesta que
levantó “Alduncín y Asociados” del 5 al 8 de febrero de 1998,
arrojó la siguiente medición:9
“¿Si hoy fueran las elecciones para gobernador, por quién
votaría?”
Candidatos Coalición Voto
Ignacio Morales Lechuga PRD-PT-PVEM 44%
Luis Pazos de la Torre PAN 16.4%
Miguel Alemán Velasco PRI 30.7%
Después de esta encuesta, el presidente del CEN del
PRD, Andrés Manuel López Obrador, operó políticamente con
un grupúsculo de radicales de ese partido en Veracruz para
acusar al exprocurador general de la república con el cliché de
ser “salinista” y, en el congreso nacional del PRD10 en Oaxtepec
vetaron la candidatura a gobernador de Ignacio Rey
Morales Lechuga, con lo cual le allanaron el
camino al candidato del PRI, Miguel
Alemán Velasco.
5.- El gobierno de Miguel Alemán Velasco
(1998-2004)
La quiebra del grupo tecnócrata en el gobierno
federal fue lo que definió la sucesión gubernamental en
Veracruz, particularmente el pleito entre Carlos Salinas de
Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, hizo que el candidato
a la gubernatura fuera Miguel Alemán Velasco11, con eso
trataba de reconstruir la hegemonía del alemanismo y alejar
aún más la vertiente tecnocrática del poder político en
Veracruz. -Además, de contar con los servicios políticos del
presidente nacional del PRD-.
Es importante comentar que el expresidente de la
república Miguel Alemán Valdés designó a los gobernadores
desde 1944 hasta 1974: Adolfo Ruiz Cortines, Marco Antonio
Muñoz, Antonio M. Quirasco (Subgrupo de Adolfo Ruíz
Cortines),12 Fernando López Arias, Rafael Murillo Vidal.
Después en 1980 recae en Agustín Acosta Lagunes; hasta que
llega su hijo, Miguel Alemán Velasco al gobierno estatal en
1998.
Las excepciones en el siglo XX fueron: Rafael
Hernández Ochoa en 1974, que fue designado por Luis
Echeverría Álvarez para romper la hegemonía alemanista,
posteriormente Miguel de la Madrid Hurtado en 1986 y Carlos
Salinas de Gortari en 1992, quienes optaron por relegar al
alemanismo en ese periodo.
El gobierno de Miguel Alemán Velasco se puede
afirmar que fue el primer gobierno producto de la construcción
del espectáculo político, si bien empezó con un Plan
Veracruzano de Desarrollo (1999-2004) que proyectaba a la
entidad hasta el año 2025, era en el papel la consolidación del
modelo de desarrollo internacionalista, pero en los hechos no
fue así, no le dieron continuidad al proyecto de modernización
del gobierno anterior, se puede evaluar el pobre crecimiento
económico de ese sexenio que fue del 0.7%13. Lo que hizo su
gobierno fue la reintroducción de la deuda pública estatal,
terminando con un adeudo de 3,500 millones de pesos.
Dentro del espectáculo político se encontró una
nueva constitución política en el año 2000 que nadie entendió
la Grundnorm kelseniana del gobierno veracruzano; la
Cumbre Tajín, “El Jarocho”; en fin, jamás los veracruzanos
pensaron que el exempresario de Televisa terminará
endeudando al estado y con un crecimiento casi nulo. Todo lo
contrario, a lo que había establecido en su Plan Veracruzano
de Desarrollo, en el cual Veracruz sería una economía pujante
y globalizada.
En lo político cerró la etapa de la liberalización
política, en donde el Tribunal Electoral Local, lo redimensionó
en una sala electoral perteneciente al Poder Judicial, y el
órgano electoral local perdió la autonomía ganada en su
gestación.
Finalmente, hay que comentar que cuando el PRI
mantuvo la presidencia de la república en este periodo de 1980
al año 2000, se pudo observar los intentos de mantener los equilibrios

en Veracruz entre la política y la economía, fue como una
especie de péndulo, en donde dos economistas considerados
como tecnócratas mantuvieron las finanzas sanas y que se
alinearon a las políticas nacionales; sin embargo, las
sucesiones de 1986 y 1998 al designar a políticos tradicionales
fue una ruptura para el modelo de desarrollo internacionalista,
la primera se puede entender que fue para privilegiar el orden
político, pero la segunda se vio afectada por la pelea entre la
tecnocracia y con este último gobernador se perdió la
oportunidad de apuntalar el desarrollo en Veracruz.
c) La alternancia política nacional rompió los
controles políticos hacia las entidades federativas, en el caso
veracruzano se observó con los gobernadores Fidel Herrera
Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
El gobierno de Vicente Fox Quesada en su aplicación
del laissez faire, laissez passer, dejaron de tener el control
férreo de las finanzas sobre los gobiernos estatales y municipales,
y allí empezaron los endeudamientos que no han parado
hasta la fecha; por ejemplo, la SHCP ofrece los datos hasta el
año 2021 del concepto “Deuda Subnacional” que asciende a
668,824.2 Millones de Pesos14.
En el caso de Veracruz, la primera alternancia
política nacional convivió con los gobernadores Miguel
Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán15, quienes en el rubro
de la deuda pública la aumentaron de 3,500 a 21,400 Millones
de Pesos, respectivamente, gobernadores sin control financiero
y lo peor sin autocontención.
Es pertinente mencionar que la elección de gobernador
en el año de 2004, aparentemente el PRI la ganó con 35
mil votos de diferencia, pero perdió 131 alcaldías y es la
primera vez que se accedió al primer gobierno dividido en la
entidad, de los 50 diputados locales, 21 obtuvo el PAN y 6 el
PRD; en esta ocasión la pelea del poder político estaría ahora
del lado del PAN.
6.- El gobierno de Fidel Herrera Beltrán
(2004-2010)
Un gobierno que fue legalizado por la Sala Superior
del TEPJF, la derrota política del partido gobernante hizo que
la primera estrategia del gobierno fuera la creación del
“Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo”16, convocando
a los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Convergencia, para
que se integraran, dicho Acuerdo originalmente contó con
cinco temas:
1. El rediseño de las instituciones públicas,
2. La reforma de los procesos electorales, de acceso y conformación
de los Poderes Públicos,
3. Transparencia y acceso a la Información Pública,
4. Combate a la corrupción,
5. Así como el Impulso hacia un modelo de desarrollo
sostenible y sustentable.
El resultado inmediato del referido Acuerdo para la
Gobernabilidad fue un proceso político de “cohabitación” con
el PAN, donde el gobierno “cedió” posiciones medias en los
órganos autónomos (IEV, ORFIS) y en el poder legislativo y
judicial. Mientras los panistas disfrutaban de las migajas del
poder, el gobernador Herrera Beltrán construyó la fidelización
de su gobierno.
Después de que el gobierno del estado desactivó
política y éticamente a la oposición en su conjunto a través del
referido Acuerdo, aquel inició una ofensiva múltiple que va
desde lo mediático, lo simbólico, lo político, y lo económico,
todo ello operado directamente por Fidel Herrera Beltrán,
quien desarrolló una estrategia geopolítica con el “gobierno
itinerante”, al mismo tiempo que las diversas Secretarías de
despacho actuaron a través de la multiplicidad de programas
de gobierno que llevan el slogan de “fiel o fidelidad”, de tan solo
6 Secretarías y 4 instituciones existieron 22 programas que
enarbolaron ese concepto.
Por otra parte la estrategia mediática fue vincular
sus obras y programas de gobierno, personalizándolas,
haciendo una simbiosis político-mediática que evidenció un
gobierno cercano a la gente de escasos recursos (a diferencia
de su antecesor de imagen elitista) y que daba resultados con
un estilo personal de gobernar neopopulista, ésta característica
se reforzó con la creación de un Himno a Veracruz
(noviembre de 2005), de claro impacto simbólico que le dotó
de una nueva identidad al gobierno y a la sociedad.
¿Cuál fue el resultado de la fidelización de ese
gobierno?, en 2007 hubo un realineamiento electoral y el PRI
ganó 28 de los 30 distritos electorales locales y ganó 144
alcaldías; y al otro día de las elecciones fueron corridos todos
los panistas de los órganos autónomos, el poder legislativo y
judicial.
En lo que respecta a este ensayo, el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005-2010, se hizo y rediseño hasta cuatro
veces17, lo que significó que ese instrumento se tomó a chunga,
un plan que no se armonizó con el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006, fue el reflejo de un localismo empobrecedor en
materia económica, sólo se quejaba del endeudamiento
heredado en su primera versión, puesto que afirmaba que:
“…mantener la deuda del gobierno del Estado constante en
términos reales, de suerte que como porcentaje del PIB estatal
disminuirá de 5.6 por ciento en 2004 a 4.2 en 2010”.
Otra parte del desastre económico en el estado fue la
llamada “Bursatilización”, éste cabe señalar que es un
instrumento que se implementa de cinco a diez años, jamás a
treinta años; si bien, el Congreso del Estado aprobó la bursatilización
de la deuda pública en junio de 2006, cuya iniciativa
del gobernador era colocar en la Bolsa de Valores el 80 por
ciento del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
(ISTUV); es así que en diciembre de 2006, el propio gobernador
anunció que con la colocación de las acciones pagó un total
de 3,119 millones de la deuda pública.
8 Del lado del PAN, el expresidente estatal
del blanquiazul, el filósofo César Leal
Angulo decidió apoyar a Ignacio Morales
Lechuga en su candidatura, quien a su vez
era apoyado por Carlos Castillo Peraza y
otros panistas doctrinarios del CEN del
PAN, hecho que le costó la destitución
como dirigente estatal, la cual se disfrazó
que ya había cumplido su permanencia en
la presidencia.
9 Conservo la copia de dicha encuesta
porque fui el último coordinador de
campaña de Ignacio Rey Morales
Lechuga, la cual por cierto fue publicada
en febrero de 1998 en el periódico El
Universal.
10 En ese congreso, los perredistas que
apoyaban a Ignacio Rey Morales Lechuga
fueron: Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Ortega
y Carlos Navarrete.
11 Abogado de la UNAM.
12 Revisar la Tesis Doctoral: “Redes
política y sociales: consolidación y
permanencia del régimen posrevolucionario
en Veracruz, 1920-1970”. de Erasmo
Hernández García. Leer en la siguiente
URL: https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/9719/Redes.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Consultado el 23 de mayo de 2022
13 https://mexicocomovamos.mx/datos/.
Revisado el 26 de mayo de 2022.
14 https://www.disciplinafinanciera.haci-
enda.gob.mx/es/DISCI-
PLINA_FINANCIERA/2021. Consultado el
23 de mayo de 2022.
15 Abogado por la UNAM, a pesar de que
tres años previos estudió en la
Universidad Veracruzana. Maestría y
Doctorado en Derecho por la UV, titulado
en 2008 y 2010, respectivamente. Revisar
la URL: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action.
Consultado el 25 de
mayo de 2022.
16 Lo presentaron el 31 de mayo de 2005.
17 Una segunda versión era explicable,
porque convivió con los dos expresidentes
de la república del PAN, es así que el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 se
tenía que armonizar con el Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006 y,
posteriormente con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
33

