Una-tierra-prometida (1)

resultado de un arreglo fallido entre Bill Clinton —que en su campaña
había defendido acabar con la prohibición absoluta de que las personas
LGBTQ sirviesen en el ejército— y sus jefes del Estado Mayor, que
insistían en que ese cambio sería perjudicial para la moral y para la
retención de personal. Desde su entrada en vigor en 1994, la DADT había
hecho poco por proteger o dignificar a nadie y, es más, había llevado a la
expulsión de más de trece mil miembros de las fuerzas armadas debido
exclusivamente a su orientación sexual. Quienes seguían dentro tenían que
ocultar quiénes eran y a quién amaban, no podían colocar sin temor fotos
familiares en sus espacios de trabajo o asistir a actos sociales en la base con
sus parejas. Como primer comandante en jefe afroamericano, sentía una
especial responsabilidad de acabar con esta norma, y era consciente de que
a lo largo de la historia los negros habían sufrido discriminación
institucional en el ejército, habían tenido prohibido el acceso a puestos de
mando y, durante décadas, se los había obligado a servir en unidades
segregadas, una política que Harry Truman había eliminado en 1948
mediante una orden ejecutiva.
La cuestión era cuál era la mejor manera de lograr el cambio. Desde el
principio, los activistas LGBTQ me instaron a seguir el ejemplo de Truman
y limitarme a firmar una orden ejecutiva para abolir la norma, en parte
porque ya había usado órdenes ejecutivas y memorándums para abordar
otras normativas que perjudicaban a las personas LGBTQ, como, por
ejemplo, para conceder derechos de visita en el hospital o la extensión de
las prestaciones sociales a las parejas de hecho de los empleados federales.
Pero, al cortocircuitar el proceso de generación de consenso que implicaba
la tramitación de una ley, una orden ejecutiva hacía que aumentase la
probabilidad de que surgiese resistencia a la nueva normativa en el seno del
ejército, y que se ralentizase su implementación. Además de que, por
supuesto, bastaría con una firma del siguiente presidente para revocar una
orden ejecutiva.
Había llegado a la conclusión de que la solución óptima consistía en
conseguir que el Congreso actuase. Para ello, necesitaba que los principales
líderes militares fuesen socios activos y voluntariosos; algo que, en medio
de dos guerras, sabía que no sería fácil. Los anteriores jefes de Estado
Mayor se habían opuesto a la derogación de la DADT, con el argumento de
que la integración de personas abiertamente homosexuales podría tener un
efecto negativo sobre la cohesión y la disciplina de sus unidades. (Los