Una-tierra-prometida (1)

mayor peso de toda esa indignación prefabricada. No parecía importarle,
sabía que era algo que venía con el puesto, pero no creía que fuese
casualidad ser el blanco favorito de mi Administración para la mayor parte
de la virulencia republicana y los teóricos de la conspiración de Fox News.
«Cuando me gritan a mí, hermano —me decía Eric dándome una
palmadita en la espalda con una sonrisa irónica—, sé que es en ti en quien
están pensando.»
Podía entender por qué los que se oponían a mi presidencia veían en Eric
a un sustituto conveniente. Alto y ecuánime, había crecido en Queens,
Nueva York, hijo de padres de clase media con ascendencia de Barbados
(«De ahí ese toque isleño», le dije). Había estudiado en la misma
universidad que yo, Columbia, una década antes, y había jugado al
baloncesto y participado en protestas en el campus. Mientras estaba en la
facultad de Derecho, se había interesado por los derechos humanos y había
hecho una pasantía de verano en el Fondo para la Defensa Legal de la
Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Al igual que yo,
había preferido el servicio público a un puesto en un bufete de abogados, y
había trabajado como fiscal en la División de Integridad Pública del
Departamento de Justicia y luego como juez federal en el Tribunal Supremo
de Washington. Finalmente, Bill Clinton lo había designado fiscal federal
en el distrito de Columbia y más tarde vicefiscal general de Estados Unidos,
el primer afroamericano en ocupar ese puesto.
Tanto Eric como yo teníamos una confianza absoluta en la ley. Una
confianza, atemperada por la experiencia personal y por nuestro
conocimiento de la historia, en que utilizando argumentos razonables y
manteniéndonos fieles a los ideales y a las instituciones de nuestra
democracia Estados Unidos podía ser un país mejor. Fue sobre la base de
esos principios compartidos, más que por nuestra amistad u otro consenso
sobre temas particulares, por lo que quise que fuera mi fiscal general. Y ese
también fue el motivo por el que acabaría siendo tan escrupuloso a la hora
de blindar su oficina de las interferencias de Washington en causas e
investigaciones pendientes.
No había ninguna ley que prohibiera expresamente esas interferencias. Al
fin y al cabo, el fiscal general y sus sustitutos formaban parte del poder
ejecutivo y por lo tanto estaban al servicio de la voluntad del presidente.
Pero el fiscal general era ante todo el abogado de la gente y no el consejero
del presidente. Mantener la política al margen de las decisiones procesales y