18 Esta información la suscribo porque fui
diputado federal en la LX Legislatura
(2006-2009).
19 Abogado por la Universidad Iberoamericana.
Únicamente tiene registrado ante la
Secretaría de Educación Pública ese
título. Revisar la URL: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action.
Consultado el 25 de
mayo de 2022. Aunque en 2013 aparece
que se tituló del Doctorado en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid.
Empero, la tesis aparece con dos fechas
distintas 2012 y 2013. Se puede revisar en
la siguiente URL: https://eprints.ucm.es-
/id/eprint/21008/1/T34411.pdf. Paradójicamente,
se tituló también cuando era
gobernador.
20 ZAVALETA BETANCOURT, A. (2012).
“La seguridad pública en Veracruz,
2004-2009” en El prisma de las
seguridades en América Latina.
Escenarios regionales y locales. Buenos
Aires: CLACSO. http://bibliotecavirtual.-
c l a c s o . o r g . a r / c l a c -
so/gt/20120412113659/prisma-2.pdf.
Revisado el 18 de abril de 2019.
Con dicha acción gubernamental mintió al afirmar:
“Ya pagamos de suerte que ya estamos en estos momentos
Veracruz no debe nada y tendrá otra parte de recursos para
destinarlo a las grandes obras de infraestructura que están
listadas en el resolutivo del Congreso del Estado”. Es
importante comentar que la fecha de vencimiento de las
emisiones será en julio de 2036. Empero, la bursatilización de
la deuda pública en Veracruz chocó con la reforma aprobada
en el Congreso de la Unión, que estableció el fin del pago de la
tenencia para el 1 de enero de 2012.
Para terminar con el tema económico, el gobierno
federal de 2007 a 2009 le dio 7,000 Millones de Pesos al
gobierno de Veracruz por el concepto de “excedentes petroleros”18,
dinero que nunca se transparentó ni rindió cuentas en
¿qué o para qué se ejerció? Más el uso discrecional del 2% a la
nómina; los 4 mil millones de pesos que el Instituto de
Pensiones del Estado fondeo al gobierno del estado y no
existió pago alguno, el fraude de FINAMED en el área de salud;
temas como la compra de energía eléctrica a PROENERMEX
para los municipios más grandes en el estado, entre los que se
pueden señalar como parte del desfalco de las finanzas
estatales.
Con estos recursos económicos del gobierno estatal,
se preparaba para la elección de gobernador en 2010, y por
primera vez en Veracruz las extintas facultades “metaconstitucionales”
del presidente de la república las ejercía un
gobernador, y en este caso al dejar como su sucesor a Javier
Duarte de Ochoa19.
Por otra parte, con la irrupción de la regresión
política, tenían el control de los órganos electorales, cooptada a
la oposición con el Acuerdo de Gobernabilidad, una ciudadanía
adormecida que había experimentado el neopopulismo; y a
pesar de que el PAN era gobierno federal y que el gobernador
Fidel Herrera Beltrán tenía una mala relación con el presidente
Felipe Calderón Hinojosa, ganó la elección Javier Duarte de
Ochoa por un margen considerable.
Finalmente, el tema más complejo es el de la seguridad
pública, tema que tomó carta de naturalización en
Veracruz, problema que actualmente no se puede resolver,
considero relevante citar parte de la investigación del Dr.
Alfredo Zavaleta Betancourt, quien sustentó lo siguiente:
Durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán
(2004-2010) Veracruz descendió del 26° al 15° lugar de
seguridad que tenía a nivel nacional durante el gobierno de
Miguel Alemán Velasco (1998-2004), a pesar de la militarización
integral de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
(Zavaleta, 2012: 52) 20
7.- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa
(2010-2016)
Un Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016),
cuyo texto fue más estético que programático, puesto que
tenía más fotografías que políticas públicas a implementar,
desconectado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, fue
una especie de continuidad del fidelismo sin Fidel Herrera
Beltrán; en síntesis, fue la quinta versión del anterior Plan de
Desarrollo.
En el tema del endeudamiento público, de 2010 a
2016; pasó de 21,400 a 49,100 Millones de Pesos, con nuevas
modalidades de fraudes con empresas fantasmas que hacían
simulación de contratos de obras y servicios, sin licitación
pública, dinero se fue para financiar campañas electorales
federales y locales en 2012, 2013, 2015 y 2016. Todo el manejo
ilegal de este gobierno se puede explicar bajo la fórmula de
corrupción de Klitgaard: C=M+D-A. Corrupción = Monopolio
de la Decisión + Discrecionalidad – Rendición de Cuentas.
De los señalamientos que le realizaron a Javier
Duarte de Ochoa, resalta el de daño patrimonial por 16,349
Millones de Pesos; más las 60 denuncias que tiene ante la PGR
(hoy FGR) por el desvío de recursos de un monto de 60 mil
millones de pesos, esto según la Auditoría Superior de la
Federación.
Con la reforma político-electoral de 2014, se tenían
que armonizar las elecciones estatales con las nacionales, y el
debate local giraba en torno sobre ¿qué periodo de gobierno
estatal debería establecerse para cumplir con la reforma
nacional, si era de dos años o de cinco años?
La decisión tomada fue optar por un gobierno estatal
de dos años, esto no sólo afectaría a la propia política electoral,
sino a la administración pública estatal en su conjunto, por
ejemplo, para los teóricos norteamericanos en políticas
públicas, reflexionan que deben ser cinco años para poder
evaluar una determinada política, y a los ayuntamientos les
ampliaron el periodo a cuatro años, siendo el único estado en el
país que no pueden reelegirse para el periodo inmediato.
Finalmente, la evaluación de los efectos de la
alternancia panista en algunas entidades federativas fue la de
un desastre económico y político, como fue el caso de
Veracruz, puesto que el
gobernador Fidel
Herrera Beltrán al
no tener un jefe
político nacional,

pasó a ejercer un feuderalismo solapado desde el gobierno
federal, basta recordar aquella frase: “estoy en la plenitud del
pinche poder” (sic), lo cual le permitió dejar a su sucesor, un
hecho político inédito en la alternancia, la cual caminaba bajo
dos motores; el primero en el sur-sureste del país bajo la
regresión autoritaria del priismo, y en el segundo, bajo el
espejismo de la democracia en el plano nacional.
d) La primera alternancia local tuvo un plazo corto
gobernando, lo que hace casi imposible evaluar sus políticas.
7.- El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares
(2016-2018)
Miguel Ángel Yunes Linares, abogado por la Universidad
Veracruzana,21 ganó la elección de la gubernatura en
2018 frente al sentimiento ciudadano del abuso de poder
acumulado de tres sexenios: la frivolidad del fracasado
empresario de medios de comunicación, Miguel Alemán
Velasco; y las patologías de Fidel Herrera Beltrán y Javier
Duarte de Ochoa; indudablemente Veracruz experimentó
tiempos de oscuridad en esos dieciocho años de gobiernos
priistas. Fue como una especie de candidato “vengador”, cuya
única promesa de campaña fue “encarcelar a Javier Duarte de
Ochoa”.
En los temas de este trabajo, en primer lugar, se
encuentra el Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2018, que
lo hizo la Universidad Veracruzana, una complejidad para
armonizarlo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
porque ya se habían realizado todas las reformas del “Pacto
por México”. Del puro ejercicio de gobierno se destacan dos
políticas que son medibles y contrastables con la información
oficial, y que son:
El primero es sobre la deuda pública estatal, cuyo
resultado fue la disminución de 2,400 Millones de Pesos del
monto total, es decir, la reducción del endeudamiento fue de
49,100 a 46,700 Millones de Pesos.
El segundo fue sobre la reducción de la pobreza, al
revisarla resulta que en ese bienio se redujo la pobreza en
Veracruz, en un 0.4% en la medición del CONEVAL de 2018
bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, pero con la nueva
medición de 2020, con
la presidencia
de Andrés
Manuel López Obrador, se redujo la pobreza en un 2%. Esto se
explicará posteriormente.
En el tema donde presumía una vasta experiencia
fue en el tema de la seguridad pública, allí siendo candidato a
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que:
“acabaría con la inseguridad en seis meses”, algo que fue
prácticamente imposible, porque al Estado los grupos ilegales
ya le estaban disputando el monopolio legítimo de la violencia
desde hace más de una década.
En el ámbito político, no podía realizar ninguna
modificación constitucional político-electoral, por el plazo para
aprobarla, puesto que se tuvieron las elecciones municipales
en el año 2017, y las de gobernador y congreso en 2018.
En cuanto al crecimiento económico en el primer año
de gobierno, este fue negativo -1.1%22, puesto que era prácticamente
imposible recomponer el sistema económico, pero, aun
así, el crecimiento económico promedio del bienio fue del
1.25%.
e) La segunda alternancia local no tiene una idea del
desarrollo en el contexto de la desglobalización.
8.- El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez²³
(2019-2024)
Nunca se había presentado la oportunidad para un gobernador
de iniciar un periodo gubernamental al mismo tiempo que el
presidente de la república; en cuanto al instrumento de
medición para este trabajo que es el del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2019-202424, éste se presentó antes que el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-202425, pero ambos coinciden en
el fondo: son panfletos y no instrumentos para impulsar el
desarrollo del país o del estado. Veamos la primera alegoría del
Plan Nacional:
Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una
propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable
de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia
entre los sectores sociales. Debemos demostrar que sin
autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional; que la
modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a
nadie y que el desarrollo no tiene porqué ser contrario a la
justicia social. Tales son los lineamientos en los que se
enmarca el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 202426.
21 Se tituló en 1997, cuando fue
presidente del CDE del PRI.
22 https://mexicocomovamos.mx/datos/.
Consultado el 25 de mayo de 2022.
23 Ingeniero mecánico eléctrico por la
Universidad Veracruzana. Especialidad en
Educación Media Superior Universidad
Pedagógica Nacional, información
verificada en el portal https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action.
Consultado el 25 de
mayo de 2022.
24 http://repositorio.veracruz.gob.mx-
/ w p - c o n t e n t / u p -
loads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/
Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_E
xt_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).
pdf. Consultado el 25 de mayo de 2022.
25 https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf.
Consultado el
25 de mayo de 2022.
26 https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf.
Página 10.
Consultado el 25 de mayo de 2022.

