Una-tierra-prometida (1)

Sin embargo, entendía que la gente tuviera temores muy reales; miedos
que provenían del prolongado trauma del 11-S, constantemente alimentados
por la Administración anterior y una parte importante de los medios (por no
mencionar una cantidad infinita de películas y programas de televisión)
durante casi una década. De hecho, varios exmiembros de la
Administración Bush —sobre todo el anterior vicepresidente Dick Cheney
— asumieron como una misión personal avivar tenazmente esos miedos, y
consideraron que mi decisión de reformular el tratamiento de los terroristas
detenidos era un ataque a su legado. En una serie de declaraciones y
apariciones en televisión, Cheney insistió en que el uso de tácticas como el
ahogamiento simulado y la prisión indefinida había prevenido «algo mucho
más grande y peor» que los ataques del 11-S. Me acusó de haber regresado
al «modo de aplicación de la ley» previo al 2001 en la gestión de los
terroristas, en lugar de comprender el «concepto de amenaza militar», y
declaró que, al hacerlo, estaba aumentando el riesgo de un nuevo ataque.
La afirmación de Cheney de que mi Administración no consideraba a Al
Qaeda como una amenaza militar era difícil de encajar con los batallones
adicionales que había desplegado en Afganistán o con la cantidad de
agentes de Al Qaeda a los que estábamos atacando con drones. Aunque lo
más probable era que Cheney no fuera el mejor emisario para ningún
argumento posible, dado lo impopular que era entre el público
estadounidense debido en gran medida a su catastrófico dictamen sobre la
guerra de Irak. Aun así, la idea de que no debíamos tratar a los terroristas
igual que a los «criminales comunes» llegó a muchos votantes. Y tuvo
mucha más fuerza tras las repercusiones del intento del «terrorista de los
calzoncillos», Umar Farouk Abdulmutallab, de abatir un avión las
navidades anteriores.
En la tramitación del caso, tanto el Departamento de Justicia como el FBI
habían cumplido los procedimientos. En cuanto el avión de Northwest
Airlines aterrizó en Detroit, bajo la dirección de Eric Holder y con el
consentimiento del Pentágono y de la CIA, unos funcionarios federales
arrestaron al nigeriano Abdulmutallab como presunto delincuente y lo
transportaron para que recibiera atención médica. Como la máxima
prioridad era asegurarse de que no hubiera otras amenazas inmediatas a la
seguridad pública —terroristas con bombas en otros aviones, por ejemplo
—, el primer equipo de agentes del FBI que interrogó a Abdulmutallab lo
hizo sin leerle la advertencia Miranda, haciendo uso de un arraigado