Una-tierra-prometida (1)

de investigación del Departamento de Justicia era un imperativo
democrático fundamental, y eso quedó claramente manifiesto cuando las
comparecencias del caso Watergate mostraron que el fiscal general de
Richard Nixon, John Mitchell, había participado de forma activa en el
encubrimiento de los delitos de la Casa Blanca y había iniciado
investigaciones a enemigos del presidente. La Administración Bush fue
acusada de violar esa norma en 2006 cuando despidió a nueve fiscales
federales porque al parecer no los consideraba lo bastante comprometidos
con su agenda ideológica. La única mancha en los impecables antecedentes
de Eric era la insinuación de que había cedido a la presión política cuando,
como vicefiscal general, había apoyado a Bill Clinton en el indulto a uno de
sus donantes principales en los últimos días de la Administración. Más
tarde Eric aclaró que se arrepentía de la decisión, y justo esa era el tipo de
situaciones que yo tenía intención de evitar. Por lo tanto, y aunque
discutíamos con frecuencia cuestiones generales de la estrategia del
Departamento de Justicia, teníamos cuidado de mantenernos alejados de
cualquier asunto que pudiese comprometer mínimamente su independencia
como el principal agente de la ley en Estados Unidos.
Aun así, no había forma de eludir el hecho de que las decisiones de
cualquier fiscal general tenían consecuencias políticas; cosa que a mi
equipo le gustaba recordarme y que Eric a veces olvidaba. Por ejemplo, se
sorprendió y ofendió cuando, un mes más tarde de que yo asumiera la
presidencia, Axe lo llamó al orden por decir en un discurso que dio durante
el Mes de la Historia Negra que Estados Unidos era una «nación de
cobardes» al hablar de su escasa disposición a discutir los problemas
raciales; una observación sin duda cierta, pero no necesariamente el titular
que estábamos buscando para el final de mis primeras semanas como
presidente. También pareció pillarlo con la guardia baja la presión que
tuvimos que aguantar en la Casa Blanca cuando el Departamento de Justicia
tomó la decisión, jurídicamente sólida aunque políticamente nociva, de no
procesar a ninguno de los ejecutivos de los bancos por su responsabilidad
en la crisis financiera. Y tal vez fue esa candidez de Eric, su confianza en
que en última instancia la lógica y la razón prevalecían, lo que hizo que no
registrara la rapidez con la que estaba cambiando el terreno político en 2009
cuando anunció que Khalid Sheikh Mohamed y otros cuatro cómplices de
los ataques del 11-S finalmente iban a ser procesados en un juzgado del
bajo Manhattan.