27 https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3
%8Dndice%20de%20Competitividad%20
Estatal/2021-04-23_0900%20%C3%8Dnd
ice%20de%20Competitividad%20Estatal
%202021/Documentos%20de%20resulta
dos/ICE%202021%20Reporte%20de%20
resultados.pdf. Consultado el 25 de mayo
de 2022.
28 http://presto.hacienda.gob.mx/presto/-
files/system/mashlets/app_layout_sedofem/index.html?param_len
guaje=1&param_tema=1&param_subtem
a=2&param_vistaPrevia=0&param_clasifi
cacion=1&param_tipo=1&param_unidad=
2&param_formato=17&param_formato_d
esc=Por%20nivel%20de%20ente%20p%
C3%BAblico,%20serie%20hist%C3%B3ri
ca. Consultado el 21 de mayo de 2022.
29 https://www.diputados.gob.mx/sedia/-
sia/se/SAE-ISS-16.30-19.pdf. Consultado
el 21 de mayo de 2022.
30 https://www.coneval.org.mx/coordina-
cion/entidades/Veracruz/-
PublishingImages/Pobreza_2018/Pobreza
2018.jpg. Consultado el 24 de mayo de
2022.
31
32 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/Paginas/Pobreza_2020.aspx.
Consultado el
24 de mayo de 2022.
En el caso del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD)
2019-2024, está sustentado en tres Ejes Generales y dos Ejes
Transversales, que expresan el proyecto de Estado que
propone al actual gobierno estatal.
En el PVD 2019-2024 se omiten algunos artículos
fundamentales como el 21 y otros más de la Ley de Planeación
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave sobre el Sistema
Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, que se
aprobó en diciembre de 2018, lo que significa que no leyeron
su propia reforma; en cuanto al diagnóstico se puede afirmar
que es limitado, porque se basa mayoritariamente en los dos
años previos a este gobierno, de allí que el análisis carece de
una reinterpretación de los últimos tres sexenios; su narrativa
es ideológica sobre el pasado inmediato; particularizando, en el
caso de las metas existe una integración de enfoque de largo
plazo entre la planeación estratégica sexenal y la planeación
prospectiva, en la cual se encuentran “injertados” los 17
objetivos del Milenio 2030.
El resultado de casi cuatro años de gobierno, es que
el crecimiento económico ha sido negativo; por ejemplo, de
2019 a 2021 el saldo es del -2.1%, si le agrego que Veracruz
está en el lugar 27 en el Índice de Competitividad Estatal,
según el Instituto Mexicano de la Competitividad;27 por
supuesto que para evadir la responsabilidad gubernamental
culparán a la pandemia; pero por ejemplo en el tema de la
deuda pública que han anunciado en múltiples ocasiones su
reducción, esta es una información confusa o inexacta,
veamos el siguiente cuadro:
Deuda
Pública
2018
Deuda
pública
2021
Tipo
Observaciones
43,852,61 43,975,2 Estatal Como puede
leerse, la deuda
pública estatal
disminuyó
únicamente en la
vertiente
municipal
2,475,66 2,099.4 Municipal
46,729,21 46,446.4 Total
Los “nudos históricos” del desarrollo en
Veracruz
“Nudo histórico” fue un concepto que usó el
ex-investigador del Colegio de México, Manuel Camacho Solís
para analizar al sistema político mexicano, ahora me lo apropio
para ubicar los viejos y nuevos problemas a los que se enfrenta
Veracruz, y que deberán abordar los próximos gobiernos.
Frente al desastre que vive la entidad federativa, académicamente
reconozco una visión no positiva sobre el “cómo” se
recompone en el corto plazo la actual situación veracruzana,
aquí dejo los “qué” para una reflexión y atención de los
diversos actores, cuyas acciones en el futuro inmediato serán
fundamentales.
1.- Deuda Pública de 2004 a la fecha
La Deuda Pública de Veracruz en mayo de 2022,
según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de
46,446,4 Miles de Millones de Pesos (MMDP), de los cuales
2,099,4 pertenecen a los ayuntamientos, y el resto 43,975,2
MMP,28 es deuda del gobierno del estado.
Evolución de la Deuda Pública (1986-2022)
Columna2 Columna1 Deuda Pública MDMP
CGJ (2018-2024)
46.4
MAYL (2016-2018)
46.7
JDO (2010-2016)
49.1
FHB (2004-2010)
21.4
MAV (1998-2004)
3.5
PCHC (1992-1998)
0.23
DDR (1988-1992)
0.348
AAL (1980-1986)
0
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: Cámara de Diputados. “Financiamiento y Deuda Pública del estado de Veracruz 1993-
2019”. Cámara de Diputados 29
2.- Sentar las bases para la nueva economía
El mundo se transforma constantemente, y hoy se
abre nuevamente otra oportunidad para Veracruz, con la
posibilidad de construir una política de ciencia y técnica
aplicada para introducir la Inteligencia Artificial (IA) como
palanca del desarrollo de Veracruz, tal y como lo están haciendo
la CDMX, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, y
Coahuila. Es así como el sector público tendrá que diseñar una
nueva visión económica desde la tecnología para con el
desarrollo sostenible y sustentable, cuyo objetivo sea elevar la
producción en el campo, cuando hay posibilidad de aumentar
la producción a través de políticas públicas que contemplen la
IA; una política que invierta en la generación de patentes y en
un largo etcétera.
Con la riqueza natural que aún mantiene Veracruz
se puede transitar hacia una economía verde, que conlleva a
repensar qué hacemos ante el agotamiento de las refinerías
que están asentadas en la entidad federativa, así como
proponer el cierre de Laguna Verde para dar paso a la
generación de energías limpias.
3.- La pobreza en Veracruz
Por otra parte, el saldo social de los últimos gobiernos
estatales, en el rubro de pobreza en la cual se encuentran los veracruzanos,
tenemos el siguiente cuadro, ello según la CONEVAL:
Año Población en situación en pobreza Porcentaje
(millones)
2008 3,879.0 51.2
2010 4,448.0 57.6
2012 4,141.8 52.6
2014 4,634.2 58.0
2016 5,049.0 62.2
2018 5,088.6 61.8 30
2018 4,776.7 60.2 31
2020 4,776.7 58.6 32
36

Es importante resaltar que la medición de la pobreza que realizó el
actual gobierno federal a través de CONEVAL, que todo parece indicar que
existe un error o posiblemente una manipulación en el número y porcentaje
de pobres que hay en Veracruz, puesto que la última medición de la
pobreza que realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto en la entidad fue
del 61.8%, con un total de 5.0 millones de veracruzanos que vivían en
pobreza; mientras que en la medición de 2020, aparecen “otros datos”
sobre la pobreza en Veracruz para ese mismo año, que es del 60.2% y,
con 4.7 millones de pobres.
Según los datos del gobierno federal, únicamente el 37.8% de los
veracruzanos no viven en situación de pobreza; paradójicamente
Veracruz es hoy es la entidad que está en el cuarto lugar de pobreza en el
país, casi empatado con Guerrero. Esta situación es catastrófica, pero
indudablemente que los pobres de este estado son los siervos electorales que
los distintos partidos políticos y gobiernos los tienen como mercado electoral
cautivo a través de los diferentes programas sociales.
4.- Los reductos de los hombres fuertes y la metamorfosis de
los grupos ilegales
Veracruz transitó del “pistolerismo” de principios del siglo XX, hasta la consolidación
de los cacicazgos regionales en los años ochenta y noventa, pero hoy
nuevos actores ilegales han superado a esas viejas formas de control
político33, quienes deciden elecciones municipales controlando a los
órganos electorales y jurisdiccionales electorales. Reforzando lo
anterior, el actual gobernador en el senado de la república
reconoció que existen seis grupos ilegales en el estado de
Veracruz que se disputan el territorio34.
5.- El Índice de Desarrollo Democrático en
Veracruz 2018-2020
El Índice de Desarrollo Democrático en México (IDD-MX)
es un esfuerzo institucional que arrancó en el año de 2010 en
el país y, que se publica anualmente (excepto en el año 2016
que no se realizó) en donde participan el INE, el Colegio de
México, la Fundación Konrand Adenauer y otros; al documento
anual lo definen como “un instrumento destinado al análisis político de
fortalezas y debilidades de la democracia mexicana”. Se puede consultar el
texto en la siguiente liga:
https://idd-mex.org/wp-content/uploads/2020/01/IDD-Mex-2019.pdf.
Es pertinente comentar que Veracruz en el año 2018 se situaba en el lugar 30,
y en 2019 se fue al lugar 31; ¿qué pasó en un año para que se corriera al lugar 31?
Definitivamente, el actor que contribuyó al deterioro democrático, paradójicamente
fue por el poder legislativo, primero con el juicio político fallido en contra del
exfiscal de Veracruz; posteriormente con la destitución anticonstitucional del
mismo fiscal y, con ese hecho se anuló la división de poderes en Veracruz, si a
todo esto le sumamos el cúmulo de pifias jurídicas en 2020: a) la creación del
Consejo Municipal en Mixtla de Altamirano; b) la destitución de magistrados; c)
el capricho para que el Alcalde suplente de Actopan no tomará posesión; d) la
reforma constitucional-electoral que anuló la SCJN. El IDD de Veracruz en
2020, se volvió a ubicar en el lugar 3035.
33 Revisar el artículo de investigación
donde hay un mapeo de los grupos
delincuenciales que se encuentran en la
entidad federativa hasta el año de 2016.
Recomendable leer a Andrade, V. (2018).
“Violencia y régimen político en Veracruz,
México: 1936-2016”. Memorias: Revista
Digital de Historia y Antropología desde el
Caribe (mayo-agosto), 55-78. Y en la URL:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862018000200055
34 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/cuitlahuac-garcia-denuncia-operacion-de-6-cart
eles-en-veracruz
35 https://idd-mex.org/rankings/.
Consultado el 25 de mayo de 2022.
37

Conclusiones
1.- La discusión entre tecnócratas y políticos sobre quien gobernaba
mejor, cuando estuvo en el poder el PRI a finales del siglo XX (1980-1998), en
cuanto a crecimiento económico y armonización del desarrollo internacionalista,
los políticos o en particular el último gobernador del PRI no fue capaz de insertarse
al modelo internacionalista, simplemente porque no lo entendió, pero además de
una ceguera de cómo se estaba moviendo el mundo para enfrentar la globalización,
se puede afirmar que aquí empezó la severa crisis económica de Veracruz.
2.- La celebrada alternancia nacional panista no supo y no pudo conducir
en democracia el desarrollo del país, basta recordar que congelaron la reforma del
Estado ese periodo (2000-2012), por cierto, la cual arrancó en 1982 y terminó en el
año 2000, aquella se implementó en tres etapas: redimensionamiento del Estado
(1982-1988), modernización (1988-1994) y, gerencia pública (1994-2000).
3.- Se pensó que la democracia había tomado carta de naturalización en
todo el país; empero, la pulsión autoritaria irrumpió en el sur-sureste del país:
iniciando en el año 2000 en Tabasco y Yucatán, posteriormente le siguieron
Oaxaca, Veracruz, quienes a través de la Confederación Nacional de Gobernadores
institucionalizaron la oposición y resistencia hacia el novel gobierno, y ya en
la segunda vertiente panista, con Felipe Calderón Hinojosa, quien tuvo negada la
legitimidad de origen debido a la falacia del fraude electoral en 2006, lo que limitó
en mucho a su gobierno, porque estuvo confrontado con el PRD y chantajeado por
el PRI.
4.- Lo anterior contribuyó para que, en el caso veracruzano, se tuviera
un “presente-continuo” de la depredación de os presupuestos desde 1998 hasta
2016, gobiernos sin pesos y contrapesos internos, sin límites institucionales, cuyo
resultado de aquello fue que hoy Veracruz se encuentra en los últimos lugares de
cualquier medición económica, política, científica, ambiental, entre las más importantes.
5.- De acuerdo a José Ortega y Gasset en su “Teoría de las Generaciones”,
de sus circunstancias y de “recibir lo vivido -ideas, valoraciones, instituciones …”;
considero importante referirme a la “generación” que gobernó Veracruz: Dante
Alfonso Delgado Rannauro (DADR), Fidel Herrera Beltrán (FHB) y Miguel Ángel
Yunes Linares (MAYL), en el orden que gobernaron, los tres estudiaron en la
Universidad Veracruzana, son abogados formados bajo la única cultura política
del siglo XX, que fue la priista. Quienes se pueden comparar en sus resultados,
tanto DADR y MAYL tuvieron gobiernos cortos de cuatro y dos años, respectivamente;
mientras FHB gobernó seis años; los dos primeros con resultados económicos
favorables, el primero con mayor crecimiento económico en su gobierno, que
el segundo.

