Una-tierra-prometida (1)

antecedente legal que permitía a las fuerzas del orden público una
excepción si estaban intentando neutralizar una amenaza activa. Tras hablar
durante casi una hora con los agentes, el sospechoso brindó valiosa
información sobre sus conexiones con Al Qaeda, su entrenamiento en
Yemen, el origen del artefacto explosivo y lo que sabía de otras
conspiraciones. Más tarde se le leyeron sus derechos y se le concedió
acceso a un abogado.
Según nuestros críticos, prácticamente habíamos dejado en libertad al
hombre. «Por el amor de Dios, ¿por qué dejas de interrogar al terrorista?»,
declaró en televisión el antiguo alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Joe
Lieberman insistía en que Abdulmutallab tenía condición de combatiente
enemigo y, como tal, debería haber sido entregado a las autoridades
militares para que lo interrogaran y detuvieran. Y en la acalorada carrera
hacia el Senado de Massachusetts que se estaba llevando a cabo en esos
momentos, el republicano Scott Brown utilizó nuestra gestión del caso para
poner a la demócrata Martha Coakley a la defensiva.
Como le gustaba señalar a Eric Holder, la ironía era que la
Administración Bush había manejado casi todos los casos de sospechosos
de terrorismo detenidos en suelo estadounidense (incluido el de Zacarias
Moussaoui, uno de los organizadores del 11-S) exactamente de la misma
manera. Lo habían hecho así porque la Constitución de Estados Unidos lo
exigía: en los únicos dos casos en los que la Administración Bush había
declarado sospechosos de terrorismo a detenidos en Estados Unidos como
«combatientes enemigos» sujetos a detención indefinida, las cortes
federales se habían interpuesto y habían forzado su regreso al sistema penal.
Es más, cumplir con la ley realmente funcionaba. El Departamento de
Justicia de Bush había condenado con éxito a más de cien sospechosos de
terrorismo, cuyas sentencias eran como mínimo igual de duras que las
pocas que habían dictaminado las comisiones militares. Moussaoui, por
ejemplo, estaba cumpliendo varias cadenas perpetuas en una cárcel federal.
En el pasado este procedimiento penal lícito había recibido los mayores
elogios de conservadores, del señor Giuliani incluido.
«Sería realmente grave —me dijo Eric un día— que Giuliani y el resto de
los críticos se creyeran de veras lo que dicen. Pero él es un exfiscal. Él sabe
de lo que habla. No tiene vergüenza.»
En su condición de persona clave para alinear las prácticas antiterroristas
de Estados Unidos con los principios constitucionales, Eric cargaba con el