6.- Una misma cosmovisión política de origen, pero con resultados
gubernamentales distintos, con diferentes contextos históricos, los dos primeros
se fueron a la oposición, uno hizo su partido político, el segundo se fue a militar y
controlar a un partido político ya establecido; frente a FHB que paradójicamente se
quedó de manera exitosa en el PRI, pero que su legado es que Veracruz quedará
postrado económica, social y políticamente gracias a él y a su sucesor por los
próximos cincuenta años.
7.- La segunda alternancia local, se produjo con un nonato político, en
donde predomina la ideología en la forma de gobernar, con la cual se palpan los
nulos resultados en cualquier rubro, por ejemplo, el “orden” como se interpretó en
los años 80 por la clase política, que era la pacificación de los grupos poderosos en
el plano regional, hoy no se tiene la capacidad para enfrentar a los nuevos grupos
ilegales, esto fue reconocido por el propio titular del poder ejecutivo.
8.- Veracruz se encuentra entre la continuidad del desastre heredado
por los peores gobernadores emanados del PRI y, ahora con la incompetencia
gubernamental, no se puede gobernar culpando al pasado, porque para eso se
eligió a un gobierno precisamente para resolver los problemas del pasado y del
presente, la irresponsabilidad desde el gobierno tiene repercusiones para la
sociedad, como son: la migración por necesidad o por la violencia; la inserción de
los jóvenes a sumarse por penuria o por la fuerza a los grupos ilegales, como su
ejército industrial de reserva; aumento de la pobreza (a pesar de que se manipulen
las cifras desde las instituciones); una economía en retroceso con saldos negativos;
la regresión política al pistolerismo posmoderno, con la imitación de las
prácticas del cacique potosino, Gonzalo N. Santos: “entierro, encierro, destierro”,
que representa la paulatina muerte de la incipiente democracia veracruzana.
Finalmente, como se observó a lo largo de este largo ensayo, la próxima
elección de gobernador en 2024, tendrá que tener una propuesta que rompa con
la inercia veracruzana, deberá ser una especie de gobierno de transición, en el
sentido de que quizá no se crezca pero estará obligado a atacar directamente los
“nudos históricos”, como: reducir la deuda pública; impulsar una economía del
conocimiento; pacificar la lucha política; diseñar una política social que frene la
fábrica de pobres, cambiar el paradigma de la seguridad, hacia una seguridad
ciudadana, entre las más importantes. Hacia el 2030, se abre la necesidad de tener
un gobierno de “continuidad” de aquellas políticas para empezar a nivelar a
Veracruz en todos los ámbitos aquí señalados.
26 de mayo de 2022
Xalapa, Veracruz

RESEÑA PROFESIONAL
Jorge Alberto Silva Rodríguez
Economista con estudios de maestría en Administración y Políticas
Públicas por Centro de Investigaciones y Docencia Económicas
(CIDE). Fue funcionario por más de una década del Banco de Desarrollo
de América del Norte (NADBank por sus siglas en inglés) y
actualmente se desempeña como Socio-Consultor en Políticas Públicas,
Investigador Asociado de GAPAC, A.C. (Gobierno y Análisis
Político, A.C.), Director General de Fundacrover, A.C. (Fundación de
la Crónica de Veracruz, A.C.), analista en Radio y Catedrático.
Cuenta con Diplomados: en Análisis Político, Democracia y Elecciones por
el CIDE, en estudios de Estados Unidos, México y Canadá por el Centro de Investigaciones
sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y en Organismos Públicos por la Universidad del Verbo Encarnado
(UIW por sus siglas en ingles). Ha sido coordinador de publicaciones académicas con
el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), CIDE y
COLEF (Colegio de la Frontera Norte) y autor de diversos capítulos en libros y
revistas especializadas, además de ser ponente y profesor invitado en seminarios de
la UNAM, el COLEF y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) capitulo para México.
Sus áreas de especialización son: Instituciones, Políticas Públicas, Gobiernos
subnacionales, Administración y Programas. Sus más recientes publicaciones
son: “Crisis de la Democracia, una lectura desde América Latina” revista DEMOAmlat
y “México poselectoral: alarmas (aun) encendidas” en la revista ESTE PAIS.
41

Institucionalizar
el derecho a la paz,
desde lo local
Jorge A. Silva Rodríguez¹
1 Jorge Alberto Silva Rodríguez es
economista y maestro en Administración y
Políticas Públicas por la Universidad
Veracruzana (UV) y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) respectivamente, investigador
asociado en GAPAC, A.C., -Gobierno y
Análisis Político, A.C.- , consultor en
políticas públicas y catedrático.
2 Ver: Cambiar la narrativa, El papel de las
comunicaciones en la justicia transicional,
Instituto para la transición integral, IFIT,
octubre de 2021
Debilitamiento de las instituciones, deterioro de la
capacidad productiva, escasa innovación, empleos precarios,
deterioro ambiental y baja cobertura en la calidad de la
educación han sido la constante en los últimos años de gobierno
en México. Agravándose todo, aún más, con ejecutivo
populista y demagogo.
Gobierna por medio de encuestas y no con políticas
públicas; los principios de gobernanza que enmarca el Estado
de Derecho -que garantizan la convivencia entre personas,
instituciones y entidades de gobierno- parecen no estar
sujetos a lo que dictamina la Ley sino a la voluntad de una de
las partes. La vinculación entre autoridades y ciudadanía está
desdibujada y no se vislumbran condiciones que la mitiguen.
Los acontecimientos de violencia, impunidad e
incertidumbre actual y la forma en como nos enteramos de
estos, están enmarcados en un juego sin sentido de algunos
medios de comunicación. Es pobre la calidad de contenido
mediático que nos fotografían, “narrativas simples en el
marco de sociedades profundamente divididas”2. Las nuevas
formas de comunicación no generan historias plurales,
complejas, ni nos muestran un panorama general de todas las
variables de la ecuación que permitirían generar consensos en
el marco de una sociedad que se desarrolla en polos opuestos.
Las sociedades polarizadas solo presentan una o dos
narrativas de los hechos. La gran mayoría de las narrativas
permanecen ocultas por intención u omisión. Ante los escasos
argumentos, los debates suelen ser emocionales y menos
racionales. El sentido común dicta no imponer ideas sino
romper esquemas y eliminar juicios preconcebidos a la ligera.
Se ha creado una realidad alterna donde cualquier
persona con un dispositivo móvil puede ser un medio de
comunicación, pero hay que distinguir ente la noticia informada,
con investigación seria y rigurosa que contraste realidades
de la noticia de entretenimiento y distracción. Importante
distinguir entre un medio de comunicación tradicional y lo
superficialidad de las redes sociales. La sociedad es más
compleja que unos cuantos caracteres y más plural que lo que
se pretende hacer creer al grueso de la población.
La violencia, impunidad y ausencia de paz, son los
variables que determinan la agenda nacional, donde el gobierno
no presenta soluciones a estas problemáticas. La falta de
ideas tanto del gobierno federal como de los estados hace
desvanecer la fuerza de tener un sistema federal donde los
gobernadores jueguen un rol transcendente e influyan sus
agendas en la dinámica local.
Un actor importante, la sociedad civil organizada, ha
tenido impacto en temas locales, pero carecen de trascendencia
organizativa a nivel nacional; ¿por dónde iniciamos? ¿hasta
dónde de vamos a tolerar como sociedad los índices de
violencia e impunidad y acostumbrarnos a ellos?
Las respuestas no son simples, pero hay forma de
iniciar la construcción. Todas las historias deben ser escuchadas
y todos los actores deben ser partícipes. Los diálogos
deben ser amplios que permitan imaginarnos vivir en paz y
visualizar un futuro diferente. Hablar de todos los actores no
solo es agruparlos entre públicos-privados y sociedad civil; no,
es diferenciarlos entre supervivientes, grupo de jóvenes,
lideres religiosos, lideres éticos, académicos, investigadores,
feministas, empresarios, comerciantes, políticos, y otros
tantos más, para no sólo hablar de violencia e impunidad, sino
hablar de cómo resolverlas.
Los procesos y mecanismos para solucionar los
problemas del pasado y sancionarlos, agrupados en el término
de justicia transicional, con impacto legal y jurídico son el
mejor inicio para hablar de paz y reconciliación, pero debemos
dar un paso más adelante. El impacto de estos procesos y
mecanismos debe ser social y sobre todo político y en la arena
pública, es hacer hincapié en alinear incentivos y elevar el
costo político de no resolver la violencia.
La construcción de paz se entiende como un proceso
de largo plazo, donde la inclusión es la variable principal de la
ecuación que genere estabilidad y que involucre a todos los
actores para crear conexiones civiles que legitimen el proceso;
la construcción de la búsqueda de paz debe partir de la
premisa de hacerlo desde lo local hacia lo nacional. Incentivando
el esquema federalista a su máxima expresión. Los grupos
de diálogo se construyen desde las bases y liderazgos regionales.
42

Los actores locales son los que tienen un
conocimiento profundo de las realidades y podrán ayudar a
desarrollar grupos por regiones para escalar en la construcción
de redes con agenda propia. Pero ¿cómo institucionalizar
estos esfuerzos? La gran tarea es la creación, desarrollo y
seguimiento de estas redes sociales para integrarlas en los
tres órdenes de gobierno (federal, estatal y local) con el único
fin de generar los incentivos adecuados y asignar responsabilidades
claras.
Una propuesta para institucionalizar estos esfuerzos
es realizarla a través de los Congresos Locales de cada uno
de los Estados de México. Mucho se discute que en los
congresos locales se legisla poco o no se legisla, pues iniciemos
por alinear los incentivos para que esto suceda. Son los
Congresos Locales los que tienen la capacidad de convocar a
los actores civiles regionales, a los académicos de las universidades
estatales y privadas, a los periodistas locales y actores
políticos de cada municipio o distrito al cual representan.
En los Congresos Locales, siguiendo los pasos como
se hizo en el estado de Durango3 con la sociedad civil, se debe
discutir la iniciativa de promover a nivel constitucional local el
derecho por la paz con el fin de pensar en tener una calidad de
vida y vivir en condiciones de tranquilidad y respeto mutuo, a
la vez que se fortalezcan las instituciones encargadas del
orden y de aplicación de la ley.
Los derechos humanos se han convertido en la
principal preocupación tanto de los poderes públicos como de
la sociedad civil organizada. Basarnos en el principio de
progresividad establecido en la Constitución Política de los
Estados
Unidos Mexicanos donde se piense en ampliar el alcance y
protección de los derechos humanos y llegar a su fin último, el
vivir en paz. La Real Academia Española define a la paz como
“situación en la que no existe lucha armada en un país o entre
países”, donde existe una “relación de armonía entre las
personas, sin enfrentamientos ni conflictos”. Hoy en día,
¿Vivimos en Paz? ¿Conocimos la Paz? Son dos preguntas
donde la respuesta reflexiva quizá nos lleve a una negativa al
reconocer a la violencia en nuestra historia social y política
como algo cotidiano, normal, ajeno a nosotros.
Al poner el derecho a la paz como agenda prioritaria
de los Congresos Locales, se garantiza la inclusión (pieza
clave) de los actores sociales locales, independientemente de
filiación política; así, la convocatoria que tengan los representantes
locales legislativos será un cristal donde se evalué su
capacidad de pluralidad y sobre todo de hechos y acciones
desde sus espacios de poder. El socializar una iniciativa, hará
que los actores múltiples y plurales de una sociedad, se sientan
o no representados.
Elevar a nivel constitucional un tipo de iniciativa
como esta, se puede evaluar como un mecanismo de
supervisión de política pública incluyente, donde se van a
derivar una serie de reformas, leyes y reglamentos enfocadas
en el mejoramiento de la seguridad pública, prevención social
de delitos y un combate a la impunidad de estos. Permitiendo
así, seguir los pasos de una política pública que abarque el bien
común, sin distinción de ideologías ni partidismos y con total
transparencia de intereses privados y responsabilidad de
servicio público.
Esta propuesta no se queda solamente en la
definición del problema, ya que existen un sin número de
diagnósticos al respecto, sino que llegamos a la formulación
de una política pública – Iniciativa de Reforma Constitucional
por el Derecho a la Paz-, con mecanismos
comprometidos en el desarrollo de fomentar un
Estado de Derecho y sobre todo la evaluación
de resultados tangibles (disminución real
en los índices delictivos, por ejemplo)
que nos permitirá informar de los
procesos de avance con claridad y
verificación de datos.
Pieza clave en el desarrollo de
esta iniciativa, es la conformación
de una Comisión Local
en cada congreso, con
presupuesto y reglamento
establecido. Que convoque a los
Organismos de la Sociedad
Civil y que, con la obtención de
recursos para su funcionamiento,
garantice acciones y
transforme las aspiraciones en
acciones concretas.
3 Ver. Iniciativa de reforma constitucional,
H. Congreso del Estado de Durango
2021-2014

Uno de los mecanismos de diálogo, puede ser -mas no es el
único- realizar ejercicios exploratorios de mapeos de narrativas
de realidades diversas dentro de la sociedad con el
propósito de documentar y escuchar la diversidad de testimonios,
que se entiendan y se dimensionen en sectores locales
para ayudar a construir estrategias de paz. Estas narrativas
serán, con certeza, tan diversas como el número de distritos
alcanzados en cada estado.
Las narrativas4 son un campo fértil para conocer
ecosistemas múltiples y poder conocer de raíz la perspectiva
de paz de los habitantes de una localidad determinada. Las
narrativas son parte de un cúmulo de valores, experiencias,
interpretaciones de la realidad que cada persona tiene y que
permite dar visibilidad a una serie de múltiples actores que
quedan siempre fuera de la narrativa dominante y que son
clave para la formulación de una política pública integral para
la construcción de un proceso de paz.
Es importante re imaginar un futuro diferente. No
sólo hablar de violencia, sino de cómo resolverla. Abonar ideas
para realizar un nuevo trato por la paz, con visión de largo
plazo escuchando a todas las víctimas. Donde la inclusión
juega un papel fundamental. Donde se fortalezca el Estado de
Derecho, se realice un rediseño institucional de los organismos
encargados de impartir justica desde lo local, con
perspectiva de género y fomentar en la ciudadanía una cultura
de paz. Imaginar vivir en paz.
En esta cultura de paz, para que inicie desde lo local,
los Congresos Locales serán los actores principales. Rescatando
mediante su institucionalidad a las organizaciones
involucradas en estos procesos y dándole cabida por cada uno
de sus distritos representados a la multiplicidad de actores
que han sufrido de violencia y reconocer así, el problema de
raíz.
A través de los Congresos Locales se trabajará en “el apoyo
para la ruptura de inercias culturales, ideológicas y sistémicas;
la generación de espacios de diálogos entre diferentes actores
sociales; y distinguir entre la parte teórica y el desarrollo de
políticas económicas y sociales”5, para construir una verdadera
política pública que sea para toda la sociedad y con visión
demócrata.
4 Ver. El papel de la Narrativa en el
manejo de conflictos y el apoyo a la paz,
IFIT, febrero 2021
5 Leer: La economía social de mercado,
una propuesta para México, Fundación
Konrad Adenauer Stiftung, KAS, febrero
de 2017.
44

BIBLIOGRAFIA
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periódico EL Universal, 10
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-Seth Kaplan &
Mark Freeman,
Inclusive transitions
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IFIT, julio 2015.

Columna #LaAgendaDeLasMujeres
MÁS ALLÁ DE LA MISOGINIA
Y EL ABSTENCIONISMO
Mónica Mendoza Madrigal
En 2021 estaban tan recientemente aprobadas las nuevas
disposiciones en materia de paridad, que los partidos
realmente hicieron la integración de sus listas sobre las
rodillas, rellenando el 50 por ciento de las mujeres con una
indigna “pepena” bajo la ya conocida cantaleta de “no hay
mujeres”, que les llevó a nuevamente desconocer trayectorias
y militancias, postulando a las que se pudo, que desde luego no
tenían ni posibilidades de triunfo porque, o carecían de liderazgo efectivo o de
posicionamiento mediático.
Con 12 meses de distancia y la clara evidencia de que no hay vuelta atrás
en una paridad que no acaba de gustarle a los partidos, 2022 llegó con seis candidaturas
a gubernaturas en las que participaron 13 mujeres y 12 hombres, y de las que
dos de ellas obtuvieron el triunfo: una en Aguascalientes y otra en Quintana Roo,
estados que por primera vez serán gobernados por una mujer y que se suman a
Campeche, Tlaxcala, Baja California, Colima, Guerrero y Chihuahua, cuyos triunfos
se obtuvieron en 2021 y se adicionan a la de la Ciudad de México, que fue electa en
2018, sumando al día de hoy nueve mujeres al frente de sus entidades federativas,
siete por Morena y dos por el PAN.
Ellas han logrado en solo cuatro años superar la cifra histórica de
mujeres con cargos unipersonales al frente de gubernaturas estatales, lista encabezada
por Griselda Álvarez y seguida por Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Amalia
García, Ivonne Ortega y Claudia Pavlovich.
De todas las entidades en que se disputaron los titulares del Ejecutivo, el
caso de Aguascalientes representó un laboratorio político que sienta un significativo
precedente: puras mujeres candidatas en esa entidad, pequeña en tamaño pero
vasta en influencia estratégica y económica por la industria que ahí se concentra, y
que fue el escenario para que las candidatas y sus consultores “enseñaran el cobre”,
saliendo al proceso con estrategias de lodo y denostación que obligan a pensar que
si es para ponerse el pie y tirarse al lodo, no hay ninguna diferencia entre una mujer
candidata y un hombre candidato, pues éstas resultaron exactamente iguales a los
otros, al menos en la manera de comunicar.
Y es que ahí, las candidatas de la guerra sucia más que un tache, incurrieron
en delitos, como lo dejó demostrado el que la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales abriera un proceso penal en contra de la candidata que se dijo “feminista”
por la Violencia Política que ejerció en contra de otra candidata, lo que lleva a
preguntarnos: ¿qué necesidad? ¡Qué manera tan innecesaria de quemarse!
Esta situación nos obliga a plantearnos la urgente necesidad de
contar con un padrón de consultores políticos generadores de violencia política,
los cuales deban asumir el costo de seguir contribuyendo con la guerra de
denuestos que en muy buena medida ha alejado cada vez más a la ciudadanía
de la política.
La gente está harta de los conflictos y estos personajes cobran –y
mucho– por campañas negras, sucias, violentas, sin ningún constructo, como la
inútil idea de mostrar a una buena candidata portando unos guantes de box cuando
era la única enfrentando a hombres en una entidad machista, alusión que no
generaba ningún diferenciador sustancial respecto de la oferta por los otros
presentada.
En este rubro es indispensable dejar claro que las estrategias de comunicación
de las campañas no están despertando ni el interés ni el entusiasmo de un
electorado que no alcanza a percibir la razón del beneficio entre la oferta de un
aspirante y otra, pues en la narrativa no alcanza a distinguirse qué hay más allá del
contraste. ¿Qué ofrecen los partidos con sus candidaturas, más allá de la obviedad
de que no son los otros? Lo que es evidente es que no hay nada.
Nadie ofreció algo atractivo para un electorado que simplemente no salió
a votar, enviando un mensaje cuya interpretación oscila entre la apatía y la desafección
política, comportamiento este último que evidencia la convicción plena de que
ninguna opción le convence y como acto político, se rechaza la oferta no emitiendo
el sufragio en favor de ninguno.
Ahí el mensaje es claro: más allá de los falsos triunfalismos, ningún
partido político convence y ni los ganadores equipararon sus propias cifras de
procesos de hace un año o hace dos, ni la oposición mostró ningún avance efectivo
y lo que demuestra es que se aferra a la mera sobrevivencia.
Así que la frase de que “hay tiro” respecto del enfrentamiento que se
avizora entre el partido oficial y la oposición, lo que pone en evidencia es su
misoginia intrínseca y su contribución a la violencia; que son insostenibles en una
realidad de vida que transcurre paralela al carril en que ellos se mueven y que
exactamente por eso es que tuvo los resultados que conocemos.
Con cifras tremendas por el alto nivel de abstencionismo: Aguascalientes
54 por ciento, Durango 49 por ciento, Hidalgo 59 por ciento, Tamaulipas 46 por
ciento y Quintana Roo 59 por ciento, mientras que Oaxaca fue el estado con menor
participación ciudadana con un 62 por ciento de abstención. Una se pregunta, ¿de
qué triunfo hablan los partidos, cuando claramente aquí el que ganó fue otro? ¿Con
qué legitimidad gobernarán, cuando las minorías son las que les dieron el triunfo?
En 2022 los partidos no crecieron más allá de sus márgenes de certeza mínima por
lo que deben, con urgencia, cambiar la narrativa y la oferta: dejar de postular a los
mismos de siempre –hombres o mujeres– que siguen reproduciendo las formas
tradicionales, cada vez más vetustas.
Las candidaturas de personajes reciclados dan cabal cuenta de que los
grupos políticos que mandan en los partidos no tienen una identificación ideológica,
como queda de manifiesto con el hecho de que los cuatro candidatos con los que
ganó Morena militaron antes en el PRI entre 16 y 35 años, y que con lo que van a
campaña y ganan es con estructuras patriarcales de los señores dueños de las
46

plazas, ya sean del crimen organizado o de la más rancia clase
política, situación que revela los pactos que están dispuestos a
sostener, con tal de retener o alcanzar el poder.
Que nadie se llame diferente, porque esta película ya la
vimos antes y ya sabemos cómo es que termina.
La ruta a seguir es clara: si gobernar es comunicar,
tienen que comunicar cada acción de gobierno para intentar
despertar el interés de una ciudadanía a la que es clarísimo que le
vale por completo todo aquello de la cosa pública. Pero “aguas”,
porque si bien es cierto que lo que más engancha al público son
los “culebrones” tipo Johnny Deep o Belinda, el que la clase política
continúe con la pauperización de sus abordajes solo seguirá
ampliando una distancia que puede llegar a ser infranqueable.
Si hoy hay quien gana con un escaso porcentaje de la
población votante, ¿qué pasaría si ese porcentaje es menor al 10
por ciento? Cuidado, porque esa tendencia podría no estar lejana.
Es imperativo exigir a los partidos que inviertan en la
formación de liderazgos de las mujeres que militan en éstos. La
prerrogativa pública para ese efecto es costumbre que termine
siendo, en el mejor de los casos, destinada a los cursos de maquillaje
para “el empoderamiento”, pero que no hacen que despunten
los saberes objetivos que sí les sirven a las mujeres a la hora de ir
a campaña.
Y es indispensable voltear a mirar otros rostros y
potenciarlos. Las y los mismos de siempre ya tuvieron sus
oportunidades en otro tiempo. Hoy los nuevos liderazgos deben
ser la apuesta al cambio ante una clara realidad que ha mandado
sus señales, que no son de humo, sino de votos.
@MonicaMendozaM
BIOGRAPHY
Comunicóloga política y feminista.
Doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, México; Maestra en Comunicación Política por CADEC y
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con estudios sobre Violencia Política en Razón de Género (Instituto Belisario Domínguez);
Género (El Colegio de México); Comunicación, Derechos Humanos y Género (Comunicación para la Igualdad); Comunicación Política
(UNAM); Gobernanza y Participación Ciudadana (Instituto Mora); Comunicación y Gestión Política (Universidad Veracruzana). Con
más de 20 años de experiencia haciendo estrategias de comunicación en campañas políticas y en instituciones públicas. Fue titular
del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz y antes fue
Directora de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el pasado sexenio, entre otros cargos públicos. Académica,
activista y participante activa en los medios de comunicación en donde escribe la columna La Agenda de las Mujeres https://mujeresconstruyendo.com/profile/MonicaMendozaMadrigal.
Es del libro “El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de
Veracruz” y tiene capítulos en 4 libros colectivos, además de otros textos publicados. En 2020 fue galardonada con la Medalla "Leona
Vicario Madre de la Patria" por su trabajo en favor de los derechos humanos de las mujeres.
Hoy dirijo mi propia consultoría que se llama Gramma Comunicación.
RESEARCH INTERESTS
• Comunicación Política
• Participación Política Femenina
• Paridad de género
• Economía política de la comunicación
• Comunicaciòn, ciudadanía y política
• Medios de comunicación y poder
AFFILIATIONS
Universidad Anahuac del Norte, CICA (Centro de Investigación para la
Comunicación Aplicada) / Facultad de Comunicación, Graduate Student

DEMOCRACIA Y JUICIO POLÍTICO,
EN EL CONTEXTO DEL
PROCEDIMIENTO
DE REVOCACIÓN DE MANDATO*
PEDRO CONTRERAS HERNÁNDEZ**¹
Resumen
La consolidación de la democracia en
México ha transitado por un proceso,
lento pero sostenido en gran medida
gracias a la creación y fortalecimiento de
los organismos electorales autónomos que
actúan bajo la premisa del respeto
irrestricto al marco jurídico vigente.
En el contexto actual mediante el cual se desarrolla
el procedimiento de revocación de mandato se ha observado
un ataque sistemático a los organismos autónomos por parte
del titular del Poder Ejecutivo, así como de los diputados
federales que integran el partido gobernante.
PALABRAS CLAVE
Democracia, organismos autónomos, revocación de mandato,
juicio político.
SUMARIO
1. Introducción
2. Democracia en México
3. Organismos autónomos
4. Revocación de mandato
5. Juicio político
6. Conclusiones
7. Referencias
1. INTRODUCCIÓN
México vive un contexto de cambios políticos de
gran trascendencia. El cambio de partido gobernante, así
como las prácticas en el ejercicio del poder se han transformado
de manera radical, ya que podemos observar un estilo de
gobernar basado en la confrontación, la división, y a nuestra
consideración, en la persecución de los actores políticos
contrarios al Ejecutivo Federal y su partido. Lo anterior, como
método para mantener el poder frente a los partidos políticos
opositores, quienes no acaban de asimilar lo que ocurrió en las
elecciones presidenciales del año 2018, las cuales reconfiguraron
el ajedrez político del país.
Esta circunstancia representa un riesgo no solo para
la democracia, sino para la estabilidad del país al desconocer
incluso el trabajo de los integrantes de los organismos autónomos
garantes de la democracia, particularmente el Instituto
Nacional Electoral, al utilizar la figura del juicio político como
medio de coacción y amenaza, en contra de los integrantes de
dicho instituto, si no se está de acuerdo con los dictados del
Ejecutivo Federal. Esta actitud vulnera el estado de derecho y
sienta precedentes muy graves al desconocer las disposiciones
de la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La razón que nos lleva a reflexionar sobre el tema en
específico, son los acontecimientos ocurridos en los últimos
años que han impactado la vida pública y política, así como lo
ocurrido en la actualidad. Las elecciones de 2018 fueron un
parteaguas en la política mexicana, al tener un presidente que
obtuvo una mayoría abrumadora superior al 50% de los votos
sobre los partidos de oposición (Electoral, 2018). Así mismo,
los resultados electorales de la elección intermedia de 2021,
reconfiguraron nuevamente el poder en México al perder, el
partido en el poder, la mayoría calificada, de dos terceras
partes de la Cámara de Diputados, que se requieren para hacer
las reformas a la Constitución, por lo que esta situación ha
provocado fuertes embates por parte del titular del Poder
Ejecutivo, hacia los partidos de oposición y particularmente
hacia los integrantes de los organismos autónomos como el
Instituto Nacional Electoral.
*Articulo de investigación
** Licenciado en Derecho por la
Universidad Veracruzana. Maestro en
Derecho Electoral por la Universidad de
Xalapa. Doctorando en el Doctorado en
Derecho del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
Docente por asignatura de la Facultad de
Derecho de la Universidad Veracruzana
desde 2006. Servidor público en la
administración pública estatal y municipal,
así como en organismos electorales
autónomos.
49

2. DEMOCRACIA EN MÉXICO
La democracia como tal la empezamos a conocer
en la Grecia antigua, en palabras de Robert Dhal tenemos
una primera definición al señalar que:
Para designar su nueva concepción de la vida
política, y las costumbres a que dio origen en numerosas
ciudades-Estados, los griegos comenzaron a utilizar a
mediados del siglo V a.C. la palabra "demokratia". Si bien el
sentido raigal de ese término es simple y hasta evidente por
sí mismo ("demos" = pueblo, "kratia" = gobierno o autoridad;
por lo tanto, "gobierno del pueblo" o "por el pueblo"), sus
mismas raíces plantean urgentes interrogantes: ¿quiénes
integran el "pueblo" y qué significa que ellos "gobiernen"?
(Dahl , 1992, pág. 11).
De la enterior definición surgen las preguntas
¿Quiénes integran el “pueblo” y que significa que ellos
gobiernen?. El concepto mismo de “pueblo” resulta ambiguo,
ya que no hay una respuesta satisfactoria en este
sentido. Así que para efectos de la presente investigación
entendemos por pueblo, al conjunto de personas que
participan en la vida cotidiana de un determinado Estado,
así como quienes participan en la vida pública o de los
asuntos públicos, de ahí que para este analisis, nos centraremos
en esta segunda acepción. Hay que recordar que en
la antigua Grecia solo se consideraba ciudadanos a los
hombres libres para tomar parte en las decisiones de la
polis, por lo que estaban excluidos tanto las mujeres, los
extranjeros y los esclavos.
En este orden de ideas, quienen se reunian en la
plaza pública eran precisamente los hombres libres
quienes tenian ese estatus de ciudadanos y que eran los
encargados de resolver los asuntos públicos de la Ciudad.
En este punto, el número de ciudadanos que acudian a la
plaza pública no era muy elevado por lo que permitía el
intercambio de ideas y la toma de decisiones. La otra
cara de la democracia ateniense, era la de los
excluidos, es decir, de quienes no podian participar
en las decisiones y que como ya se
apunto anteriormente, eran las
mujeres y los esclavos. En este
sentido, de manera reciente, un
sector importante de la población
de México era excluido, nos
referimos a las mujeres, quienes
hasta octubre del año de 1953
se les reconoció el derecho a
ejercer el voto, mediante la
publicación del decreto
correspondiente en el
Diario Oficial de la
Federación
(Voces feministas
, 2019).
En la actualidad el concepto de democracia ha
evolucionado ya que en nuestros dias entendemos y
abservamos como “la democracia moderna es un conjunto
de procedimientos encargados de hacer viable el
principio fundamental de la soberanía popular, el gobierno
del pueblo por el pueblo” (Woldenberg & Salazar ,
2001), así nos encontramos con esta nueva forma de
participación en la toma de decisiones de los asuntos
públicos, en donde todos quienes cumplen con los
requisitos mínimos de edad (18 años), para participar de
manera activa y pasiva en las elecciones. Sin embargo, el
concepto de democracia no debe agotarse con el solo
hecho de participar en las elecciones, sino como bien lo
señala el artículo tercero de la Constitución al concebir a
la democracia como un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo.
Esta evolución de la democracia ha permitido
que se concreten los ideales de la revolución francesa y
del liberalismo, así tenemos que:
¿Cuál fue la aportación del liberalismo a la
democracia? Esa aportación fue enorme, al grado de que
hoy se habla de que la democracia moderna es una
democracia liberal. El liberalismo le ayudó a la democracia
a fijar límites al poder de los gobernantes. Fueron
varios los mecanismos que sirvieron para ello: el constitucionalismo,
la división de poderes y la reivindicación de
los derechos civiles, también llamados derechos de
libertad (de pensamien¬to, de culto, de reunión, de
prensa, de tránsito, de no ser detenido arbitrariamente,
de no sufrir penas corporales, de tener un juicio justo).
(Fernández Santillán, 2020, pág. 13).
En México contamos con una democracia
liberal, que se ha construido a lo largo de las últimas
decadas. Los cambios fundamentales de la reforma
constitucional en materia político-electoral, publicada en
el Diario Oficial de la Federación (dof) el 10 de febrero de
2014, fue la creación de un nuevo órgano electoral,
facultado para organizar los comicios federales y locales.
(Montoya Zamora, 2015) que consolidaron en muchos
aspectos la participación ciudadana, la fiscalización de los
gastos ejercidos por los partidos políticos, las candidaturas
independientes, etc., lo que representa el fortalecimiento
del estado de derecho en el país.
En últimas fechas hemos observado el ataque
sistemático que desde la Presidencia de la República se
realiza en contra de los organismos autónomos y los
medios de comunicación entre muchos otros entes
públicos y privados. Los primeros, principalmente el
Instituto Nacional Electoral en las pasadas elecciones
intermedias del año 2021 para renovar la Cámara de
Diputados, fue blanco de amenazas y desacreditación
hacia algunos de los integrantes del Consejo General con
el único fin de debilitar y poner en duda el trabajo que
50

realizan de manera profesional en todos los procesos
electorales. En este orden, se pudo observar la amenaza
directa de iniciar juicio político en contra de dos de sus
consejeros, incluido el Presidente de dicho instituto.
Los ataques sistemáticos a la autoridad
electoral, no solo provinieron del Poder Ejecutivo, si no
que a esto se sumó su partido en la Cámara de Diputados
al manifestar en voz de su coordinador que el Grupo
Parlamentario de Morena, informó que su bancada se
sumará a la propuesta de las y los legisladores del PT
para solicitar juicio político a los consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro
Murayama Rendón (Noticias, 2021)
En este orden de ideas, al igual que en el
pasado proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional
Electoral fue blanco de ataque en el contexto del procedimiento
de revocación de mandato. Este último, como
mecanismo de participación ciudadana y de democracia
directa, fue incorporado recientemente en la Consitución
en su artículo 35, fracción IX, adicionado el 20 de diciembre
de 2019, y expedida su ley reglamentaria el 14 de
septimebre de 2021, por lo que resulta a todas lucen
ilógico que la reforma fue propuesta y aprobada por el
partido en el poder, es decir, ellos mismos con su mayoría
calificada que tenían en ese año aprobaron la redacción
actual de dicha disposición constitucional. Este punto se
abordará más adelante de manera amplia.
3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Las reflexiones que hacemos, parten de la
importancia que tienen estas instituciones autónomas
en el país, particularmente el Instituto Nacional Electoral
y que juegan un papel relevante en la estabilidad
política del mismo y cómo, a partir del año 2018, han
sido atacadas de manera sistemática por el titular del
Poder Ejecutivo, poniendo en riesgo la estabilidad
democrática e institucional que le ha permitido ser
garante de los procesos electorales desde su creación,
hasta el último proceso electoral de éste año 2021.
El insituto Nacional Electoral, tiene su origen
en la reforma político – electoral producto de los acuerdos
entre las diversas fuerzas políticas, asi tenemos
que:
El 10 de febrero de 2014 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional
en Materia Política-Electoral. En cumplimiento a
esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el
Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden
las leyes generales de Delitos Electorales, de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y de
Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. (Segob,
2014).
Con esta reforma, se procuro el fortalecimiento
del organismo electoral autónomo con la
finalidad de ejercer plenamente su autonomía, así como
velar por el ejercicio de los derechos político electorales
de los ciudadanos, la promoción de los valores y cultura
cívica, el INE, representa hoy en día uno de los pilares
fundamentales de la democracia en México. Su
fortalecimiento ha sido producto de años y como toda
institución no es perfecta sino perfectible, esto es, que
toda reforma debe procurar buscar siempre el fortalecimiento
y nunca su retroceso, como manifiestamente lo
busca el gobierno en turno, al manifestar abiertamente
la intención de cambiar radicalmente a dicho instituto,
desde la selección de los consejeros, hasta su estructura
organizacional (Editorial, 2022).
Este tipo de intentos por debiliar y reformar
al organismo garante de la democracia, representa un
atentado al Estado de Derecho, por lo que de continuar
por ese camino, México corre el riesgo no solo de
retroceder al antiguo esquema autoritario de la segunda
mitad del siglo XX, sino de perder una parte importante
del avance democratico y de fortalecimiento del
mismo Estado de Derecho, por lo que en este aspecto es
de suma importante reflexionar sobre el mismo.
En primer lugar es importante resaltar qué
debemos entender por Estado de Derecho, así tenemos
que el:
Estado de derecho consiste en la sujeción de
la actividad estatal a la constitución y a las normas
aprobadas conforme a los procedimientos que ella
establezca, que garantiza el funcionamiento responsable
y controlado de los órganos del poder, el ejercicio
de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y
no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia
de los derechos individuales, colectivos, culturales
y políticos (Valadés, 2017, pág. 396).
En un estado de derecho, deben existir reglas
claras que sean conocidas por todos quienes son parte
integrante de un país. Los procesos democráticos
conllevan confrontaciones políticas que en ningún
momento deben pasar a la esfera de los ataques personales
sino limitarse a la esfera de lo público y a la
solución de las diferencias por los cauces institucionales,
como lo es en este caso, al no estar de acuerdo con
determinadas decisiones del órgano electoral administrativo,
impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para que sea éste quien dirima
las controversias generadas por los actos de las autoridades
y no utilizar la amenaza de juicio político como
medio de presión y coacción para obtener beneficios
indebidos.
51

A los regímenes autoritarios y dictatoriales les
resulta incomodo el Estado de Derecho, pues, por
definición éstos buscan siempre el control total de las
instituciones y de los ciudadanos, despreciando el orden
jurídico y principalmente los derechos humanos, pues su
actuar busca:
El control absoluto de la vida social sacrifica los
derechos individuales en aras de un supuesto bienestar
común muchas veces incompatible con los proyectos y
las ambiciones de los ciudadanos. El Estado de derecho
es, en este sentido, una respuesta individualista y legalista
frente al riesgo del ejercicio despótico del poder
político (Rodríguez Zepeda, 2020, pág. 58).
La limitación al ejercicio del poder autoritario,
debe estar siempre en la conciencia de los ciudadanos,
quienes al tener el poder de cambiar, mediante el
sufragio y la participación política activa, a todo aquél
grupo o partido político que desprecie o atente contra el
Estado de derecho. Esto solo puede lograrse mediante la
divulgación de los valores democráticos, de la educación
cívica en todos los estratos sociales, y no quedarse solo
en los círculos académicos o intelectuales, sino que todo
aquél ciudadano tenga acceso a la información necesaria
para que participe de manera conciente e informada en
la toma de decisiones de los asuntos públicos, solo de esta
forma se podrá consolidar y fortalecer un auténtico
Estado de Derecho.
Por consiguiente Rodriguez Zepeda (2020)
citando al jurista Elías Díaz, nos señala:
Las características generales del Estado de
derecho han sido enlistadas del siguiente modo por un
destacado jurista:
a) Imperio de la ley: ley como expresión de la
voluntad general.
b) Separación de poderes: legislativo,
ejecutivo y judicial.
c) Legalidad del gobierno: su regulación por
la ley y el control judicial.
d) Derechos y libertades fundamentales:
garantía jurídi¬co-formal y realización
material. (64).
En este orden de ideas, las características
antes descritas representan un esquema indispensable
en un estado democrático, pues su observancia y
fortalecimiento representan el ideal de una sociedad
moderna, acorde con los cambios y avances que exigen
los tiempos actuales, en los que no solo la democracia,
sino los derechos fundamentales de los ciudadanos
deben estar siempre por encima de ambiciones políticas
y de poder. El imperio de la ley debe ser la guía de todo
gobernante, puesto que ésta representa el fundamento
de convivencia armónica de la sociedad. Así mismo la
separación de poderes, el fortalecimiento de los pesos y
contrapesos garantiza que exista diálogo en los órganos
deliberativos y por su parte un Poder Judicial que sea
garante del respeto a la Consitución y los tratados
internacionales de lo que México sea parte.
4. REVOCACIÓN DE MANDATO
El término revocar, de acuerdo con la Real
Académia Española, del latín revocare, significa dejar sin
efecto una concesión, un mandato o una resolución. Por su
parte el término mandato, tiene su origen en el latín
mandatum y una de sus definiciones de acuerdo con el
diccionario de la Real Académia es el: Encargo o
representación que por la elección se confiere a los diputados,
concejales, etc,. Así mismo se define como Contrato
consensual por el que una de las partes confía su
representación personal, o la gestión o desempeño de uno
o más negocios, a la otra, que lo toma a su cargo. De
las anteriores definiciones, podemos considerar
al mandato, como ese encargo que le
dan los ciudadanos, mediante su
voto, a un determinado servidor
público para que realice las
funciones inherentes a los
gobernantes contempladas
en la ley.
Entendemos
a la revocación de
mandato como el
procedimiento de
participación ciudadana
considerado
como un mecanismo
de democracia directa,
mediante el cual un
determinado número
de ciudanos, en un
primer término, solicita
ante el Instituto Nacional
Electoral, el inicio del
procedimiento de
revocación; lo anterior,
mediante la recolección de
firmas que en México, de
acuerdo con la Ley Federal de
Revocación de Mandato, deber ser
de al menos el 3% de los electores
inscritos en la lista nominal, siempre y
cuando la solicitud corresponda a por lo
menos diecisiete entidades federativas y
que representen, como mínimo, el tres por
ciento de la lista nominal de electores de cada
una de ellas; Artículo 7, de la citada Ley.
52

En la siguiente imagen
podemos identificar cuáles
fueron las fechas claves
en este procedimiento de
revocación de mandato:
Fuente: INE, Plan Integral y Calendario del
Proceso de Revocación de Mandato del
Presidente de la República 2021-2022.
Como podemos observar en la imagen anterior, el organismo
electoral (Instituto Nacional Electoral, 2022, pág. 67),
siempre actuó de manera transparente y apegada al
marco jurídico, además de atender al principio
de máxima publicidad, por lo que
resulta evidente que, al contrario
de lo expresado por el titular del
Poder Ejecutivo (Forbes,
2022), nunca se obstaculizo,
ni se actuó de
manera ilegal en todo
éste procedimiento de
revocación, ya que
incluso, el partido
político del presidente,
tiene representación
en el Consejo General
del citado instituto.
Así mismo, otro
elemento que generó
controversia y resulto a
todas luces contrario a la
Constitución fue el decreto de
interpretación:
Decreto por el que se
Interpreta el Alcance del Concepto
de Propaganda Gubernamental,
principio de imparcialidad y aplicación
de sanciones contenidas en los artículos
449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y
61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato
(Cámara de Diputados, 2022).
El anterior decreto fue impugnado por diversos
actores políticos, por lo que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
declaro inaplicable el citado decreto:
Al estudiar el caso las y los magistrados
determinaron que el Decreto es inaplicable a los casos de
revocación de mandato, porque no se realiza una
interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”,
sino que se establece una excepción a la
prohibición de difusión de propaganda gubernamental
durante el desarrollo de un proceso de revocación de
mandato, lo cual es violatorio de la prohibición prevista en
Constitución (El Financiero, 2022).
Los hechos anteriores, fueron motivo de
preocupación por parte del Presidente del Instituto
Nacional Electoral el cual manifestó “Ayer, en su mensaje
dominical, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE,
afirmó que con esta decisión, Morena mantiene un desafío
sistemático contra la autoridad al no respetar las reglas
fijadas para la promoción de la consulta” y añadió “Vemos
con preocupación una estrategia de sistemático desafío a
las reglas del proceso democrático, paradójicamente por
parte de quiénes aprobaron las leyes y dicen ser los
principales interesados de que este ejercicio se lleve a
cabo” (Forbes, 2022) .
Estos ejemplos de ataque sistemático tanto a los
diferentes actores políticos de oposición al régimen actual
en México como a los integrantes de los organismos
autónomos como el Instituto Nacional Electoral, así como
la amenaza de iniciar juicio político en contra de estos
últimos, representa a nuestra consideración un ataque a la
democracia representativa y al Estado de derecho,
mismos que son pilares fundamentales en la sociedad
mexicana y que resulta necesario y urgente contar con
instituciones jurídicas que defiendan y protejan a todos
aquellos que desempeñan una función autónoma como
órganos garantes de la democracia, por lo que de igual
forma consideramos indispensable contar con un medio
de defensa adecuado que le permita a los servidores
públicos defenderse de este tipo de ataques autoritarios,
en la eventualidad de que se les pretenda destituir
mediante el procedimiento de juicio político.
53

5. JUICIO POLÍTICO
Es así como consideramos que la utilización del
juicio político como medio de amenaza y coacción en
contra de determinadas personas que no se sometan a las
decisiones del Ejecutivo Federal, representa una afrenta al
estado de derecho que debe prevalecer en toda democracia
liberal como la que tenemos en México y que le
corresponde a todos los mexicanos defenderla ante los
intentos de desarticulación y debilitamiento cuya única
finalidad, del Ejecutivo Federal es tener el control de los
órganos electorales autónomos.
En México, tanto a nivel federal, como estatal,
encontramos el procedimiento de juicio político, que se
promueve en contra de determinados servidores públicos,
enfoque estudiado desde la perspectiva de la responsabilidad
administrativa y/o penal de dichos servidores, sin
embargo es necesario preguntarse: ¿Existe algún medio
de defensa en contra de las resoluciones de los órganos
legislativos en materia de juicio político?, ¿cumple el
Estado mexicano con lo expresado en el artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a
la protección judicial efectiva?.
Para que exista un pleno estado de derecho, y
que exista un medio de defensa adecuado para todos
aquellos que se vean amenazados, atacados y coaccionados
injustificadamente, como ya lo manifestamos líneas
arriba, consideramos necesario contar con una
herramienta jurídica que proteja a quienes llevan a cabo
funciones no nada más de carácter electoral, sino también
aquellos de fueron electos por el voto popular y que al igual
que los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, han
sido amenazados si no ceden a las exigencias del titular del
Ejecutivo Federal.
Al respecto, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) señala que el artículo 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé
el derecho humano al recurso efectivo, postura que deriva
del análisis de los artículos 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; en consecuencia,
de los compromisos internacionales adquiridos por el
Estado Mexicano en materia de protección de derechos
humanos, de la obligación a reconocer a todo procesado,
como parte de la formalidades esenciales de los procedimientos,
que toda resolución que se dicte pueda ser
sometida o recurrida ante un juez o tribunal superior, lo
cual no podía desvincularse del diverso 14 constitucional,
por referirse a las formalidades esenciales del procedimiento.
En efecto, el artículo 25.1 de la Convención
Americana de Derechos humanos (CADH) nos dice la
Corte IDH garantiza la existencia de un recurso sencillo,
rápido y efectivo ante juez o tribunal competente. Asimismo,
ha dicho que, de conformidad con la CADH, los
Estados Parte están obligados a suministrar recursos
judiciales efectivos, recursos que deben ser sustanciados
de conformidad con las reglas del debido proceso legal
(Godínez, 1987); todo ello dentro de la obligación general, a
cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos por la CADH a toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Por su parte, la efectividad supone que, además
de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados
o respuestas a las violaciones de derechos contemplados
ya sea en la CADH, en la Constitución o en las leyes
(Bámaca, 2000). Es decir, que para que tal recurso
efectivo exista, no basta con que esté previsto por la
Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible,
sino que se requiere que sea realmente idóneo para
establecer si se ha incurrido en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.
No pueden considerarse efectivos aquellos recursos
que, por las condiciones generales del país o incluso por las
circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios (Ivcher vs Perú, 2001).
La Corte IDH ha señalado también que, en los
términos del artículo 25 de la Convención Americana, es
posible identificar dos obligaciones específicas del Estado.
La primera, consagrar normativamente y asegurar la
debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades
competentes, que amparen a todas las personas
bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos
fundamentales o que conlleven la determinación de los
derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar
los medios para ejecutar las respectivas decisiones y
sentencias definitivas emitidas por tales autoridades
competentes (Villagrán, 1999), de manera que se protejan
efectivamente los derechos declarados o reconocidos.
Por ello, el derecho establecido en el artículo 25
se encuentra íntimamente ligado con la obligación general
del artículo 1.1 de la CADH, al atribuir funciones de protección
al derecho interno de los Estados Partes (Castillo Paes
Vs Perú, 1997). A la vista de lo anterior, el Estado tiene la
responsabilidad no sólo de diseñar y consagrar normativamente
un recurso eficaz, sino también la de asegurar la
debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades
judiciales. El proceso debe tender a la materialización
de la protección del derecho reconocido en el
pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de
dicho pronunciamiento (Baena Ricardo y otros Vs
Panama, 2003).
Por tanto, la efectividad de las sentencias y de
las providencias judiciales depende de su ejecución. Lo
contrario supone la negación misma del derecho involucrado.
Todo esto implica, conforme al artículo 25.2.b) de la
Convención Americana, que los Estados se comprometen
a desarrollar las posibilidades del recurso judicial
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(Castañeada Gutman Vs México, 2008). Como
consecuencia de lo ya dicho, la inexistencia de recursos
internos efectivos coloca a una persona en estado de
indefensión (Tribunal Constitucional Vs Perú, 2001).
En la misma tesitura, la Corte IDH ha considerado
que el sentido de la protección otorgada por el artículo
25 del Pacto de San José es la posibilidad real de acceder a
un recurso judicial para que la autoridad competente y
capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha
habido o no una violación a algún derecho que la persona
que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada
una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado
en el goce de su derecho y repararlo. Sería irrazonable
establecer dicha garantía judicial si se exigiera a las
personas saber de antemano si su situación será estimada
por el órgano judicial como amparada por un derecho
específico (Gutman, 2008: 100).
Conforme a lo anterior consideramos la urgente
necesidad de contar con un medio de defensa adecuado,
en virtud de que el utilizar el juicio político como forma de
venganza en contra de quienes son considerados
enemigos políticos, dicho procedimiento se está transformando
en una herramienta que permite, al gobernante en
turno, eliminar a los adversarios políticos y a quienes no se
someten a las instrucciones del Ejecutivo, a través de la
utilización de estos mecanismos de sanción a las conductas
presumiblemente cometidas por los servidores
públicos, así mismo se considera grave el utilizar sus
mayorías calificadas para consumar venganzas políticas.
6. CONCLUSIONES
La democracia, como forma de vida, debe ser
protegida como un valor de la sociedad mexicana; de igual
forma, quienes integran y realizan una función al frente
de los organismos electorales autónomos deben contar
con instrumentos de defensa frente al autoritarismo, para
que aquellos puedan actuar con plena autonomía y libres
de toda coacción y amenazas por parte de los gobernantes
en turno.
El respeto y observancia del Estado de derecho
representan un esquema indispensable en un estado
democrático, pues su fortalecimiento simbolizan el ideal
de una sociedad moderna, acorde con los cambios y
avances que exigen los tiempos actuales, en los que no
solo la democracia, sino los derechos fundamentales de los
ciudadanos deben estar siempre por encima de
ambiciones políticas y de poder.
El procedimiento de juicio político, y particularmente
la forma de controvertir las decisiones del Poder
Legislativo, deben ser revisados para que no sea utilizado
como instrumento de venganza en contra de los adversarios
políticos que tengan una postura distinta a quienes
detentan temporalmente el poder.
Del análisis de dicho procedimiento se advierte
que no existe ningún medio de defensa adecuado para
controvertir las decisiones del órgano legislativo sea
federal o local, causando una violación grave a los
Derechos Fundamentales de los Servidores Públicos que
se encuentren sujetos al mismo.
Que al no existir este medio o recurso efectivo
de defensa, se vulnera el derecho humano a una defensa
jurídica adecuada y a la que el estado mexicano tiene la
obligación convencional de cumplir aún en aquellos casos
en que las decisiones de los órganos legislativos sean
producto de sus actividades.
Que mediante la creación de un medio o recurso
efectivo, adecuado y suficiente, las personas verán
satisfecho su derecho humano a una defensa jurídica
adecuada a la que hace referencia el artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Que con este recurso efectivo, se protegerá a los
integrantes del órgano garante de la democracia en
México y quedará a salvo la libertad de actuar y la
autonomía en la toma de decisiones, misma que hará
posible el cumplimiento del Estado de derecho y por
consiguiente la limitación del poder.
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de Noviembre de 2003).
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